Señor Presidente:
El hecho de que un total de 112 países hayan ya transitado por su revisión, tiene gran trascendencia y confirma la vigencia de la Resolución 60/251 y del paquete que sustenta la construcción institucional de este Consejo.
No puede afirmarse que se ha desterrado plenamente la selectividad. El capital transnacional a través de sus monopolios mediáticos, poderosas ONG con sede y sustento financiero en el Norte y varios de sus gobiernos, siguen recurriendo a la tergiversación de la verdad, dando la espalda a la justicia y pretendiendo imponer sus doble raseros en cualquier ámbito que permita abordar las situaciones de países en nuestras labores.
Con todo, un análisis objetivo y mesurado, nos permite concluir que aquellos realmente comprometidos con la cooperación internacional en materia de derechos humanos, hemos preservado en lo fundamental al EPU como un instrumento efectivo y legítimo de intercambio y diálogo genuino para la promoción y protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Cuba alerta una vez más, acerca de los peligros asociados a ideas y propuestas que hoy impulsan principalmente algunas potencias del Norte, alegando hipócritamente la supuesta motivación de reforzar la capacidad de este Consejo para brindar seguimiento a situaciones de derechos humanos en el terreno. No resulta creíble ni aceptable la retórica crítica y las sanciones contra países del Sur, cuando se extiende impunidad a los responsables en el Norte de torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, ya sea en instalaciones establecidas en bases militares norteamericanas o en aeropuertos y centros secretos de detención en la Unión Europea.
Algunas de las ideas presentadas con relación al funcionamiento del EPU merecen atención y análisis. Estamos dispuestos a trabajar intensamente en todas aquellas iniciativas genuinamente dirigidas a perfeccionar las labores y a profundizar el espíritu de cooperación en este mecanismo.
La efectividad del mismo, depende tanto de la facilitación y simplificación de su operatividad, como del fortalecimiento de su legitimidad, a partir de una conducta colectiva de respeto a los principios de objetividad e imparcialidad, garantías del compromiso de los Estados en la aplicación de las recomendaciones que les han sido formuladas.
Si bien respetamos la fiebre creativa que se desata en todo proceso de revisión - lo que no debe llevarnos a descuidar la necesidad de neutralizar pretensiones de manipulación e intereses políticos espurios -, hacemos un llamado a todos los actores a enfrentar este proceso con responsabilidad.
Sin haber siquiera concluido el primer ciclo del EPU, la revisión debería estar dirigida a realizar ajustes imprescindibles y verdaderamente necesarios, que mejoren el funcionamiento del mecanismo.
Uno de los vacíos constatados por Cuba, es la ausencia de una metodología clara y coherente aplicable a la elaboración de los dos informes que prepara la Oficina del Alto Comisionado.
Hemos percibido claras incongruencias, algunas de enfoque y otras relativas a la determinación del orden de prioridad en cuanto a temas y categorías de derechos y el trato privilegiado que se brinda a algunas fuentes y actores.
Fortalecer el ambiente de cooperación y respeto, potenciar la credibilidad y el compromiso que se derivan de la legitimidad de un sistema en el que todos seamos partícipes en condiciones de igualdad y seamos sometidos a normas y trato homogéneos, son requisitos insustituibles para asegurar el cumplimiento de las decisiones del Consejo y brindarle el papel rector que merece, en el empeño de la comunidad internacional para promover y proteger todos los derechos humanos para todos.
Muchas gracias.
