Gran parte de los entrevistados coincidieron en que los precios se agravan, principalmente, por la transportación, desfavorables condiciones climáticas, y la escasa e impuntual entrega de fertilizantes y abonos.
Lissett Izquierdo Ferrer, Lisandra Romeo Matos, Venus Carrillo Ortega, William Fernández - Foto: Abel Padrón.- Comprar alimentos como ajo, cebolla, frijoles y tomate se ha convertido, por sus altos precios, en algo complejo para muchos cubanos, sobre todo en La Habana, donde desde hace un año se procura influir en ese indicador, pero al decir de la letra de una vieja canción “el cuartico está igualito”.
En noviembre del 2013 entró en vigor el Decreto 318, dirigido a desarrollar, de manera experimental, nuevas fórmulas de comercialización de productos agropecuarios en la capital, Artemisa y Mayabeque, para evitar intermediarios y lograr compra-ventas de viandas, hortalizas, frutales y granos frescos y de mayor calidad.
A partir del abastecimiento directo del surco al mercado se aspiraba a que, poco a poco, se estabilizaran —o mejor aún, disminuyeran— los precios, proceso complejo al depender de un conjunto de variables como la producción, condiciones climáticas, políticas nacionales y territoriales; sin olvidar que el sistema reconoce a las propias formas productivas como comercializadoras, incluso de bienes que no generan, convirtiéndose en intermediarios.
Lo cierto es que los resultados preliminares siguen sin influir positivamente en el bolsillo de la gente, por lo que un equipo de reporteros de la Agencia de Información Nacional conversó con productores, comercializadores y funcionarios, en busca de esclarecer algunos de los fenómenos asociados a este asunto.
ÉCHALE LA CULPA A EL TRIGAL…
Al visitar varios establecimientos comerciales de La Habana, un denominador común fue que en la conformación de los precios ha tenido su impacto el primer mercado mayorista de abasto en el país, que abrió sus puertas el 18 de diciembre del 2013, en el capitalino municipio de Boyeros.
“¿Por qué vendo caro? Pregúntenle a los que me venden en El Trigal”, dijo Jorge Lázaro Trujillo, trabajador por cuenta propia del Mercado Agropecuario de Oferta y Demanda (MAOD), de San Rafael y Gervasio, en Centro Habana. “Imagínense que una libra de cebolla allí cuesta 34 pesos”.
“Si ese lugar es para la venta mayorista ¿por qué los precios son tan elevados?”, también se cuestionó la cuentapropista Maité Coira, del agro de 19 y B, de Plaza de la Revolución, al referir que no puede bajarlos por más que lo intente, pues debe pagar, además, el impuesto de arrendamiento del espacio y a sus empleados.
Carlos Rafael Sablón, presidente de la cooperativa gestora de El Trigal, aclaró que los comerciantes operan bajo el principio de oferta y demanda, y que están autorizados a vender a quienes quieran, por ejemplo, un productor a otro, y este a su vez se convierte en intermediario.
De forma general, los entrevistados coincidieron en que los precios se agravan, principalmente, por la transportación, desfavorables condiciones climáticas, y la escasa e impuntual entrega de fertilizantes y abonos, lo cual —alegan— “les obliga” a recurrir al mercado negro.
Pero en esta historia no solo los factores externos inciden, también otras causales subjetivas y no menos importantes. Hay quienes, por ejemplo, “guardan pan pa´ mayo”.
Según el matancero Yuniel Barrios, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) Sabino Pupo, luego de cumplir sus compromisos con Acopio, retuvo —nada se lo impide legalmente— el excedente de cebolla por tres meses, para esperar esta época en que la oferta disminuye.
Para otros es una cuestión de supervivencia. “El precio depende de la calidad y de como estén fluctuando en el mercado. Uno trata de ‘luchar’…”, admitió Berto González, de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Antonio Maceo, de Mayabeque, al preguntarle si el importe de la mercancía se concibe a priori, en dependencia de la ficha de costo, o si este se regula por las leyes del mercado.
También hay quienes se escudan en los bajos niveles de producción y la alta demanda para especular, con la consabida frase de que “la escasez pone el precio”, como sentenció uno de los productores presentes en El Trigal.
En el recorrido de este equipo de reporteros por el mercado mayorista y otros de oferta y demanda, uno de los aspectos más contradictorios que saltó a la vista fue la escasa variedad en los precios, en contraste con la diversidad de figuras aprobadas para comercializar productos agrícolas en ese lugar. Tal pareciera que todos se han puesto de acuerdo.
