Eileen Sosin Martínez - Progreso Semanal - LA HABANA. A Niuris Higueras, dueña del restaurante Atelier, le avisaron una semana antes. Debía presentarse a una reunión en el Poder Popular del municipio Plaza de la Revolución, el 28 de septiembre a las tres de la tarde. “A la hora que mataron a Lola”, se dijo, y enseguida notó el mal augurio.

Cuando llegó, estaban allí funcionarios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), de la Policía, del Partido Comunista de Cuba (PCC), e inspectores de Dirección Integral de Supervisión (DIS)… Del otro lado, los propietarios de los 20 restaurantes más reconocidos de la localidad, entre los cuales se contaba el suyo. Ante la escena, Niuris imaginó que aquello sería una pelea de león contra mono.

Pero no. “Me quedé asombrada, porque lo primero que nos dijeron fue que nosotros éramos un porciento significativo de la economía y del empleo; que nosotros éramos importantes para ellos”, recuerda.

A mediados de octubre el gobierno de La Habana anunció que había congelado el otorgamiento de nuevas licencias para abrir paladares, pues las actuales están siendo inspeccionadas en estos momentos. Ello se supo luego de que, según Isabel Hamze Ruiz, vicepresidenta en funciones del ejecutivo provincial, medios extranjeros crearan “estados negativos de opinión”, indicando “que se desataría una guerra hacia los negocios privados”. Pero de haberse informado oportunamente por los medios esa distorsión sobre la medida quizás no habría ocurrido.

Los motivos del control: un rosario de 14 “problemáticas” que incluyen drogas, prostitución, blanqueo de dinero, contratación de artistas sin que intermedie una agencia oficial, violaciones urbanísticas, adquisición ilegal de mercancías, evasión fiscal, cierres a deshora, parqueos mal ubicados, compra fraudulenta de inmuebles, ruido, funcionamiento como clubes y discotecas, trabajadores sin contratos…

A pesar de la alerta inicial, Niuris asegura que en la reunión no sintió la hostilidad de otras veces. “Yo viví la época cuando solo se permitían 12 sillas, sé lo que eran las inspecciones antes, y ahora es diferente. Si hubieran querido hacerlo, ellos simplemente se habrían aparecido sin avisar”.

Primero fue la reunión, después la pesquisa, que en su caso duró desde las 9:30 de la noche hasta pasada las tres de la madrugada. Y lo miraron todo, todo, todo.

Aunque solo un grupo de restaurantes son objeto de fiscalizaciones, la intranquilidad llega a la mayoría de los propietarios. “Como no hay información certera, la gente interpreta cualquier cosa –señala Niuska Miniet, dueña del restaurante Decamerón–. Si bien ella no recibió inspecciones, advierte que el ambiente rezuma preocupación y expectativas, “porque no se sabe a ciencia cierta qué ocurre”.

Hamze Ruiz declaró que la medida de no aprobar nuevas paladares es temporal* mientras dure el proceso de control; si bien no dijo cuándo terminarían las revisiones. “El gobierno quiere que sean exitosos, pero dentro del marco de la legalidad”, apuntó.

La clave reside tal vez en cuán riguroso resulta el proceso, con qué vara se miden los problemas. “Si hay prostitución, drogas o lavado de dinero, por supuesto que eso es totalmente punible. Si van a castigar lo malo, adelante. Pero si se trata de que no tienes el papel de una botella de ron –y tampoco hay donde comprarla–, no es adecuado ni ético que te digan que no la puedes tener… Porque entonces qué hago, si además estoy pagando un impuesto altísimo”, cuestiona Niuska.

Sospechosos habituales

Algún economista se ha referido a la gastronomía estatal como un hueco negro, por la cantidad de recursos que “se pierden” ahí dentro. Resalta entonces la diferencia a la hora de exigirles a unos y a otros.

Se supone que los restaurantes particulares sean estrictamente eso, por lo tanto también se enjuicia su funcionamiento como bares o clubes nocturnos. Lejos de prohibir que modifiquen su objeto social, la solución parece simple: autorizar licencias de bares.

De acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno habanero, hasta ahora solo han retirado el permiso a un establecimiento, que luego el periodista Fernando Ravsberg identificó como el Shangri La, del municipio Playa. Las causas presumibles son consumo de drogas, prostitución y proxenetismo. Cierran el Shangri La, pero no cierran la Casa de la Música o el Salón Rosado del hotel Capri. ¿Cuál es la diferencia?

La propietaria de Atelier relata que, durante la reunión, los funcionarios acotaron que las irregularidades aparecían también en las instituciones estatales. “Cuando hablaron de la droga y la prostitución, dijeron que muchas veces eso no está relacionado con el lugar, ni el dueño, ni siquiera los empleados, pero el delito se está cometiendo allí. Y pidieron por favor que ayudáramos a que esto no sucediera”.

Las mismas condiciones de partida, cómo se ha concebido la apertura al sector privado, influyen en las situaciones que ahora se atacan. Por ejemplo, la ausencia de un mercado mayorista, que conlleva a serias dificultades de abastecimiento, y deriva a su vez en el auge del mercado negro. Hamze Ruiz alegó que ello no justifica que se compren productos mediante redes de contrabando o receptar mercancías robadas.

Días atrás se anunció que los cuentapropistas dedicados a la elaboración de alimentos, peluquería y masaje, y no tuvieran la certificación correspondiente, debían someterse a pruebas de suficiencia en las sedes del Ministerio de Educación en cada municipio. Los que suspendan, tendrán que pasar un curso que los habilite.

De acuerdo con Mirurgia Ramírez Santana, directora general de Servicios del Ministerio de Comercio Interior, ya realizaron el examen más de mil 800 trabajadores. En cambio, un funcionario de la dirección municipal de Educación de Plaza, donde radican gran parte de los negocios en La Habana, afirma que allí no se ha presentado nadie. Además, explica, ellos no pueden asumir actividades que no contempla su sistema de enseñanza, como masaje y peluquería.

En últimas, muchas de las contradicciones que ahora salen a la luz provienen del propio desarrollo del sector privado. La cuestión reside en hasta dónde se permitirá su avance.

Niuris, por ejemplo, precisa más de 50 sillas en su restaurante: “porque un día puedo tener 50 personas, pero otro día no hay nadie, o tengo a un grupo de 70 personas, que si no están juntos no quieren estar. O sea, necesito que se quiten algunas limitaciones. Tiene que llegar un momento en que nos den permiso de importación, que nos den personalidad jurídica”.

“No podemos decir que estamos peor que antes, hemos mejorado –resume Niuska–.  Lo que cuando uno adquiere un nivel, quiere más, porque es humano. Eso se llama evolución; la dialéctica lo dice”.

(*) Ayer 7 de noviembre durante la emisión del espacio matinal Buenos días que transmite la TV cubana, fue anunciada la decisión de que ya podrán solicitarse licencias para el sector gastronómico.

Foto de portada: Restaurant Café Laurent, en el Vedado habanero.

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