El último cuerpo legal sustantivo que aprobó el Parlamento —no considero aquí la ley rutinaria que promulga en diciembre de cada año para aprobar el Presupuesto del Estado— fue la Ley de Inversión Extranjera, en sesión extraordinaria de marzo de 2014. En diciembre de 2013, fue el debate y aprobación del polémico Código de Trabajo.
Lo contradictorio del asunto es que en septiembre del 2014, el secretario del Consejo de Estado, según publicó el diario Juventud Rebelde, afirmó que “los próximos años tendrán una agenda legislativa intensa”.
Fue la ocasión en que mencionó también, para alegría nuestra, que entre esas prioridades estaba el nuevo Código de Familia. Pero esa no es la única ley que está en el tintero desde hace ya mucho tiempo.
Otras que mencionaron en ese momento son el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Ejecución de Sanciones; la Ley de Funciones y Servicios Policiales y el Código de Contravenciones.
La propia Ministra de Justicia, en entrevista anterior, también mencionó normas en estudio como la Ley de Empresas, la Ley de Cooperativas y la Ley del Agua. Con posterioridad ya hubo, además, mención oficial a la necesidad de una nueva Ley Electoral.
Pero hay otros muchos reclamos sociales que ni siquiera parecen estar entre esas perspectivas, como la propuesta de una Ley de Cine que desde hace tiempo promueve un grupo de intelectuales importantes; o la Ley de Identidad de Género, que las propias autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y otros dirigentes del país esgrimieron como argumento para no incorporar la no discriminación por ese motivo en el nuevo Código laboral.
Y así, casi en cualquier esfera específica de la economía, los asuntos sociales o técnicos, hay una cartera de insatisfacciones con los cuerpos jurídicos, que pueden ser de carácter tan variopinto como la ley para el pago a los innovadores y racionalizadores, o la que versa sobre la recuperación de materia prima, por citar solo otros dos ejemplos que conozco.
Lo cierto es que la actualización del modelo económico y social a partir de la implementación de los lineamientos del VI Congreso del Partido conlleva la necesidad de legislar en muchos aspectos de la vida cubana, incluso hasta la modificación de la Constitución, lo cual adelantó el propio Raúl Castro en febrero de 2013.
El procedimiento hasta ahora es la conceptualización y definición de las políticas, luego su debate y aprobación por el Buró Político del Partido y el Consejo de Ministros, y por último todo el trabajo de plasmación de esa política en los cuerpos jurídicos que sean necesarios para su cumplimiento.
Este proceso incluye una exhaustiva revisión de toda la dispersa legislación vigente, sus correlaciones e impactos sobre otras normas, así como la incorporación de los criterios jurídicos internacionales más novedosos sobre cada tema, con los ajustes pertinentes a nuestra muy particular realidad nacional.
Aunque el presidente Raúl Castro insiste una y otra vez en la importancia de no precipitar las decisiones y de tomar todas las precauciones para evitar al máximo posibles errores, lo cierto es que esa fase de deliberaciones previas hasta su concreción en leyes al parecer resulta demasiado lenta.
Esa centralización del debate de las políticas y luego su impulso legislativo debería quizás quedar solo para las leyes más esenciales, y promover mayor participación de los organismos e instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y las universidades, e incluso de las diputadas y los diputados, en la propuesta de otras legislaciones de carácter más específico, pero igual de importantes y necesarias.
El propio Parlamento y sus integrantes tendrían incluso que ser más proactivos, para desatascar tanta expectativa legislativa que hoy inquieta a la ciudadanía, y no solo ser simples receptores de las propuestas de leyes que les envían para su discusión.
Son solo algunas ideas. Es muy probable que haya expertos, juristas y dirigentes que no estén de acuerdo con este enfoque, y mantengan el criterio de que es imprescindible la concertación legal de hasta el más mínimo detalle en cada paso que demos.
Pero la tozuda evidencia de la práctica cotidiana demuestra que con la manera actual de hacerlo, no solo demora demasiado la aprobación de leyes, sino que las normas de mayor peso —y por tanto más complejas— absorben en su confección y debate la mayoría del tiempo y de la capacidad técnica y profesional existente, por lo cual desplazan indefinidamente y casi sin esperanzas, a otras legislaciones que tal vez resulten un poco menos complicadas, pero pudieran ser igual de significativas, y algunas quizás hasta urgentes para determinados fines económicos y sociales.
Lo que sí resulta inadmisible es que con tanta agua para mover, nuestro Parlamento tenga sed de leyes, y transcurran tres sesiones ordinarias sin un proyecto que discutir y aprobar.
