Cubadebate - Video: Canal Caribe / TV Cubana - Foto: Ilustracion Boligán.- Listados con nombres de cientos de personas “desaparecidas” circulan en las redes sociales tras las manifestaciones del 11 de julio. También hay detenidos “incomunicados”, según se dice en esas listas. ¿Qué procedimientos se cumplen luego de ser detenido un ciudadano? ¿Cómo deben actuar los órganos encargados de estos procesos? ¿Hay desaparecidos en Cuba?

“En Cuba no existen personas desaparecidas”, ni relacionadas con los hechos del 11 de julio, ni con ningún otro caso, aseguró el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.

Al intervenir este martes en el programa televisivo Hacemos Cuba, Álvarez Valle hizo alusión a la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual la Isla es firmante. En su artículo 2, se define:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

“Nosotros tenemos como principio de la Revolución, y es lo que caracteriza también la actuación de nuestras autoridades, el derecho a la vida, a la libertad, la preservación y la seguridad de las personas”, enfatizó el Coronel.

Aunque la “desaparición forzada” no está calificada en el ordenamiento jurídico cubano como un delito, “sí existe un grupo de figuras que abarcan y sancionan a los comisores de estas acciones en los casos que se compruebe que alguna persona ha ejercido la desaparición forzada de otros”, explicó.

Álvarez Valle subrayó que en las dependencias del Ministerio del Interior no hay ningún establecimiento secreto para el procesamiento de personas. “No existe en Cuba un lugar donde usted pueda llevar a un detenido fuera de los procedimientos y de las cuestiones que están establecidas en la Ley”.

¿Qué ocurre cuando una persona es detenida? José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, aclaró que a la detención de una persona le precede una denuncia, es decir, “la actuación de la autoridad es legítima a partir de que se conoce de la posible comisión de un hecho delictivo”.

Cuando una persona es conducida a una unidad policial, lo primero que se hace es registrarlo en un libro, que recoge sus datos, dónde y por qué fue detenida. El “acta de detención” es firmada por el propio detenido. “Quiere decir que la persona está conociendo desde el primer momento el motivo por el cual está siendo conducida”, acotó el Coronel Víctor Álvarez Valle.  .

Luego de eso, prosiguió, en las primeras 24 horas de la primera declaración se puede determinar, en caso de que el delito sea leve, poner en libertad al detenido y si es un hecho de mayor gravedad, se pasa a los órganos de investigación criminal, los que practicarían el curso de la investigación.

En las primeras 24 horas la familia generalmente conoce dónde se encuentra el detenido. “El Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado, entrelazado entre todas las unidades, un sistema de atención e información a la población donde se asienta cada una de las personas que están detenidas”.

En el caso de los detenidos vinculados con las manifestaciones del 11 de julio, Álvarez Valle aseguró que a todas las familias se les ha informado sobre su situación, “han concurrido a los lugares, se les ha dado atención y han entregado pertenencias personales como aseo, incluso medicamentos para aquellos que tienen determinados padecimientos”.

El jefe de departamento en la FGR destacó que la presencia de la Fiscalía en los procesos penales, que ocurre desde que estos comienzan, “contribuye a controlar la investigación y nos permite asegurar que en nuestro país no han existido desaparecidos”.

En 2020, contabilizó, la Fiscalía atendió a más de 129 000 personas en todo el país y en el primer semestre del actual año la cifra supera las 49 000. A partir del día 12 de julio, por los hechos asociados a los delitos cometidos durante el día anterior, han acudido a esa institución 63 personas. 

Más de 30 personas han ido directamente a los órganos de la Fiscalía a formular diferentes inquietudes. “Dichos reportes no están relacionados con desapariciones, y sí con detenciones; buscando información porque en ocasiones desconocían dónde se encontraba su familiar”.

“Hay quienes han dicho:`sabemos que está detenido en algún lugar´, y lo que quieren es conocer dónde”. Reyes Blanco comentó que “todos se han ido con esa información”, porque además es uno de sus derechos: saber dónde están detenidos sus familiares.

De acuerdo con el funcionario, muchas de las personas han acudido para explicar, por ejemplo, que su familiar “estaba en el lugar de una manera casual” o para trasladar alguna inconformidad con la actuación de algún registro o actuación. 

