Foto: Pavlo Gonchar.
Trabajo especial de investigación
Dos décadas de la USAID en Venezuela: balance de una agenda criminal
Ernesto Cazal
Misión Verdad
Desde que la administración de Donald Trump decidió cerrar las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) con el objetivo de, según reportes, reformarla, reestructurarla y subsumirla en el organigrama operacional del Departamento de Estado, legisladores estadounidenses y numerosas organizaciones políticas, mediáticas, formativas, etcétera en todo el mundo han puesto el grito en el cielo porque perderían el flujo de caja de sus proyectos.
Así lo admitió, por ejemplo, el director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras, capítulo Estados Unidos: "La congelación de los fondos de ayuda estadounidense está sembrando el caos en todo el mundo, incluso en el periodismo", e hizo un llamado general al gremio corporativo internacional a "comprometerse con la sostenibilidad de los medios independientes".
Dicha ONG menciona, citando un informe de la Usaid, que "en 2023 la agencia financió capacitación y apoyo para 6 mil 200 periodistas, asistió a 707 medios de comunicación no estatales y apoyó a 279 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a fortalecer los medios independientes. El presupuesto de ayuda exterior de 2025 incluía 268 millones 376 mil dólares asignados por el Congreso para apoyar 'los medios independientes y el libre flujo de información'".
Posiblemente, una porción considerable estaba asignada a la red mediática opositora en Venezuela, aquella distinguida por mostrar sus reportes de manera acrítica con relación a la política exterior estadounidense sobre nuestro país. La historia contemporánea así lo ha demostrado.
El papel de la Usaid en Venezuela —y en otros escenarios globales—, sobre todo en los intentos de cambio de régimen en el último lustro, ha sido reportado y analizado por Misión Verdad, por lo que no resulta una novedad enterarnos de las filtraciones sobre la canalización financiera de la agencia en programas y proyectos con objetivos de desestabilización o afianzamiento del influjo de Washington a lo largo y ancho del planeta.
Sus operaciones en nuestro país datan, básicamente, desde que John F. Kennedy creara la Usaid mediante orden ejecutiva en 1961, pero con etapas distintas, definidas en el tiempo por los grados de intervención extranjera en los asuntos venezolanos.
OTI comienza sus operaciones
Un documento desclasificado del Departamento de Estado, fechado en julio 2002, pone en evidencia que el gobierno de George W. Bush mantuvo estrechas relaciones con los grupos opositores que participaron en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, si bien el reporte niega que Washington o la embajada en Caracas tuviera alguna participación directa y activa en los acontecimientos.
Pero no niega que entre noviembre de 2001 y abril de 2002 "funcionarios de la embajada y del Departamento se reunían con frecuencia con individuos y grupos opuestos al presidente Chávez (...) Estas reuniones tomaron lugar en todos los niveles del Departamento y de la embajada. Dichas reuniones son consistentes con la práctica normal de las embajadas y departamentos en todo el mundo".
Además, confiesa que "está claro que la NED [siglas en inglés de la Fundación Nacional para la Democracia], el Departamento de Defensa y otros programas de asistencia de EE.UU. brindaron capacitación, fortalecimiento institucional y otro apoyo a individuos y organizaciones entendidas como activamente involucrados en la breve destitución del gobierno de Chávez".
Según lo expuesto en el documento, la NED ya desarrollaba actividades relacionadas con grupos golpistas durante el primer gobierno del presidente Chávez. Esta organización estadounidense suele operar en tándem con la Usaid. El reporte menciona la página 27 que, hasta el primer trimestre de 2002, "los programas de asistencia de la Usaid en Venezuela [habían] sido mínimos".
Para inmediatamente informar que, desde marzo —un mes antes del golpe—, la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI, por sus siglas en inglés) de la Usaid había sido instalada en Caracas con el objetivo de "estudiar el actual entorno político-social de Venezuela e identificar otras posibles oportunidades de programas para que Estados Unidos apoye los procesos democráticos, las instituciones y los elementos de la sociedad civil que sustentan las tradiciones democráticas venezolanas. El equipo de la OTI pasó dos semanas en Venezuela reuniéndose con interlocutores del gobierno, el sector empresarial, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica Romana".
Es decir, que las primeras diligencias de la OTI incluyeron construir un mapa de agentes para el financiamiento de programas. Pero, ¿de qué tipo?
