El mito del involucramiento de Cuba en las protestas sociales en América Latina y el Caribe

Contra Cuba Manipulación Mediática

M. Sc. Eugenio Martínez Enríquez

Cubadebate

Introducción:

Entre septiembre y noviembre de 2019, nueve países de América Latina y el Caribe fueron escenarios de masivas protestas sociales. (Pasquali, 2019: 1).

Según Merino, Á. (2020) no hubo un día en 2019 que no se registraran protestas en la región (Merino, 2020) y The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) registró más de 40 mil eventos de desorden en la región, de ellos más de 19 mil 400 fueron eventos de violencia política (ACLED, 2024).

Lo acontecido entre 2019 y 2024 en América Latina y el Caribe reflejó que el detonante de las manifestaciones casi siempre fue un acontecimiento “o decisión marginal” (…) “de manera poco predecible por parte de los actores políticos, y muchas veces sin un liderazgo político evidente” (Maldonado, Tromben, Cea, Suárez, 2021, p 9).

Las movilizaciones no tuvieron una magnitud similar, ni pueden ser explicadas por una misma causa. Estuvieron protagonizadas por sectores crecientemente impacientes e insatisfechos con el desempeño de sus gobiernos. Particularmente, eran jóvenes desencantados que expresaron escepticismo hacia las instituciones y desprecio hacia las élites, en medio de una polarización extrema como consecuencia del deterioro acumulado de las condiciones económicas y sociales (CEPAL, 2019).

Estas características condujeron a que las protestas sociales fueran calificadas como “Estallido Social” (Agencia AFP, 2019), “Revuelta Social” (Bauerle, C., 2019). “Revueltas Populares” (Kogan, 2021), “Nueva Resistencia Popular (Claudio, 2023) “movilizaciones de indignación popular” y por sectores desde el oficialismo muchas veces como “actos vandálicos” protagonizados por “grupos terroristas” o grupos criminaloides” (sic) y “atentados contra el orden establecido” (Solano, 2019).

Las protestas, como norma, reflejaron malestares acumulados, profundos, y relativos a las expectativas no satisfechas de sectores nacionales, más allá de un conflicto entre agrupaciones o partidos políticos. Respondían a:

Una evaluación negativa de las relaciones sociales incluyendo experiencias de discriminación o violencia en la esfera social; de la distribución y ejercicio del poder político incluyendo el funcionamiento de las instituciones y de la representación política y/o de una evaluación; y de la distribución de recursos y activos, en particular cuestionamientos a las desigualdades, los privilegios y la distribución del bienestar” (Maldonado, Tromben, Cea, Suárez, 2021, p 10).

La velocidad de la propagación de las protestas aceleradas por las plataformas digitales que se utilizaron como mecanismo de movilización, el sostenimiento en el tiempo de las manifestaciones, y el gran número de participantes en las mismas y la utilización de violencia, sorprendieron a varios gobiernos que en un principio no admitieron que eran actos espontáneos, con organización básica como consecuencia de la desesperación, y se inclinaron a la tesis de la premeditación (Dammert L y Sazo D. 2020).

La profundidad de las causas de los estallidos no permitió hallar soluciones inmediatas para aplacar las movilizaciones. De cierta manera, esta situación podría ayudar a explicar que las instituciones encargadas de lidiar con las protestas, sin tener evidencias, atribuyeron responsabilidades a países o actores externos, como vía para desviar la atención de los motivos reales, de los verdaderos responsables y de la represión con la que el oficialismo las enfrentó.

Este trabajo no pretende analizar las manifestaciones populares o protestas sociales. Se concentrará en identificar y analizar los patrones que se advierten en las acusaciones sobre la supuesta participación o involucramiento de Cuba y sus instituciones en las protestas sociales que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe entre 2019 y 2024. Buscará también evaluar la articulación de actores internacionales en la campaña de acusaciones contra Cuba.

Se demostrará que la narrativa oficialista sobre las protestas de mayor magnitud como pueden calificarse las de Ecuador, Chile, Colombia y lo acontecido en Bolivia en noviembre de 2019 contra el golpe de Estado atribuyó o insinuó responsabilidades de Cuba sin evidencias.

Aunque las protestas sociales tuvieron lugar en diferentes países y con diferencia de meses o años, se pueden establecer regularidades que apuntan a la utilización de un diseño de acusaciones que persiguió atribuirle a Cuba responsabilidades en su organización. Al revisar las declaraciones oficiales, la conducta de gobiernos, y de otros actores políticos, se registran patrones muy similares, que indicarían la fabricación de una matriz de culpabilidad de Cuba.

Estos patrones se pueden agrupar de la manera siguiente:

  1. La atribución de responsabilidades a Cuba se generó por agencias del Gobierno de Estados Unidos o por actores políticos que no formaban parte de los gobiernos contra los que se hacían las protestas.
  2. Se acusó a Cuba de enviar a ciudadanos cubanos que organizaron, promovieron o participaron en las protestas y en la generación de violencia.
  3. El supuesto involucramiento de Cuba fue reportado en informes de centros de análisis de inteligencia u oficiales que resultaron ser falsos.
  4. Se acusó a Cuba de usar plataformas digitales para alentar las protestas

De tal manera, la estructura del artículo se organizará en cuatro secciones, cada una abordando estos cuatro elementos específicos.

Desarrollo

1. La atribución de responsabilidades a Cuba se generó por agencias del Gobierno de los Estados Unidos o por actores políticos que no formaban parte de los gobiernos contra los que se hacían las protestas.

Las acusaciones de que el Gobierno cubano organizó o alentó las protestas en varios países de América Latina, formaron parte del diseño de la política de presión de Estados Unidos hacia Cuba. El contexto político fue aprovechado por el Gobierno de ese país para estigmatizar a la mayor de las Antillas como un factor desestabilizador en la región de América Latina y el Caribe. La narrativa sobre las protestas que utilizó Estados Unidos se articuló con el discurso y las acciones estadounidenses que buscaban dañar la imagen internacional de Cuba, desacreditar sus programas de cooperación, interferir en sus relaciones internacionales, generarle conflictos con gobiernos que mantenían relaciones estables y mutuamente beneficiosas lo que facilitaría reforzar las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos perseguía aplicar contra Cuba.

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), actores políticos radicados en el Estado de la Florida y partidos o figuras políticas de la derecha1 atribuyeron a Cuba alguna responsabilidad en la promoción de las movilizaciones populares, casi siempre antes de que se pronunciaran o se formaran un juicio firme las autoridades oficiales de los países donde se producían las protestas.

El plan de Estados Unidos de presionar a gobiernos para que suspendieran programas de cooperación que Cuba, brindaba una forma de cortar ingresos legítimos que este recibía, se complementó con relatos distorsionadores construidos por funcionarios estadounidenses que enmarcaron a los profesionales y técnicos cubanos de la salud participantes de las misiones médicas en el exterior como “agentes extranjeros, que incitan a la violencia y se involucran en la represión política” (…), “que siembran la discordia política y social en todo el mundo” (Shareamerica, 2020, párr. 3-4). De esta forma, se perseguía fabricar que Cuba utilizaba los programas para promover protestas o cometer actos de injerencia en los asuntos internos de los Estados receptores.

