Mientras, las organizaciones anticastristas, políticos de derecha y medios de comunicación de todo el mundo, siguen sosteniendo que “el bloqueo a Cuba no existe y solo es una excusa de La Habana para tapar su ineficiencia”.
Cubainformación.- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N deberá abonar 110 millones de dólares en concepto de “daños y perjuicios” por el uso de la Terminal del Puerto de Cruceros de La Habana, que el Gobierno de Cuba nacionalizó en 1960, según la sentencia de una jueza de Miami que, ya en marzo, dictaminó que el uso de dicho puerto constituye “tráfico en bienes confiscados” y "propiedad" de la empresa demandante, Havana Docks Corp, registrada en Delaware.
Recordemos que las compañías estadounidenses y cubanas confiscadas por la Revolución a comienzos de la década de 1960, rechazaron, por imposición del entonces Gobierno de EEUU, el ofrecimiento del Gobierno Revolucionario cubano de alcanzar un acuerdo de indemnización, ya que la Casa Blanca apostó por la vía militar y paramilitar, la invasión armada y el bloqueo total a la Isla. Hoy, aquel ofrecimiento de La Habana sigue en pie: una verdadera negociación que incluya indemnizaciones por aquellas propiedades nacionalizadas y por los daños a la economía cubana tras más de 60 años de bloqueo al país.
“Se dicta sentencia a favor del demandante Havana Docks Corporation y en contra de Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd”, señala el fallo, que añade que “se conceden al demandante 109,848,747.87 dólares en concepto de daños y perjuicios”. La empresa noruega, además, deberá pagar también otros 3 millones de dólares en concepto de costas legales y honorarios de abogados.
Havana Docks ha demandado, además, a las líneas de cruceros Carnival CCL.N, Royal Caribbean RCL.N y MSC, todo al amparo de la Ley Helms-Burton que, por decisión del gobierno de Donald Trump, se aplica, desde hace varios años, en su integralidad, incluidos los artículos III y IV, antes en moratoria. Esta ley de 1996, que codificó el bloqueo económico a Cuba, permite a empresas y ciudadanía estadounidense demandar a compañías de terceros países por el “uso de propiedades incautadas en Cuba” en los años 60.
El anticastrismo está celebrando esta nueva acción de guerra económica contra Cuba, cuya intención es ahuyentar posibles inversores e incluso provocar desinversiones en la Isla, a través de su red de decenas de medios de comunicación financiados por la Casa Blanca mediante las agencias NED y USAID, y dedicados a la legitimación de este bloqueo genocida contra el pueblo cubano.
