Marjorie Cohn - teleSur.- Obama aún tiene que cumplir la promesa que hizo el 22 de enero de 2009 en su orden ejecutiva para cerrar la Base de Guantánamo, "no más tarde de un año desde la fecha de esta orden". Las personas que queden allí en el momento del cierre, Obama escribió: "serán regresadas a su país de origen, liberados, transferidos a un tercer país, o transferidos a otro centro de detención en Estados Unidos, de una manera consistente con la ley y los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos".

Después de amenazar con vetar el proyecto definitivo de la Ley Anual de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), en parte debido a que prohíbe el traslado de detenidos de Guantánamo a Estados Unidos y refuerza las barreras para enviarlos a otros países, Obama cedió. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Obama firmaría la legislación, que aprobaron por abrumadora mayoría la Cámara y el Senado. Bernie Sanders fue uno de los tres senadores que votó en contra del proyecto.

Casi siete años después de la promesa de Obama, 112 hombres permanecen en Guantánamo, la mitad de los cuales han sido aprobados para su liberación. Obama ha liberado a 54 presos y está revisando casos de otras personas.

En marzo de 2011, Obama designó a 46 hombres para permanecer en detención indefinida sin juicio, pero prometió una revisión periódica de sus casos. La detención arbitraria viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado que los Estados Unidos ha ratificado, por lo que es parte de la ley del país bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Las revisiones periódicas no comenzaron hasta noviembre de 2013, impulsadas por las huelgas de hambre en la prisión. Las revisiones continúan realizándose. Como resultado de estas revisiones 14 hombres más calificaron para ser liberados y cinco de ellos ya han sido puestos en libertad.

En abril de 2013, Obama dijo: "Creo que es muy importante entender que Guantánamo no es necesario para mantener más seguro a Estados Unidos...nos perjudica en términos de nuestra posición internacional...es una herramienta de reclutamiento para extremistas. Tiene que ser cerrado". Sin embargo, sigue abierta.

Una de las restricciones a la transferencia requiere que el Secretario de Defensa notifique al Congreso 30 días antes de la transferencia, que sería bueno para la seguridad nacional. Pero para evitar ser personalmente responsable si un detenido se convirtiera en terrorista, el ex Secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha vacilado en permitir transferencias. En realidad, sólo siete por ciento de los detenidos liberados durante el mandato de Obama regresaron a actividades terroristas, en comparación con el 19 por ciento durante la presidencia de Bush.

Según los informes, Obama está preparando un plan para acelerar la transferencia de la mitad de los prisioneros de Guantánamo restantes a sus países de origen o a otras naciones dispuestas a recibirlos. El plan también establece nuevos protocolos de seguridad para evitar que los detenidos regresen a actividades terroristas, una vez liberados.

Los expertos militares están llevando a cabo encuestas en las cárceles de Estados Unidos para un posible traslado de detenidos. Incluyen la prisión militar del Fuerte Leavenworth, Kansas; ‘The Naval Consolidated Brig’, en Charleston, Carolina del Sur; y la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos en Florence, Colorado.

A pesar de la NDAA, Obama tiene el poder de cerrar Guantánamo. El ex consejero de la Casa Blanca Gregory Craig y Cliff Sloan, ex enviado especial para el cierre de Guantánamo, sostienen, "el Presidente no necesita la autorización del Congreso para actuar". Escribieron en el Washington Post: "En virtud del artículo II de la Constitución, el Presidente tiene la facultad exclusiva de regular las instalaciones en las que se encierran a detenidos militares...la determinación del lugar donde se los detiene es un juicio táctico básico del papel del Presidente como Comandante en Jefe".

De acuerdo con Craig y Sloan, "la supuesta prohibición del Congreso sobre la financiación de cualquier movimiento de los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos restringe donde los detenidos por "ley de guerra" se puedan detener y evita que el Presidente desempeñe su función constitucionalmente asignada de tomar decisiones tácticas militares. En consecuencia, viola la separación de poderes".

El teniente coronel David Frakt, que ha representado a detenidos de Guantánamo ante las comisiones militares y en los procedimientos de habeas corpus federales, está de acuerdo. "Cuando el Gobierno de Obama realmente quiere transferir a un detenido, es capaz de hacerlo", escribió el JURISTA. Dijo que Obama debería instruir a su Fiscal General para que informe a la Corte del Circuito de Apelaciones del DC, que el Departamento de Justicia no considera que los detenidos absueltos sean sujetos de detención.

El coronel Morris Davis, ex Fiscal Jefe de los Juicios de terrorismo en Guantánamo, personalmente acusó al chofer de Osama bin Laden, Salim Hamdan, al australiano David Hicks, y al adolescente canadiense Omar Khadr. Los tres fueron declarados culpables y han sido liberados de Guantánamo. "Hay algo fundamentalmente mal con un sistema en el que no ser acusado de un delito de guerra te mantiene encerrado indefinidamente y la convicción por un crimen de guerra es tu boleto a casa", Davis escribió a Obama.