El protagonismo del gobierno de Estados Unidos como líder e instigador de la campaña para acusar a Cuba fue muy evidente. De hecho, en ocasiones, ante falta de pruebas, el argumento al que algunos gobiernos y actores políticos latinoamericanos acudieron fue la confirmación por autoridades de los Estados Unidos del aludido involucramiento cubano.

En una demostración clara de doble estándar, Estados Unidos alentó las protestas y la violencia en Venezuela al mismo tiempo que acusó a Cuba de ser responsable de que el Gobierno Bolivariano resistiera y se sostuviera, y de promover las protestas contra gobiernos de orientación política de derecha.

El 2 de noviembre de 2018, más de un año antes de que se produjeran las primeras grandes explosiones sociales de 2019 en América Latina, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la administración de Donald Trump., trataba de imponer el tono del relato de acusar a Cuba junto a Venezuela y Nicaragua de ser los causantes “del impulso de una enorme inestabilidad regional”. (Bolton J, 2018: 34).

Un año y medio más tarde, el 30 de abril de 2019, Bolton, al confirmar el fiasco del golpe de Estado que su gobierno organizó en Venezuela, acusó a Cuba de ser el responsable de su fracaso, como se comprueba en las ocho menciones que hizo durante once minutos que habló a medios de comunicación cuando ya el Golpe de Estado se desvanecía. La desesperación de Bolton aceleró sus intenciones de responsabilizar a Cuba de su fracaso, para lo que acudió a diversas mentiras como se puede observar en la cita a continuación:

“Creemos que los cubanos han desempeñado un papel muy importante en el apoyo a Maduro hoy, posiblemente con la ayuda de los rusos. Sabemos que los cubanos han organizado Colectivos; estos matones, estas bandas de motociclistas que los cubanos han reunido están protegiendo ciertos edificios controlados por Maduro” (CNN 2019, 8m4s).

El punto que pudiera demostrar la impotencia de Bolton y el patrón de responsabilizar a actores externos de lo que fue responsable dicho funcionario, lo define su afirmación de que militares venezolanos “se comprometieron a destituir a Maduro y ahora es el momento para ellos, si los cubanos les permiten hacerlo, de cumplir con sus compromisos” (CNN, 2019 8m4s).

De igual manera, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ofreció una entrevista a la televisora CNN sobre el fracaso del golpe en Venezuela y mencionó a Cuba también ocho veces, con las más fantasiosas y manipuladas asociaciones. Para justificar su fracaso, Pompeo acudió a una narrativa que incluía un supuesto control de agentes cubanos alrededor del presidente venezolano:

“Maduro está rodeado de cubanos” (...), “los matones cubanos lo protegen de su propia gente, del pueblo venezolano (CNN 2019 a) e identificó sin pruebas que “hay militares cubanos en el terreno, y lo están haciendo sin el consentimiento del gobierno legítimo en Venezuela (CNN 2019 a), que se trata de una “incursión, esa es la invasión, y es lo que el pueblo venezolano está exigiendo que se anule” (CNN 2019 a). La fantasía alcanzó su paroxismo al decir que el Presidente Maduro “se dirigía a La Habana” (CNN 2019 a).

Cuatro meses después, el señor Bolton hizo un discurso en una Conferencia sobre Venezuela, organizada por Perú, y nuevamente el Asesor de Seguridad Nacional mencionó a Cuba ocho veces como una amenaza a la paz en la región (Bolton, J, 2019: 2).

Estados Unidos, frente a la falta de evidencia y la magnitud de las protestas que se gestaron por profundas causas internas y no por aliento desde el exterior, introdujo matices engañosos para construir una nueva manipulación que apunta a que Cuba no “organizó” las protestas, pero sí las “secuestró”. Se fabricó el supuesto “aprovechamiento” que hizo Cuba de procesos internos en varios países para objetivos propios. Así lo manifestó el ex Secretario de Estado Mike Pompeo, sin aportar un elemento que comprobara su tesis: “Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en sus países y en la región, para impulsarlas hacia sus fines ideológicos” (Pompeo, M. 2019).

De manera similar, Elliot Abrams, entonces representante especial de EE.UU. para Venezuela, introduce que la prueba de la acusación de Estados Unidos sobre Cuba, es el discurso oficial cubano. No hallando evidencias de involucramiento en financiamiento, organización o introducción física de actores, se apunta a declaraciones de Venezuela y Cuba como la prueba de la responsabilidad de las sublevaciones en la región. Decía Abrams que “hay que fijarse en las declaraciones públicas de Cuba y Venezuela en las pasadas semanas que básicamente han tratado de promover una mayor desestabilización en todos los sitios, creo que está claro que les beneficia, que lo promueven y que siguen hablando públicamente de ello” (Abrams, E, 2019, p 21)2.

Como se conoce, el señor Abrams fue acusado de mentir décadas atrás y en esta coyuntura, sin aportar ninguna certeza, no solo sostuvo la acusación, sino que atrevidamente habló infundadamente de profusión de evidencias: “Comienzan a abundar las pruebas de que hay un esfuerzo por parte de los regímenes en Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas que está padeciendo Sudamérica” (Avendaño, E, 2019, párr. 3).

Por otra parte, las protestas en Chile que comenzaron el 18 de octubre de 2019, por el rechazo al incremento de las tarifas del transporte público en apenas cuatro centavos de euro, provocaron que manifestantes indignados registraran “2 500 eventos graves, incluyendo 952 saqueos, 282 incendios y destrucción a la propiedad pública y privada. Además, 148 estaciones de metro fueron vandalizadas o dañadas, 245 cuarteles policiales han sido atacados, al igual que hospitales, edificios públicos, estaciones eléctricas supermercados y pequeños emprendimientos” (Declaración del Gobierno de Chile, 2019).

De acuerdo a declaraciones del entonces presidente Sebastián Piñera “en 15 minutos, de forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual” (Monteseric, R, 2019).

Sobre estas protestas, la formulación del gobierno de Estados Unidos se dirigió a su más alto cargo. De acuerdo a un vocero de la Casa Blanda el 30 de octubre de 2019, el presidente Trump llamó al presidente Piñera y le transmitió que hay “esfuerzos extranjeros para minar las instituciones” chilenas (Reuters Latam, 2019).

Tanto fue así, que el presidente de Chile fue colocado en un compromiso por una periodista cuando en noviembre de 2019 le preguntó si sospechaba de “agentes de regímenes adversos a su gobierno” como responsables del estallido y el mandatario respondió: “no descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente”. La periodista insistió y el mandatario reiteró que escuchó “lo que dijo un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, he escuchado lo que dijo la OEA y muchas organizaciones muy respetadas. No descarto nada, pero como presidente de Chile tengo que ser prudente” (Monteseric, R, 2019)3.

