La Habana, 25 ene (Prensa Latina) - Video: Canal Caribe / TV Cubana.- La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó hoy sobre los procesos penales derivados de los disturbios del 11 de julio de 2021 en varias localidades del país, que provocaron serios daños materiales y humanos.
En nota que publicó el diario Granma hoy, ese ente judicial detalló que tras las investigaciones de esos hechos, se presentaron 117 expedientes en fase preparatoria correspondientes a los de mayor connotación, de los cuales 110 pasaron a los tribunales, con 710 acusados.
El 69 por ciento de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
La FGR verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones, consigna el texto.
Ante la manipulación en las redes sociales y la prensa sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de menores de edad, reafirmó que en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal, y puntualizó que en las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido.
Diez de los detenidos fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos, y a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.
La Fiscalía aclaró que 55 de los acusados se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción por otras de menor severidad.
Asimismo, señala la información, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.
Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes, señala la comunicación de la FGR.
Fiscalía General de la República informa sobre procesos penales por actos violentos del 11 de julio
Fiscalía General de la República - Tomado de Cubadebate.- Para la Fiscalía General de la República constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Como se ha explicado, estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución.
De manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes.
La Fiscalía General de la República, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones.
La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales.
De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación:
• 55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
• Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.
La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.
La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional.
En distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (CADECA), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte.
Las sanciones solicitadas por la Fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad.
Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes.
En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.
La Fiscalía, acorde con su función constitucional, atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones. Los fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal. Los resultados fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndose los argumentos legales en cada caso.
La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Cuba denuncia mentiras de EEUU sobre supuestos juicios a niños
La Habana, 24 ene (Prensa Latina) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, enfatizó hoy que Estados Unidos miente para empañar la labor de la isla en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales contra la nación caribeña.
A través de su cuenta personal en Twitter, el titular denunció la campaña de Washington contra el país antillano sobre supuestas detenciones y juicios a menores de 16 años tras los disturbios aquí del pasado 11 de julio.
«EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados», subrayó.
El canciller respondió a las acusaciones norteamericanas con datos del informe de la Fundación Children´s Defense, el cual señala que en 2019 cerca de 700 mil niños fueron arrestados y tres mil 371 asesinados con armas de fuego en Estados Unidos.
«Por su parte, la aplicación de políticas antiinmigrantes provocó, entre abril y junio de 2018, la separación de cuatro mil 500 niños de sus padres» en ese país, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.
Children´s Defense Fund, una organización sin fines de lucro con sede en Washington y oficinas en varios territorios de esa nación, publicó el reporte denominado «El Estado de los Niños de América® 2021».
Entre otros datos que brinda ese informe está que un menor o adolescente fue arrestado cada 45 segundos en Estados Unidos.
«Muchos niños, particularmente niños en situación de pobreza; niños de color; niños con discapacidades; niños con problemas de salud mental y abuso de sustancias; niños sujetos a negligencia, abuso y/u otra violencia; niños en cuidado de crianza; y los niños LGBTQ—son expulsados de sus escuelas y hogares hacia los sistemas de justicia juvenil o de justicia penal para adultos», asegura el reporte.
Además, el texto subraya que los aproximadamente 44 mil niños encarcelados en ese país viven con miedo a la Covid-19 y se enfrentan a confinamiento solitario como una forma de distanciamiento social.
En Cuba, por ley, no está permitido procesar penalmente a ningún menor de 16 años de edad.
El Código Penal vigente establece que «La responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible».
Asimismo, especifica en su artículo 17.1 que «En el caso de personas de más de 16 años de edad y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. En ambos casos predominará el propósito de reeducar al Sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal».