Gustavo Veiga - Página12.- CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), la asociación civil financiada por el norte, busca potenciar el llamado a manifestarse contra el gobierno de Díaz Canel el 15-N. En 2021 la fundación lleva organizados veintidós eventos virtuales, de los cuales quince fueron sobre la isla.

CADAL es una fundación que está obsesionada con Cuba y la caída de su modelo socialista. Su activismo va dirigido a potenciar el llamado 15-N. No es una ONG anticastrista con sede en Miami, ni una surgida en España, el país donde se realizará la mayor cantidad de actos el lunes 15 de noviembre contra el gobierno de la isla. Opera desde la calle Basabilvaso 1350, en CABA, a una cuadra de Plaza Retiro. Es una organización civil creada el 6 de mayo de 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde que creció gracias a considerables aportes económicos provenientes de Estados Unidos. Sus fondos, declarados por el propio Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), han sido pagados por el Departamento de Estado, la NED, la Red Atlas Network, el Directorio Democrático Cubano y otras ONG con una visión unidireccional del mundo: la que abre los ojos solo para ver lo que ocurre en los países que no se someten a las políticas de Washington.

A lo largo de sus casi 19 años de existencia no cambió casi nada su obstinada prédica anticubana. En 2012 – cuando Página/12 publicó la primera nota sobre esta fundación – llevaba editados dieciséis libros. Nueve habían sido escritos con denuncias contra La Habana. En 2021 lleva organizados veintidós eventos virtuales, de los cuales quince fueron sobre Cuba. El 21 de enero arrancaron con uno titulado: ¿Es la CELAC un organismo regional creado para avalar el autoritarismo? CADAL se respondía sola: “Es decir, vale igual una democracia como la de Costa Rica, Chile y Uruguay que una autocracia como la de Venezuela y una dictadura de partido único como Cuba”.

Siguieron haciéndose preguntas el 16 de febrero en una segunda conferencia: “¿Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba?” “¿Hasta cuándo los derechos fundamentales serán considerados delitos en Cuba?” El 7 de abril convocaron al foro “Cuba, un país sin libertad de expresión”. En meses sucesivos siguieron con “Experiencias y desafíos del relevamiento de datos en Cuba”; “Diásporas en América Latina: Cuba y Venezuela”; “La izquierda democrática y los derechos humanos en Cuba”. Tampoco estuvo ausente el tema “La pandemia en sociedades cerradas. Los casos de Corea del Norte, Cuba y Guinea Ecuatorial”, entre otros.

Plan en marcha

En la isla denunciaron a CADAL en su sistema público de medios. El gobierno de Miguel Díaz Canel sabe que hay un plan en marcha para desestabilizarlo el 15-N en el que juegan un rol clave esta ONG y varias más desde el exterior. La fundación tiene nuevas autoridades y el consabido respaldo económico obtenido básicamente en EE.UU.

El plan consiste en repetir y amplificar los efectos de las marchas del 11 de julio pasado en varias ciudades cubanas, con epicentro en La Habana. Esas protestas serán acompañadas por diferentes actos en casi medio centenar de ciudades de 23 países. Una reducida cantidad de Estados si se la compara con las naciones que se pronuncian cada año contra el bloqueo de EE.UU en la ONU. En 2021 fueron 184 votos a favor de Cuba, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania). La solidaridad internacional con Cuba es inversamente proporcional a la convocatoria del 15-N.

CADAL, que según registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) cambió sus autoridades el 23 de abril de este año en una asamblea virtual, se volvió casi monotemática. Cuba y en menor medida Venezuela y Nicaragua, son los objetos de estudio permanente de esta asociación civil. Su dependencia de EE.UU no permite encontrar demasiados documentos o artículos de su staff con comentarios críticos a la represión contra el movimiento Black Lives Matter, las violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus calles o el racismo irrespirable de sus fuerzas policiales.

En su sitio digital apenas son visibles dos notas sobre el asesinato del joven negro George Floyd. Una de ellas es de su presidenta, Sybil Rhodes. El crimen cometido por la policía de Minneapolis fue un tema dominante de la política mundial en 2020. Marcó el inicio de movilizaciones por todo EE.UU y en ciudades como París, Berlín, Ámsterdam, Toronto y Sidney. El 11 de abril de este año y otra vez en Minneapolis, fue asesinado Daunte Wright, de 20 años. No fue por asfixia como sucedió con Floyd y sí por un balazo policial. También era un joven afroamericano. Hubo protestas otra vez y represión como respuesta.

Rhodes, la máxima autoridad de CADAL, es una ciudadana estadounidense doctorada en Ciencia Política por la Universidad de Stanford que vive en la Argentina. La acompaña desde la vicepresidencia la periodista y directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini. El Consejo de Administración lo completan el consultor Carlos Fara, el abogado Bernabé García Hamilton y el ingeniero José Montaldo.

CADAL tiene además un comité ejecutivo. Lo dirige Gabriel Constancio Salvia, uno de sus fundadores en 2003. Le gusta definirse como periodista itinerante y activista internacional de DD.HH. Es el integrante de perfil más alto, un activista que viajó a Cuba en 2014 y se le impidió la entrada cuando intentaba boicotear la cumbre de la CELAC con un foro paralelo. Su prédica contra Cuba coincide con ataques contra el movimiento de DD.HH de nuestro país. El 24 de marzo del 2020 se preguntó: “Qué tan defensoras de los Derechos Humanos son las organizaciones argentinas”.

Esa conducta de doble rasero es muy común en la fundación. No suele ocuparse de la política sanitaria de Jair Bolsonaro en Brasil que causó 609.060 muertos hasta hoy, ni de las denuncias contra el presidente por crímenes contra la humanidad. La última fue hace menos de un mes ante la Corte Penal Internacional (CPI). La realizó la ONG austríaca AllRise. Es la cuarta que acumula el político ultraderechista por delitos medioambientales. Las múltiples violaciones a los DD.HH de su régimen militarizado no entrarían en esta nota.

La lista de muertes provocadas por las fuerzas de seguridad o parapoliciales de países modélicos para CADAL (Estados Unidos, Chile y Colombia) no tiene demasiado espacio en sus denuncias. Las masacres del estado colombiano comenzaron en 1928 con la llamada Masacre de las bananeras. El hecho lo retrató Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Una huelga de los obreros de la United Fruit Company estadounidense fue sofocada con el ejército. Nunca se supo bien la cantidad de víctimas. La historia es circular. Hoy los asesinatos de líderes sociales se cuentan por centenares. El gobierno de Iván Duque es tan cómplice como ineficaz para frenarlos.

Aportes

CADAL, una entidad que se declara a favor del desarrollo de América Latina, dice que se financia con “fundaciones privadas, agencias públicas y embajadas de países democráticos. También recibimos contribuciones de empresas e individuos”. En su nómina de aportantes se destaca el Bureau por la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) que funciona dentro del Departamento de Estado de EE.UU. Además, la Red Atlas Network, que dispone de enormes recursos y fue presidida hasta 2017 a escala global por un argentino, Alejandro Chafuen. Se trata de un personaje con dilatada trayectoria en el mundo económico de EEUU. En nuestro país dejó su huella en la liquidación de la financiera Coimpro y fue condenado en 2005 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Otros apoyos de CADAL son la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) creada por la OEA en 1962; el Directorio Democrático Cubano, una de las principales organizaciones de la diáspora; el Fondo Nacional para la Democracia (NED), una iniciativa del gobierno de Ronald Reagan que nació en 1983 y la inefable Fundación Ford.