El Jefe de Estado chileno, a dos días del inicio de las manifestaciones, había expresado que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, frase que fue manipulada en su momento como una referencia a enemigos externos, aunque años después el mandatario redefinió que se refería a la violencia interna (Montes, 2023).

Sin ninguna constatación real con los hechos, el opositor venezolano, Julio Borges declaró un día después del inicio de esas protestas en Chile que “lo ocurrido ayer no es fortuito, ninguna democracia está a salvo del plan de desestabilización que Maduro y Cuba dirigen”. La “evidencia” presentada fue que “en la declaración final del Foro de Sao Paulo hay un apartado que habla exclusivamente de la situación de Chile” (Borges J. 2019).

Por su parte, el 16 de octubre de 2019, el Secretario General de la OEA afirmó con una pasmosa seguridad que “las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social” (OEA, 2019, párr. 1).

Incluso en el mes de enero de 2020, cuando ya el gobierno chileno descartó la tesis de la intromisión extranjera, como se verá más adelante en este trabajo, el Secretario General de la OEA visitó al presidente chileno para ofrecerle apoyo de cara a las manifestaciones que aún no habían cesado e introdujo el elemento del financiamiento que habrían aportado Cuba y Venezuela como un recurso que induciría a creer en actos ilegales graves. El directivo de la OEA declaró fehacientemente a la prensa, tras su reunión con el mandatario chileno, que “las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales” (Del Pino, J. M, 2020).

Una observación de una investigadora para el caso chileno puede describir esta imagen cuando planteaba que “la idea de que la ciudadanía representaba una invasión extranjera o alienígena, en palabras del presidente y de su primera dama, fue la señal identicadora del abismo entre las camadas populares y las élites” (Peixot, R, 2023).

Asimismo, una de las primeras explosiones sociales de gran magnitud en 2019 fue la de Ecuador, iniciada el 2 de octubre de ese año, justo cuando se incrementó el precio de venta de los combustibles por la eliminación de subsidios decidido por el Gobierno en torno a sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La primera acusación pública contra Cuba en Ecuador partió de un actor político de la derecha, cuando tres días después del inicio de las manifestaciones en ese país, sin ninguna prueba, el político ecuatoriano Abdalá Bucaram lanzó la premisa de que el “viaje de Correa (Rafael Correa, ex residente del Ecuador) a Venezuela y a Cuba hace pocos días no son coincidencia. Se tramaba un golpe de Estado en Ecuador para octubre” (NTN 24, 2019 52s).

Para el Secretario General de la OEA “la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente” (OEA, 2019, párr. 5), afirmación que, sin mandato de los Estados Miembros de la OEA, y sin pruebas, demuestra que su obsesión era abarcadora ya que no sólo acusó a Cuba de involucrarse en asuntos internos de Chile. La prueba destacada del Secretario General fue “usted tiene que nada más que hacer un poco de seguimiento de las redes sociales y va a ver de dónde vienen muchos de los mensajes” (Del Pino, J. M. 2020).

Igualmente, en Colombia, donde hubo protestas sostenidas en 2019 que se retomaron con fuerza en el 2021, las acusaciones contra Cuba se originaron públicamente en Miami y en el partido de Gobierno, antes de ser incorporadas a la narrativa del Estado. Por ejemplo, desde Miami Juan David Vélez, en ese momento Representante a la Cámara de Colombia por el Exterior, declaró sin elementos de peso que “existen serios indicios de infiltración de grupos ilegales como el ELN y las FARC, e incluso del régimen cubano y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que han querido aprovechar la protesta con fines criminales” (Osario, S, 2021, párr. 5).

Aunque las acusaciones contra Cuba del entonces presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro se hicieron incluso antes de asumir su mandato, y, por lo tanto, no podría atribuir responsabilidad a Cuba en las protestas que durante su gobierno enfrentó, su discurso es una expresión del diseño descalificador de la cooperación médica de Cuba. En referencia a los miles de profesionales cubanos de la salud que trabajaban en Brasil en el programa Más Médicos Brasil, Bolsonaro dijo sin fundamento alguno que los "200 primeros que se fueron eran todos agentes cubanos o integrantes del Ejército cubano” (La Vanguardia, 2018).

Además, en Perú, en 2021 desde que asumió el presidente Pedro Castillo, se acusó desde Miami al Embajador de Cuba de ser un “espía entrenado que radicalizará la izquierda e intentará que la democracia peruana transite hacia una dictadura” (Bayona, K, 2021, párr. 6). Se aprovechó también esta acusación para sostener una campaña antes del derrocamiento de Castillo y posteriormente en 2022, lo que articuló a varios actores de derecha que demandaron al gobierno acciones contra la supuesta participación de la Embajada de Cuba en la promoción de protestas. Incluso en enero de 2023 se presentó una Moción de Orden del día en el Congreso para declarar persona non grata al Embajador de Cuba (Máquina de Combate, 2023).

Alrededor de todo este contexto, los medios digitales que operan desde Miami contra el Gobierno de Cuba con el apoyo y financiamiento de agencias federales y estaduales estadounidenses se activaron en la campaña de desinformación acerca del supuesto involucramiento cubano. El 11 de octubre de 2019, el presentador e “influencer” Alexander Ota Ola en su programa de Facebook dijo “¿Qué hacen los venezolanos y cubanos tratando de planificar un atentado contra el presidente de Ecuador?” (Ota Ola, Alexander. 2019, m34)

En mayo de 2021 se repite el patrón. Representantes de organizaciones políticas contrarias al gobierno de Cuba radicadas en Miami ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar la supuesta responsabilidad de Cuba con las manifestaciones en Colombia: “estamos seguros de que (Cuba y Venezuela) están detrás de todo esto", declaró Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de la Brigada 2506. La activa militante contra el gobierno de Cuba, Sylvia Iriondo declaró que la "mano larga" del “comunismo” se ha extendido por Colombia y pidió a la comunidad internacional que impida que logren su propósito (EFE, 2021).

2. Se acusó a Cuba de enviar a ciudadanos cubanos que organizaron, promovieron o participaron en las protestas y en la generación de violencia

El modelo de acusación sobre la presencia física de ciudadanos cubanos se subdividió en cuatro categorías: 1) migrantes cubanos, 2) ciudadanos cubanos en programas oficiales de cooperación, 3) agentes de servicios especiales cubanos y 4) diplomáticos.

En las protestas que tuvieron lugar en Ecuador en 2019 que se mencionan en este trabajo, las acusaciones contra Cuba combinaron dos categorías de la presencia física de los cubanos: migrantes y ciudadanos cubanos en programas oficiales de cooperación.

