Cubadebate publica estos dos trabajos del semanario colombiano Semana, con los que no coincidimos en varios términos y puntos de vista, pero que devela la complicidad del Gobierno de Colombia con la reciente maniobra inmoral de Estados Unidos de incluir a Cuba en una lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Foto: EFE.

Gobierno Duque contribuyó a darle el tiro de gracia a relación de EE.UU. y Cuba

Semana

Tanto en la oposición como en algunos sectores afines al Gobierno de Iván Duque existe una especie de consenso en torno a la idea de que en la política exterior de Colombia se están cometiendo muchos errores. Desde que se posesionó, con la idea de tumbar a Nicolás Maduro como una de sus banderas, el presidente y su equipo han dado una serie de pasos en falso difíciles de entender.

El error de origen en este frente fue tal vez pensar que el régimen de Venezuela podía ser derrocado fácilmente al apoyar a Juan Guaidó. No obstante, el tiempo ha demostrado que esa apuesta no solo no funcionó, sino que puede haber fortalecido la posición del régimen venezolano, hoy más aferrado al poder que nunca.

La cadena de “osos” como la llama el periódico El Nuevo Siglo, parece no tener fin. El concierto en la frontera no salió bien; el cerco diplomático no sirvió para mucho; Guaidó ha ido perdiendo fuerza y apoyo popular, pedirle a este último que deportara a Aida Merlano fue ridículo; las fotos falsas en la ONU también y aliarse con Donald Trump ha resultado un arma de doble filo. Y la última intentona de golpe, aunque Colombia no la patrocinó, por haber sido organizada desde el territorio nacional le sirvió a Maduro para darle credibilidad a su versión de que Colombia y Estados Unidos lo quieren tumbar.

Pero dentro de esa cadena de desaciertos en la política internacional de la Casa de Nariño, tal vez el más grave ha sido la actitud hostil contra Cuba, un país que ha sido clave en los varios intentos por negociar la paz con los grupos armados.

El lío empezó cuando el ELN puso la bomba en la Escuela de Policía General Santander. Para entonces, la mesa de diálogos con esa guerrilla estaba instalada en La Habana y el presidente Duque había anunciado un periodo de evaluación para definir si la mantenía o la suspendía. Cabe recordar que esa mesa llegó a Cuba porque el Gobierno de Colombia se lo pidió, luego de que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, expulsó a la delegación del ELN de su territorio.

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Evidentemente, cuando se presentó el atentado que conmocionó al país y que cobró la vida de 22 jóvenes, el presidente Duque no tenía otra opción que pararse de la mesa. El país entendió esa decisión y tanto amigos como detractores lo rodearon. Las diferencias llegaron cuando el mandatario le pidió a Cuba desconocer los protocolos de rompimiento de los diálogos y extraditar a Colombia a los negociadores del ELN que se encontraban en La Habana.

Esa petición, si bien podría justificarse en términos políticos, en materia de diplomacia y de derecho internacional no tenía ni pies ni cabeza. Los protocolos de rompimiento habían sido firmados no solamente por las delegaciones del Gobierno y del ELN, sino por Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador, en su condición de países garantes. En estos se establecía que si llegaban a suspenderse las negociaciones por cualquier razón, habría un plazo de 15 días para que las partes acordaran un operativo de regreso de los negociadores de la guerrilla a Colombia. Una vez surtido ese trámite los guerrilleros darían las coordenadas a los países garantes para que estos verificaran el cese de operaciones militares durante 72 horas y así los guerrilleros pudieran regresar al país.

Gobierno atribuye a insistencia de Duque la inclusión de Cuba en lista negra

Con la decisión de suspender la mesa, lo lógico hubiera sido que el Gobierno de Colombia le explicara a la opinión pública por qué tenía que reactivar los protocolos previamente firmados por ese grupo de países. No obstante, tal vez impulsado por el ánimo de indignación colectiva del momento, el presidente Duque se fue por un camino sin destino. Si el Gobierno colombiano quería fijar una posición de rechazo contundente a lo sucedido, bien hubiera pedido a los guerrilleros instalados en La Habana en extradición, como un gesto simbólico. Pero no suena muy posible que en Casa de Nariño pensaran que existía alguna posibilidad de que Cuba desconociera los protocolos. Para el Gobierno de la isla acceder a la petición de Duque era un imposible no solo político sino jurídico.