Como afirma el colega René Tamayo, del periódico Juventud Rebelde, El Trigal se ha convertido en un gran facilitador, pero no en un reductor de precios. “Si el campo no da lo que tiene que dar, la factura no va a creer en mercados mayoristas”.
Y ¿MÁS ALLÁ DE EL TRIGAL, QUÉ?
Idael Saserio, especialista de la Empresa Provincial de Comercio, de Mayabeque, considera que a un año de implementada la medida, en ese territorio “se aprecia una mejor calidad y variedad en la oferta de productos agropecuarios, mayor gestión de venta y reducción de las mermas, en comparación con los inventarios registrados anteriormente por entidades estatales”.
Sin embargo, “si algo no se ha podido lograr con el Decreto 318 es el tema de los precios”, aseveró Martha Labrador, directora comercial de la entidad. “Que varias figuras participen en el mercado minorista no ha traído el efecto esperado, por ejemplo, que los precios de los productores fueran diferentes a los de los intermediarios”.
A juicio de Sara del Pilar Vidal, jefa de Ventas Minoristas y Registro de Consumidores del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), se ha malinterpretado el llamado precio por acuerdo, lo que ha dado al traste con la conformación de una tarifa única, sin tener en cuenta el costo de producción o de comercialización.
“Los productores están copiando los precios del comercializador, no hay cultura de compra-venta ni sentido de competencia; si todos ponen el mismo valor, se demoran más en vender y se alargan los ciclos de rotación del producto”, explicó Vidal.
Sobre el Decreto 318, la funcionaria precisó que está en un proceso de revisión y, como todo experimento, es susceptible a cambios. Por ejemplo, en Mayabeque, ya se analizan elementos que influyen en la formación de los precios, como la tarifa de arrendamientos que se les cobra hoy a las cooperativas no agropecuarias.
Vidal alertó, no obstante, que la producción es y seguirá siendo el factor clave en el logro de precios más atractivos para productores y consumidores.
CRECIMIENTO QUE AÚN NO CUBRE LAS DEMANDAS
De acuerdo con estadísticas oficiales, el índice de incremento de la producción agropecuaria en Cuba, que excluye la caña de azúcar y la de patios y parcelas, fue de 17,6 % de enero a julio último, en comparación con igual ciclo del año anterior.
Los cultivos que inclinaron la balanza a favor del campo fueron el maíz, con 66,9 % de crecimiento, el frijol con 54,5 %, y las hortalizas, con 9,4 %, según el informe realizado por especialistas de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Pero, si progresaron las cosechas ¿por qué no bajaron los precios y sí continuaron subiendo?
Ante la inquietud, Julio García, viceministro primero de la Agricultura, comentó a la AIN que aún la producción no cubre las necesidades familiares, el consumo social y la pujante demanda del Turismo y en especial, el sector gastronómico, donde se están asentando nuevos actores como los cuentapropistas y las cooperativas.
Una pequeña muestra de la actual desarmonía entre la oferta y la demanda se ilustra en la producción de ajo, la cual aumentó en el 2013 hasta obtener unas 18 000 toneladas, pero que no pudo responder a las 40 000 que requiere el consumo general, ejemplificó García.
LOS QUE DECIDEN DICEN…
En busca de pistas para resolver ese rompecabezas que resulta poner precio a los alimentos del campo, y de si el Estado debe intervenir o no en el complejo asunto, el equipo de periodistas llegó también hasta el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
Silvio Gutiérrez, director de Agroindustria del ramo, aclaró que su organismo es el responsable de diseñar, aplicar y controlar la política de precios en el país, y en ella se definen los precios —de compra al productor— de los renglones agropecuarios de Acopio.
“No todos se topan (centralizar los precios de acopio de los productos), sino solo aquellos renglones que decide la economía y que tienen un sensible impacto social. Entre los precios centralizados figuran la leche, el arroz, los frijoles, el boniato, el café y la caña de azúcar”, explicó el funcionario.
Algunos productores confesaron que guardan cosechas para los momentos en que escasean estos renglones. Foto: Padrón, Abel
Como refrendan los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, con las transformaciones en el sector agropecuario hoy se pretende que los precios conformados por el Estado sean atractivos para los productores, de manera que les permitan recuperar los gastos invertidos en su actividad y dejarles un margen de ganancia. Pero “lograr ese objetivo no será de un golpe, sino de forma gradual”, señala Gutiérrez.
