Lo primero que hizo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) fue levantar, en marzo, las sanciones contra varios países entre ellos Cuba para que las empresas estadounidenses puedan exportar sus sistemas relacionados a la comunicación personal a través de Internet que son herramientas como Twitter o Facebook.
Lo segundo ha sido levantar la prohibición temporal para que ciertos ciudadanos norteamericanos viajen a Cuba para entregar dinero y equipos de telecomunicaciones a los grupos que promueven las políticas que se impulsan desde Washington.
Estos viajes ya se realizaban anteriormente, por parte de alrededor una docena de grupos que enviaban a una media de dos a cinco viajeros mensuales, pero fueron detenidos el 3 de diciembre tras la detención de Alan Gross, un contratista de la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que había llevado equipos de comunicación por satélite a grupos opositores.
Pero al mismo tiempo que levanta esta restricción les advierte de no llevar a la isla más dinero o equipos de lo que se pueda explicar en caso de ser detenido por las autoridades cubanas, ya que en este país la colaboración con un gobierno enemigo es un delito grave y su legislación penaliza con una condena de hasta 20 años la colaboración con el programa gubernamental de la USAID, que fue creado por la Ley Helms-Burton de 1996.
Los fondos de gobierno de los Estados Unidos para fomentar a grupos opositores en Cuba en los dos últimos años alcanzaron los 45 millones de dólares, están siendo fuertemente criticados y recientemente el senador demócrata por Massachussets, John Kerry, congeló temporalmente el financiamiento hasta que la USAID y el Departamento de Estado respondan a una serie de preguntas sobre cómo se gasta el dinero, dado que diversas investigaciones revelaron que en Miami se desviaba para compras personales y lujos varios.