Informó que en estos momentos la Fiscalía investiga cinco reclamaciones, en la que se documenta para dar la respuesta, “como siempre ha sido el estilo de trabajo de la Fiscalía”, y reafirmó que existe una comunicación inmediata con los familiares.

Reyes Blanco insistió en las posibilidades que tiene el pueblo de comunicarse con la FGR, de denunciar hechos delictivos y de una posible actuación incorrecta de algún órgano de las instituciones del Estado.

Una lista manipulada y poco seria

Sobre el listado de “desaparecidos” que circula en las redes, el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, subrayó que es “una lista manipulada, que pierde seriedad, sostén y solidez, a partir de la falta de datos”. 

No aparecen los números de carné de identidad, ni la provincia de residencia, incluso hay nombres con un solo apellido. Además, “hemos comprobado que hay personas que nunca han sido detenidas ni entrevistadas por la policía”. 

Uno de los nombres que se lee en los listados es Ramón Samada, el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Desde la sala de proyección, en el séptimo piso del Icaic, el supuesto “desaparecido” habló para Hacemos Cuba: “Aquí estamos, trabajando muchísimo, tratando de organizar el festival de cine a realizarse en diciembre; llevando adelante el Fondo de Fomento del Cine Cubano; producciones importantes que recogen el acontecer de la vida de Cuba hoy”. 

¿Cuál es el estado legal de los detenidos por los hechos del 11 de julio?

El Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, detalló el estado legal de los detenidos por los hechos del 11 de julio. 

“Hay un número muy pequeño, cuyos abogados se han ido personando a partir de que la Fiscalía ha ido decretando la prisión provisional”.

Otros detenidos ya han sido puestos en libertad, tras “la evaluación de su participación en el hecho (desorden y alteración del orden)”, pero siempre con una medida cautelar, como la reclusión domiciliaria, con la posibilidad de solicitar un abogado para su defensa. 

Los abogados, expuso, tienen todo el derecho de concurrir a los órganos de investigación del Ministerio del Interior y de la Policía para revisar la actuación, entrevistar de manera privada a su defendido, participar en algunas acciones investigativas y de instrucción penal, así como proponer pruebas.

La Constitución cubana establece que para privar de libertad a un ciudadano debe existir una disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía. “El fiscal es la autoridad competente para disponer la prisión provisional, es decir, la medida cautelar de prisión provisional”.

“A partir de esos primeros momentos en que se confirma la existencia de un delito en el que existen pruebas que evidencian la participación de una persona en ese hecho delictivo, se procede a las medidas cautelares”.

Sobre los establecimientos penitenciarios, señaló que hay un departamento de control de la legalidad que, a través de visitas temáticas, comprueba que los locales reúnan los requisitos y condiciones establecidas en las leyes. 

“En todos los lugares donde existen personas detenidas, ya sea en las unidades de policía o en las de investigación criminal, hay alimentación y servicio médico las 24 horas del día.  Como norma, para ingresar a esos órganos se hace un chequeo médico”, resumió Álvarez Valle.

La tortura no es ni será una práctica en Cuba

La tortura no es ni será una práctica en Cuba, aseguró el Coronel Víctor Álvarez Valle. “No es ni será práctica en los compañeros del Ministerio del Interior utilizar la fuerza para obtener confesiones”.

En cuanto a la coacción como método para que el detenido confiese, comenzó explicando que la declaración del acusado no constituye prueba en el proceso penal, por tanto, “los compañeros que se dedican a esto en el Ministerio del Interior tienen la preparación necesaria para poder intercambiar, persuadir y convencer, pero nunca utilizar la coacción, la fuerza, para lograr la confesión de una persona”.

Se conoció que tras el incremento de los procesos en estos días, la presencia de los fiscales en los lugares de detención y el procesamiento de la investigación se ha incrementado. 

“Nos interesa conversar. Porque detrás de esa conversación conocemos motivaciones, implicaciones y, de alguna manera, contribuir a perfeccionar el trabajo y a profundizar en la investigación del caso. Por tanto, es una oportunidad que tienen los fiscales de estar a solas con los detenidos, siempre en un lugar de entrevistas, donde hay un diálogo fluido”, añadió el jefe de departamento de Supervisión en la dirección de Procesos Penales de la FGR.

