Lauren Céspedes Hernández – Granma.- Con la presencia de Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros fue presentado el tema central de la comisión permanente de Atención a los Servicios: Actualización del funcionamiento en el comercio, la gastronomía, los servicios y las Nuevas Formas de Gestión.
A partir de las acciones de control y fiscalización realizadas por los diputados de la Comisión en 11 provincias y 88 municipios del país en el primer semestre del 2015, en áreas del sector tales como el comercio mayorista y minorista, los nuevos modelos de gestión, la calidad, el delito, las ilegalidades y la corrupción se detectaron una serie de irregularidades que dan al traste con la situación actual.
De acuerdo con el informe presentado, entre las cuestiones negativas que persisten están el aumento de precios de productos no respaldados por la calidad, variedad o gramaje; la inestabilidad de algunas producciones (útiles del hogar, de higiene, calzado, lencería, algunos alimentos, bebidas y otros); y el déficit de equipos y piezas de repuesto en talleres y unidades comercializadoras en muchos casos a causa del incumplimiento de los planes de importación o producción desde la industria.
Además sobresalen las limitaciones relacionadas con la garantía de mercados y formas de contratación que permitan mantener las ofertas y servicios, el grave deterioro de establecimientos de comercio y de los equipos de refrigeración en la mayoría de las unidades; el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la existencia de inventarios ociosos en almacenes y unidades sin la aplicación de lo establecido.
También figuran en esta lista de dificultades, las relacionadas con la débil aplicación del sistema de control interno y de su plan de medidas; deficiencias en la contabilidad, incumplimiento de las normas jurídicas que rigen las actividades de comercio; errores en la aplicación de la Resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; deterioro en los métodos de organización y constancia en la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción e indisciplinas sociales.
Por otro lado, según señala el informe, no obstante a que se ha logrado extender la posibilidad de pago en CUP, medida encaminada a poner en marcha la unificación monetaria y cambiaria, no se aprecia en la actividad comercial minorista el porciento previsto en los planes de crecimiento en sus ventas.
Los resultados alcanzados en la esfera de la producción se consideran superiores a los logrados en los servicios en el país, pues la prestación de estos impone el reto de las buenas y eficientes prácticas en el contacto directo con la población y no se cuenta en todos los escenarios del sector con los especialistas, directivos y empleados con el grado de preparación y responsabilidad para estas actividades.
En cuanto al tema de las Cooperativas no Agropecuarias (CNA) en este semestre se han consolidado los Grupos de Trabajo Temporal para la implantación de la política en la aplicación de formas no estatales de gestión en las actividades de gastronomía, servicios personales y técnicos de uso doméstico en el comercio interno.
Han sido aprobadas hasta la fecha 498 cooperativas no agropecuarias, de ellas 204 corresponden a las actividades de la gastronomía y los servicios, lo cual representa el 59 % de las ya creadas. Las provincias de La Habana (172 CNA), Artemisa (60 CNA) y Matanzas (19 CNA), muestran las mayores cantidades y ya se tienen 205 nuevos proyectos en evaluación.
En el informe se exponen un grupo de elementos positivos que han derivado de esta nueva forma de gestión no estatal como el incremento de las ofertas y los servicios, la extensión de los horarios de trabajo, mejorías en la disciplina laboral, aumento de la autonomía y la gestión interna y reducción en los gastos de esta última entre otras ventajas.
Sin embargo, simultáneamente se reconoce que los problemas relativos a los precios, el abastecimiento, la transportación, la contratación, los tributos, el mantenimiento y recuperación de locales y la capacitación han limitado el alcance y los resultados del experimento.
“Tras realizar en el primer semestre del 2015 el primer control integral estatal al Ministerio del Comercio Interior, ejecutándose 58 acciones de control, fueron detectadas 7 901 deficiencias y aplicadas 340 multas. De las 27 auditorías, 17 obtuvieron calificación de deficiente o mal. Estos resultados evidencian que nuestra Comisión debe profundizar en las guías de fiscalización y control que permitan un mejor análisis en el cumplimiento de las directivas, dando prioridad a la implementación de las nuevas formas de gestión, sus procesos de contratación económica, el reordenamiento laboral, el desarrollo del trabajo por cuenta propia, la organización y constancia en la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales así como la atención a los planteamientos”, informó a los diputados Tania Duconger Alarcón, presidenta de la comisión.
