El asunto es mucho más complejo. A pesar del memorando de abril del 2009 del presidente Obama que da instrucciones para permitir que las compañías norteamericanas provean servicios de comunicaciones a Cuba, y del anuncio de la empresa TeleCuba que dijo haber obtenido una licencia del Departamento del Tesoro, para construir un cable de fibra óptica entre los dos países, la realidad es que desde 1962 Cuba tiene prohibido el acceso a equipos de telecomunicaciones de cualquier compañía o subsidiaria estadounidense y en el año 2000 las comunicaciones directas con Estados Unidos, que representa alrededor del 70 por ciento del tráfico internacional de Cuba, se interrumpieron.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, como resultado de esa práctica no puede negociar abiertamente con operadores norteamericanos y está obligada a conectarse por terceros países con significativas pérdidas y dificultades.
Algo similar le ocurre a las operadoras celulares del vecino del norte, que tienen prohibido establecer el servicio Roaming con la operadora cubana CUBACEL.
Además de impedir que el país se conecte con las redes internacionales de fibra óptica, el gobierno norteamericano también ha evitado – al impedir el acceso a tecnolgía y equipamiento- que esta importante vía de conexión se extienda por el interior del país, por lo que cuando se concluya la inversión del cable submarino de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, eso no significará que automáticamente aumente el acceso a la red de redes en la Isla.
En esta materia varias cuestiones requieren de un trato juicioso por la parte norteamericana. En bancos de Estados Unidos se encuentran confiscados unos 200 millones de dólares pertenecientes a empresas de telecomunicaciones de Cuba.
El hecho de que la Administración Obama haya incluido a Cuba en el listado de países que según ellos patrocinan el terrorismo, propicia que amparado en ese enunciado, cualquier persona jurídica o natural en Estados Unidos pueda solicitar que se le indemnice, utilizando dinero cubano depositado en cuentas en ese país, y además que determinados jueces fallen a favor de utilizar los fondos cubanos.
Lo más conveniente sería que el gobierno yanqui revise su actual marco reglamentario, para poner en práctica las modificaciones indispensables que se requieran a fin de garantizar que las empresas de servicios estadounidenses, puedan negociar con la operadora cubana sin presiones y en las mismas condiciones en que lo hacen con empresas de otros países.
