A raíz de la publicación de las medidas para el ordenamiento de la comercialización de productos agrícolas, directivos del Ministerio de Finanzas y Precios respondieron las dudas e inquietudes de los cibernautas en la versión online de nuestro periódico. Maritza H. Ruiz Rodriguez, especialista de comunicación Minag y el compañero Roberto Díaz Figueroa, especialista de contablidad y precios: Minag en linea con la poblacion. Foto: Ismael Batista

Granma.- Si bien las medidas para el reordenamiento de la comercialización de productos agrícolas, anunciadas el pasado martes en este periódico, significan un escaño de avance que repercutirá en el bolsillo de los consumidores, su anuncio suscitó dudas e inquietudes de los cibernautas de Granma, en un foro online convocado por este rotativo.

En la entrevista participaron Maritza Ruiz Rodríguez y Ro­berto Díaz Figueroa, especialistas de Comunicación Ins­titu­cional y Contabilidad y Precios del Ministerio de la Agricultura (Minag), respectivamente.

Preocupaciones reiteradas fueron las de los usuarios que cuestionaron por qué establecer los precios a todos los tipos de mercados agropecuarios, excepto los de oferta y demanda y los vendedores ambulantes (carretilleros), así como los arrendados por cuentapropistas (estos últimos en el caso de La Ha­bana), decisión que pudiera provocar el acaparamiento por parte de estas figuras.

Una usuaria nombrada Tamara lo expresó con suficiente claridad: “Si esta medida no se impone a todos, incluidos oferta y demanda, particulares, quioscos, carretilleros... no se re­suelve nada... Primero ellos comprarán en el estatal barato y le revenderán al pueblo al precio que quieran, cosa que ya hacían y seguirán haciendo. ¿Qué se tiene pensado hacer al respecto?”.

Incluso, varios coincidieron en que la respuesta pudiera encontrarse en la aplicación de una tasa máxima, superior a la estatal: “…si quieren dejar que el particular venda a un precio superior ok, porque te lo acerca a la casa etc... Pero tópaselo también, haz un listado para ellos que ampare al pueblo...”, comentó uno de los lectores.

Al respecto, los especialistas del Minag explicaron que “corresponde a las administraciones de los mercados, a las autoridades administrativas del municipio y al gobierno en el territorio, hacer cumplir lo establecido en la Resolución con el apoyo de la población para que estas indisciplinas no sucedan”.

No obstante, indicaron que pudieran sumarse a esta medida otras formas de comercialización, pero ello “corresponde a los presidentes de los consejos de la Administración Provincial del Poder Popular. Esto se hará de forma gradual a medida que se entienda oportuno en cada territorio”. Añadieron, además, que se perfeccionarán las formas de regulación, que favorezcan tanto el mayor estímulo a la producción, como la protección del consumidor.

“A medida que se incremente la contratación agropecuaria con precios que estimulen al productor, garantizándole un margen de utilidad aceptable, se continuará incrementando el nivel de contratación, por lo que la oferta en los mercados agropecuarios debe ser estable y a estos precios máximos aprobados”, explicaron.

Por otro lado, añadieron que existen, en la capital, 106 mercados agropecuarios estatales, nueve del EJT y 75 coo­perativas no agropecuarias que ejercen la venta minorista a los precios máximos aprobados, a los que puede asistir la población en los horarios establecidos. “Están creadas las condiciones para incrementar la contratación con los productores por parte de las empresas acopiadoras”.

“Se debería tener en cuenta cada lugar específico, porque no es lo mismo una libra de plátano a más de dos pesos en La Habana que en Buey Arriba por solo citar un ejemplo”, expresó el lector Noelvis Hernández, a lo que los directivos respondieron que “el concepto de precio minorista máximo permite que en cada territorio, según las condiciones propias se puedan disminuir los aprobados, nunca incrementarlos”.

Con el nombre de Carlos, otro de los usuarios —que catalogó como “buena” la medida— mostró inquietud con el de­sabastecimiento que pudiera provocar. Sobre este parti­cular los funcionarios explicaron que estas experiencias “sir­ven para ir monitoreando cada tres meses con los productores la producción estimada en el campo y ratificada para mantener el abastecimiento adecuado a las demandas de la población”.

Sobre los altos precios a los que tienen que adquirir los insumos los agricultores —una variable que repercute en los costos— se pronunció el forista Alfonso: “¿Van a venderle a los campesinos los fertilizantes y otros productos que se necesitan para producir a precios moderados?”.

En ese sentido, los expertos respondieron que “el Grupo Empresarial de Logística del Minag tiene entre sus planes el abastecimiento de insumos fundamentales contratados con la base productiva, por lo que al menos los recursos disponibles se entregan a aquellos productores que tengan contratadas sus producciones con empresas comercializadoras estatales. Estos precios aprobados obedecen al costo de producción más un margen de utilidad por cada cultivo”.

Ante el análisis de una lectora sobre la necesidad de armonizar los precios de los productos con el salario, y por consiguiente la importancia de continuar disminuyéndolos, comentaron que en ello influirá “la aplicación de mejores tecnologías en la producción agropecuaria” y que “los productores obtengan mayores rendimientos por hectárea a iguales costos”. Entonces, “se revisarán las cartas tecnológicas de cada cultivo y al disminuir el precio de acopio manteniendo las utilidades a los productores, se pueden revisar los precios minoristas a la población”.

Según el usuario Luis, esa cadena es lo que permite a los especuladores “estudiar y aplicar sus métodos para seguir aprovechándose del que vive de su salario”. Los directivos admitieron que aunque son procesos que llevan tiempo, contratar la producción existente en más de un 49 % ha sido una respuesta inmediata que ayuda a incrementar las ofertas en los mercados agropecuarios estatales.

Llama la atención que, a pesar de que según los directivos “fueron capacitadas todas las entidades y establecimientos que comercializan productos agropecuarios para que no existan violaciones de precios”, la experiencia del usuario Abel Noa denota falta de rigor en este tema. Para su sorpresa, al dirigirse a comprar mangos a la Empresa Cítrica de Ceballos, en Ciego de Ávila, el precio del kilogramo había subido “precisamente ese día” de 2,36 a 3,60. “Me traslado al frente a una placita a comprar fruta bomba y al procurar los precios me dice la compañera que vende, que se le había aumentado alrededor de 0,60 ctvs el precio de la libra”.

En la delegación municipal de la Agricultura o el Consejo de la Administración de cada territorio existe la relación de los mercados que deben aplicar estas medidas, se informó a quienes solicitaron conocer con exactitud esta información. Aña­dieron, también, que los precios se encontraban en la Re­so­lución 157/2016, publicada en la Gaceta Oficial de la Re­pú­blica de Cuba.

Para alcanzar el reordenamiento, más allá de estas respuestas, se requiere de que cada cual haga lo que le corresponda para lograr la efectividad en estas nuevas medidas que buscan seguridad, tanto para el productor como para el consumidor.