Cubadebate.- Personajes de la mafia anticubana con asiento en Miami pidieron este lunes en una carta pública al presidente de EE.UU., Donald Trump, implementar “plenamente” una ley que permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la Revolución para “asfixiar” al Gobierno de Cuba.
El terrorista Orlando Gutiérrez, de la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló en una rueda de prensa que se trata de propiedades “robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse”.
Por su parte, Jorge Luis García Pérez, más conocido como “Antúnez”, instó a Trump a activar “cuanto antes” el Título III de la Ley Helms Burton de 1996.
“Antúnez” dijo que se trata de “asfixiar a la dictadura” y privarla “de los fondos que tanto necesita”.
“Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición”, manifestó “Antúnez”.
En la misiva dirigida a Trump, los cabecillas anticubanos piden “sanciones decisivas” como el Título III, que desde su creación no ha sido activado.
Le manifiestan que estas medidas “debilitarán la ocupación del régimen de Castro en Venezuela y acelerará el día de libertad para Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestra región”.
Reunidos en un monumento en homenaje a los mercenarios de la invasión a Bahía Cochinos (1961) en la Pequeña Habana, instaron también a la utilización del Título IV, que “le niega visas a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas”.
El pasado 4 de marzo el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que hacen parte de una “lista negra” por adueñarse de bienes confiscados.
La iniciativa, que activa parte del Título III, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.
Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, “sin precedentes”, de esta facultad, de treinta días, que anunció recientemente.
Esta medida ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.