Por otra parte, también se discutió sobre la situación y perspectivas de programas que durante periodos anteriores fueron motivo de análisis, como el programa del yogurt de soya.
En este sentido Iris Quiñones Rojas, presidenta del Grupo de la Industria Alimentaria precisó que las dificultades con el abastecimiento del producto para la canasta familiar, el consumo social, la merienda escolar y la venta liberada entre otros resultaron de la caída de la producción.
Esta disminución -explicó- fue generada por factores subjetivos como inestabilidad en directivos y cuadros de las empresas lácteas, insuficiente capacitación técnica de los obreros (se perdieron los programas de recalificación de tecnólogos en la industria), indisciplina tecnológica y violaciones de procedimientos operacionales del trabajo, insuficiencia en la certificación de las técnicas, acreditación de métodos de ensayo y sistemas de gestión que provocan afectaciones en la calidad, violaciones en los flujos productivos y en las condiciones higiénico-sanitarias y el incumplimiento del plan de prevención y ocurrencia de hechos delictivos y de corrupción.
“Unido a estos –añadió- conspiran los problemas objetivos como la obsolescencia tecnológica de la industria, sistema de envasado y el transporte especializado, el deterioro de los sistemas de refrigeración, congelación, aire y vapor, el incumplimiento en las inversiones, el déficit de envases y embalajes y la inestabilidad en la calidad del frijol de soya.
Quiñones Rojas significó que los altos índices de paralización de equipos auxiliares de este ramo están motivados por una inadecuada política de mantenimiento.
“Existen las condiciones para aprovechar más del 70 % de las capacidades para la producción del yogurt, para recuperar y mantener estable ese volumen de producción. Por eso se diseñó un plan de importación de equipos con un presupuesto de 21 millones de pesos. Entre el 2015 y el 2016 se dispone y solo se podrá ejecutar el 43 % de ese total”, dijo.
En el debate que sucedió al balance y la intervención de los representantes de los organismos y ministerios implicados, Pablo Hernández, diputado por el municipio Diez de Octubre de la provincia La Habana se refirió a que el problema del yogur de soya sigue latente, el consumo de la población sigue afectándose. “Y está claro que por las razones explicadas no se pueda revertir la situación totalmente, al menos por ahora, pero sí se puede procurar que el producto llegue en mejor estado de conservación a los consumidores”.
A partir de la existencia del programa de recuperación para la refrigeración comercial al que se refirió Mary Blanca Ortega ministra de Comercio Interior (Mincin), Leopoldo Naranjo, diputado por Santiago de Cuba opinó sobre la necesidad que se enfatice en la reparación de los equipos y medios industriales, tanto o más que en la reposición de los mismos. También aludió “al aumento de los precios de algunos productos o servicios en establecimientos estatales que han pasado a otras modalidades de gestión, y al problema aún sin resolver de la reventa y el delito para el suministro de insumos de esos establecimientos”. Naranjo recalcó que todas las partes involucradas: administradores, inspectores, la policía y otros sistemas como los tribunales deben hacer cumplir estrictamente sus funciones para que el trabajo por cuenta propia y sobre todo las cooperativas no agropecuarias influyan en el bienestar y calidad de vida de las personas.
Mary Blanca Ortega, ministra del Mincin, se refirió al programa metrológico nacional que se desarrolla desde el 2014 y hasta el 2016. Con él se pretende proveer a todas las unidades comerciales con los instrumentos medición requeridos para la eficiente comercialización de los productos. “Todas las empresas de comercio en los territorios deben trabajar por ese plan a partir del cual se demandan las necesidades concretas de los establecimientos, a nivel de municipio y luego de provincia. Este plan incluye a las formas de gestión no estatales como garantía para procurar un buen servicio a la población”, apuntó.
Ortega explicó que se ha hecho un proceso de identificación de los productos más demandados por la población y una evaluación de sus precios.
“Se ha hecho un diagnóstico en La Habana y se ha dado como muestra al resto de las provincias, del sistema de abastecimiento para el comercio interno, de cómo está actualmente y de cómo debe de quedar para que tanto las comercializadoras mayoristas como productores poder abastecer directamente a las formas de gestión no estatal, entiéndase cooperativas no agropecuarias que son las que van a tener esta relación contractual”.
