La Habana, 2 sep (Prensa Latina) Cuba condenó hoy la confiscación del avión presidencial venezolano por parte de Estados Unidos, hecho calificado por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, como ilegal y fraudulento.
El jefe de la diplomacia cubana divulgó la denuncia en X, y responsabilizó al Gobierno estadounidense por ese acto que tachó de piratería y de violación del Derecho Internacional, lo que hace con total impunidad, aseveró Rodríguez.
Según el titular de Relaciones Exteriores, Washington acomete esas acciones como justificación de su política arbitraria de aplicación de medidas coercitivas contra el Gobierno y el pueblo de la nación bolivariana. De acuerdo con medios de prensa, la aeronave presidencial de Venezuela fue confiscada por Estados Unidos en República Dominicana y trasladada al estado de la Florida, en la nación norteña, alegando la aplicación de sanciones contra el país sudamericano.
Venezuela agradece solidaridad de Cuba ante actos de piratería de EE. UU.
Caracas, 2 de septiembre de 2024 VTV
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Yván Gil, agradeció a su homólogo canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, por su contundente condena al reciente acto de piratería perpetrado por Estados Unidos. “Agradecemos al hermano canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, por su firme condena al último acto de piratería del decadente imperio estadounidense”.
A través de Telegram, el canciller Gil destacó que “desde Citgo hasta la incautación ilegal de aviones y la imposición de sanciones criminales, el fascismo no conoce límites”.
En un comunicado difundido en redes sociales, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó la confiscación del avión presidencial de Venezuela, calificándola como un acto de piratería y una violación del derecho internacional.
De este modo, Gil resaltó la importancia de la solidaridad entre naciones hermanas frente a las agresiones del decadente imperio estadounidense y reafirmó el compromiso de Venezuela y Cuba para continuar en la defensa de sus derechos y en la lucha contra las medidas coercitivas.
EE.UU. roba otro avión venezolano en un intento de escalar el conflicto
Misión Verdad
Estados Unidos volvió a robar un avión venezolano, el Dassault Falcon 900EX con placa T7-ESPRT, esta vez en República Dominicana.
La operación, liderada por el Departamento de Justicia, en su comunicado sobre el suceso informa que la aeronave fue trasladada al Distrito Sur del estado de Florida, a la ciudad de Fort Lauderdale.
El Departamento de Comercio y el Departamento de Seguridad Nacional también estuvieron involucrados en la investigación y las acciones de incautación ilegal del vehículo.
La entidad judicial estadounidense también alega que, por petición de Estados Unidos a República Dominicana, la incautación se basó en "las violaciones de los controles de exportación estadounidenses y las leyes sancionatorias".
Este es el segundo caso de confiscación ilegal de aeronaves venezolanas durante el presente año, tras el robo del Boeing 747-300M, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, con el apoyo del gobierno argentino el pasado 12 de febrero, que concluyó un largo proceso de secuestro de dos años del activo venezolano.
Respecto al Dassault Falcon 900EX, Estados Unidos argumenta que la acción está amparada por la Orden Ejecutiva 13 884, emitida por el entonces presidente Donald Trump en 2019, que "prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro".
El avión, de acuerdo con el Departamento de Justicia, fue comprado por el Estado venezolano a través de una compañía en un tercer país, siendo aquel de origen estadounidense. Según el reporte de AP, el "tercer país" sería San Vicente y las Granadinas —cuyo gobierno es aliado de Venezuela en el Caribe—.
A su vez, dice el comunicado, "el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano". Según la entidad judicial, la aeronave "ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países".
Además, y no es un dato menor, el Departamento de Justicia imputó con presuntos y falsos cargos al primer mandatario venezolano en marzo de 2020, origen de una siniestra orden de captura en su contra.
Se trata de otra maniobra que apunta directamente al presidente Nicolás Maduro, bajo un contexto de desconocimiento de las instituciones venezolanas tras su triunfo electoral el 28J.
Si bien el robo del avión es un hecho material, opera en el costado perceptivo en un momento cuando el proceso de cambio de régimen del sector que representa María Corina Machado se encuentra en una fase de poca atención en el plano internacional.
De esta manera, Estados Unidos pareciera utilizar el recurso de las sanciones ilegales para llevar a cabo acciones que refloten la agenda de golpe.
Pero además, el hecho presenta matices extras de criminalidad ya que Estados Unidos mantiene el objetivo esencial de las sanciones contra Venezuela: la presión por el desgaste continuo en torno a la persecución de los bienes estatales en el extranjero.
Proceso que había tenido una fase agresiva previa a 2024 y que Washington retoma específicamente con un bien que se encontraba en el extranjero, en territorio cooptado políticamente por la influencia estadounidense, oportunidad única para ejecutar la confiscación ilegal bajo el pretexto del programa de sanciones, tras haber gastado la mayoría de sus municiones en el bloqueo económico, financiero y comercial durante más de un lustro, iniciativa liderada por el Departamento del Tesoro durante la era Trump.
Sin embargo, el artículo de Bloomberg publicado el lunes 2 de septiembre da cuenta de que el gobierno de Joe Biden anunciará la imposición de sanciones individuales sobre 15 "funcionarios afiliados a Maduro que, según afirma, 'obstruyeron la celebración de elecciones presidenciales libres y justas', de acuerdo con documentos vistos por Bloomberg". Se espera que la medida ocurra esta semana. Doble jugada: el robo del avión y la imposición de sanciones individuales como medida efectista en el contexto post-28J.
Por otro lado, tal sustracción criminal del avión podría ser un precedente inmediato del tipo de decisiones que podría tomar el gobierno estadounidense sobre Venezuela.
