Con esa y otras tantas promesas, el líder del partido del burro tricolor ganó la silla principal de la Casa Blanca. Pero lejos de abocarse a la tarea de cumplir los acuerdos programáticos que tenía en su “Cuba: To Do List”, el nuevo presidente cedió rápidamente a las presiones del lobby cubano-americano de la Florida y a las recomendaciones de sus asesores que le sugerían, sí, acercarse al país caribeño, pero sin pasar de Miami.

“Nuestra política hacia Cuba está guiada por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos. El segundo es que los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Así que revisaremos las políticas de la Administración Trump”, decía en enero de 2021 Jen Psaki, a la sazón secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Dos meses después aclaraba la portavoz que “un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de la política exterior del presidente de Estados Unidos”. Había que seguir “revisando” .

Todo su primer año de mandato –y un poco más– le tomó a la administración Biden revisar las políticas implementadas por su antecesor Donald Trump, mientras, desde la isla veían esfumarse las esperanzas de que el nuevo mandatario atendiera con premura el asunto. “Biden no es Obama”, se escuchaba decir a menudo entre los cubanos como una forma de aterrizar los sueños.

No fue hasta el 16 de mayo de este año que un cambio en la postura de Washington con respecto a La Habana pareció dar los primeros pasos hacia su consumación. En un comunicado que lleva por título “Administración Biden amplía apoyo al pueblo cubano” –dosis justa de cinismo incluida, por supuesto–, el Departamento de Estado anunció que dejaba sin efecto un conjunto de medidas, impuestas por el anterior gobierno Republicano, destinadas a apretar el nudo alrededor del cuello de la economía cubana.

Entre las medidas anunciadas están el restablecimiento de vuelos comerciales a todas las provincias de Cuba, que ahora solo se permitían a La Habana; la suspensión del límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas enviadas a la isla; el restablecimiento del programa de reunificación familiar, suspendido desde hace años; y el aumento de los servicios consulares y el procesamiento de visas. Se informó además que se facilitará el que familias cubanas visiten a sus parientes en Cuba y que viajeros estadounidenses autorizados se relacionen con el pueblo cubano, bajo el programa ‘pueblo a pueblo’.

Con el propósito de alentar “el crecimiento del sector privado”, dice el comunicado, también se permitirá su acceso al comercio electrónico estadounidense.

Si bien los anuncios, que fueron portada a nivel mundial, parecen haber tomado por sorpresa a muchos, la génesis de su concreción hay que buscarla un mes antes en la capital estadounidense.

El 21 de abril, delegaciones de ambos gobiernos se reunían en Washington para una ronda de conversaciones sobre la implementación de los Acuerdos Migratorios. Fue la primera vez que funcionarios estadounidenses y cubanos coincidían en un mismo espacio desde la llegada de Biden a la presidencia –en gran parte debido a la negativa previa de su gobierno a reunirse con La Habana.

Por la parte cubana han reiterado su preocupación en que las añejas sanciones de Estados Unidos –junto a las medidas adicionales impuestas durante la era Trump– “estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración”. La Habana insiste también en la obligación de Washington de cumplir con su compromiso de otorgar “no menos de 20.000 visas anuales a cubanos”, un acuerdo que se viene incumpliendo desde 2017.

“Estas medidas, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región”, expresó hace poco en un comunicado la Cancillería de Cuba.

NUEVO “DESHIELO”: ¿CONVENIENCIA POLÍTICA DE WASHINGTON?

 Por supuesto, la movida de la Casa Blanca ha sido tomada con esperanza entre aquellos –que no son pocos– que apuestan por un nuevo acercamiento entre ambos países y ven en la reciente postura de Biden, ¡al fin!, un atisbo de sensatez.

“Las medidas me parecen muy buenas. Es poquito, pero dentro de todo… y ojalá que sea el camino para quitar el bloqueo, que es lo que nos hace mucha falta”, expresaba hace unos días una mujer en La Habana a los micrófonos de la televisora TeleSUR.

En el ambiente, empero, también se respira cierto escepticismo.

“Pienso que debe de pensar un poco más ese presidente porque engañó a todo el mundo; engañó a su pueblo y a nuestro pueblo también, porque él quedó que iba a mejorar las cosas que [Barack] Obama ya había hecho, pero él no hizo nada”, afirmaba otra cubana a la cadena internacional.

 Y es que aunque para algunos la decisión pudiera ser el primer paso para un nuevo “deshielo”, la realidad es que se trata apenas de un gesto minúsculo del actual presidente. De hecho, por la naturaleza de las medidas, se pueden identificar algunas de las promesas de campaña que hiciera el propio Biden para poder llegar al poder. Entonces, ¿por qué ahora?

La respuesta se encuentra en el panorama político, interno y externo, que enfrenta hoy el líder norteamericano, su gobierno y su Partido.

Su decisión de “suavizar” –como lo han puesto varios medios internacionales– su política hacia la mayor de las Antillas coincide en tiempo y espacio con el aislamiento al que se ha visto sometido en la región por su insistencia en excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la venidera Cumbre de las Américas. Los presidentes de México, Bolivia y Honduras, así como los 15 estados miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) han expresado su enérgico rechazo a las pretensiones de Washington y han dicho que no asistirán al evento, a celebrarse el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, a menos que no se invite a todos los países de la región.