El 9 de octubre, el vicepresidente de Ecuador declaró a la prensa que “extranjeros” sin citar sus países de procedencia, estarían participando en las manifestaciones, que algunos habían sido pagados para hacerlo y que habría detenidos (El Universo, 2019, párr. 1).

En el relato, un extranjero es un cubano o un venezolano y no se concibe que migrantes cubanos decidieron por sí mismos, sin participación gubernamental alguna, integrarse a protestas populares. La insinuación oficial fabricó la narrativa de que migrantes cubanos habían sido enviados o eran dirigidos por el Gobierno cubano.

En este caso, el pretexto que se presentó como una evidencia no conclusiva, fue el uso de pasaportes oficiales o diplomáticos, implicando que si habían viajado a Ecuador en aquel contexto con un pasaporte oficial emitido por instituciones cubanas era una comprobación sólida del involucramiento de Cuba. El relato oficial además apuntó sin pruebas a que los ingresos de ciudadanos cubanos a Ecuador con documentos oficiales de viaje habían registrado un incremento en sus flujos coincidiendo con el inicio de las protestas. El incremento nunca se pudo demostrar en comparación con períodos anteriores. Esta narrativa pretendía establecer, por razonamiento deductivo que no necesita ser demostrado, que Cuba envió a agentes entrenados con la fachada de participar en programas oficiales de cooperación, para organizar las manifestaciones.

Obsérvese a continuación la construcción de la declaración que hizo la entonces Ministra de Gobierno del Ecuador María Paula Romo en las que vinculan “violencia” con “extranjeros” y rápidamente dirige la insinuación hacia ciudadanos cubanos:

En los últimos días en el país se ha hablado a propósito de las investigaciones en las que continuamos, de la violencia y en los hechos de los primeros días en el mes de octubre. Una de nuestras preocupaciones tenía que ver con personas extranjeras que habían ingresado al país y que ustedes también han escuchado de estas investigaciones; estamos averiguando. La cancillería del país cruzó esta información con la Embajada de Cuba respecto a una serie de personas que habían ingresado al país utilizando pasaportes oficiales del gobierno de Cuba en los últimos meses, esto tiene relación directa con algunos convenios que todavía el gobierno del Ecuador mantiene con Cuba…” (Romo, M. 2019).

La propia ministra, dentro de la especulación acusatoria ofrece datos que reflejarían contradicciones en el relato oficial:

Se habló que 250 personas con pasaportes oficiales habían entrado al Ecuador en los días anteriores a las crisis. Sobre este se generaron algunas especulaciones, que si se trataban de salvoconductos... Eso no es una realidad. Con esta alerta, se está trabajando con la Cancillería para recabar mayor información al respecto. Hemos hecho todas las averiguaciones con la Cancillería y la Embajada de Cuba para ver qué uso se le había hecho a esto tipos de pasaportes. En la mayoría de los casos, por la información que hemos recibido, responde a los médicos que venían por los convenios de los médicos” (sic) (Romo M., 2019 a).

La Cancillería de Cuba reconoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador solicitó conocer el propósito de viajes a ese país de un grupo de ciudadanos cubanos que portaron pasaportes diplomáticos y oficiales. Según revisiones exhaustivas que se hicieron en Cuba, se pudo comprobar que no hubo ningún incremento del flujo de viajeros al Ecuador con ese tipo de pasaportes. De la misma manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en el plano oficial y público confirmó que eran “falsas las insinuaciones de medios de comunicación ecuatorianos del uso indebido de pasaportes diplomáticos y oficiales de Cuba” sobre lo que añadió que “no hay evidencia alguna de estas acusaciones” ya que los portadores de estos pasaportes cumplen rigurosamente lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Soberón, E, 2019). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba consideró las declaraciones de la Ministra de Gobierno como “injuriosas” al acusar a varios cubanos, asociados a los convenios de cooperación de la presunta participaron de estos en las protestas (MINREX, 2019, párr. 1).

Paradójicamente, en ocasiones, algunos de los migrantes presentados como agentes de Cuba, manifestaron hostilidad hacia el Gobierno cubano, pero este dato no resultaba conveniente visibilizarlo, ya que rompía la sintonía de la narrativa acusatoria.

En medio de las protestas y de la campaña acusatoria contra Cuba, las autoridades policiales ecuatorianas detuvieron el 10 de octubre de 2019 a un grupo de extranjeros en el aeropuerto de Quito. El titular de un diario que reportó la noticia indicó que los detenidos “tenían agenda presidencial”, recreando la tesis de un plan contra la Presidencia de la República y reportaba que “el general Patricio Carrillo, director Nacional de Operaciones de la Policía, explicó que mediante trabajo de inteligencia se definió que ciudadanos extranjeros realizaban supuestas tareas para atentar contra la caravana presidencial” (El Universo. 10 de octubre 2019, párr. 3). Curiosamente los medios se referían a 17 personas que eran venezolanas, cubanas (en plural) y una ecuatoriana, cuando en el grupo sólo había un cubano.

La ministra Romo, en referencia a los ciudadanos venezolanos y el cubano detenido afirmó que “serán puestos en los próximos minutos a órdenes de la justicia. Cada nuevo evento confirma los intereses que están detrás del caos en el país”. (Cubatrendings, 2019).

Como puede apreciarse, sin haber sido juzgado ni probado, la ministra utilizó la detención como una demostración de “los intereses” detrás de las protestas.

En público los extranjeros fueron acusados de “vigilar los movimientos del presidente y vicepresidente de la República”, que “realizaban labores de inteligencia” e intentaban desestabilizar el país” (Cubatrendings, 2019).

El liderazgo de la ministra Romo fue visible en la campaña de desinformación sobre Cuba y la utilización mal intencionada de evidencias falsas. Dicho comportamiento manipulador parecería congruente con su modo de actuación, si se toman como referencia las severas críticas al ejercicio de sus funciones en el enfrentamiento a las protestas que recibió el rechazo interno y que le costó posteriormente su cargo. De tal manera, en noviembre de 2020, la ministra Romo fue sometida a juicio político por la Asamblea Nacional bajo la acusación de incumplir funciones durante las manifestaciones de 2019 y se aprobó por mayoría su censura y destitución. En el año 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a la Fiscalía General del Estado copia del expediente del juicio político en contra de Romo, “para que se realicen las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales en los hechos que motivaron el referido proceso político” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2022).

Es notorio que el único ciudadano cubano detenido era conductor de un auto de alquiler que esperaba a un cliente en el aeropuerto, cliente que sirvió de testigo en el juicio para confirmarlo. La acusación de asociación ilícita contra el ciudadano cubano fue desestimada en menos de un mes, pero la narrativa quedó en los medios (Cubatrendings, 2019).

La única certidumbre que comprobaría las acusaciones o insinuaciones oficiales del gobierno de Ecuador sobre la participación cubana en las protestas, fue desestimada por un tribunal de su propio país.

