Pastor Guzmán - Escambray.- El Decreto-Ley No. 302 del Consejo de Estado de la República de Cuba, de cuya aprobación se informó el pasado martes en La Habana, constituye un paso de mucha importancia en el proceso de cambios y transformaciones que, con el objetivo de actualizar el sistema socioeconómico y político cubano, ha venido desarrollándose a partir del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en abril del pasado año en la capital isleña.
Esta medida, totalmente soberana, responde a la nueva situación que presenta la nación en lo interno y en lo externo, donde una emigración que supera el medio millón de compatriotas se distribuye en más de 150 estados, con la particularidad de que en su inmensa mayoría mantiene vínculos con su país natal, rechaza el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y se opone a cualquier tipo de agresión que la lesione o perjudique a su pueblo.
La flexibilización que introduce el Decreto-Ley No. 302 en materia de política migratoria beneficia tanto a cubanos residentes en la isla como a aquellos que viven en el extranjero de forma permanente, y abre nuevas posibilidades para los ciudadanos que necesiten viajar en uno u otro sentido, al tiempo que propiciará un más estrecho contacto entre embajadas y consulados con los coterráneos radicados en el exterior, cuyos derechos representan.
Preciso es señalar que estos cambios, que se harán efectivos a partir del 14 de enero de 2013, son el resultado de un proceso complejo en el cual se ha puesto de manifiesto la voluntad de las autoridades cubanas de ir avanzando paso a paso en la actualización y modernización de su política migratoria, acercándola a los estándares mundiales y siempre de acuerdo con las condiciones e intereses del país.
Resulta oportuno mencionar las conversaciones sobre el tema sostenidas en Cuba entre representantes de los emigrados cubanos y dirigentes de la isla durante las reuniones que bajo el nombre de La nación y la emigracióntuvieron lugar en varias ocasiones y diferentes fechas. También, el pedido del Papa Juan Pablo II en ocasión de su visita a nuestra patria, donde abogó porque “Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”.
No obstante, como expresa el editorial del periódico Granma sobre el particular, publicado el martes 16 de octubre, “(…) cualquier análisis que se haga de la problemática migratoria cubana pasa inexorablemente por la política de hostilidad que el gobierno de los EE. UU. ha desarrollado contra el país por más de 50 años”.
Ante la agresividad e injerencia de los Estados Unidos contra nuestra patria, manifiestada en actos tales como el bloqueo, las acciones de corte terrorista y la constante labor de zapa para forzar un cambio de régimen en este archipiélago -todas violatorias de las propias leyes estadounidenses y de la legislación internacional- a las autoridades cubanas no les quedó más remedio que legislar en el terreno migratorio para oponer un escudo legal a esos embates.
No hubo ni una medida de Cuba en este terreno que no estuviera precedida de una iniciativa jurídica o acción lesiva implementada por Washington contra la isla en el más de medio siglo que ya cumple la Revolución cubana. Recordaremos el refugio brindado a los criminales de guerra de la derrocada dictadura de Fulgencio Batista en 1959, algunos de ellos responsables de decenas o cientos de asesinatos.
También la apropiación de al menos 421 millones de dólares que se llevaron esos elementos a territorio yanqui y que el Gobierno de los Estados Unidos nunca devolvió; los aviones militares y civiles ya pagados por el Estado cubano y que Washington embargó, así como las medidas de asfixia para provocar el descontento masivo de la población de la isla e incitarla a emigrar.
¿Quién si no el Gobierno de los Estados Unidos implantó el bloqueo, que provocó carencias de todo tipo en Cuba y empezó la infiltración de agentes armados para hacer sabotajes y atentados a sus dirigentes, a fin de provocar el caos con el objetivo de invadirla?
¿Quién ideó la monstruosa Operación Peter Pan que redundó en el envío a los Estados Unidos de más de 14 000 niños, la mayoría pequeños, con la argucia de que el régimen cubano preparaba una supuesta ley para quitarles a los padres el derecho de patria potestad? Aquella operación de la CIA redundó en miles de familias destruidas y sufrimientos indecibles para esos infantes.
Aunque fue adoptada en 1966 por el legislativo de USA, la llamada Ley de Ajuste Cubano no tiene paralelo en el mundo y se muestra como una anomalía jurídica, por cuanto ninguna nación ha privilegiado a los ciudadanos de otra para que la abandonen ilegalmente, premiándolos con asilo seguro y permiso de residencia permanente al cabo de un año de estancia en su territorio.
Ellos, los norteamericanos, le han robado a Cuba una porción ingente de su capital humano, cifrada en ceca de 50 000 graduados universitarios, cuya preparación costó a nuestro país miles de millones de dólares. Ese despojo se inició ya en los primeros años a partir de 1959, con la captación de la mitad de los 6000 galenos con que contaba Cuba en aquel entonces, además de los mejores ingenieros y prácticamente la totalidad de los científicos.
En los últimos tiempos, y a pesar de la seriedad de los daños ocasionados a Cuba y la criminalidad manifiesta de las leyes migratorias estadounidenses, esa legislación naufraga en el ridículo cuando un congresista republicano ultraderechista como el cubano-americano David Rivera reconoce: “(…) el exilio cubano es el único que pasa sus vacaciones en el país que -supuestamente- le persigue”.
Descargue la Gaceta Oficial No.44 : Decreto Ley 302 del Consejo de Estado modificativo de la Ley No. 1312/76 “Ley de Migración”, así como otras normas complementarias.
Ver además: Trámites migratorios y viajes al exterior por asuntos particulares
