István Ojeda Bello - Progreso Semanal.- Los impuestos se parecen a la jardinería. Revise bien qué verter sobre una planta porque la misma sustancia fertiliza a unos pero puede constreñirle el crecimiento a otros, a menos que sea justamente ese el propósito.

Cuba tiene poco más de 10 mil entidades económicas con identidad jurídica reconocida, apenas una décima parte son empresas (mil 956). De otro lado tenemos aproximadamente a 196 mil personas que, ejerciendo el trabajo por cuenta propia, pagan impuestos sobre sus ingresos personales y sus ventas, aunque en este minuto pocos expertos se aventuran en estimar cuántos de estos últimos son pequeños o medianos empresarios.

Lo que sí es cierto es que el espacio económico cubano se configura hacia un escenario de coexistencia en el mismo suelo de empresas estatales mayores o medianas junto a otras pequeñas y eventualmente de mediano porte pero de propiedad privada. ¿El sistema tributario doméstico está preparado para eso?

De fertilizantes y herbicidas

A priori parece que sí, porque las últimas transformaciones tienden a fortalecer el empresariado público y a incrementar la participación del componente no estatal aun cuando, de acuerdo con lo acordado en los últimos dos congresos del Partido y más tarde en el Parlamento, se ha dicho que la empresa estatal socialista continuará siendo el pilar fundamental de la economía cubana.

Cuando el sistema tributario cubano fue retomado a mediados de los años 90 los roles estaban muy bien repartidos: en el centro los árboles del empresariado estatal; rodeados de los arbustos que podrían representar los individuos autorizados a ejercer algún tipo de actividad económica por su propia cuenta y riesgo.

La Ley Tributaria de 1994 estableció impuestos a unos y otros. Para los primeros fueron principalmente los gravámenes a las utilidades, las ventas y sobre la circulación con la evidente intensión de redistribuir la riqueza creada; los segundos tendrían sobre sí el impuesto sobre ingresos personales, como el modo fundamental de contribuir a las arcas públicas.

Sin embargo comenzaron a introducirse algunos cambios que, sin negar las tradiciones más arraigadas, sí hicieron notar transformaciones en la “agrotecnia” del sistema impositivo.

Grisell Tristá Arbesú, Jefa del Grupo de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión de Implementación y de Desarrollo, comentó hace poco que las nuevas facultades de la empresa estatal socialista también están influyendo en el modo en que se distribuye la riqueza en el país. El caso de las utilidades generadas, dijo, tienen una implementación directa en el sistema empresarial por las reservas que se crean y lo que se aporta al presupuesto del estado por la vía de los impuestos.

Más tarde con la actualización de la Ley tributaria en 2012 y las sucesivas modificaciones en 2013 y 2014 tuvieron lugar otros ajustes tributarios al empresariado estatal como lo fueron la supresión del impuesto de circulación, el establecimiento del pago de los gravámenes en ambas monedas (CUP y CUP) y la reducción gradual del tributación por la utilización de la fuerza de trabajo.

A juicio de la especialista del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), Saira Pons Pérez, otros cambios, como limitar el rendimiento de la inversión estatal y la posibilidad de que las empresas conserven la depreciación y amortización de sus activos fijos, así como la introducción del concepto de encargo estatal con la posibilidad de vender sus excedentes en el mercado, “convierte a los impuestos en un instrumento activo de regulación que coloca la atención en la carga tributaria”.

No se trata de poco dinero pues solo la amortización de esos activos equivale a unos . De manera que el sistema empresarial podría crecer en un terreno abonado por una carga impositiva estimulante y dispondría de más fondos para cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿Y qué de las “plantas” de menor rango?

Varias partes de legislación tributaria cubana están concebidas para aportarle nutrientes al sector no estatal y específicamente a los nuevos negocios privados a cuyos propietarios recién llegados se les concede un período de gracia de tres meses durante los cuales solo deben cumplir con el pago de la contribución a la seguridad social; también es un incentivo que quienes ingresen menos de 10 mil pesos anuales estén exentos de pago del impuesto de los ingresos personales.

Sin embargo como alerta Pons Pérez en su imprescindible ensayo Hacia una nueva fiscalidad en Cuba, “existe una vasta literatura que contraría ese umbral porque promueven la evasión, genera incentivos contrarios al crecimiento y no preparan a las empresas (privadas medianas y pequeñas) para el enfrentamiento de sus obligaciones”.

En el plano de los impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo varios aspectos hacen pensar en contradicciones pues si bien a los emprendedores se les aplica un régimen similar a las empresas estatales, y la tasa, que fue de un 20 por ciento en 2013, lo será de solo del cinco por ciento el año próximo, la base impositiva va creciendo cuanto más obreros contratan hasta llegar al 300 por ciento del salario medio mensual en el territorio en cuestión si se emplea a más de 15 trabajadores.

La investigadora del CEEC lo interpreta como un “contrasentido penalizar la contratación de personal en un momento en el que se reduce el sector público y en el que la escasez de financiamiento, la falta de conocimientos y otras muchas restricciones y barreras en la entrada, dificultan la apertura de nuevos negocios por parte de aquellos que quedan desempleados”. Con el agravante de que “un impuesto elevado sobre la fuerza de trabajo incentiva la contratación ilegal de personal y por ende impide regular las condiciones laborales” y por ende defender los derechos de los trabajadores.

No obstante esa contradicción adquiere más sentido a sabiendas de que el propósito gubernamental no es que el sector privado se expanda constantemente sino hasta un porcentaje determinado de participación en la economía. De ahí podría intuirse que la estrategia estaría dirigida a impulsar el empleo en sector privado-cooperativo pero de manera limitada y siempre bajo el sistema de pequeños negocios.

Así lo corrobora el que se les haya agregado el impuesto sobre las ventas y los servicios, otra señal del objetivo de incorporarlos como actores de reparto, pero actores al fin, al escenario económico doméstico. Empero tanto la tasa aplicada aquí (10 por ciento para todos y homogénea para todos los productos) como las condiciones dualidad monetaria y cambiaria, y ausencia de mercado mayorista, hace que, en la práctica este impuesto como dice Pons Pérez “contribuye a frenar el crecimiento del sector cuentapropista y de las pequeñas empresas, lo que resulta contraproducente además desde el punto de vista de la recaudación, dados los elevados costos de control y monitoreo de este sector”.

Quizás es demasiado temprano para vaticinar cuáles serán los resultados de la cosecha pues los imponderables permanecen en el plano de las interrogantes. Ahí está, por ejemplo, el que para los emprendedores siga siendo útil que para la cuantía del impuesto a pagar por el uso de los obreros se siga tomando como referencia el salario medio de la localidad; porque al estar incluido en este la rama presupuestada siempre será un promedio comparativamente bajo. Pero ¿qué pasará si comienza a crecer el salario del sector presupuestado? Veremos.

Otro dilema a solucionar es qué repercusiones en el actual sistema tributario establecido tendrá la eventual inclusión de la pequeña propiedad privada con la legitimidad legal como dejaron entrever los más recientes análisis escuchados en el VII Congreso del Partido. De esas respuestas dependerá mucho que, al menos en asuntos de impuestos, las empresas estatales y los pequeños negocios privados coexistan en el mismo terreno.

Que haya nutrientes, agua y sol para todos.

Foto de portada: Cactus y suculentas en Cuba / Abel Rojas Barallobre.

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