Otros como Argentina, Panamá y Guatemala, se han unido también al coro de voces latinoamericanas que exigen el fin de la exclusión impulsada por las políticas unilaterales e imperialistas de Estados Unidos.

Un dato no menor, la popularidad del mandatario Demócrata ha caído a mínimos históricos. En marzo pasado, el índice de aprobación de su gestión se desplomó hasta un 40%, según la encuestadora Ipsos –casualmente, el mismo número con el que Trump culminó su gobierno. Otro sondeo realizado por The Associated Press-NORC, encontró que, “en general, 8 de cada 10 adultos aseguran que Estados Unidos va en la dirección incorrecta o que la economía no está bien”. A ojos vista, un panorama poco alentador de cara a las elecciones de medio término que se aproximan en ese país y en las que a todas luces parece ser que el Partido Demócrata caerá derrotado estrepitosamente.

Es en este punto precisamente donde se ensarta y cobra mayor relevancia el tema migratorio y los esfuerzos del círculo de Joe Biden por atajar lo que se ha convertido para su gobierno en un verdadero dolor de cabeza. Ni el ultimátum de la vicepresidenta Kamala Harris diciéndole el año pasado a los migrantes centroamericanos “no vengan a Estados Unidos”, ni las inversiones multimillonarias anunciadas por la Casa Blanca en meses recientes para “promover el desarrollo económico” en países con los mayores problemas de migración, han logrado contener el flujo de viajeros que siguen poniendo su vida en riesgo con la esperanza de cruzar al otro lado del río Bravo. Para quienes veían en la figura de Biden una posible solución al problema de la migración latinoamericana, la decepción ha sido el plato fuerte.

Por otro lado, el recrudecido bloqueo estadounidense –incluyendo las 243 medidas adicionales firmadas por Trump– destinado a debilitar la economía cubana, unido a los problemas internos y los estragos causados por la pandemia, han provocado que un número creciente de cubanos opte por intentar llegar a Estados Unidos de manera ilegal.

Desde el inicio del año fiscal 2022, en octubre pasado, cerca de 80.000 cubanos –más de 32.000 solo en el mes de marzo– han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En el mismo periodo, la Guardia Costera ha interceptado en alta mar a unos 2.000 ciudadanos cubanos que intentaban llegar a suelo estadounidense por vía marítima.

En medio de este escenario, Washington lleva años incumpliendo los acuerdos firmados con la isla para permitir la migración regular. Funcionarios de La Habana han denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno estadounidense falta a su compromiso legal de otorgar no menos de 20.000 visas anuales para cubanos que desean entrar a Estados Unidos –bien sea para visitar a familiares, participar de eventos culturales o deportivos o simplemente de paseo. Encima de esto, las autoridades norteamericanas llevan meses presionando a gobiernos de la región para que exijan visa de tránsito a migrantes y viajeros cubanos, entorpeciendo aún más las posibilidades que tienen los cubanos y las cubanas de viajar al exterior. Falta no hace mencionar la carga brutal que representa para la isla el bloqueo comercial, económico y financiero, vigente desde hace más de 60 años.

Ahora hay quienes en el gobierno de Washington temen que el asunto migratorio se vuelva un problema mayúsculo que pueda alejar –todavía más– las enjutas probabilidades de ganar las elecciones de noviembre. Pero mientras Estados Unidos propone multimillonarias inversiones en países como México y Guatemala, en un intento desesperado por contener la migración, en el caso de Cuba, por supuesto, esta no es una opción, ni de lejos. El sector cubanoamericano más reaccionario de Miami, con el que Biden ha coqueteado desde su llegada a la Casa Blanca, no le perdonaría un gesto similar con la isla. De ahí que la opción que le ha quedado al presidente sea revertir en un mínimo algunas de las políticas impuestas por Trump y que para él no representan demasiado compromiso.

Ahora bien, aunque ciertamente lo anunciado el pasado 16 de mayo es un avance en las relaciones bilaterales de ambos países, está lejos de ser una solución sustancial a los problemas de los cubanos. Restan muchos anuncios por delante antes de que el pueblo cubano pueda ver cómo se afloja el nudo en su garganta.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha catalogado la movida de “paso limitado en la dirección correcta”, pero ha dejado en claro que “la decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta [de Cuba] en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano”.

“Para conocer –explicó el funcionario– el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementen”.

En política exterior rara vez algo es casualidad y cuando se trata de la política exterior de Estados Unidos, mucho menos. Son claros los indicios que dan a entender que, lejos de tratarse de un acto de buena voluntad, la actual administración Demócrata busca ganar tiempo y rédito político cumpliendo una ínfima parte de las promesas que se hicieran en un pasado no muy remoto.

Claro está, el beneficio de la duda lo tiene el presidente Biden, ¡faltaba más!, pero ahora le resta demostrar que los recientes anuncios no fueron meras jugadas políticas y que realmente apuesta a un nuevo “deshielo” con Cuba. Y si lo que quiere realmente es descongelar las relaciones debería aprovechar el verano que llega, antes que pasen los dos años y medio que le quedan y una posible nueva victoria de los Republicanos traiga de nuevo el invierno.