La campaña de desinformación facilitó que el Ecuador diera por terminado el acuerdo de cooperación con Cuba, que propició la salida de los cooperantes cubanos que tributó a la operación de descrédito del Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo que se suspendiera la cooperación médica internacional de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba había denunciado que en mayo de 2019 la Embajada de Estados Unidos en Ecuador reclamó a altos funcionarios del gobierno información detallada sobre los convenios y los servicios de los cooperantes cubanos (MINREX, 2019).

Como se ampliará en el siguiente epígrafe, otro caso donde se advirtió este patrón acusatorio de la presencia física de cubanos fue durante las protestas en Chile iniciadas en octubre de 2019. Aquí, el modelo se concentró en la categoría tres, es decir la presencia de supuestos agentes cubanos, con la variante de que habrían ingresado como migrantes.

Cuba fue acusada también por las autoridades actuantes durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019 del supuesto involucramiento de sus ciudadanos que participaban en programas oficiales de cooperación y de sus diplomáticos.

Resalta, por constituir una flagrante mentira, la acusación en el discurso de las autoridades actuantes que la cónyuge del Embajador cubano en Bolivia fue la instigadora de las protestas. La entonces Ministra de Comunicación de Bolivia, en su primera conferencia de prensa al asumir el cargo, afirmó que la cónyuge del Embajador de Cuba “es una especialista en inteligencia y en grupos de choque. Es una de las causantes por ejemplo, de la agresión que sufrió el rector de la Universidad de San Andrés, es una de las personas que preparan esto, prepara los grupos de choque, prepara gente infiltrada (sic)”. La ministra boliviana se atrevió a confirmar que “se va a entregar información importante sobre grupos irregulares en Bolivia a la cabeza de Cuba con el embajador” (Elizalde, R, 2019). En su momento, el autor de este trabajo declaró a una periodista cubana que dicha acusación tan grave se basaba en burdas mentiras, porque la esposa del Embajador de Cuba en Bolivia nunca había viajado a Bolivia y reforzó la postura oficial de que el Gobierno cubano no organiza actos violentos o de otra índole que impacten la política interna de los países.

La propia ministra golpista acudió a las líneas de mensajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando dijo que “dentro de los médicos que entran de Cuba, algunos son médicos, pero la mayoría son agentes de inteligencia, que entran a las comunidades para ideologizar a las personas, a darles líneas, el famoso lavado de cerebro, se tiene datos de que mucha gente de las que ingresan con estos médicos, no sólo lo hacen para prepararlos, si no para hacer este lavado de cerebros (sic)” (Elizalde, R, 2019).

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en Bolivia prestaban servicios más de 700 profesionales de la salud, de los cuales 405 eran médicos de 32 especialidades y el resto eran licenciados en tecnología de la salud imagenología y endoscopia, electromedicina, laboratoristas clínicos, rehabilitadores y otros especialistas, al igual que personal encargado de logística como choferes, auxiliares de limpieza y cocina, estadísticos y personal administrativo. Como resultado de la campaña del gobierno golpista boliviano, promovida por el Gobierno de los Estados Unidos y con la actuación directa de la Embajada estadounidense en La Paz, que “instigó, condujo y participó directamente en acciones hostiles de fuerzas policiales” (…) “se produjeron 26 incidentes graves contra nuestros cooperantes, incluida la golpeadura de dos de ellos; la incitación pública de autoridades golpistas a la violencia; registros brutales a sus personas, pertenencias y domicilios; acusaciones falsas, la detención temporal arbitraria de 50 colaboradores de la salud, 4 de ellos por varios días (MINREX, 2019, párr. 20).

En su momento el autor de este trabajo denunció “que policías de la Interpol Bolivia acudieron a la vivienda de la jefa de la Brigada Médica y sin motivo legal la detuvieron inmediatamente” y que “curiosamente hay estacionado en las inmediaciones de la vivienda un auto de la embajada de los Estados Unidos”. (Figueredo, O, 2019). En la declaración se denunció que se “ha producido y hemos observado con consternación un enfoque manipulador, donde se resalta la idea de que colaboradores cubanos alientan las protestas que se están produciendo en Bolivia”. Se dijo que “un coronel frente a las cámaras de la televisión acudió al hogar de uno de nuestros colaboradores para responder a la supuesta denuncia de unos vecinos por la tenencia de armas”. Enfaticé que todas estas acciones ocurrieron sin orden judicial alguna, que requisaron las pertenencias de los colaboradores y no hallaron nada lo que tuvieron que reconocer frente a la televisión que grababa el operativo contra los colaboradores cubanos” (Figueredo, O, 2019).

El patrón de acusaciones utilizado en Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia contra Cuba se mantiene hasta nuestros días, como se pudo ver más recientemente en Panamá y Argentina.

En octubre de 2023 durante las masivas protestas populares en Panamá contra la aprobación de un contrato entre el Estado y una empresa minera, el diario La Estrella de Panamá, sin aportar ningún elemento, publicó una pequeña nota donde afirmó que “comentan que hay elementos cubanos y venezolanos infiltrados, y que desde afuera hay mucha manipulación de redes. Que pronto viene una acción fuerte contra esa vaina” (La Estrella de Panamá, 31 de octubre de 2023). La nota se vincula a un informe falso que circuló en redes y pretendió presionar al gobierno panameño a tomar acciones contra Cuba.

En Argentina, el Gobierno que tomó posesión en diciembre de 2023 ha acudido al recurso de culpar a factores externos de las protestas internas y para ello se utilizan acusaciones similares a las proferidas en eventos anteriores en la región, lo que lejos de fortalecer su veracidad, la debilitan. En febrero de 2024 el presidente de Argentina declaró que “hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento con motivaciones políticas o infiltrados extranjeros” (...) “los gobiernos de izquierda trabajan juntos para intentar sabotear a los que no son como ellos” y afirmó que “activistas de Venezuela y Cuba participaron de las últimas protestas, disfrazados de fotógrafos” (Info135, 2024).

Como una demostración de que las acusaciones se basan en mitos, la Canciller de Argentina aseguró que hay “infiltrados de Cuba y Venezuela en el país (Argentina) que son especialistas en desestabilizar gobiernos. Ya lo hemos comprobado, algunos periodistas” y sin aportar pruebas lo único que pudo presentar fue un falso supuesto que se describe en este trabajo que “en los disturbios que hubo hace unos años en Chile pasó lo mismo, así que evidentemente son personas que tienen un grado de preparación importante” (Araya, 2024).

Esta falsa acusación motivó una declaración del autor de este trabajo al decir que “la Canciller argentina debería ocuparse de los graves problemas que ha generado su gobierno y no fabricar historias alucinantes para hallar responsables en Cuba, desde donde no se promueve ni se participa en ningún intento de desestabilización o actos de injerencia en Argentina. La Canciller argentina acude a la narrativa clásica de responsabilizar a otros de sus propios problemas y no tiene pudor en hacer afirmaciones sin presentar evidencias” (Martínez, E, 2024).