En efecto, este robo significa el primer paso de gran calado post-28J de las autoridades estadounidenses contra el Estado venezolano en general, y el presidente Nicolás Maduro en particular.
Otro capítulo de política criminal
En julio pasado, en el marco de las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela suspendió los vuelos comerciales a República Dominicana, así como ordenó retirar a su embajador, junto con los de otros seis países, "ante las injerencistas acciones y declaraciones (…) tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima".
Una resolución de soberanía que tuvo su réplica en la aquiescencia del gobierno dominicano para concretar el robo del Dassault Falcon 900EX.
Ante el suceso, la Cancillería venezolana emitió un comunicado con el que califica de "piratería" la operación de Estados Unidos, cuyo gobierno "ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo".
El texto oficial asimismo caracteriza la maniobra como "un ejemplo del supuesto 'orden basado en reglas', el cual, despreciando el Derecho Internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad".
Las medidas coercitivas unilaterales como "política criminal" —palabras de la Cancillería— continúan operando sin restricciones a pesar de la narrativa que considera el régimen de licencias emitidas por el Departamento del Tesoro como un alivio o levantamiento de sanciones, cuando se trata realmente de una gestión particular de estas ante las necesidades energéticas y geopolíticas de Estados Unidos.
A esto se debe añadir el hecho de que, por la presión sobre República Dominicana, Estados Unidos se interpone y mina las relaciones de Venezuela con otros países de la región. Un propósito que ha intentado replicar con otros gobiernos como el de Lula da Silva y el de Gustavo Petro.
La nación insular fue signataria del acuerdo de Petrocaribe en 2005, sin embargo, según las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, el gobierno dominicano de turno se ha inclinado por las resoluciones de la nación norteamericana: por ejemplo, en 2018 Santo Domingo desconoció los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Maduro, seguido de la suspensión de las relaciones diplomáticas. De manera que existe un precedente inmediato de lo ocurrido luego del 28J.
Ahora, con el acto de piratería de otro bien venezolano, se escribe un nuevo capítulo en la saga de sanciones contra Venezuela, tensionando en escalada y hasta el límite las relaciones con República Dominicana y, por lo tanto, con Estados Unidos.
Venezuela acusa a EE.UU. de confiscar ilegalmente avión presidencial
teleSUR
La Cancillería acusa a Estados Unidos de usar su «poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales».
El Gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional la confiscación de una aeronave de uso presidencial en República Dominicana por parte de autoridades estadounidenses. El incidente es calificado por Venezuela como una acción «criminal» y de «piratería».
El canciller venezolano, Yván Gil, publicó un comunicado oficial, en el que afirmó: «Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República».
El documento de la Cancillería venezolana advierte sobre las implicaciones más amplias de esta acción, señalando que «esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional». Además, acusa a Estados Unidos de utilizar su «poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales».
El Gobierno venezolano criticó a los Estados Unidos, calificando el incidente como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de sanciones impuestas por Estados Unidos.
«No es una acción aislada»
Las autoridades venezolanas vinculan esta medida con una serie de acciones hostiles que, según afirman, se han intensificado desde la reelección de Maduro el pasado 28 de julio. En esta perspectiva, la confiscación del avión es una respuesta política al reciente triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro.
La situación plantea la reiteración sobre la sistemática violación de la soberanía nacional, mientras se espera ver si Venezuela procederá con acciones legales concretas y cómo responderá la comunidad internacional a este conflicto diplomático
Según informes de medios estadounidenses, el avión fue trasladado al estado de Florida. La agencia de noticias TASS reporta que en la operación participaron funcionarios del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU., entre otras agencias.
Por otra parte, el hecho ha sido condenado por naciones de la región. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lo calificó de fraudulento e ilegal a través de un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X.
«Este acto de piratería es violación de Derecho Internacional por parte del Gobierno EE.UU., que usa impunidad para cometer estas acciones bajo justificación de arbitrarias medidas coercitivas unilaterales», sostuvo.
Cancillería venezolana acusa a EEUU de confiscar ilegalmente avión presidencial
Cubadebate
La Cancillería acusa a Estados Unidos de usar su “poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
El Gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional la confiscación de una aeronave de uso presidencial en República Dominicana por parte de autoridades estadounidenses. El incidente es calificado por Venezuela como una acción “criminal” y de “piratería”.
El canciller venezolano, Yván Gil, publicó un comunicado oficial, en el que afirmó: “Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República”.
El documento de la Cancillería venezolana advierte sobre las implicaciones más amplias de esta acción, señalando que “esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”. Además, acusa a Estados Unidos de utilizar su “poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
El Gobierno venezolano criticó a los Estados Unidos, calificando el incidente como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de sanciones impuestas por Estados Unidos.
“No es una acción aislada”
Las autoridades venezolanas vinculan esta medida con una serie de acciones hostiles que, según afirman, se han intensificado desde la reelección de Maduro el pasado 28 de julio. En esta perspectiva, la confiscación del avión es una respuesta política al reciente triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro.
La situación plantea la reiteración sobre la sistemática violación de la soberanía nacional, mientras se espera ver si Venezuela procederá con acciones legales concretas y cómo responderá la comunidad internacional a este conflicto diplomático.
Según informes de medios estadounidenses, el avión fue trasladado al estado de Florida. La agencia de noticias TASS reporta que en la operación participaron funcionarios del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU., entre otras agencias.
Por otra parte, el hecho ha sido condenado por naciones de la región. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lo calificó de fraudulento e ilegal a través de un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X.
“Este acto de piratería es violación de Derecho Internacional por parte del Gobierno EE.UU., que usa impunidad para cometer estas acciones bajo justificación de arbitrarias medidas coercitivas unilaterales”, sostuvo.
(Tomado de teleSUR)
