Míriam Zito - Cubasi.cu.- Los 4, 7 por mil nacidos vivos reportados por Cuba a inicios de este año, la más baja tasa de mortalidad infantil en toda su historia, de ninguna manera es fruto de la casualidad, sino de una política estatal que logra relevantes resultados para convertir el programa materno infantil en joya de la Revolución cubana. 

Sus logros, al igual que la de otros programas centralizados por el Estado cubano, se fundamentan en la priorización de los grupos poblacionales de riesgo, en particular la salud de la madre y el niño.

La estrategia está encaminada a mejorar la calidad de la salud reproductiva de la mujer o la pareja, persistir en la disminución de enfermedades asociadas al embarazo, bajo peso al nacer, afecciones perinatales, infecciones respiratorias agudas, accidentes, lactancia materna, y el diagnóstico precoz del cáncer cérvico-uterino.

Muy distante del panorama nacional antes de 1959, cuando se reportaba un índice de mortalidad de 60 por mil nacidos vivos y carencia de tratamientos especializados y de centros asistenciales con recursos adecuados, los médicos rurales brindaron en la década del 60 su colaboración a las parteras empíricas en las zonas rurales del país.

La transformación no se hace esperar y a partir de 1962 se constituye lo que se denomina Hogar materno, primeras unidades de atención primaria especializada en el tratamiento de embarazadas en ciudades o pueblos.

Verdadera fortaleza para el  programa materno-infantil, este tipo de institución, presente en cada comunidad del país, acoge a la gestante con dificultades durante el embarazo y brinda tratamiento personalizado, previendo complicaciones que pongan en peligro la vida del bebé y su progenitora.

Hoy, Cuba ocupa el primer lugar en indicadores favorables de mortalidad infantil en menores de un año y menores de cinco en América Latina y buena parte del mundo.

Durante el embarazo a cada mujer se le realizan, de forma gratuita, no menos de 17 consultas y 30 exámenes de diagnóstico para evitar que sus hijos padezcan enfermedades graves o malformaciones congénitas, y a cada infante no solo se le vacuna contra las 13 enfermedades erradicadas en la Isla, sino también pruebas para detectar otras seis enfermedades, un derecho del que no se dispone ni en los países más desarrollados del planeta.

La esperanza de vida al nacer promedia 76,8 años y se prevé que llegue a 80 en el próximo quinquenio.

No es de extrañar, pues que José Juan Ortiz Bru, representante en Cuba de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (UNICEF), haya declarado públicamente su admiración y respeto por la política sanitaria del gobierno cubano, en particular en lo referido a la protección a la infancia, lo que responde también al cumplimento de los acuerdos de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.

“La situación de la infancia es un reflejo de las acciones de los gobiernos y el gobierno de Cuba desde 1959 prioriza muy claramente esos derechos, a pesar de sus escasos recursos económicos.

“En Cuba, sustentó, desde hace muchos años tiene escolarización plena, un índice de mortalidad infantil de los más bajos del mundo, una paridad de género absoluta, a lo que se suma la garantía en los servicios de salud para todo el pueblo, y muy especialmente para la infancia”.

Muy alejada del fenómeno actual de la exclusión de la infancia, común en casi todos los países del orbe, donde en algunos la mortalidad infantil se eleva a 200 por mil nacidos vivos e impera la malnutrición y el hambre, la pobreza y la marginación, Cuba se erige por derecho y acciones propias como ejemplo por su sistema nacional de salud y en la preservación de la madre y el niño.

alcanzados por la salud pública cubana en 50 años de Revolución no son por obra y gracia divina, sino descansan en varios factores, entre ellos la firme voluntad política del Gobierno revolucionario; el acceso y gratuidad en la atención de salud; la formación creciente de recursos humanos y el desarrollo de los avances científico-técnicos, lo que ha demostrado su eficacia para prevenir y controlar enfermedades y la mortalidad infantil, así como promover la movilización social en tareas de prevención sanitaria.