Una reseña de CBS News de la investigación de AP —publicada en abril de 2014— sobre Zunzuneo, el llamado "Twitter cubano" financiado por la Usaid durante la administración Obama, comenta que la OTI es "una división que se creó tras la caída de la Unión Soviética para promover los intereses de Estados Unidos en entornos políticos rápidamente cambiantes, sin la burocracia habitual", y sigue:
"En 2009, un informe de investigadores del Congreso advertía que el trabajo de la OTI 'a menudo se presta a enredos políticos que pueden tener implicaciones diplomáticas'. Los miembros de los comités de supervisión se quejaron de que la Usaid llevaba a cabo programas secretos y no facilitaba detalles".
Lo cierto es que, como revela el documento, la OTI comenzó sus operaciones en Venezuela con "la creación de un fondo de pequeñas subvenciones flexible, de desembolso rápido y dotado con un millón de dólares, capaz de responder a la rápida evolución de la situación política en Venezuela. La OTI espera que el fondo esté operativo en agosto de 2002".
De modo que posiblemente, al menos ante los informes oficiales del Departamento de Estado, esta oficina hubiere comenzado a llevar a cabo actividades de financiamiento a individuos y organizaciones no gubernamentales —de distinto tipo— a partir del segundo semestre de 2002.
Sin embargo, en la página 32 del documento sin clasificar expone una declaración del entonces presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), George A. Folsom, fechada el 12 de abril de 2002, con la que saluda el golpe y:
"Aplaude la valentía de los líderes de la sociedad civil —miembros de los medios de comunicación, la iglesia, los educadores y administradores escolares de la nación, los líderes de los partidos políticos, los sindicatos y el sector empresarial— que se han jugado la vida en su lucha por restaurar una auténtica democracia en su país. El IRI seguirá comprometido a largo plazo con los partidos políticos y nuestros socios de la sociedad civil para ayudar a reconstruir el fracturado sistema político de Venezuela y restaurar la democracia electa [sic] en el país".
Cabe destacar que el IRI funciona con dinero gubernamental de la NED y la Usaid. Financió durante varios años a individuos y organizaciones que firmaron el Decreto Carmona, y los siguió apoyando después de que el golpe fracasara, como lo declaró Folsom. En su propia web aclara que continuó su apoyo a la oposición venezolana durante la década de 2010 en adelante. En este caso, cabe poco para la especulación: a confesión de parte, relevo de pruebas.
Pero los esfuerzos del IRI y demás organismos —en específico: Instituto Nacional Democrático (NDI), Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo—, bajo el paraguas financiero de la NED y de la Usaid se nuclearon en torno a la OTI, oficina que contrató a la consultora Development Alternatives, Inc. (DAI) para establecer programas destinados a "apoyar las instituciones y los procesos democráticos [...] para aliviar las tensiones sociales y mantener el equilibrio democrático". Esta empresa abrió una sede en El Rosal, Caracas, en octubre de 2002.
Un reportaje de Los Angeles Times, publicado en agosto de 2006, refiere que "la OTI dice que ha supervisado más de 26 millones de dólares para programas en Venezuela desde 2002 [...] Gran parte se ha destinado a más de 220 pequeñas subvenciones como parte de la 'Iniciativa de Fomento de la Confianza en Venezuela' de la Usaid", campaña que llevó a cabo DAI.
Un análisis sobre el contrato, escrito por Philip Agee —exagente de la CIA— en 2004, firmado entre la OTI y DAI, obtenido gracias a la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), cita textualmente la obligación de la consultora de trabajar con "organizaciones sindicales, empresariales, políticas, gubernamentales y de la sociedad civil para fortalecer las instituciones y los procesos democráticos", así como con "instituciones de medios de comunicación a través de la formación periodística" y las ONG.
La cadena de mando que establecía el contrato era el siguiente: Departamento de Estado-Usaid/OTI-Embajada-DAI, cuyos desembolsos llegaban a las manos de individuos y organizaciones opositoras. Agee, tras reseñar el contrato y analizar el papel de la Usaid y de la CIA en operaciones encubiertas, concluye: "En realidad, se trata de una oficina clave [DAI] de la embajada estadounidense disfrazada de empresa privada".
Según los documentos obtenidos por la FOIA, Agee destaca que "DAI centró sus proyectos en el referéndum de agosto de 2004, y entre sus principales beneficiarios se encontraba Súmate, la principal ONG que promovió el referéndum contra Chávez [fundada y operada por María Corina Machado, cabe mencionar]. Paralelamente a estas actividades, DAI ha financiado el desarrollo del programa político de la oposición contra la Revolución Bolivariana conocido como Plan Consenso", proyecto que fue presentado ante el país por la Coordinadora Democrática en su momento.
