Nuevas políticas relativas al sector de la vivienda entrarán en vigor próximamente y no echan por tierra lo legislado hasta la fecha, según aseveraban los rumores... En 2015 se mantiene todo lo legislado en relación con la permisibilidad de efectuar compra-venta de viviendas, donaciones y transmisiones de propiedad. (Fernando Medina Fernández / Cubahora)


Ana María Domínguez Cruz - Cubahora.- Llovían los rumores hace meses… “No se podrá vender casas en el país el próximo año…Se eliminará la posibilidad de realizar los trámites permitidos hasta el momento… El Estado no va a asignar más viviendas….” Cuando el río suena, claro que algo trae en su corriente, pero no eran más que buenas nuevas. Todo lo legislado hasta la fecha en relación con la permisibilidad de efectuar compra-venta de viviendas, donaciones y transmisiones de propiedad en otras variantes, se mantiene vigente.

  • Instituto de Planificación Física adscrito al Ministerio de Economía y Planificación. Entidad encargada de la planificación, el ordenamiento territorial y el urbanismo.
  • Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas. Institución creada en Cuba en 1959 con el objetivo de transformar la Lotería Nacional en un instituto que permitiera superar el juego de azar y utilizar la recaudación para la construcción de viviendas.
  • Según el Censo de Población y Viviendas 2012:
  • La población cubana vive en 3 millones 885 mil 900 unidades de alojamiento.
  • El promedio de personas por vivienda es de 2,87.
  • Las viviendas particulares son 3 millones 882 mil 424.
  • El 93,2 por ciento de las viviendas particulares son casas y apartamentos.
  • Los cuarterías, bohíos y viviendas improvisadas disminuyeron en un 2,5 por ciento.
  • Según el Censo de Población y Viviendas de 2002:
    • La cantidad de personas por vivienda se fijó en 3,16
    • El total de unidades de alojamiento en 3 millones 534 mil 327.
    • Las viviendas particulares en 3 millones 527 mil 994.

Las nuevas políticas, aprobadas en la última reunión del Consejo de Ministros y comentadas por Marino Murillo en la recién celebrada Asamblea Nacional del Poder Popular, ponen en evidencia una vez más que el Estado en Cuba no desampara a su pueblo y que no cesa de pensar en la forma que las transformaciones propuestas le beneficien cada vez más y tributen al desarrollo del país.

En correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido, del 122 al 129 y en especial, el 173 que establece la eliminación de las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, entrarán en vigor próximamente nuevas medidas luego de la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las normas jurídicas correspondientes para su implementación.

SI DE SUBSIDIOS SE TRATA…

Desde mayo de 2012, cuando la política para el otorgamiento de subsidios se inició en el país, se han atendido con este propósito a 191 268 personas en los Consejos de la Administración Municipal. Adalberto Carbonell, director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios, señaló que en el tiempo transcurrido se elevaron 149 201 expedientes a esa instancia, y de ellos han sido aprobados 60 664 para un total de 24 187 acciones constructivas.

“Para el presupuesto de 2015 se previeron 844 millones de pesos para los subsidios, aunque se depende en gran medida de los niveles de venta de los materiales de la construcción porque si sucede como este año, en el que se planificaron 787 millones de pesos para esta acción y en el que el nivel de estas ventas no fue el esperado, no se podrán distribuir”

Carbonell aclaró que está establecida la existencia de una provisión de gastos, un mecanismo contable que permite que el dinero destinado a los subsidios que no se entregó al término de un año fiscal, se distribuya en enero del año siguiente.

“Entre las modificaciones previstas con la entrada en vigor de estas políticas tendremos la cancelación del subsidio cuando el beneficiario no quiera hacer uso de él, o cuando se compruebe la existencia de documentación falsa en el proceso de solicitud. También cancelaremos el otorgamiento del dinero con este fin si la persona que lo solicite fallece o abandona al país, luego de lo cual analizaríamos la situación de las personas que quedarían conviviendo en la vivienda”.

Al respecto, Yusimí Campos, directora Nacional de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social afirmó que es obligación de las direcciones de Trabajo evaluar las nuevas condiciones que se generan en ese núcleo familiar.

