Por Mariela Castro Espín*/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación.- Desde la identificación del VIH-sida como un problema mundial hasta la actualidad podemos celebrar importantes avances. Sin embargo, persisten posiciones ideológicas y políticas alarmantes que desconocen los aportes del conocimiento científico y de los consensos internacionales, así como derechos humanos consagrados en los principales instrumentos jurídicos para la atención integral de un problema complejo y multicausal. El interés global de poner fin a la pandemia del VIH- SIDA compromete a los Estados miembros con la búsqueda de nuevos derroteros. El injusto sistema internacional imperante, basado en relaciones de dominación, es el principal obstáculo para su solución.
En la experiencia cubana, estos temas están estrechamente vinculados a una estrategia de desarrollo que pone al ser humano en el centro de sus objetivos, desde una concepción de desarrollo general integral, que articula el crecimiento económico en unidad con el crecimiento de bienes, servicios y valores culturales/espirituales para elevar y dignificar la condición humana, no para envilecerla.
Las políticas de la Revolución Cubana han significado el logro de la soberanía nacional, la puesta en práctica de un proyecto de justicia y equidad social, el comienzo de las transformaciones más profundas y radicales en la historia de la nación y su cultura. Constituye un proceso de metamorfosis cultural complejo, propiciador de confrontaciones y diálogos entre generaciones, patrones culturales, clases y estratos sociales en el que las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes han sido simultáneamente beneficiarios y protagonistas, en un proceso de erosión del patriarcado como paradigma de poder.
No ha sido una opción sino un deber la aplicación del enfoque de género y derechos humanos en el diseño e implementación de programas y políticas que garanticen el acceso universal y gratuito a los servicios de educación y salud sin ningún tipo de discriminación; como tampoco es una opción sino deber la asignación de fondos para estos programas. No cabe la menor duda de que la voluntad política es indispensable para lograr los resultados deseados.
Veinte años antes de la aparición del sida, la sociedad cubana experimentaba avances en sus políticas y programas de atención a los derechos sexuales y reproductivos con la participación plena de la sociedad civil. En ese contexto la Federación de Mujeres Cubana, influyente ONG, lideró una estrategia de educación integral de la sexualidad reconocida como responsabilidad del Estado desde 1975. Una educación sexual centrada en la práctica de los derechos plenos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes creó las condiciones para avanzar en otros derechos sexuales e incluir los de las personas LGBTI.
La educación integral de la sexualidad, con enfoque de género y derechos humanos, promueve relaciones de respeto, igualdad de oportunidades, capacidad para tomar decisiones propias y un alto sentido de responsabilidad y solidaridad en las relaciones sociales, sobre la base del paradigma emancipador que inspira los procesos de transformación social y en plena sintonía con las metas que guían a la nación cubana: soberanía, independencia, socialismo, democracia, prosperidad y sostenibilidad.
Las evidencias científicas y las buenas prácticas sistematizadas en Cuba, demuestran que la información y la percepción de riesgo no son suficientes para movilizar conductas responsables ante esta epidemia, por lo que ha resultado indispensable la articulación entre varios programas de prevención, promoción de salud y educación integral de la sexualidad, con la participación del Estado y la sociedad civil, sobre la base de uno de los principios que guía nuestro sistema social: “ser cultos es el único modo de ser libres”.
Poner fin a la epidemia implica disminuir desigualdades sociales y especialmente, eliminar las condiciones sociales que generan estigma, discriminación, exclusión y segmentación social hacia las personas que viven con VIH y otras poblaciones vulnerabilizadas. El propósito es no dejar a nadie atrás, garantizar todos los derechos para todas las personas. Aunque haya voluntad política se requiere un gran esfuerzo ideológico para romper con un arsenal bien estructurado de complejas relaciones de dominación, que siempre, en última instancia, responden a intereses económicos.
Las practicas jurídicas a nivel internacional que criminalizan a las personas por razón de su género, orientación sexual e identidad de género así como la impunidad ante la ocurrencia de crímenes de odio, constituyen violaciones a los derechos y la dignidad humana, cuestión que igualmente atenta contra la estrategia, a la que se nos convoca, para acelerar el final del VIH-Sida.
La estrategia cubana, como política pública, está dirigida a toda la población, y se caracteriza por su proyección social, intersectorial y comunitaria. De acuerdo al comportamiento de la epidemia, son identificadas como poblaciones clave las las personas con VIH-Sida, los HSH, las personas trans, las que son víctimas de explotación sexual y toda la población de jóvenes y mujeres. Es una política de protección y de educación para asumir responsabilidades.
El desarrollo de una estrategia comunicacional y educacional de carácter permanente que alcanza su máxima expresión en el contexto de la celebración internacional del día contra la homofobia y la transfobia ha incidido en el fortalecimiento de una cultura de respeto hacia las personas LGBTI, incluyendo las que viven con VIH-Sida.
La protección jurídica del principio de igualdad y no discriminación y su inclusión en el Código de Trabajo en 2013 ha sido fundamental en la garantía de los derechos de personas históricamente discriminadas y expresión de los esfuerzos del Estado cubano para garantizar más justicia y equidad social. El Partido Comunista de Cuba, en los últimos 5 años, ha impulsado políticas específicas sobre el tema; en fecha reciente reconoció el principio de no discriminación como elemento fundamental en el desarrollo social del país, al mismo tiempo que definió como una de las características fundamentales del ideal de sociedad socialista el reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos y sus garantías, sobre la base de la equidad, inclusión, justicia social y el enfrentamiento a toda forma de discriminación motivada por cualquier distinción lesiva a la dignidad humana, incluyendo el género, la orientación sexual y la identidad de género. Nunca se ha penalizado la transmisión no intencional del VIH y desde hace veinte años no se criminaliza ninguna expresión sexual.
La eliminación de la epidemia es, a la par que un problema de salud, una cuestión de derechos humanos. Avanzar de forma acelerada hacia su fin es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible de la humanidad. Todas las formas de violencia y dominación constituyen violación de derechos. Es responsabilidad de los Estados y de la sociedad civil impulsar los cambios en este sentido. Si aceptamos esta convocatoria es porque tenemos el compromiso de alcanzar sus metas y porque sabemos que existen los recursos para lograrlo sin dejar a nadie atrás.
*Mariela Castro Espín, diputada cubana, sexóloga, directora del Cenesex.
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