En la web oficial de la FOIA pueden leerse numerosos documentos desclasificados sobre la financiación de la Usaid en Venezuela en la década del 2000, para interés de investigaciones más detalladas.
Estrategia de los cinco puntos
A raíz de las filtraciones, en 2011, de la exsoldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning, y publicadas por Wikipedia, hemos podido conocer con cierto grado de profundidad la planificación de la embajada estadounidense en la organización y financiación de la oposición venezolana, sus actividades y operaciones en el terreno.
Destaca el cable, fechado el 9 de noviembre de 2006, del entonces embajador en Caracas, William Brownfield, en el que describe la estrategia de cinco puntos o directrices que había estado llevando a cabo desde 2004, un plan a largo plazo resumido por el político texano de la siguiente manera (cita textual):
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Fortalecer las instituciones democráticas;
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Penetrar en la base política de [Hugo] Chávez;
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Dividir el chavismo;
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Proteger los negocios vitales de EE.UU.; y
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Aislar a Chávez internacionalmente.
Brownfield informa que durante varios años una serie de organizaciones venezolanas recibieron apoyo financiero y técnico por parte de la Usaid/OTI. En total, cerca de 15 millones de dólares fueron distribuidos entre más de 300 organizaciones, incluidas capacitaciones y asistencia técnica. El diplomático republicano aclara que este apoyo era fundamental ya que:
"La sociedad civil organizada es un pilar cada vez más importante de la democracia, sobre el que el presidente Chávez aun no ha podido ejercer un control total".
Entre las instancias beneficiadas menciona el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Red de Abogados de Derechos Humanos del estado Bolívar, ambas vinculadas con el programa Freedom House y financiadas parcialmente por DAI. Estas entidades se centraron en documentar supuestas violaciones a los derechos humanos con el objetivo declarado de llevar al gobierno venezolano ante oficinas internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Su trabajo buscaba erosionar la imagen del presidente Chávez en la arena global.
Uno de los logros atribuidos al Observatorio Venezolano de Prisiones fue obtener una resolución judicial que ordenaba medidas especiales para abordar presuntas violaciones en la cárcel La Pica. Por su parte, la Red de Abogados presentó un caso ante la CIJ relacionado con una supuesta masacre de mineros en el estado Bolívar, atribuida al ejército.
Brownfield destaca el papel de la DAI, habiendo canalizado recursos por decenas de miles de dólares. La contratista habría contribuido a establecer el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, entre otras labores de asistencia y logística.
La estrategia también implicaba involucrar a figuras venezolanas y extranjeras —como académicos, activistas y políticos— para que promovieran internacionalmente los intereses de la oposición venezolana:
"La DAI ha traído docenas de líderes internacionales a Venezuela —profesores universitarios, miembros de algunas ONG y líderes políticos— para participar en talleres y seminarios, que luego regresan a sus países con una mejor comprensión de la realidad venezolana y como defensores más fuertes de la oposición venezolana".
De esta manera se confirma que la Usaid, vía OTI, planificó las "actividades de apoyo a la estrategia".
Pero también jugó un papel clave en acciones sobre el terreno, por ejemplo, en las protestas de color de los grupos estudiantiles en 2009. Un cable diplomático de agosto del mismo año, durante la regencia del entonces embajador Patrick Duddy, revela que Eduardo Fernández, representante de la Usaid/OTI en Venezuela y contratista de la DAI, confirmó que todos los organizadores de las manifestaciones de ese año fueron beneficiados con recursos provenientes de la agencia: "Todas estas personas [los que organizaron las protestas] son nuestros beneficiarios", dice Fernández, citado en el informe.
Este respaldo no solo incluyó apoyo económico sino también entrenamiento para fortalecer sus capacidades de movilización y organización.
La periodista cubana Rosa Miriam Elizalde pudo confirmar en 2007, a través del investigador Jeremy Bigwood, del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, que "nuevos documentos desclasificados revelan que los jóvenes han recibido un total de 213 mil dólares desde 2003, una parte muy pequeña de los 26 millones que la OTI ha gastado en Venezuela entre el 2002 y el 2006".
Sin embargo, complementa Elizalde, "los documentos desclasificados no reflejan la cantidad total de dinero que ha llegado a los estudiantes y a las universidades porque la Usaid no es la única agencia estadounidense que distribuye dinero para la actividad política en Venezuela".