“Hay que tener en cuenta la situación laboral de cada miembro, los gastos y obligaciones bancarias, y a partir de ahí se debe hacer un análisis de los ingresos que van quedando para el resto de los servicios básicos. La solvencia económica de la familia determinará que se le entregue nuevamente el subsidio o no”, agregó la funcionaria.

Carbonell precisó que para presentar las solicitudes a los Consejos de Administración Municipal hay que esperar los dos momentos al año en los que se efectúan las convocatorias. Con un plazo tope de 70 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de los casos presentados, estas instancias harán público los resultados.

ME DAN UNA CASA… ¿LA TENGO QUE PAGAR?

El propietario de una vivienda otorgada por el Estado o aquel que reciba una en ejecución para que su terminación la realice por esfuerzo propio así como el dueño de una casa construida totalmente gracias a un subsidio otorgado adquirirán responsabilidades para con el Estado durante los primeros 15 años luego de la tenencia de la vivienda.

Santiago Herrera, director de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, explicó que estos propietarios pueden realizar cualquier acción de transmisión de la propiedad, donación y venta del inmueble una vez que obtengan la titularidad del mismo pero si desean permutar, donar o vender el inmueble, deben resarcirle al Estado su monto.

“En el caso de una permuta, el nuevo dueño adquiere la responsabilidad luego del trámite si aspira a una posterior venta y sucede igual en el caso de los parientes hasta un cuarto grado de parentesco a quienes se les done la vivienda. Ellos no asumen ninguna responsabilidad de pago en ese momento; pero sí en el futuro, ante cualquier trámite que deseen realizar con el inmueble”.

Las nuevas políticas traerán consigo la puesta en práctica de un valor referencial que se relaciona con la aplicación de los impuestos sobre la transmisión de bienes y herencias, y sobre los ingresos personales en los actos de compra-venta.

Vladimir Regueiro, director de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que dicho valor referencial es una adecuación de la normativa fiscal, y que será el límite fijado para realizar cualquier trámite de compra- venta de un inmueble.

“Muchas personas han fingido una donación y en realidad han efectuado una compra -venta, además de que siempre se declaran precios subvalorados ante la ley. Ahora, con la implementación de este valor referencial, habría una correspondencia entre el pago del impuesto y las capacidades económicas reales del ingreso de cada persona natural involucrada en esta transmisión.

Raquel Rodríguez Gato, del Grupo de Construcción e Inversiones de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos advirtió que en dependencia de las características de la vivienda y su ubicación, cada persona identificará en una tabla de valores —a publicarse en la Gaceta Oficial— el valor referencial que le corresponde a su casa.

CUANDO LA “AUSENCIA” IMPIDE PEDIR…

Ausentes están, desde el punto de vista legal, alrededor de 20 021 familias cuyas casas fueron afectadas por eventos meteorológicos y comenzaron a repararlas o construirlas en el mismo lugar sin cumplir con la documentación técnica establecida o en el mismo lugar donde la edificaron, tiempo atrás, sin registrarla.

Oris Silvia Fernández, funcionaria del Ministerio de la Construcción, puntualizó que el análisis de su situación y la urgente legalización que debe tramitarse permitirá que estos núcleos puedan optar por créditos, subsidios u otras alternativas para darle el acabado.

“En Camagüey, tenemos 9 660 familias en esa situación; 5 817, en Las Tunas; 1 884, en Holguín; 1 221, en Santiago de Cuba; 351, en Artemisa; 21, en Villa Clara; 228, en Cienfuegos; 402, en Granma y 437, en Guantánamo. En esos territorios les daremos prioridad a los casos de personas afectadas por fenómenos meteorológicos, albergados y casos sociales, en el otorgamiento de viviendas aún no terminadas por el Estado pero cuyo proceso constructivo puede ser desarrollado por esfuerzo propio.

Cuba perfecciona su sistema y lo hace teniendo en cuenta las carencias de los más necesitados, sin que ello implique abrirles las puertas a las ilegalidades, las corrupciones, las “ingenuidades”…

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