Prensa Latina.- La compañía de cruceros Carnival Cruise Lines es hoy el primer blanco de demandas tras la activación en Estados Unidos del Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba.
Varios medios reportaron que este jueves, en un tribunal federal de la ciudad de Miami, se interpusieron dos acciones legales contra la compañía con sede en el sureño estado norteamericano de Florida, luego de que la administración de Donald Trump autorizó la realización de tales procedimientos.
La Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años contra la isla.
Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del Título III de esa ley, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes 'trafiquen' con 'propiedades norteamericanas' en Cuba.
A través de tal mecanismo se da la posibilidad de promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
Según indican los textos de las reclamaciones de esta jornada, uno de los demandantes es Javier García Bengochea, quien es identificado en el documento como propietario del puerto de la oriental provincia de Santiago de Cuba.
La otra demanda está presentada a nombre de Havana Docks Corporation, una compañía que dice ser 'propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales' en el Puerto de La Habana, la cual pertenece a Mickael Behn.
Esta mañana por primera vez el gobierno norteamericano le ha dado la oportunidad a estas personas de presentar una demanda en una corte de Estados Unidos, expresó Bob Martínez, abogado de ambos reclamantes, a periodistas en la entrada del tribunal, según citó la agencia AFP.
Varios expertos legales sostienen que el alcance de la aplicación del Título III, el cual ha sido rechazado por numerosos sectores estadounidenses y por muchas naciones, dado su carácter extraterritorial, dependerá de la interpretación que hagan los tribunales del lenguaje de la normativa.
Robert Muse, abogado experto en leyes relacionadas con la isla, manifestó en una reciente entrevista con Prensa Latina la posibilidad de que aerolíneas o empresas estadounidenses de cruceros que tienen ya una amplia actividad en el territorio vecino no corran el peligro de tener que cumplir con una demanda.
Ello se debe a una provisión del título mediante la cual se establece que no constituyen 'tráfico' las transacciones relacionadas con viajes legales a Cuba, lo cual podría ser el caso de las actividades de esas firmas que cuentan con licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La activación del mencionado acápite de la Ley Helms-Burton forma parte de la agresiva política asumida por la administración Trump contra el territorio antillano, y tiene como objetivo fundamental desestimular la inversión extranjera en la isla, cuyo Gobierno ha reiterado que la legislación es inaplicable.