Los miles de cables procedentes de la embajada de Estados Unidos en Caracas, revelados por Wikileaks, asimismo evidencian una estrecha comunicación y coordinación entre diplomáticos estadounidenses y líderes opositores venezolanos, así como con diversas ONG, empresarios, sindicalistas, etcétera. Destaca, cómo no, la ONG Súmate, liderada entonces por María Corina Machado. Los documentos filtrados muestran a una Machado que con los años ha adoptado posiciones más extremistas en comparación con otros dirigentes opositores. En privado, la embajada incluso cuestionó la estrategia impulsada por Súmate de deslegitimar el sistema electoral venezolano, un enfoque que, según los cables, terminó perjudicando a la oposición en las urnas particularmente en 2005, cuando se dio el boicot electoral opositor que permitió al chavismo consolidarse en la Asamblea Nacional.
La participación de la Usaid en actividades subversivas es profusa, como lo comenta el propio Brownfield al relatar el caso de la ONG Cecavid en Barquisimeto, capital del estado Lara, la cual organizó un bloqueo de la ciudad ("shut down the city") durante dos días. Y remata: "Este proyecto está siendo replicado en otra zona de Venezuela".
En 2009, informó Wikileaks en 2011, la embajada en Caracas había pedido el aumento de recursos a la OTI, cuyos programas "son vitales para preservar y fortalecer las instituciones y prácticas democráticas que persisten en Venezuela", según el entonces encargado de negocios John Caufield.
El dinero siempre ha fluido hacia las arcas opositoras, y siempre han pedido más.
Fase de no-presencia y las olas de color
El presidente Hugo Chávez ordenó la expulsión de la OTI en septiembre de 2010, acusándola de financiar actividades destinadas a desestabilizar su administración, decisión que se efectuó en febrero de 2011. Esto antes de que se revelaran los cables antes citados en esta investigación. Recordemos que a finales de ese año fue aprobada la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país.
A finales de 2012 la Usaid había comunicado al Departamento de Estado, en ese momento gestionado por Hillary Clinton, que comenzaba una fase de no-presencia en Venezuela, según un correo filtrado por Wikileaks.
Ello no significaba que sus operaciones desistirían sino que reubicarían sus esfuerzos de otra manera. Dice el correo:
"En cuanto a los programas, la Usaid está buscando formas de enfocar mejor su financiación para el desarrollo y está revisando los criterios que rigen dichas decisiones, como el tamaño de un programa, el establecimiento de límites en el número de sectores en un país o región determinados en los que trabajamos, etcétera".
El flujo de caja para la oposición continuó desde entonces, confirmado por los informes de la propia agencia, como reseña un trabajo de la Universidad de Pittsburg publicado en 2018. Lamentablemente no se puede auscultar la información en la actualidad, desde que el gobierno de Trump bajara la web de la institución.
Pero una investigación complementaria a este artículo del analista de Misión Verdad, Éder Peña, muestra cómo se distribuyeron proporcionalmente los fondos erogados de la Usaid, según la implementación de sus programas entre 2014 y 2022.
La variación de los desembolsos de dicha instancia hacia Venezuela, comparados con los de otras agencias entre 2019 y 2022, puede notarse en el gráfico a continuación. En el caso de Usaid, el monto reportado para 2022 es 142,9 millones de dólares, 633% mayor que el de 2019, que fue de 13,9 millones. Mientras que el correspondiente a otros departamentos y agencias disminuyó desde 13 millones 90 mil hasta 6 millones 734 mil 395 dólares, 51%.
(Foto: Misión Verdad)
Podemos observar en el siguiente gráfico que los desembolsos para "Democracia, DD.HH. y Gobernanza" son significativamente más holgados que en rubros como "Asistencia Humanitaria" o "Salud", siendo esta agencia supuestamente una institución que se autoproclama de humanitaria.
(Foto: Misión Verdad)
Asimismo, destaca la correlación existente entre el financiamiento de Usaid/NED y las protestas sociales registradas entre 2014 y 2019. Se observa un aumento conjunto de las movilizaciones y los desembolsos (ancho de las burbujas) hasta 2019 y, luego, aunque se mantiene el aumento del financiamiento, la cantidad de protestas decae. En el gráfico se muestra claramente que, a mayor flujo financiero de las agencias de la intervención, también aumenta la conflictividad política en el terreno mediante un evidente ciclo insurreccional que tiene sus picos en 2014, 2017 y 2019, año cuando empieza la Operación Guaidó y da cabida a otro relacionamiento financiero con la oposición.
(Foto: Misión Verdad)
El notorio incremento del financiamiento a la oposición venezolana desde 2017 es tal que, desde entonces, las cifras casi llegan a duplicarse de manera interanual. Estos desembolsos financian programas que apuntalan la actividad política opositora dentro del territorio nacional con las ONG como vasos comunicantes.