3. El supuesto involucramiento de Cuba fue reportado en informes de centros de análisis de inteligencia u oficiales que resultaron ser falsos

Otro patrón identificado fue la filtración o alusión a informes oficiales o supuestamente oficiales que afirmaban el involucramiento activo de Cuba o insinuaban sospechas de que lo estuviera. Esto se presentó en Chile (2019), Ecuador (2019), Colombia (2019 y 2021), Bolivia (2019) y Panamá (2023). La reaccionan gubernamental fue diversa a estas acusaciones.

El 8 de octubre de 2019 circuló en redes sociales originadas en el Ecuador un supuesto informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) fechado el 2 de octubre de ese año, mismo día del inicio de las protestas, donde se lee que “el 82% de las publicaciones llamando a la violencia están generadas en Cuba.” Este informe no pudo ser confirmado como verdadero por nadie y tributó a la campaña acusatoria sobre Cuba, aunque tuvo un recorrido corto por su claro diseño tergiversador (Maferegas, 2019).

Según diversas fuentes, se ha podido determinar que el 20 de octubre, el presidente de Chile recibió un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que tenía una hipótesis aceptada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) y la Presidencia de la República que apuntó a que Venezuela y Cuba, a través de sus direcciones de inteligencia “habían logrado introducir en Chile un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero” (Cossió, 2020, p1). Esta hipótesis recibió atención y recursos para seguir una investigación, pero exactamente un mes después el 18 de noviembre “un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos” (Sepúlveda y Miranda, 2022).

Llama la atención en este informe la alusión a ciudadanos con formación para desarrollar actividades “subversivas”. La presencia de migrantes cubanos que alguna vez recibieron instrucción militar como argumento de un aparente plan la mayor de las Antillas de minar países de América Latina y el Caribe con agentes entrenados que instigan, alientan y organizan las protestas, no ha podido ser verificada alguna vez con evidencias que establezcan una verdadera conexión entre los emigrados cubanos e instituciones cubanas. Se utiliza cualquier elemento de vinculación pasada con entidades oficiales de Cuba como evidencia, como puede ser haber recibido alguna vez entrenamiento militar (lo que en Cuba es obligatorio para los hombres mayores de 18 años de edad, al cumplir el Servicio Militar Activo y de Reserva en Cuba de acuerdo a la Ley “De la Defensa Nacional” de 1994).

A partir del informe, la inteligencia de Carabineros concentró su investigación en el seguimiento y búsqueda de antecedentes de miles de venezolanos y cubanos que habían ingresado a Chile (Sepúlveda y Miranda, 2022). La acusación externa antes de cualquier juicio interno chileno, modalidad para construir la narrativa de la supuesta presencia de agentes cubanos en Chile, como se mencionó en un epígrafe anterior, pudo influir en las primeras hipótesis oficiales chilenas.

A pesar de los prematuros reportes de participación de estos centenares de extranjeros en los primeros atentados en el Metro de Santiago de Chile, también muy temprano, fueron negados por las autoridades, que no pudieron asegurar la presencia de los mismos en dichos actos.

En aquel contexto, La Tercera, uno de los principales diarios chilenos emitió una inusual aclaración. La información que confirmaba la presencia de extranjeros en los actos violentos del metro de Santiago de Chile que se publicó en artículo de ese diario el 28 de octubre de 2019 en portada, fue desmentido por el mismo diario, media horas después. El artículo original tenía un autor que en una nueva edición fue sustituido por el denominado "Equipo de La Tercera". Originalmente La Tercera afirmaba que fuentes de inteligencia habían detectado la participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en manifestaciones violentas, “lo que fue transmitido en off the record en distintas reuniones por autoridades policiales y de gobierno”. Un rato después el diario escribía que “fuentes de organismos de inteligencia policial hicieron llegar a La Tercera una minuta que informaba que se había identificado a una de las personas que participó en el primer atentado al Metro, pero no entregaba el nombre de ningún sospechoso ni aludía a la presencia de extranjeros en los ataques al tren subterráneo. Fallamos - como equipo periodístico - en contrastar esa información con terceras fuentes que permitieran dar sustento a esos antecedentes” (La Tercera, 2019).

El fiscal de la Región Metropolitana, Omar Mérida, desmintió la información aportada por La Tercera en una entrevista con Tele13 Radio, porque “no tiene antecedentes respecto de identidades específicas ni nacionalidades específicas” (Diario Uchile, 2019).

Esta información el diario la recibió según medios en una reunión que habría acudido el director de La Tercera y otros en el Palacio de la Moneda (Almeida A. y Herrero V, 2019). Significaría, de ser cierto, que tuvieron acceso a las primeras hipótesis oficiales de participación cubana, que se fueron desinflando y desmintiendo por autoridades ya en las primeras horas.

Le preguntaron al investigador Nicolás Sepúlveda cómo se llega a esa tesis de que agentes extranjeros están en las revueltas y responde que:

Hay una visión muy relacionada a una antípoda ideológica, política, relacionada por ejemplo con la Guerra Fría, muchos oficiales al frente de la DIPOLCAR fueron formados académica y profesional en la dictadura. Tienen cierto viso político en identificar enemigos políticos que son comunistas o de izquierda. Tiene su origen en perspectivas políticas, más que técnicas. La lógica del enemigo interno y externo” (Sepúlveda, 2022).

La inteligencia militar chilena el 18 de noviembre de 2019 modificó su tesis. El estallido ya no se desencadenó por “poderosas fuerzas externas”, se produjo “debido a procesos de desigualdad en los ámbitos sociales, económicos y educacionales que han afectado a determinados sectores de la sociedad generándose vacíos de incertidumbre, rabia y protesta” (Sepúlveda, 2022).

Años después, en enero de 2021 la Revista SEMANA de Colombia reveló un supuesto “informe de carácter oficial”, que llegó increíblemente hasta dicha revista, titulado “Estrategia de injerencia cubana en asuntos de independencia y soberanía de Colombia”, donde “se advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022, desestabilizar al país e incluso dicen que la seguridad nacional podría estar en riesgo” (…) “Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN. La estrategia implicaría (...) “generar desestabilización del sistema e instituciones democráticas” (…) e “impulsa la protesta social para golpear al actual Gobierno y generar un ambiente de inestabilidad y caos”. Los autores del artículo aseguraron que “funcionarios del Ministerio de Defensa se preguntan por qué la Cancillería no toma algunas medidas diplomáticas frente a Cuba, si hay evidencias de posibles injerencias indebidas” (Semana, 2021).

Se acudió nuevamente a la manipulación de la presencia de ciudadanos cubanos, al mismo estilo que en Chile y Ecuador. Según la revista el informe dedicó un capítulo especial al incremento en la llegada de cubanos a Colombia, especialmente médicos, profesores, entrenadores y deportistas “que manifestaron ejercer la profesión de la medicina. Sin embargo, el informe dice que no se especifica si su ingreso obedeció a motivos profesionales o de otra índole” (Semana, 2021).

