La venta de la carne de cerdo resultó un filón para malversar las arcas de Acopio. (Foto: Vicente Brito/ Escambray).
Alex Sánchez - Cubadebate / Escambray.- Enmascarados en sus responsabilidades y en el descontrol, varios funcionarios de la Empresa Provincial de Acopio malversaron las arcas de la entidad. El Tribunal Supremo Popular ratificó las penas solicitadas por la Sala Primera de lo Penal.
Todo lo planearon como el asalto a un banco; aunque con una diferencia: el desfalco ya estaba consumado en la Empresa Provincial de Acopio (EPA) de Sancti Spíritus. Carlos Rodríguez Rodríguez lleva retratado en la cabeza no solo el croquis del lugar exacto donde radica la oficina de los auditores; sino, además, el dinero que recibiría por prenderle candela esa madrugada del 17 de junio del 2016.
Con el gorro de su enguatada azul encasquetado y linterna en mano, burla las medidas de protección de la sede de la empresa, ubicada en el Chambelón. Camina con tanto sigilo que parece andar sobre un fi no cristal, hasta que casi se da de bruces con la persiana de madera. No le queda otra opción que arrancarle dos tablillas. Dentro permanecen las malditas pruebas incriminatorias. Porque desde que el mundo es mundo, la gasolina y el fósforo son enemigos irreconciliables, las lengüetas de fuego se esparcen a la velocidad de la luz entre las cuatro paredes. El hombre no lo piensa ni una vez y abandona la oficina por el hueco de la ventana.
El ruido alerta a uno de los custodios. Ahora, el intruso no corre, vuela. Salta la cerca perimetral y no para hasta el Moskvitch, donde aguardan por él Jorge Luis Maya Rodríguez, entonces administrador del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) No. 13, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora Sancti Spíritus, y su padre, Jorge Luis Maya Soler.
El auto los lleva de vuelta a sus respectivas casas; los bomberos asumen lo suyo: extinguen las llamas; no la defraudación económica a la entidad, ascendente a 825 623.24 pesos, que derivó en la radicación de la Causa No. 174/2016 en la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular, seguida por los delitos de malversación, falsifi cación de documentos bancarios y de comercio, ocultación u omisión de datos, y de estragos.
Auditorías por medio
A Clemente Hernández Rojas, director general de la EPA, le dio mala espina ver ante sus ojos parte de los documentos, computadoras, burós… calcinados. Y sin creerse perito, empezó a armar el rompecabezas; precisamente, el día del incendio iban a discutir los resultados de una auditoría, promovida por la entidad, en la UEB Comercializadora del municipio capitalino, y más de un administrador de MAE parecía hundido hasta el cuello.
Hernández Rojas no llevaba todavía un año con las riendas de la empresa en sus manos, y desde que puso un pie allí en julio del 2015, sabía que se hallaba sobre un volcán dormido. “Acopio tenía una economía con un descontrol total; descontrol en las finanzas, en las cuentas por cobrar y pagar…”, subraya.
Con esos ruidos, el directivo comenzó a sospechar hasta de su propia sombra y solicitó a la Delegación Provincial de la Agricultura y a la Controlaría Provincial la realización de una auditoría; pero a esa altura del año era imposible programarla, sobre todo en tiempos en que los auditores no abundan.
No le quedó otra elección que confiar en la competencia de sus especialistas, quienes enfilaron la mirada hacia las cuentas por cobrar y pagar; a la postre, salieron a la luz dos hechos en el MAE No. 4, de la UEB Jatibonico, sancionados rigurosamente con apego a la Ley.
En la UEB Sancti Spíritus, los auditores comprobaron que los inventarios eran harina del mismo costal de la corrupción: el faltante de carne de cerdo casi topaba las nubes, camuflado en una cuenta por pagar a la Empresa Porcina Provincial (EPP).
Como la mentira, aquel desfalco tenía las patas cortas. Lo evidenciaban los papeles, que estuvieron a punto de ser revisados con microscopio por los expertos y así desmontar pieza a pieza la malversación a las arcas de Acopio.