“Al fiscal le interesa saber, incluso, si esta persona tiene hijos, familia, quién pudiera estar preocupado por su detención, las motivaciones y los antecedentes que pudo haber tenido”.

Las personas, resumió, generalmente tienen intereses relacionados con sus derechos, garantías y las expectativas relacionadas con el proceso. Por eso, “más que un interrogatorio, es un diálogo donde se dan las condiciones propicias para si existiera alguna preocupación o denuncia se pueda transmitir a la Fiscalía para su investigación”.

En Cuba no hay desaparecidos ni torturados

Tras los disturbios ocurridos los días 11 y 12 de julio pasado, como parte de la operación político-comunicacional alentada y pagada por el Gobierno estadounidense contra Cuba, han comenzado a circular en internet supuestas listas de desaparecidos

Yudy Castro Morales

Granma

Tras los disturbios ocurridos los días 11 y 12 de julio pasado, como parte de la operación político-comunicacional alentada y pagada por el Gobierno estadounidense contra Cuba, han comenzado a circular en internet supuestas listas de desaparecidos.

Pero, ¿hay verdaderamente desaparecidos en el país? ¿Son reales tales listas? ¿Cuál es el procedimiento para la detención de una persona? ¿Qué límites existen para la actuación de las autoridades?

Al responder tales interrogantes, durante una comparecencia este martes en el programa Hacemos Cuba, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), aseguró, categóricamente, que en Cuba no hay personas desaparecidas, ni de los procesos referidos a los desórdenes recientes, ni de ningún otro que se haya realizado.

«Nosotros tenemos como principio, en la Revolución, y es también lo que caracteriza la actuación de las autoridades, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la preservación y seguridad de las personas», afirmó el coronel, al tiempo que informó que Cuba es firmante de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esta postura, dijo, también fue reconocida en la Constitución aprobada por la mayoría de los cubanos y, aunque en nuestro ordenamiento jurídico no está calificado como un delito, sí existe un grupo de figuras que abarcan y sancionan a quienes comentan estas acciones, en el caso de que se compruebe la ocurrencia de una desaparición forzada.

Este es un ejemplo de los modos de actuación de los que promueven el caos desde las redes sociales y pretenden construir una realidad que en Cuba no existe.

Además, agregó, «no existe ningún establecimiento secreto para el procesamiento de las personas que, por alguna razón, o por la comisión de delitos, sean llevadas a una de las dependencias del Minint».

Respecto al proceso de detención de un ciudadano, José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales, de la Fiscalía General de la República (fgr), explicó que «los registros de este proceso, el acta de detención que es firmada por el implicado, la información sobre el detenido y la presencia de la Fiscalía en todo el proceso penal desde el inicio, contribuyen a controlar la investigación y nos permiten asegurar que en nuestro país después de 1959 nunca han existido desaparecidos». Evidentemente, de existir en el país sucesos de esta naturaleza, las denuncias en la Fiscalía, por todos sus canales de atención a la ciudadanía, serían considerables.

Sin embargo, comentó Reyes Blanco, en el año 2020, en plena pandemia, la Fiscalía atendió a más de 129 000 personas en todo el país; durante el primer semestre de este año, la atención superó las 49 000 y, a partir del día 12 de julio, por hechos asociados a los disturbios, se han dirigido a este órgano 63 personas, mayormente por la vía presencial.

«Pero ninguna de estas denuncias o reclamaciones ha estado relacionada con desapariciones», subrayó, sino con detenciones, o sea, en busca de determinada información, la cual han recibido en los lugares a los cuales han acudido los interesados.

Hoy, comentó, la Fiscalía investiga cinco reclamaciones relacionadas con inconformidades generales del proceso, pero ningún caso está pendiente por definir el lugar donde se encuentra la persona. Hay información y, más importante, la familia la conoce».

En ese sentido, el coronel Álvarez Valle señaló que, cuando una persona es conducida a una unidad policial, lo primero que se hace es asentarlo en un libro de registro, de manera manual, y se elabora su acta de detención. Por tanto, la persona conoce por qué está siendo conducida a la estación.

