El máximo juzgado en la nación caribeña impugnó la defensa de Gross y su abogada contra la sentencia ordenada por el Tribunal Provincial Popular de La Habana, en marzo pasado, cuando lo condenó por actos contra la independencia o la integridad del Estado.
Las evidencias presentadas en el juicio mostraron que el condenado introdujo en Cuba, de manera ilegal, medios de infocomunicaciones para crear redes internas como parte de un programa de Washington dirigido a promover acciones desestabilizadoras para subvertir el orden en este país. De acuerdo con un comunicado del Tribunal Supremo, Gross y su abogada tuvieron la oportunidad de exponer (sus argumentos) de forma directa ante los jueces que conocieron del caso, en ocasión de la vista pública que a esos efectos les fue concedida por el máximo órgano judicial del país, el 22 de julio pasado.
Durante la tramitación el acusado contó con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial previstos en la Constitución, las leyes cubanas y los instrumentos internacionales relativos a estos temas, asegura el texto. En tal sentido, precisa que recibió el tratamiento decoroso y humanista que corresponde, tal como el propio Gross ha reconocido expresa y públicamente en reiteradas ocasiones. Como parte de esas garantías y derechos, se le ha facilitado el contacto sistemático con sus familiares y el acceso regular a la asistencia y atención por parte de funcionarios consulares de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