Lo que no era justo ni lógico era amenazar a Cuba con romper relaciones y emprender una campaña para que el Gobierno de Trump la metiera en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, eso justamente sucedió. Esa decisión deja a Cuba en la lista negra en la que solo están Corea del Norte, Siria, Irán y ahora Venezuela. Al fin y al cabo, el Gobierno de la isla se había limitado a rechazar una exigencia ilegal de Colombia para honrar un compromiso legítimo firmado por seis países. Después de darle ese tratamiento a un país amigo, lo único que se necesitaba era una personalidad impredecible como la de Trump en la Casa Blanca para respaldar esa aventura.

Todo este episodio va a costarles mucho tanto a Colombia como a Cuba. En lo nacional se alejarán aún más las posibilidades de una reactivación de la mesa con ELN y habrá efectos profundos en la implementación de los acuerdos con las Farc. El papel de Cuba en el proceso iba mucho más allá de prestar su territorio para los diálogos. Como país garante, también tenía la obligación de verificar el cumplimiento de los pactos suscritos.

Y en cuanto a Cuba, su inclusión en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo puede ser la antesala para entrar otra vez a la lista de los que lo patrocinan. Lo primero no tiene aún consecuencias graves, pero lo segundo implicaría sanciones económicas de tal dimensión que el gran damnificado sería el pueblo cubano, que ya de por sí atraviesa momentos difíciles.

Lo absurdo de la situación que Colombia ha creado, es que Cuba no patrocina el terrorismo. Desde hace muchos años el Gobierno de Fidel Castro se apartó oficialmente de cualquier apoyo a la lucha armada en el continente. Ha tenido identidad ideológica con gobiernos y movimientos de izquierda, pero siempre por encima de la mesa y dentro de las reglas del juego. Lo único que ese país aspira es a que le levanten el bloqueo estadounidense, que inexplicablemente lleva casi 60 años y que era lógico en los días de la Guerra Fría, pero absurdo en la actualidad.

Cuba había avanzado mucho en ese propósito durante la administración de Barack Obama. El talante del Gobierno de Trump y la necesidad de ganar las elecciones presidenciales en la Florida habían parado ese proceso. Pero que el Gobierno de Duque hubiera contribuido a darle el tiro de gracia a esa normalización, es un exabrupto diplomático que no corresponde con la dinámica constructiva basada en la buena fe que existía entre Colombia y Cuba.

(Tomado del semanario Semana, 16 de mayo de 2020)

Gobierno atribuye a insistencia de Duque la inclusión de Cuba en lista negra

Semana

Luego de que se conociera el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista negra de países que no aportan en la lucha contra los grupos terroristas, el Gobierno colombiano atribuyó esa determinación de la Casa Blanca a la gestión que ha venido desarrollando el presidente Iván Duque para que la isla entregue a los cabecillas de la guerrilla del ELN.

Así mismo, Miguel Ceballos alto comisionado para la Paz, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, afirmó que desde la administración Duque se han elevado varias solicitudes al gobierno de Cuba para que expulse de su territorio a los jefes de ese grupo subversivo.

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Recordó el funcionario que una vez se registró el atentado con carrobomba en la Escuela de Policía General Santander, en donde murieron 22 uniformados y cuyo ataque terrorista fue atribuido al ELN, el Gobierno suspendió los diálogos con esa guerrilla.

Ceballos insistió en que el Gobierno no va a aplicar los protocolos que suscribió la administración del expresidente Juan Manuel Santos, que Cuba ha solicitado que se respeten.

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“El Gobierno de Colombia a través de la Cancillería ha insistido a Cuba sobre la entrega de los miembros del ELN que están en la isla y ese país ha venido argumentando unos protocolos que se habían firmado en el Gobierno anterior, protocolos que nosotros consideramos no son aplicables”, sostuvo Ceballos.

Y agregó: “en este momento lo que vemos es un espaldarazo de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque de ser entregados por Cuba los cabecillas del ELN a la justicia colombiana”.

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Así mismo, Estados Unidos argumentó que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorista, denunciando la presencia en la isla de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Con esa noticia, Cuba se sumó a otros cuatro adversarios estadounidenses --Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela- que no obtuvieron la certificación en 2019 bajo una ley antiterrorista estadounidense que afecta las exportaciones de artículos y servicios de defensa.

(Publicado en Semana el 13 de mayo de 2020)