Después, continuó, sigue un proceso que puede ocurrir en las primeras 24 horas, que contempla su primera declaración, y las medidas que, en dependencia del delito, se puedan imponer.

«En las primeras 24 horas, la familia conoce generalmente dónde se encuentra la persona porque, además, el Minint tiene un sistema de atención e información a la población, automatizado y entrelazado entre todas las unidades, donde se asienta cada una de las personas detenidas.

«En los casos recientes, todas las familias conocen dónde están sus detenidos, han concurrido a los lugares, han entregado pertenencias con aseo personal o medicamentos puntuales; o sea, la información sobre el paradero de las personas está establecida y es auditable por los órganos de control de la Fiscalía», detalló.

Posteriormente, también hizo referencia a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual Cuba es parte y fue examinada en 2017.

Tal como se aplica en el país, el Artículo 17, específicamente, establece, entre otros elementos, que:

Nadie será detenido en secreto.

Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado parte en materia de privación de libertad, cada Estado parte, en su legislación:

Establecerá las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad.

Determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad.

Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados.

Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial.

Por su parte, el fiscal aclaró que todas las personas detenidas tras los sucesos del 11 de julio están en capacidad de nombrar un abogado, que algunos no lo tengan responde a la elección de cada uno.

Y para desmentir totalmente las citadas listas, en otro momento del programa se estableció comunicación con uno de los supuestos desaparecidos, quien también habló de otros compañeros que engrosan los registros circulados en internet y que se encuentran en perfecto estado.

El Segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint reiteró que estas listas pierden credibilidad por la falta de datos, y porque se ha comprobado que muchos de los registrados allí nunca han sido detenidos ni entrevistados siquiera por las autoridades.

Reyes Blanco comentó que, entre los detenidos, un grupo ya ha sido puesto en libertad porque se ha confirmado que no han tenido participación delictiva, otros están con una medida cautelar no detentiva, y hay acusados en expediente de fase preparatoria, con medida cautelar de prisión provisional.

LA TORTURA NUNCA SERÁ UNA PRÁCTICA DE LAS AUTORIDADES CUBANAS

Otra matriz que se ha querido posicionar en las redes sociales pone el dardo en la ocurrencia de torturas con los implicados en las acciones desestabilizadoras.

El coronel Álvarez Valle afirmó que, «al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba. La historia de la Revolución así lo demuestra, y no es ni será práctica de los combatientes del Ministerio del Interior emplear la fuerza contra las personas procesadas». Expresó, además, que la Mayor de las Antillas es parte de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

José Luis Reyes detalló que, luego de los disturbios, la presencia de los fiscales en las unidades se ha incrementado, pues es interés conocer la opinión de los detenidos, y ello es un escenario propicio para el diálogo y para transmitir cualquier inquietud o denuncia.

La emisión de Hacemos Cuba también llamó la atención sobre una denuncia de un joven que ha escalado en las últimas horas en las redes sociales, referida a actos de violencia cometidos contra sí, tras ser detenido después de los disturbios.

Esta persona, puntualizó el coronel, está sujeta a una medida cautelar de reclusión domiciliaria por un proceso anterior, lo que implica requisitos que tiene que cumplir; sin embargo, estaba en la calle, fuera de las proximidades de su vivienda, en medio de las alteraciones del orden, lo que quebranta lo dispuesto, de lo cual fue informado.

El fiscal Reyes Blanco añadió que, entre las reclamaciones en curso en la Fiscalía, está la de este joven, pues su padre se presentó en dicho órgano. Se tomaron todos los datos y se harán las averiguaciones e investigaciones pertinentes, con total transparencia.

De surgir cualquier irregularidad, patentizó el coronel, se esclarecerían las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos, y se tomarían las medidas correspondientes, ya sea en el orden disciplinario, si fuera un combatiente, o en el orden penal si la conducta llegara a ser violatoria de la ley.

Por tanto, fueron suficientemente claros los argumentos que sostienen que en Cuba no hay desaparecidos ni torturados, y, de ocurrir o haber ocurrido alguna irregularidad en las actuaciones del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, se investigará, se darán a conocer los resultados y, de encontrarse violaciones, se tomarán las medidas que permitan la restitución de la legalidad.