Esta fabricación, que fue alimentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien declaró basado en el artículo de prensa que se trataba de una “una situación muy grave. Ahora yo veo que el informe de la revista Semana no es un informe inventado. Viene de fuentes oficiales y el mismo presidente de la República ha expresado su preocupación”. La publicación del supuesto informe, impulsó al presidente Iván Duque Márquez a decir que “seremos implacables y contundentes con quienes pretenden venir a nuestro país a tratar de interferir en el sano desarrollo del curso institucional colombiano”. Como resultado, el Gobierno de Colombia declaró persona non grata a un funcionario de la Embajada de Cuba (Primer Informe, 2021).

Sin embargo, un año y cinco meses después, la revista colombiana RAYA4 obtuvo un documento en el que se comprueba que hubo un plan de los servicios de inteligencia colombianos contra las protestas mediante el cual buscaban construir la narrativa de vincular a Cuba con organizaciones locales de izquierda. En el documento se leen instrucciones muy precisas que buscan “resaltar la relación de la Embajada cubana con miembros del ELN y establecer una matriz de opinión que indique que las manifestaciones violentas fueron coordinadas y desarrolladas por las casas de solidaridad con Cuba y el ALBA” (Arley, 2022). En el informe se afirma que fueron plantados documentos falsos para intentar justificar la narrativa acusadora contra Cuba en equipos informáticos de un guerrillero abatido5.

En ese momento se convocó al Embajador de Colombia en Cuba para protestar por la expulsión y se declaró que “la injustificada acción (de declarar persona non grata a un diplomático cubano) pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes que ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos” (Martínez, E, 2021).

En octubre de 2023, durante las protestas en Panamá contra la aprobación de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, se circuló un supuesto informe de inteligencia intitulado que aseguró que se detectó “una célula matriz de los sistemas de inteligencia cubanos” que empleaban medios digitales y físicos, con operaciones psicológicas usados por el G2 a través de la célula Sindical (Sic). (Informe de inteligencia sobre los eventos de la República de Panamá, 2023).

Aquí se puede establecer una curiosidad. Una de las líderes de las movilizaciones en Panamá fue Camila Cecilia Aybar Monteagudo, quien nació en Panamá de padre y abuelo cubano, sin otro vínculo con Cuba o sus instituciones, pero que recibió entrenamiento de agencias estadounidenses.

4. Se acusó a Cuba de usar plataformas digitales para alentar las protestas

Un cuarto patrón de la narrativa acusatoria fue el uso de plataformas digitales desde Cuba con la utilización de perfiles anónimos cubanos y cuentas líderes. La manipulación de las supuestas evidencias para estas acusaciones interpreta que las expresiones y contenidos publicados por cuentas originadas en Cuba que relataban las protestas, significaban involucramiento activo y aliento a las protestas.

Entre los aparentes hallazgos que utilizaron medios de comunicación para acusar a Cuba refieren que cuentas en plataformas digitales desde Cuba instigaron las protestas en Chile en 2019. Un informe (ConnectaLabs, 2019) que fue muy utilizado por medios de comunicación para el relato acusatorio contra Cuba, presenta un gráfico donde se establece una leyenda de cuentas de plataformas digitales originadas en cinco países: Chile, Argentina, México, Nicaragua y Cuba. Al observar en detalles las cuentas de Cuba “que se solidarizaron con sus pares en Chile: son pocas, con bajo rendimiento y bastante aisladas” (Elizalde, comunicación personal, 3 de abril de 2024).

En el propio informe no se observan otras cuentas desde Cuba que estarían apoyando al Gobierno contra el que se producen las protestas, lo que sería muy extraño tomando en cuenta que “la mayoría de las cuentas en Miami metidas en las operaciones de injerencia extranjera en Cuba se geolocalizan en Cuba y usan Cuba en los nombres de usuarios o en el dominio de la web. Una de las curiosidades de este análisis es que señalan a una cuenta geolocalizada en Cuba, pero está en Venezuela. Las cuentas identificadas como cubanas son cuentas de muy bajo alcance y son pocas (Elizalde, comunicación personal, 3 de abril de 2024).

Por ejemplo, la cuenta denominada PerezAlyanis se localiza supuestamente en Sancti Spiritus, una provincia cubana, cuando en realidad el propio informe dice que está en el Perú, pero es contada dentro del espectro de cuentas cubanas.

Posiblemente por este motivo, en el propio informe de ConecctLabs cuando presenta un gráfico con detalles por cuentas por relevancia, desaparece Cuba.

Otra debilidad del informe es la geolocalización de los usuarios, ya que no todos los usuarios se pueden localizar. Suponiendo que los usuarios más “influyentes” están todos localizados (lo que es raro) en un país, muchos de ellos pueden ser chilenos viviendo en dicho país, de manera que no la localización no puede atribuirse a una campaña gubernamental.

Se puede resumir que se dirigieron a señalar a Cuba no por el volumen de cuentas, o su tráfico e influencia. Lo hicieron por sesgo político y a la hora de documentarlo, erraron. Incluso si el análisis se considera cierto, la difusión de sus datos fue manipulada.

Dentro de las cuentas que más influyeron en la conversación sobre las protestas en Chile, el informe registra que hay ocho países, además de Chile, que tuvieron una mayor participación e influencia que Cuba. Esos son Argentina, Venezuela, México, Brasil, Perú, Nicaragua, Ecuador y Guatemala, que curiosamente no son mencionados en los despachos de prensa o en el propio informe, salvo Venezuela y Nicaragua, lo que demuestra la manipulación y sesgo político con el que fue utilizado el análisis presentado.

Para mayor demostración, el gráfico que apunta a las 2 mil supuestas cuentas más influyentes, solo escribe los nombres de 6 países, incluidos Chile y Cuba. Aunque al ocupar Cuba el noveno lugar en orden de las cuentas influyentes, debería ser omitida y no otros cuatro países que deberían estar mencionados antes.

Por su parte, a principios de diciembre de 2019, el canciller de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que la sospecha por una posible intromisión extranjera se produjo tras detectar un tráfico "desmedido" de internet "desde un país de Europa oriental". Unas horas después se reportan declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, mediante las cuales se acusa a Cuba y Venezuela de agitar las manifestaciones en Latinoamérica en cuentas en redes sociales. Entonces el canciller Ribera insistió en su denuncia ahora apuntalada con las afirmaciones de Pompeo cuando dijo "según informaciones provenientes de Estados Unidos, alrededor del 10% de las comunicaciones por Internet y los tuits enviados desde el 18 de octubre provienen de un país de Europa Oriental y, de ese porcentaje, una gran mayoría estaban orientados a generar desinformación en Chile y otra parte estaba destinada a crear un clima hostil hacia Chile en el extranjero" (La Vanguardia, 2019, párr. 1-3).