Para que no se repitiera la historia de hechos anteriores ocurridos en la propia entidad —cuando la documentación probatoria de supuestos delitos desapareció de la faz de la tierra o “casualmente” se mojó—, esta vez la dirección de la EPA y su auditora le sacaron copias a cuanto papel había, y las ocultaron como si se tratara del secreto mejor guardado del mundo.
Nos preparamos para que esos delincuentes no se escaparan”, sentencia Clemente Hernández.
Desfalco encendido
A punto de ser descaracterizados, los implicados no perdieron tiempo. Algunos cruzaron llamadas telefónicas o intercambiaron de tú a tú; la mayoría acudió en la tarde-noche del 16 de junio del 2016 a Jobo Gordo, Colón, a la vivienda de Isleydi Pérez Herrera, técnica en Gestión Económica de la UEB Comercializadora Sancti Spíritus.
La gravedad del asunto se les leía en los rostros; había que buscar —y rápidamente— una fórmula para evaporar la documentación relacionada con los faltantes económicos descubiertos en los MAE 2, 13 y 29, ubicados en la ciudad cabecera.
A la confabulación en marcha concurría Jorge Luis Maya Rodríguez, administrador del MAE 13 por esa fecha, quien, escudado en sus funciones y cargo, se agenció de productos y subproductos de carne de cerdo, recibidos de la EPP, correspondientes a 20 facturas por el valor total de 612 367.97 pesos a precio de venta, en la primera mitad del 2016, según consta en la sentencia de la causa penal, a la cual tuvo acceso Escambray.
Las tres facturas de igual mercancía imputadas a Elvis Lazo Cruz, al frente del MAE No. 29, sumaron 60 551.34 pesos, y las cinco atribuidas a Rediel Lorenzo Ramírez, administrador del MAE No. 2 y no presente en Jobo Gordo, totalizaron 129 849.76 pesos.
Sin embargo, aquella malversación tenía más nombres y apellidos: Isleydi Pérez Herrera e Isbelkys Betancourt Bernal, directora contable financiera de la EPA, ejes básicos para la ejecución del desfalco a la UEB Comercializadora, a través de enrevesados procederes.
Aunque no asistió a la conjura que se urdía en el reparto de Colón, Ivanys Prieto Díaz, especialista comercial en la UEB Compra Venta, de la EPP, conocía hasta dónde había metido sus manos. Desde su posición, se apropió de parte de los productos cárnicos que le ofertaba a Acopio, falsificó documentación y se deshizo de otra para evadir la justicia al saber de la auditoría en curso en la EPA.
Y para esquivar la acción de la Ley, allí permanecían en Jobo Gordo, además de la dueña de la casa, Maya Soler, Lazo Cruz, Betancourt Bernal y Maya Rodríguez, entre otras personas. Allí estaban devanándose los sesos y, por más vueltas que le daban a la idea de desaparecer las pruebas acusatorias, siempre llegaban al mismo punto: darles candela a los documentos en la ofi cina.
—¿Quién lo hará?, alguien dejó escapar la pregunta.
—Lo tengo —dijo Maya Rodríguez—: puede ser Carlos.
Contactado vía telefónica, acudió a la vivienda el posible ejecutor, quien cumplía la sanción de dos años de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento, debido a un delito por lesiones.
—Te doy 10 000 pesos, le dijo Lazo Cruz al joven de 21 años.
Esa propia noche, casi todos se vieron las caras nuevamente en el apartamento de Maya Rodríguez en Olivos II. No podía quedar ningún cabo suelto. Al menos, esas eran sus pretensiones.
Causas y sanciones bajo la lupa
Porque en Cuba, verde con puntas negras siempre será guanábana, la lista de sospechosos del incendio acaecido en Acopio la encabezarían, obviamente, los más interesados en borrar las evidencias documentales del quebrantamiento de la Ley, desenmascarado por los auditores de la entidad.
