La discusión fue rica y amena, reflejo a escala reducida de la que tiene lugar en la sociedad, en particular en todos los colectivos laborales que ahora analizan y expresan su respaldo a la necesidad impostergable de aplicar esta política, como parte del perfeccionamiento del modelo económico cubano.
En específico sobre el trabajo por cuenta propia, cuyas nuevas regulaciones deben comenzar a regir en el próximo mes de octubre según anunció la prensa el viernes último, es interesante razonar las bases y principios de esta modalidad de empleo no estatal.
Lo primero tal vez es la eliminación de un grupo de restricciones que limitaba su ejercicio —en la legislación anterior— para un número de labores muy necesarias, como las de elaboración y venta de alimentos; el arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios; y el transporte de pasajeros en vehículos particulares, así como la introducción de otras figuras que se incluyen en la nueva legislación.
Este impulso a la iniciativa individual y familiar comprenderá también garantías a largo plazo como la creación de un régimen especial de seguridad social para este sector, lo cual denota la voluntad expresa del Gobierno de que el trabajo por cuenta propia no sea solo una mera salida circunstancial ante una coyuntura económica adversa, sino una apuesta definitiva por un cambio estructural que aligere al Estado de excesivas responsabilidades en el comercio y los servicios minoristas.
La lista de autorizaciones tiene también novedades interesantes, al combinar labores tradicionales, agrícolas y urbanas, con algunas más complejas que requieren de formación profesional, lo cual abre otra vía para una parte de la numerosa fuerza calificada que ha formado la Revolución.
Resulta muy significativa además la claridad que existe sobre la importancia de fomentar un mercado donde estos trabajadores puedan comprar lo necesario para ejercer, aun cuando sea imposible en las actuales circunstancias aspirar de inmediato a una oferta mayorista diferenciada. El análisis con el Banco Central de Cuba sobre la posibilidad de brindar créditos para echar a andar estas actividades, revela además el realismo y el sentido práctico que fundamentan la decisión de favorecer esta y otras formas de empleo no estatal.
Por supuesto, no será un camino fácil ni exento de riesgos individuales y colectivos. Ya está dicho que el proceso implica un cambio de mentalidad y de forma de vida para quienes emprendan tales empresas. También supondrá modificaciones en el modo de pensar y actuar de los funcionarios y organismos regulatorios que deben contribuir al éxito de las medidas, los cuales tendrán que aprender, donde hasta ahora decían muchas veces que No, a decir Sí.
A este propósito ayudará, sin dudas, la decisión del movimiento sindical de impulsar la afiliación de los trabajadores no estatales, para representarlos ante las instituciones correspondientes en el ejercicio de sus derechos, propiciar su mayor participación en la economía; estar al tanto desde cada sindicato de los problemas para viabilizar su solución, y estimular el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la calidad de sus servicios.
Porque resulta muy evidente que quienes pasen a laborar en opciones no estatales, no por ello dejarán de sentir como un deber ciudadano y patriótico su aporte a la economía de la nación. Al contrario, es previsible que este sector contribuya con su dinamismo a incrementar el producto interno bruto o la riqueza del país en un mediano plazo. Sus resultados, por tanto, no solo serán para el beneficio individual y de las familias de quienes incursionen en estas modalidades de empleo, sino que será un trabajo ventajoso para la cuenta de todos los cubanos.
