Misión Verdad

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ha denunciado recientemente la preparación de un "falso positivo" contra Venezuela relacionado con el narcotráfico. Esto a propósito de la vinculación fabricada que realizan medios internacionales a las incautaciones de drogas, principalmente en Guinea-Bisáu y Brasil.

Durante su intervención en el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, desarrollado en Caracas, declaró: "Yo quiero alertarlo: hoy, en este momento, hay un falso positivo en camino, duro, con el tema de las drogas".

La patraña denunciada por Cabello pudiera situarse como un factor desencadenante de un probable cambio de fase en la agenda golpista aun en curso contra Venezuela, en una coyuntura en la que el sector extremista de la oposición, encabezado por María Corina Machado, no logra reactivar su capacidad de convocatoria de calle ni alentar con efectividad un ciclo de presión internacional cercano al umbral de acoso experimentado durante los primeros momentos del "proyecto Guaidó".

Secuencia de dispositivos fracturados

Es ya prácticamente una visión de consenso el estancamiento y fracaso de los distintos dispositivos que se desarrollaron después del 28J para crear un proceso de acumulación de fuerzas y masa crítica que desemboque en la consolidación del mil veces buscado cambio de régimen.

• El desconocimiento de los resultados electorales, canalizado en las calles por los llamados "comanditos", fue el detonante para activar un ciclo, corto pero destructivo, de violencia criminal disfrazada de "protestas". Con detenciones puntuales y una fuerte presencia de las fuerzas del orden público en las calles se contuvo el caos en 72 horas. 
• La publicación de supuestas actas como mecanismo narrativo aceleraría la movilización en función del golpe y crearía, como lo hizo en las primeras de cambio, una cascada de pronunciamientos de la "comunidad internacional". El resultado fue que los documentos publicados contienen inconsistencias graves y han perdido el revuelo inicial en la opinión pública.
• El intento de recomposición de un ambiente insurreccional, expresado en el continuo desconocimiento a las instituciones por parte de María Corina Machado y Edmundo González. El excandidato se negó a asistir a las audiencias convocadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y a las tres citaciones despachadas por el Ministerio Público, en un intento por reflotar el clima de confrontación.

El decaimiento de la agenda de María Corina Machado tuvo un punto de inflexión con la solicitud personal de asilo al Reino de España de González y su posterior salida del país. El movimiento implicó un auténtico terremoto político en el universo antichavista y catalizó la idea de que el impulso por el cambio de régimen ha perdido fuerza.

En respuesta, han tomado visibilidad figuras y posicionamientos extrapolíticos. El empresario de la industria mercenaria estadounidense, Erik Prince, se ha catapultado mediáticamente ante la fragilidad de los actores formales principales, sugiriendo la construcción de una maniobra armada contra Venezuela. 

Esto, en sí mismo, es indicativo de un cambio de eje, donde los planteamientos de fuerza —dentro del dominio de la guerra no convencional— buscan sustituir, definitivamente, los políticos.

La apuesta por el (fabricado) narco-relato

Las maniobras de desestabilización y golpe de Estado en Venezuela no son lineales. Mientras una táctica avanza o se agota, arranca la siguiente, lo cual ha quedado demostrado en ciclos insurreccionales anteriores.

En medio del periplo anteriormente descrito ocurrieron hechos que no ocuparon un lugar demasiado relevante en la agenda pública hasta la denuncia del ministro Cabello realizada el pasado miércoles 11.

1. El 25 de agosto la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) interceptó un cargamento de tres toneladas de cocaína, proveniente de Colombia, que sería trasladado a la Federación Rusa en un avión de la estatal Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur).

La droga, cuyo destino final sería Afganistán o Türkiye, estaba impregnada con café y, en el marco de la operación, fueron detenidas al menos 13 personas involucradas. El propietario de la empresa empacadora de café "El Faraón", Juan Daniel Sepúlveda, está vinculado al hecho y huyó a Colombia.

