Noel Manzanares Blanco – Cubainformación.- A mediados del año que finaliza, redacté Cuba: una propuesta para su Parlamento y esta inscripción: “La venidera sesión es una oportunidad para meditar en cómo seguir contribuyendo más y mejor a resolver los problemas del pueblo, en particular contra el creciente galopar de los precios”. Víspera de la nueva reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, vale insistir en el tema.
Resulta que José Alejandro Rodríguez, en su habitual Acuse de Recibo de Juventud Rebelde, este 3 de Diciembre publicó Es venta liberada, responden donde comenta que el pasado 13 de septiembre, y desde Santo Domingo, Villa Clara, Ronald Díaz Chau denunció la paradoja de que, mientras el Estado hace serios esfuerzos productivos para que los ciudadanos puedan adquirir los materiales de construcción en los llamados “rastros” de Comercio Interior, en especial el cemento y el acero que allí se expenden, se ha convertido esa actividad en un medio de lucro para acaparadores-revendedores.
Al respecto, José Alejandro había señalado: “No es solo en Santo Domingo que se está lucrando con los serios esfuerzos que hace el país para facilitar materiales de construcción para las viviendas. Ello expresa dos realidades: la primera, es que estos acaparadores revenden porque, a pesar de los esfuerzos visibles para facilitar materiales a la población, aún la demanda está insatisfecha.
“Y la segunda es que, precisamente por ello, la actividad de los 'rastros' no puede ser vender a ciegas, sin importarles que la mercancía vaya a parar a una claque de revendedores que, de seguro, tienen su buen techo, o ya han acumulado, con esas trampas, el dinero suficiente para arreglarlo”.
Sin embargo, Luis Braffor Alfonso, director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Santo Domingo, respondió que “al lector no le asiste razón, por cuanto la recomendación planteada por él se hace imposible (de implementar) por parte de Comercio Interior, ya que la venta de materiales es liberada, y no está dentro de nuestras facultades (poner en práctica) las medidas que él recomienda”.
Más allá que en esa Empresa Municipal se haya acordado regular en el territorio la venta de acero para que la mayor cantidad de población lo pueda adquirir, es irrebatible a la luz de la inmensa mayoría de cubanas y cubanos que el comercio estatal, por socialista, no puede cerrar los ojos y solo interesarse por vender, a cualquier costo humano —alega Rodríguez, con mi signo personal agregado. Él se pregunta, acto seguido:
¿Quiénes se benefician con lo que está regulado, en un mercado de materiales insuficiente? Los revendedores. ¿Es justo que quienes lucran, o quienes tienen mucho dinero, acaparen lo que tanto necesita mucha gente para vivir con decoro? ¿Por qué quienes tienen licencias constructivas no pueden ser priorizados? ¿Quiénes ganan con vender de un tirón todo a la puerta de un “rastro”, para que a solo unos metros otros tengan que pagar sumas superiores? Mientras la oferta no se satisfaga, ¿no puede generalizarse lo que decidieron allí con el acero?
Coincido con el Periodista de Juventud Rebelde en todo su examen, particularmente en que estas preguntas no son solamente para la Dirección de Comercio de Santo Domingo, sino al propio Consejo de la Administración del territorio, que no puede permanecer ajeno al atraco y la confabulación que sufren allí los ciudadanos de manos de inescrupulosos revendedores.
Del mismo modo, en que es preciso que la inquietud llegue al Ministerio de Comercio Interior, porque lo denunciado se registra no solo en Santo Domingo. Mientras no pueda satisfacerse la demanda, la gestión comercial debe adecuarse, con sentido realista y protector de los más necesitados, para evitar que los aprovechados de siempre desaten sus usuras de siempre.
En este orden de ideas, deseo agregar a este comentario la interrogante que continúa:
¿Por qué dejar de pensar en la pertinencia de una propuesta a la Contraloría General de Cuba que incluya la necesidad que ella además se apoye puntualmente en las masas para auditar no solo la permanencia-incremento de lo declarado como patrimonio de Directivos sino igualmente de quienes lucran con las restricciones del pueblo, de manera que sobre los bandoleros de este tipo —sean de cuello blanco u oscuro— caiga todo el peso de la Ley?
En este escenario, insisto que “al proponer que de algún modo nuestro Parlamento le entre 'con la manga al codo' al asunto de los precios galopantes en detrimento de la mayoría de cubanas y cubanos, ratifico: ¡Hay que concretar día a día 'la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado'! —según consta en la Constitución de la República de Cuba”.
Asimismo, significo que, si de la mano del compañero Fidel Revolución es sentido del momento histórico y cambiar todo lo que debe ser cambiado, entonces resulta obvio que el razonamiento que acabo de someter a su consideración constituye una arista para combatir a favor de Liborio.