Las olas de color, en referencia a las acciones insurreccionales de calle, también conocidas como guarimbas, formaron parte fundamental del ciclo 2014-2019, cuando las ONG y medios privados de comunicación recibieron cientos de millones de dólares —como veremos a continuación—, con el componente de las sanciones unilaterales, criminales e ilegales ante el Derecho Internacional, emitidas desde 2015 —con el Decreto Obama como punto de inflexión—, minando la capacidad de respuesta del Estado venezolano ante las coyunturas políticas, económicas y sociales que se erigieron en caldo de cultivo para el golpe continuado.
En parte financiado por la Usaid, y triangulado por sus oficinas regionales, con la Colombia uribista como canalizador de fondos y cabeza de playa para las incursiones insurreccionales.
Desfalco del plan Guaidó
Los actuales escándalos en torno a la agencia con relación a Venezuela han apuntado hacia la Operación Guaidó, incluida una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre el exdiputado y autoprocalamado presidente interino en 2019, una aventura política plenamente respaldada por el primer gobierno de Trump.
El fiscal general Tarek William Saab llamó a la cooperación bilateral con Estados Unidos para aclarar penalmente la investigación de corrupción que involucra a Juan Guaidó y Carlos Vecchio por los fondos recibidos a través de la Usaid.
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Archivos revelados por distintos medios señalan que Carlos Vecchio habría recibido 116 millones de dólares a través de la Usaid.
La cantidad de dinero manejada por la camarilla golpista sobrepasaría los 700 millones de dólares, según los documentos filtrados y las cifras calculadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De manera oficial, la Usaid "multiplicó por 26 veces sus fondos asignados para Venezuela entre 2014 y 2024", informa Voz de América: "Pasó de aportar 8,09 millones de dólares a Venezuela en 2014 a asignarle 211,02 millones de dólares el año pasado. Fue el sexto país de América con más recursos destinados por la agencia".
También nota que "los aportes de Estados Unidos a diferentes causas en Venezuela aumentaron notoriamente desde 2018, un año cuando distintas agencias federales, entre ellas la Usaid y el Departamento de Estado, asignaron un total de 25 millones de dólares.
"Antes, entre 2001 y 2017, se desembolsaron para Venezuela montos que oscilaron entre un mínimo de 4,2 millones de dólares (2011) y 19 millones de dólares (2008) a través de diferentes agencias y dependencias del gobierno estadounidense.
"Esa ayuda escaló a 73 millones de dólares en 2019, el año cuando EE.UU. desconoció a Maduro como presidente legítimo y respaldó como tal al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.
"Un año después, en 2020, los aportes de distintas dependencias federales de EE.UU., pero esencialmente de la Usaid, aumentaron a 163,3 millones de dólares. En 2021 subieron a 197,6 millones de dólares; y en 2022 se elevaron a 209,4 millones".
Lo reportado o censurado por la agencia estadounidense da cuenta de que, en todo caso, la cantidad de dinero destinado a manos opositoras venezolanas se cuenta por centenas de millones, durante un periodo (2014-2024) caracterizado por intentonas de golpes de color y militares, incursiones mercenarias y paramilitares, con componentes de bandas criminales organizadas dentro y fuera del país, una red mediática y oenegera bien filtrada entre los propósitos narrativos de todas las operaciones destituyentes y un gobierno paralelo que, aun en la actualidad, navega en réditos que le han hecho perder al país, según el presidente Maduro, 630 mil millones de dólares.
También podría caracterizarse esta fase como la decadencia de la agenda Usaid contra Venezuela, si incluso tomamos las palabras del inspector general Thomas Yatsco en su informe publicado en abril de 2021, cuando revela que la "ayuda humanitaria" que se intentó ingresar a Venezuela en febrero de 2019 "fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y la mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían". Fue un desastre de relaciones públicas para la agencia que ya prefiguraba el escándalo multidimensional que aun se desata hoy.
El balance de lo aportado por la Usaid a los intentos de socavamiento político y de derrocamiento de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro concluye en daños humanos, patrimoniales y políticos de inconmensurable calado. Es cierto que es una buena noticia para Venezuela —y el resto del mundo— que la agencia se encuentre cerrada en estos momentos, pero esto no significa que las operaciones de cambio de régimen no seguirán su curso.
Todo lo contrario: en Estados Unidos no se habla de la interferencia extranjera como un problema central de las actividades de la Usaid, sino del despilfarro y la corrupción en agendas que ya no interesan a la actual administración de la Casa Blanca.
Los gráficos presentados fueron elaborados bajo el concepto, investigación y metodología de Éder Peña. A él las gracias por complementar este artículo.