Los medios de comunicación hegemónicos no se toman el trabajo de investigar o comprobar, pero utilizan canales efectivos de difusión para amplificar las declaraciones de políticos o expertos. Nadie le preguntó a la Ministra de Comunicación de Bolivia, cuándo ingresó a ese país la esposa del Embajador cubano, que como se explicó en un epígrafe anterior es una calumnia. Un buen periodismo podría comprobar fácilmente que la persona aludida por la ministra nunca estuvo en Bolivia. De tal manera, se fomenta y se va construyendo una suerte de sentido común que parece irrebatible que asume como una certeza la participación de Cuba en las expresiones de ira popular.

Se valen del sistema de comunicación para difundir mentiras y crear noticias falsas que fabrican realidades acordes a los intereses políticos. Estas realidades, aunque sean irracionales, articulan con el discurso oficial que trata de responder a las interrogantes sobre las causas de las protestas sociales. La velocidad que toman las explosiones sociales requiere también una inmediata reacción oficial en el plano comunicacional, no sólo en el represivo, por lo que se alimentan hipótesis que son presentadas sin elementos probatorios, pero con una narrativa simple. Estas hipótesis se presentan como hechos comprobados y no encuentran, en el ambiente creado, contención en los medios hegemónicos que repiten en armoniosa sintonía la hipótesis sin la debida y rigurosa investigación correspondiente.

Todo el sustento de la campaña que acusaba a Cuba y Venezuela que había sido generada por el Gobierno de Estados Unidos, el Secretario General de la OEA, la oposición venezolana y cubana que llegó a ser desmentido por autoridades chilenas o no aceptado por autoridades peruanas, se mantuvo sin embargo en los medios de comunicación como tesis comprobadas de la responsabilidad cubana.

Conclusiones

El modo en que confluyeron una serie de declaraciones y aparentes estudios o informes apuntan a la configuración de una campaña deliberada contra Cuba. La aceptación acrítica de los medios de comunicación de las acusaciones contra Cuba se advierte como una regularidad.

El relato oficial en los países donde se produjeron acusaciones sobre la participación de Cuba, se sostuvo en sesgos políticos y no en evidencias. Los argumentos presentados para sostener las acusaciones no se demostraron. Las evidencias estaban ausentes, se falsificaron, no eran creíbles o se manipularon los hechos.

La narrativa oficial construyó un esquema imaginario de un enfrentamiento que fue real. Deliberadamente una de las partes del conflicto colocó a Cuba como un actor integrado a su rival, aun cuando Cuba no estuvo presente. Este recurso justificativo puede obedecer a que además de explicaciones, se buscó activar el apoyo político en sectores que no simpatizaban ideológicamente con la alternativa política cubana o con su gobierno.

La acusación a Cuba persiguió atraer simpatías de otros actores internacionales, buscó justificar el rechazo a las aludidas acciones injerencistas cubanas al tiempo que se articuló complacientemente con la política y narrativa del Gobierno de los Estados Unidos que sostienen y nutren la leyenda de la intromisión cubana como parte del discurso de satanización y justificación para tomar nuevas medidas coercitivas y de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba con el objetivo de derrocar a su gobierno.

En el relato acusatorio, Cuba se presenta como un poderoso e influyente actor político con capacidad conspirativa para alentar y dirigir actos violentos, causar desestabilización, movilizar organizadamente a sectores populares y penetrar las protestas con sus “agentes”. De esta manera se intenta deslegitimar a los manifestantes porque se habrían sometido a órdenes desde el exterior o carecían de razones legítimas ya que se articularon supuestamente por motivos y con métodos de lucha importados artificialmente. De esta forma, los gobiernos y actores interesados en desvirtuar el origen de las protestas desvían la atención sobre las verdaderas causas.

Las acusaciones contra Cuba constituyeron una excusa que sirvió a varios propósitos: justificar el endurecimiento de la política de asfixia económica de Estados Unidos contra Cuba, desviar la atención sobre el fracaso de políticas de varios gobiernos y de la represión que aplicaban y atemorizar a segmentos poblaciones susceptibles de manipulación con los supuestos peligros de cambios de sistemas políticos.

Notas

  1. El discurso de altos funcionarios de los Estados Unidos fue casi idéntico sobre este tema, como se podrá observar en el presente trabajo. Entre los que usaron este relato acusatorio se encuentran el presidente Donald Trump Jr., Mike Pompeo, secretario de Estado John Bolton, asesor de Seguridad Nacional y Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Por la OEA el Secretario General Luis Almagro Lemes; la oposición radical venezolana representada por Juan Guaidó y Julio Borges, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, entre otros.
  2. El XXV Encuentro del Foro de São Paulo se celebró en Caracas, Venezuela del 25 al 28 de julio de 2019 y la declaración final del encuentro apeló a avanzar en la unidad de acción la lucha antiimperialista y popular. Esta y otras menciones de la declaración, ha sido manipuladas para intentar demostrar que, la gestión de Cuba y Venezuela estaba detrás de las protestas sociales. Los presidentes de Venezuela y Cuba participaron en la edición de este encuentro. El Foro lo integran unos 120 partidos políticos de América Latina y el Caribe y surgió como resultado de una convocatoria para que partidos, movimientos y organizaciones de izquierda evaluaran la caída del socialismo real en Europa del Este y reflexionara sobre las alternativas para la izquierda de América Latina y el Caribe, que fuera lanzada en julio de 1990 por Luis Ignacio “Lula” da Silva, líder político brasileño en aquel momento y en aquel momento el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro Ruz.
  3. Las mentiras del Secretario General de la OEA se pudieron comprobar por la manipulación de las publicaciones de su oficina, como pudo advertir una investigación de AFP. El 16 de octubre de 2019 la Secretaría General de la OEA publicó un comunicado donde responsabiliza a Cuba y Venezuela de las protestas en Ecuador y posteriormente repitieron el mismo texto el 24 de octubre, donde se incluía entonces la responsabilidad también de Cuba y Venezuela, pero en las protestas de Chile y Colombia. Por el camino, el Secretario General de la OEA borró un tuit, para que sólo quedara registrado el que menciona los tres países donde se producían las protestas y no sólo Ecuador.
  4. La Revista Raya obtuvo acceso a miles de documentos clasificados de organismos de inteligencia militar de Colombia y el 15 de agosto de 2022, pocos días después de la conclusión del mandato del presidente Iván Duque Márquez, publicó un amplio dossier denominado “Espionaje internacional: Objetivo Cuba”.
  5. “A continuación se establece una muestra de los archivos que fueron sembrados en los computadores del terrorista Andrés Vanegas Londoño, alias “Uriel”. Estos serán enviados a la Fiscalía e Interpol para evaluación, con el fin de que sean vinculados de manera directa los ciudadanos colombianos que apoyan las casas de solidaridad con Cuba y ciudadanos cubanos que promueven el turismo por intermedio del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)” (Arley, 2022).

Referencias bibliográficas

(Tomado de Revista Política Internacional)

Contra Cuba

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