Editorial de Cubainformación en papel nº 15 - Otoño de 2010.- Recientemente el Gobierno cubano anunciaba una profunda reestructuración laboral en el país. El objetivo es reducir las plantillas infladas que producen un verdadero saqueo de la caja del Estado, atacar de frente a la burocracia, mejorar la eficiencia económica y la calidad de los servicios a la ciudadanía, y cubrir sectores productivos necesarios socialmente –como la construcción y la agricultura– pero que sufren un acusado déficit de mano de obra.

Texto publicado en el nº 15 de Cubainformación papel - Otoño de 2010

En los primeros meses, medio millón de personas en plantilla estatal quedarán “disponibles” –según la terminología oficial– para otros puestos en la esfera productiva de propiedad pública o para el sector no estatal, que incluye varias formas, como el trabajo individual por cuenta propia, o las cooperativas, ahora en una amplia gama de sectores que van más allá del agrícola.

La prensa internacional ya está anticipando un escenario de conflictividad social a partir de lo que describe como un proceso de despidos masivos. Indudablemente el proceso de cambio es profundo y no va a estar exento de aspectos traumáticos, tampoco de conflictos puntuales. Pero habría que aclarar al respecto dos aspectos.

En primer lugar, no estamos hablando de “despidos masivos”. A los trabajadores que queden “disponibles” tras el diagnóstico que efectúen las comisiones de idoneidad –formadas a su vez por trabajadores electos– se les oferta otro puesto de trabajo en la esfera estatal, en la mayoría de los casos vinculado a la producción directa y, para quienes lo rechacen, existe una gran bolsa de empleo –mejor remunerado– en el ámbito no estatal.

En segundo lugar, hay que resaltar que la presente reestructuración laboral –como el resto de medidas encaminadas a facilitar el “engrasado” de la economía cubana– no son meros “decretazos gubernamentales”, al uso de los empleados por la mayoría de los gobiernos. Recordemos que en 2007 comenzó un proceso masivo de participación ciudadana para debatir los cambios precisos en la economía del país. Centenares de miles de asambleas en centros de trabajo y en barrios de toda Cuba, con la participaron de millones de personas, recogieron más de un millón de propuestas y planteamientos. Lo que se está llevando ahora a la práctica es solo el comienzo de un proceso de cambios propuestos por la población. Por lo tanto, existe un altísimo consenso popular sobre las citadas medidas, que han nacido de un proceso democrático.

La discusión sobre los cambios necesarios en la economía socialista cubana y sobre los caminos que aporten un mayor grado de eficiencia –pero también de equilibrio y de justicia– está en la calle, en las empresas y también los medios de la Isla. Recomendamos la lectura de la sección Cartas a la Dirección del diario «Granma». A los crédulos de la versión caricaturizada que los grandes medios internacionales hacen de este modesto diario cubano, les sorprenderá sin duda el interesante y profundo debate sobre el actual proceso de reformas. Nos gustaría que los grandes diarios corporativos internacionales cedieran algún espacio de sus páginas para un debate abierto, por ejemplo, sobre la posibilidad de nacionalizar ciertos sectores de la economía de sus países; o que en las empresas y barrios de ellos se celebraran discusiones sobre el asunto; y, sobre todo, que sus gobiernos, finalmente, llevaran a término lo propuesto y aprobado en ellas.