De los 780 hombres detenidos en Guantánamo desde 2002, sólo ocho fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra. De ellos, sólo tres permanecen en Guantánamo. Muchos de los detenidos denunciaron haber sido agredidos, sufrieron encadenamiento prolongado, abuso sexual y amenazas con perros. El abogado australiano Richard Bourke, que ha representado a varios detenidos en Guantánamo, ha acusado de que han sido sometidos a la buena "tortura a la antigua". Los detenidos que participan en huelgas de hambre son sometidos a alimentación forzada, una práctica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al menos siete hombres han muerto en el campo de prisioneros.

Los Estados Unidos han ocupado ilegalmente Guantánamo desde 1903, después de la guerra de Independencia de Cuba contra España. Cuba se vio obligada a incluir la Enmienda Platt en la Constitución Cubana. La enmienda concede a Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba como un requisito previo a la retirada de las tropas estadounidenses del resto de Cuba. Esta disposición proporciona la base para el Acuerdo de 1903 sobre Carboneras y Estaciones Navales, que dio a Estados Unidos el derecho a utilizar la bahía de Guantánamo "exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro propósito".

El presidente Franklin D. Roosevelt firmó un nuevo tratado con Cuba en 1934 que permite a los Estados Unidos permanecer en la Bahía de Guantánamo hasta que los EE.UU. abandone o hasta que Cuba y los Estados Unidos estén de acuerdo en modificar su arreglo. Según ese tratado, "los acuerdos establecidos en [1903] con respecto a la estación naval de Guantánamo continuarán en vigor". Eso significa que la Bahía de Guantánamo no se puede utilizar para otra cosa que carboneras o estaciones navales. El artículo III del Tratado de 1934 también dice que Cuba arrienda la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos, "para carboneras y estaciones navales". En ninguna parte de cualquiera de los tratados, Cuba da a los EE.UU. el derecho de utilizar la bahía de Guantánamo como un campo de prisioneros.

El ex presidente cubano Fidel Castro ha mantenido durante mucho tiempo que Guantánamo es parte de Cuba y que los EE.UU. la ocupa ilegalmente. Uno de los requisitos del Presidente cubano Raúl Castro para la normalización de las relaciones con los Estados Unidos es la devolución de Guantánamo a Cuba.

Si hay causa probable para creer que un detenido ha cometido un delito, este debe ser enviado a Estados Unidos para que sea juzgado en un Tribunal Federal. Los detenidos restantes deben ser devueltos a sus países de origen o a terceros países si eso no es posible. Después de cerrar completamente el campo de prisioneros, Obama debería devolver la Bahía de Guantánamo a Cuba, su legítimo propietario.

**Marjorie Cohn es profesora en Thomas Jefferson School of Law, ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, y Subsecretaria General de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Su libro más reciente es "Drones y asesinato selectivo: Derecho, Moral y cuestiones geopolíticas" Ver www.marjoriecohn.com

El último rezago de la Enmienda Platt

Pedro Antonio García Fernández - Cubahora.- Cuba reclama desde 1959 la devolución del territorio nacional usurpado por la Base Naval de Guantánamo, totalmente obsoleta desde un punto de vista militar.

La base naval de Guantánamo tiene una extensión de 117 kilómetros cuadrados: la mitad, tierra firme y una cuarta parte, pantanos.

El 25 de febrero de 1901, cuatro días después de que la Asamblea Constituyente en La Habana aprobara el texto definitivo de la Carta Magna que debía regir en la futura república de Cuba, se iniciaron los debates en el Senado de los Estados Unidos sobre una enmienda presentada por el congresista Orville Platt.

Este proyecto de ley reglamentaba las relaciones que habrían de existir entre la nación norteamericana y la Isla, una vez obtenido esta última su independencia. El 27 de ese mismo mes los senadores imperiales aprobaron por simple mayoría la enmienda.

La Cámara de Representantes lo ratificó sin modificación alguna el primero de marzo. Ese mismo día, el presidente McKinley la sancionó como ley y sobre ella cursó instrucciones precisas al gobernador impuesto por las tropas estadounidenses de ocupación en Cuba, general Leonard Wood.

Veinticuatro horas después, Wood comunicó a la Asamblea Constituyente cubana que el texto de la Enmienda Platt tenía que ser incluido como apéndice de la Constitución de la Isla. Este documento refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba cuando lo estimara necesario.

Entre otros acápites controvertidos, la enmienda determinaba que “para poner en condiciones a los Estados Unidas de mantener la independencia de Cuba […], el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados”.

Juan Gualberto Gómez deviene en este momento figura cumbre de la nacionalidad cubana. Ya antes, en noviembre de1900, le había recordado al interventor que no es de la Constitución, sino del Gobierno de Cuba, una vez ella independiente, elegido por el pueblo, la tarea de regular las relaciones con el vecino norteño.

