La Habana, 21 de octubre de 2021.- Yunior García Aguilera, principal cara visible del “Proyecto Archipiélago” y convocante a la “Marcha Cívica por el Cambio”, fue  notificado este jueves en La Habana sobre las consecuencias penales que podrían recaer en su persona en caso de hacer efectiva la convocatoria para el próximo 15 de noviembre.


Fiscalía General de la República notifica las consecuencias legales de participar en la marcha del 15N tras ser denegado su pedido de autorización

Por Laura V. Mor/ Video y foto: Syara Salado Massip/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

La Habana, 21 de octubre de 2021.- Yunior García Aguilera, principal cara visible del “Proyecto Archipiélago” y convocante a la “Marcha Cívica por el Cambio”, fue  notificado este jueves en La Habana sobre las consecuencias penales que podrían recaer en su persona en caso de hacer efectiva la convocatoria para el próximo 15 de noviembre.

El convocante junto a otros pocos firmantes, había solicitado autorizo para realizar una “marcha pacífica” el próximo 20 de noviembre, fecha que más tarde fue cambiada para el 15; día en que el país, flexibilizará las medidas restrictivas en esta “nueva normalidad”, anunció la apertura de fronteras al turismo internacional y en el que se dará inicio a las clases presenciales de grados no terminales en las escuelas.

El 12 de octubre el Intendente de La Habana notificó la negativa al pedido, al igual que sucedió en otras provincias del país. García expresó públicamente en diferentes ocasiones la intención de mantener la convocatoria a pesar de ser considerada ilegal, atendiendo a lo estipulado en la Constitución Nacional.

A pesar de esa negativa, “Archipiélago” emitió un comunicado –leído en modo “breaking news” por Eliecer Ávila, un dato no menor- donde proponía una serie de iniciativas para acompañar la manifestación del próximo 15 de noviembre.

Ante la respuesta del régimen cubano el pasado 12 de octubre de declarar ilícita la Marcha Cívica por el cambio hemos decidido proponer una serie de iniciativas a la ciudadanía con el fin de ampliar su participación en el camino pacífico y cívico hacia la liberación de los presos políticos, la democracia y el Estado de Derecho en nuestra Patria. Para ello los invitamos a la “Jornada Cívica por el Cambio” que se realizará a lo largo de los días 14 y 15 de noviembre del 2021 y tendrá como momento principal la manifestación, pero que se complementará con otras iniciativas ciudadanas encaminadas a enriquecer la Marcha, pues sabemos que muchas personas debido a su edad, impedimentos de salud u otras cuestiones no podrán asistir a la manifestación”, explica la convocatoria a la autodenominada “Marcha Cívica por el Cambio”.

El insistente llamado cuenta con el auspicio del gobierno de Estados Unidos que ya ha declarado públicamente su apoyo. Curiosamente la ilegal  marcha ha sido impulsada también desde Miami «por organizaciones que patrocinaron acciones terroristas contra Cuba y  agencias financiadas por el Gobierno estadounidense”.

La Fiscalía General de la República a través de un comunicado, señaló que inició «apercibimientos» a varios convocantes en provincias como La Habana, Holguín y Villa Clara.

Ese pequeño grupo de personas fueron citados para ser notificados (según lo que estipula el artículo 156 de la Carta Magna) que en caso “de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente”, dando conocimiento complementariamente a ello, acerca de las consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas ya denegadas por las autoridades del país.

De acuerdo a la legislación cubana, los delitos mencionados son penados con sanciones económicas y privación de la libertad por períodos de tres meses a un año; sin embargo, organizadores como García parecen hacer oídos sordos, a pesar que emanan de una Constitución ratificada por voluntad popular en uno de los actos cívicos y democráticos más amplios de los que se tenga noción.

Tras la reunión en Fiscalía, el convocante compareció ante los medios de prensa presentes, reafirmando su participación en la manifestación del 15 de noviembre bajo un halo de supuesto civismo.

“Yo no soy un político” afirmaba, un tanto nervioso, al tiempo que enunciaba consignas políticas e insistía que su agenda es “la pluralidad, la democracia real», etc. “Archipiélago simplemente es una plataforma plural que trató de motivar esta iniciativa. Nosotros simplemente organizamos una marcha, le dimos una forma”, comentó; al tiempo que se caracterizó como “miembro del 27N”, aunque no hayamos visto declaraciones ni pronunciamientos de ese grupo ante la decisión del gobierno de La Habana.

Persistió en que «apoyar esto realmente es lo que Cuba  necesita”, olvidando lo que acababa de enunciar minutos antes: “aprender  a respetarnos unos a otros” y el “consenso real que debe incluir también al llamado ‘exilio’ cubano».

Entre las omisiones a preguntas formuladas, nerviosismo y contradicciones surgió al menos algo claro, Yunior García pide que se tenga en cuenta al exilio que sistemáticamente aboga por el cambio de régimen y vanagloria el bloqueo.

Se va aclarando el objetivo de tanta insistencia a «la marcha» y el apoyo de la administración estadounidense.

 

Fiscalía advierte a ciudadanos convocantes sobre consecuencias legales de persistir en marcha ilegal

Tomado de Cubadebate

En la jornada de hoy, la Fiscalía cubana ha apercibido a un reducido número de ciudadanos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín de las consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas ya denegadas por las autoridades gubernamentales.

Nota Informativa

El 12 de octubre. en el ejercicio legítimo de sus funciones y con argumentos legales precisos, autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada por algunos ciudadanos para efectuar marchas en ocho provincias del país, por considerarlas ilícitas.

Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República, este jueves 21 de octubre, inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.

La actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos.

Asimismo, la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.

Fiscalía General de la República

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