El juez Garzón llegó a reclamar en Venezuela una consulta al pueblo sobre este tipo de decisiones, consulta que jamás ha reclamado en su país de origen para decisiones gubernamentales que afectan a la vida de millones de personas. Y lo hace, precisamente en Venezuela, un país donde, como excepción en todo el mundo, la población puede someter a sus dirigentes y gobierno a la revocación vía referendum, y donde existen incipientes mecanismos de participación directa de la ciudadanía impulsados precisamente por el ejecutivo de Hugo Chávez.

Pero lo más curioso del caso es que Baltasar Garzón sea el juez que ha ordenado hasta la fecha el cierre efectivo de tres medios de comunicación en el País Vasco: el diario Egin, la radio Egin Irratia y la revista Ardibeltza. El diario Egin vendía cerca de 60.000 ejemplares diarios y contaba con 210 trabajadores que perdieron su empleo. Y aunque la Audiencia Nacional española autorizó la vuelta a la actividad del periódico y la radio un año y medio después del cierre, para aquel momento ambas entidades habían llegado a la quiebra económica.

Baltasar Garzón no viajó a Venezuela cuando en 2002 el canal de televisión RCTV, entre otros, dio cobertura propagandística al sangriento golpe de estado contra el presidente electo Chávez. Ni mostró indignación o solidaridad ante el atentado terrorista que acabó con la vida de su colega profesional, el fiscal venezolano Danilo Anderson, que investigaba el golpe de estado.

Garzón prefirió reunirse con la élite multimillonaria de Venezuela, representada en la Confederación de Industrias, que contrató en esta ocasión sus servicios, a pasearse por los barrios de Caracas, las comunidades rurales o las comunidades indígenas, donde reside la mayoría población de Venezuela que jamás pudo ver reflejadas sus opiniones, sus intereses ni su imagen en el canal golpista RCTV.