Durante las primeras horas posteriores a la incautación se viralizó una noticia falsa que involucraba al teniente coronel —Aviación Militar Bolivariana— César José Pérez Salas, presidente de Emtrasur, en el esquema organizativo asociado al traslado de la droga, lo que fue desmentido por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

Una semana después, el portal especializado Insight Crime publicaba un artículo titulado "Incautación de 3 toneladas de cocaína en Venezuela ilustra rutas de narcotráfico hacia Asia" en el que involucra a Türkiye como "ruta alternativa" al cargamento y vincula el caso con las relaciones comerciales entre ambos países, suscribiendo señalamientos de la periodista Sebastiana Barráez contra el gobierno venezolano.

Insight Crime ha promovido la narrativa de "Estado criminal" contra Venezuela desde hace algunos años, y sus señalamientos se han intensificado durante el periodo Guaidó o las revoluciones de colores intentadas en 2014 y 2017.

A su vez Barráez, corresponsal de Infobae que vive fuera de Venezuela, es investigada desde enero pasado por el MP por presuntos delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación

2. Precisamente, el ministro Cabello se refirió en sus declaraciones a otra noticia falsa difundida por el medio argentino Infobae: la relación de Venezuela con la incautación realizada por el gobierno de Guinea Bisáu (África occidental) de 2,6 toneladas de cocaína transportadas en un avión de matrícula mexicana (XA-SBT).

En el operativo denominado "Aterrizaje" o "Desembarco" habrían participado autoridades locales y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según la misma fuente.

Al respecto, el ministro Cabello afirmó que la aeronave mexicana "nunca estuvo en Venezuela" y agregó:

"Los titulares dicen que la Fuerza Aérea de Brasil capturó un helicóptero de Venezuela. No, no, eso no es de Venezuela, es del narcotráfico, y aquí el mayor consumidor de drogas del mundo es el imperio norteamericano. Son ellos los que ponen a producir drogas al mundo, ah, pero los malos somos los venezolanos".

3. El lunes 9 de septiembre Venezuela volvió a aparecer asociada al tema narco luego de que la Fuerza Aérea Brasileña interceptara, cerca de su frontera norte, un helicóptero que ingresó sin autorización al espacio aéreo de ese país, supuestamente proveniente de la República Bolivariana.

Distintos medios revelaron que la aeronave, cuyo piloto huyó luego de un aterrizaje forzoso, transportaba aproximadamente 240 kilogramos de skunk, una variedad de marihuana de alta potencia psicoactiva.

Cabe destacar que la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) ha informado que las autoridades venezolanas confiscaron un total de 25 mil 186 kilogramos de drogas durante los primeros seis meses del año, y detuvieron a 6 mil 196 personas por delitos relacionados con este tipo de sustancias.

Además, en 2023 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y distintos cuerpos de seguridad informaron sobre la incautación de 52 mil 186,8 kilogramos de drogas, 10% más respecto a los 47 mil 264,8 kilos en 2022.

Tácticas encubiertas contra Venezuela. ¿Preparativos para otra ronda de "máxima presión"?

No parece casual que luego de la secuencia de recursos golpistas agotados aparezca de nuevo con fuerza el "relato narco" contra el país.

Es conocida la narrativa incubada por los medios corporativos respecto a la existencia de un "narcogobierno" en Venezuela. Sin ninguna prueba, la fábula del "Cartel de los Soles" es un factor común que ha acompañado cada una de las noticias publicadas por medios como Insight Crime, e Infobae, sobre el tráfico de drogas a través del territorio venezolano.

De hecho, la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece —todavía— el gobierno de Estados Unidos por la captura del presidente Nicolás Maduro está vinculada con acusaciones fabricadas de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos.

En 2020, durante la administración Trump, en el contexto más álgido de la "máxima presión", el entonces fiscal general, William Barr, declaró: "No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con Noriega, a quien tampoco reconocíamos".

