Wilkie Delgado Correa- En ocasión de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948, a la cual ha seguido la aprobación de muchos otros instrumentos generales y específicos que tienen relación con estos derechos, debe reconocerse que el asunto está en boca tanto de violadores como defensores de los mismos.
En tiempos recientes, a pesar del supuesto interés con normalizar plenamente las relaciones con Cuba, el gobierno estadounidense y funcionarios de distintas jerarquías, y por supuesto que políticos de toda laya, matizan sus declaraciones con un añadido sobre los derechos humanos en Cuba. Además, el presidente Obama incluyó con realce el tema en su directiva sobre Cuba y se ha permitido introducirlo en la agenda de conversaciones bilaterales. El gobierno cubano ha aceptado el reto para discutirlo, en plena igualdad, y analizar el cumplimiento real en ambos países.
El gobierno estadounidense desde hace varias décadas asumió como principio de su política exterior este tema, para descalificar a otros gobiernos, para amenazarlos, para sancionarlos y hasta para invadirlos. Ejemplos sobran y son acontecimientos que han estremecido el pasado y constituyen en el presente una realidad cotidiana, sobre lo cual han formado y forman una alharaca en el mundo.
Para ponerle fin – o al menos declararla ilegítima expresamente- los países debieran promover una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que condene y prohíba utilizar este tema para la valorización y satanización, en forma unilateral, de los otros países por cualquier estado, o bloque, ya que debe ser en el seno del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU donde se diriman las diferencias, se promueva la vigencia plena de los derechos y se adopten recomendaciones para la suscripción de los instrumentos internacionales, teniendo en cuenta la diversidad de los regímenes políticos existentes en el mundo, en ocasión de la rendición de cuentas o análisis periódico y universal por países que se realiza en dicho órgano competente. Y también debiera prohibirse su introducción en discusiones bilaterales, ya que EE.UU. no tiene ese papel, ni ninguna otra nación o bloque, por ningún fundamento o mecanismo terrenal, y menos divino. Hay que ponerle coto a las pretensiones infundadas de los gobiernos estadounidenses y otros y sus jaurías mediáticas para ponerle el marbete que sólo aplican a los gobiernos cuyas políticas las consideran contrarias a sus intereses, mientras guardan un silencio cómplice, defienden y apoyan con dinero y armas y estrategias a los más connotados regímenes violadores de los derechos humanos. ¿Habrá que citar los muchos casos en que eso ocurrió en épocas pasadas y ocurre actualmente en cualquier parte del mundo?
Algunos papanatas pueden creer que EE.UU. es el paraíso terrenal para el disfrute de tales derechos, y que, por supuesto, si hablan tanto de los derechos humanos es por que son un dechado en suscribir y ratificar todos o la mayoría de los instrumentos legales que se han aprobado para su defensa. Hablan y cacarean tanto al respecto, que no se le podría exigir menos. Pero, créalo o no, sólo lo ha hecho en una minoría de ellos. Por ejemplo, Cuba, ha firmado y ratificado significativamente mayor número de ellos que EE.UU. Si lo dudase le invitamos a que busque en fuentes oficiales de la ONU estos datos. Y en cuanto a su cumplimiento en la práctica, ese criterio de la verdad, existe un mejor saldo y una mayor contribución en el mundo, expresada en ayuda y cooperación a otros pueblos.
Además, la realidad es que una mirada imparcial de cómo se cumplen los derechos humanos en la sociedad estadounidense, derecho por derecho, ofrece un resultado desalentador para una sociedad dominada por una plutocracia avara que, por su misma naturaleza, es ejemplo de cómo se practica la mayor inequidad en el mundo. Y ante esa riqueza enorme acumulada por el país, su clase plutocrática y, por supuesto, sus presidentes desde la fundación de la nación hasta el presente, todos millonarios y multimillonarios, habría que preguntarse como lo hiciera el escritor portugués Almeida Garret en el siglo XIX: “Y yo pregunto a los políticos, a los economistas, y a los moralistas, el número de individuos que es forzoso condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, a la orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico”.
A mayor abundamiento concreto, en octubre de 2010, la Responsable del Comité de los Derechos de la Niñez, Yanghe Lee, hizo un llamado a Somalia y a los Estados Unidos a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, ya que eran estos los dos únicos países que, desde su aprobación en 1989, no lo habían hecho, y la cual establece los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como también las especiales medidas de protección para todas las personas menores de 18 años de edad.
Después de seis años, ¿se habrá acordado en el día de los derechos humanos el ilustre Premio Nobel de la Paz y presidente de los Estados Unidos hasta enero de 2017, el Señor Obama, que aún está pendiente la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Se habrán acordado los ilustres representantes y senadores de los Estados Unidos que el olvido de la niñez es equivalente a la no ratificación del noble tratado que hace obligatorio el cumplimiento de todos los derechos reconocidos? ¿Se habrán acordado de todos los niños estadounidenses o emigrados, que no merecen tan tamaño olvido, en una época en que se muestran tan alebrestados en aprobar legislaciones discriminatorias y de marginación para el interior de la nación, y cuantas leyes pueden concebir para entrometerse en asuntos internos de otros países y hacerles más difícil la vida a sus correspondientes pueblos, incluyendo inevitablemente a sus niños? ¿Sabrá algo de este asunto el empresario y presidente próximo Donald Trump?