“En este empeño hemos ido avanzando; hoy la miel, el tabaco, el frijol y el arroz cuentan con precios atractivos y sus productores se sienten estimulados. No obstante, es cierto que debemos actualizarlos en otros renglones decisivos, como los derivados de la ganadería, entre estos, la carne y la leche”, aseguró.
El especialista reconoció que la economía cubana históricamente se ha caracterizado por una oferta limitada y poco estable, frente a una creciente demanda. Además, los ciclos productivos estacionales afectan muchos los precios, por ejemplo, “ahora estamos en la última etapa del año y ya las reservas en renglones como la cebolla, el ajo y los frijoles se han agotado, por lo cual los precios comienzan a subir”.
Ante esas situaciones de alzas, una pregunta recurrente es qué puede hacer el Estado.
Efectivamente, este puede intervenir en una modificación de los precios, pero con sumo cuidado, para prever que se cumpla con los objetivos previstos, apuntó Margarita Acosta, directora de Política de Precios del MFP.
En octubre del 2008, a raíz de las afectaciones de los huracanes Gustav e Ike, fueron establecidas medidas restrictivas en el abastecimiento de alimentos agrícolas.
Por ejemplo, se centralizaron los precios en los mercados de oferta y demanda, con el propósito de que no se mostraran incrementos desmedidos.
Sin embargo, este paso estimuló, en la práctica, el desabastecimiento en esos mercados y por tanto, un alza en los precios, porque los agros estatales no pudieron cubrir la demanda, insatisfecha en los de libre conformación de precios.
Es por ello que, para no incurrir en los mismos desaciertos, resulta necesario valorar el comportamiento del mercado, el tipo de producto, la coyuntura económica del país y el estudio de los precios, siempre tomando en cuenta las características de los territorios, remarcó Acosta.
Dichos elementos deben considerarse por los Consejos de Administración Provincial, con poder para conformar los precios en las ventas minoristas, como establece la Resolución 366 del 2013, “de ahí que las intervenciones no pueden ser iguales ni con la misma intensidad”.
CONTINUAR BUSCANDO EL CAMINO DE LAS SOLUCIONES
No se trata solo del ajo, la cebolla, el frijol, el tomate…o El Trigal, sino de la cadena agroalimentaria.
Con más de 45 años vinculado a la agricultura cubana, Pablo Fernández, asesor del Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, considera importante un enfoque multisectorial del fenómeno de la cadena productiva que parta desde el almacenamiento de los insumos, la producción, distribución y la comercialización, hasta llegar a los consumidores.
Fernández comentó, que con medidas de contingencia como la de topar precios de determinados productos no se resuelven los problemas y en ocasiones se han generado otros al desatenderse el papel del mercado que es “un mal jefe, pero un eficiente empleado si se utiliza bien”, sentenció.
A juicio del especialista, una de las soluciones sería abaratar los costos de las producciones agrícolas; sin embargo, múltiples factores conspiran, entre ellos el valor creciente de la fuerza de trabajo en el campo. Solo para ilustrar, actualmente nadie labora la tierra por menos de 100 pesos la jornada, apuntó.
A esos problemas —apuntó— se suma la descapitalización de la agricultura, uno de los sectores más endeudados con el presupuesto del Estado. “Y en medio de esas circunstancias, es difícil encontrar incentivos para que la gente produzca más”.
Es innegable que las jóvenes transformaciones en el sector agropecuario han dado frutos en la calidad, variedad y mayor gestión de ventas de los productos, sobre todo, entre los nuevos actores de la economía cubana; pero ello no ha repercutido en un alivio para el bolsillo de la gente.
Como todo experimento, los actuales deben irse calibrando sobre la marcha, dándoles lija fina hasta pulirlos. La mira no debe perder su enfoque: la satisfacción del consumidor en dos componentes básicos, precio y calidad.
De acuerdo con el Decreto 318 del 2013, los sujetos autorizados para realizar ventas de productos agropecuarios son las empresas estatales, las granjas estatales con personalidad jurídica, las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), las CPA, las CCS, las empresas y unidades presupuestadas que produzcan excedentes en sus áreas para el autoabastecimiento, las cooperativas no agropecuarias comercializadoras de productos agropecuarios, los agricultores pequeños, el vendedor mayorista de productos agropecuarios, el vendedor minorista de productos agropecuarios, y el carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria.