También alzó su voz Cisneros Betancourt, tanto contra la enmienda injerencista como, particularmente, contra el inciso que estipulaba lo de las bases navales. Con respecto a esto último, expresaría: “¡Qué astutos son y como se interesan por sus bienes propios!… Con esta condición cercenan el territorio cubano”.

Tras una lucha de meses, 16 constituyentes se declararon vencidos y votaron a favor de la inclusión del texto de la Enmienda a la Carta Magna; once mantuvieron su oposición (entre ellos Juan Gualberto y Cisneros), cuatro estuvieron ausentes de la votación.

Una vez alcanzada la independencia formal, el 20 de mayo de 1902, Washington presionó para la firma de los tratados que la Enmienda estipulaba como obligatorios. El 16 de febrero de 1903 en La Habana y el 23 del propio mes en la capital estadounidense, se suscribía el Tratado sobre bases navales y carboneras.

En un principio se determinó el arriendo de tierras en Guantánamo y Bahía Honda. Nueve años después Estados Unidos renunció a “sus derechos” sobre la bahía artemiseña pues le interesaba más ampliar el área de la base de Guantánamo, lo que por supuesto logró concretar.

Entonces al enclave injerencista le llamaban “estación naval”. En 1943 la denominaron “base naval de operaciones” y desde 1952, “base naval”, como hasta nuestros días. Su extensión es de 117 kilómetros cuadrados: la mitad, tierra firme y una cuarta parte, pantanos. La línea costera se extiende por unos 17 kilómetros

Nunca esa base naval ha servido para preservar la independencia cubana. Más bien resultó ser “un trampolín de agresiones”, como le califica el historiador René González Barrios.

Pocos días después de estallido de la protesta armada de los Independientes de Color (mayo de 1912) más de 3 000 marines desembarcaron en la Base. Desde allí marcharon a Daiquiri y El Cobre y se desplegaron a lo largo de la línea férrea guantanamera para proteger propiedades yanquis.

Cinco años más tarde, con la sublevación de los liberales, más conocida como “la guerrita de La Chambelona”, miles de marines y soldados usaron la Base como trampolín para dislocar tropas por Camagüey y Oriente. Todavía en 1918 quedaban 30 000 de ellos custodiando haciendas y empresas de ciudadanos norteños.

A la vez, en los años de la república neocolonial, la Base Naval devino antro de corrupción para muchachos y muchachas. Varias pandemias proliferaron en los poblados vecinos con motivo de su cercanía: juego, prostitución, drogadicción, contrabando de todo tipo, pedofilia.

Según los historiadores locales, 27 prostíbulos funcionaban en la zona, que albergaban más de medio millar de meretrices, sin contar las cuarterías clandestinas, casi siempre destinadas a prostitutas negras, porque ningún burdel podía incluirlas en su nómina, de acuerdo a una ley nunca escrita.

Tres médicos atendían la salud en esos establecimientos para que ellas “no enfermaran” a los efectivos acantonados en la base. En cambio, en Caimanera, el pueblo más cercano, no había médico establecido, sino uno que venía de otra localidad semanalmente a la Casa de Socorros.

En los años de Revolución, después de 1959, se construyeron solo en Caimanera un policínico integral, un materno infantil y 13 consultorios del médico de la familia.

Aunque en 1934 se derogó oficialmente la Enmienda Platt al convenir los gobiernos de Estados Unidos y Cuba la anulación del Tratado Permanente de 1903, que prácticamente calcaba los incisos de la enmienda injerencista, no se produjeron cambios con respecto al status de la Base Naval de Guantánamo.

Incluso fue tan servil el régimen de Batista-Mendieta que no se atrevieron entonces a sugerir una fecha límite de ocupación del territorio usurpado, aunque en la legislación internacional un tratado de ese tipo caduca obligatoriamente al siglo de ser suscrito.

Por el arriendo de la base, Estados Unidos pagó desde 1934 un poco más de 3 millones de USD anuales. Hoy pretenden sufragar unos 4 millones. Pero desde febrero de 1959, cuando Fidel asumió como primer ministro del Gobierno Revolucionario, se dejó de cobrar esa suma.

De esa fecha acá, Cuba reclama la devolución de ese territorio que en los últimos años, totalmente obsoleto desde un punto de vista militar, solamente ha servido para las provocaciones contra nuestro país, las cuales han costado las vidas de varios compatriotas guardafronteras.

En fecha más reciente, han utilizado esa parte del suelo cubano ilegalmente usurpado como campo de concentración para emigrados cubanos y haitianos ilegales y de prisioneros de sus guerras de agresión.

La devolución de ese territorio cubano constituye otro punto neurálgico en la normalización de las relaciones entre los dos países.