La amenaza abierta fue emitida durante la etapa de mayor injerencia y presión estadounidense instrumentada por el gobierno de Trump contra Venezuela entre 2016 y 2020. Barr se refería al expresidente panameño, Manuel Antonio Noriega, quien fue derrocado en el marco de una invasión armada a su país en 1989, en medio de acusaciones de narcotráfico que sirvieron para desechar a un político panameño que había escapado del control de Washington.

Una de las órdenes de captura emitida por Estados Unidos en 2020 a partir de las mismas acusaciones contra el presidente Maduro incluye a Cabello, quien asumió la seguridad del país la pasada semana, luego de que el primer mandatario reorganizara su gabinete ejecutivo.

Tampoco parece casual que, recién asumiendo Cabello la cartera de Interior, Justicia y Paz, se despliegue un falso positivo en fases contra el país.

El también Primer Vicepresidente del partido de gobierno (PSUV) ha sido sujeto de sanciones estadounidenses y europeas, y de una fuerte campaña de desprestigio por la prensa internacional. 

Es pertinente recordar que, entre 2019 y 2022 Guaidó y Machado solicitaron insistentemente una intervención extranjera contra Venezuela, lo cual incluía la detención del presidente Maduro y otros altos funcionarios del gobierno.

La nueva asociación mediática de Venezuela al narcotráfico posee aristas que permiten inferir la presencia de entidades del gobierno estadounidense que trabajan en "zonas grises" para crear condiciones que validen un escalamiento de agresiones contra el Estado venezolano.

A partir de una conferencia presentada por el embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, Misión Verdad reseñó cómo las operaciones encubiertas forman parte de la agresión contra Venezuela.

Se trata de "un amplio espectro de acciones, incluidas actividades políticas, paramilitares, guerra psicológica y económica, con la posibilidad de expandirse a nuevos campos como las operaciones cibernéticas, reflejo de los avances tecnológicos actuales", indicó. En este campo no prevalecen ni la legalidad ni los códigos de la política internacional.

El despliegue de este tipo de tácticas va desde la infiltración de agentes en los cuerpos de seguridad hasta operaciones psicológicas que permiten "ablandar" los gobiernos objetivo.

El intento de impulsar dispositivos mercenarios y de criminalización narrativa sugiere una probable entrada a una nueva fase en la que, ante la deriva en la élite gubernamental luego de la renuncia del presidente Joe Biden a presentarse a la reelección, y en medio de la debilidad del sector extremista de la oposición, los sectores vinculados a la inteligencia estadounidense pudieran estar asumiendo por medios propios el control de la agenda de cambio de régimen en Venezuela.

Tanto el relato proyectado por los medios de comunicación sobre que las incautaciones "vienen de Venezuela", como las acusaciones tempranas del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a pocos días de las elecciones presidenciales, dan pistas respecto a la retoma de la criminalización como estrategia de ablandamiento.

El uruguayo anunció en agosto que solicitaría a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordene el arresto del presidente Maduro. 

Dado que desde el Departamento de Justicia estadounidense se han adelantado más acciones de despojo de activos, como el robo del avión venezolano que permanecía en República Dominicana por mantenimiento, la escalada de acciones pudiera ser una combinación de supuestas acciones judiciales con operaciones encubiertas, lo que abre la puerta a actividades de carácter mercenario.

Queda en suspenso la interrogante respecto a lo que, en el plano de lo concreto, buscaría detonar la sobreexposición de este relato. Pero, sin lugar dudas, todo parece indicar el intento de forzar un cambio de fase para inaugurar una de nuevo tipo, signada por la violencia profesional y mercenaria, apuntalada por una narrativa de criminalización, a modo de compensación por la erosión de la figura de Edmundo González y, en cierto punto, de María Corina Machado.

La criminalización permanente del gobierno pudiera justificar acciones paramilitares ya realizadas en el pasado, como la Operación Gedeón, u otras más frontales que pudieran llevar a cabo las agencias de inteligencia estadounidense, externalizando lo operativo en el universo de la privatización de la guerra, tan en boga en Estados Unidos.