“La gente está viendo muchas películas”, manifiesta a Escambray el fiscal provincial Pedro Espinosa Curbelo, quien califica de graves los delitos cometidos por las circunstancias, la participación de varios ciudadanos y por su impacto en la economía espirituana y en la de la empresa afectada, en específico.
Por ello, más que en los hechos en sí, habría que detenerse en sus causas, según afirma Espinosa Curbelo, al profundizar en cómo la ausencia de control interno le abrió las puertas a la malversación en la referida UEB, donde la práctica de los inventarios, tan elemental y tan decisiva, parecía veranear a tiempo completo.
Capaz de elaborar la historia clínica de la EPA, si de hechos de corrupción se habla, Jesús Martín Casanova, contralor jefe en Sancti Spíritus, alude, igualmente, a la falta de supervisión y control por la dirección de la empresa, así como a la deshonestidad de los implicados que utilizaron sus funciones para beneficio personal.
A juicio del contralor provincial, otro fardo es la inadecuada selección de quienes administran los recursos en los centros. “A veces los administradores tienen un problema en una unidad e, inexplicablemente, los pasan a otra”, agrega Martín Casanova.
Esa permisividad les dio alas a la corrupción y a la ilegalidad en Acopio. “No hubo un proceso de saneamiento y de decir: esta persona está cometiendo un delito, una irregularidad; vamos a separarla, vamos a extirpar el daño. Lo que se hacía era cambiarla de posición. La responsabilidad era de las UEB, y de la empresa por permitirlo; había que limpiar”, admite el actual director de la EPA, Clemente Hernández.
Ante todo, se imponía barrer desde la cabeza, o sea, empresa adentro, donde a las dos de la tarde era difícil encontrar un alma en las oficinas, al decir de Hernández Rojas. Del Consejo de Dirección de julio del 2015 ni las cenizas quedan; solo prosigue en sus funciones la jefa de Cuadros.
“Buscamos a personas que tuvieran el control interno en el centro de su labor —aclara el directivo—. Fue complejo porque no existía la posibilidad de pagar buenos salarios y por mala fama de Acopio”.
“Después, le fuimos arriba al control de las UEB. Cuando llegamos a esos lugares, lo mismo que tenía el padre, lo tenía el hijo: falta de control en la contabilidad, en las finanzas, en los activos fi jos, en los medios básicos, en los inventarios en los mercados”, añade.
A esas alturas, la EPA no quiso tropezar dos veces con la misma piedra, y se decidió cambiar el director y el económico de ocho UEB, —en Taguasco no—, por verificarse en dichas unidades un deficiente sistema de control interno.
Por fortuna, se actuó a tiempo. Lamentablemente, con demasiada frecuencia las auditorías y otras acciones de control suelen hacerle la autopsia al delito, y a esa hora la única sanción posible es la cárcel.
Nombre por nombre y número a número, el área jurídica de la empresa lleva las medidas administrativas aplicadas por los hechos de corrupción sucedidos: siete separaciones definitivas en la UEB de Jatibonico y nueve en la de Sancti Spíritus, sin olvidar las 18, de diferente carácter, impuestas a personas de esas entidades que no tuvieron una participación directa en los casos expuestos.
“Acopio es una empresa vulnerable porque trabaja con comida, con dinero en efectivo, con más de 140 mercados y placitas; pero realmente podemos decir que los delitos por descontrol económico aquí fueron sofocados”, alega Hernández.
¿No será absoluta esa afirmación?, indaga Escambray.
“Llevan un año sofocados. Hemos sido objeto de inspecciones por parte de la Unión Nacional de Acopio y de la Fiscalía, que detectó deficiencias; pero ninguna de carácter grave. En abril vamos a certificar la contabilidad; está planificada la auditoría.
“Nuestro sistema de control interno es fuerte y ha detectado nuestros problemas. Tenemos un plan de visitas a las UEB y de auditoría; realizamos acciones sorpresivas”, argumenta el directivo.
Todo parece indicar que es agua pasada el desparpajo económico vivido por la EPA, donde alrededor de 3 millones de pesos fueron llevados a gastos y ajustados debido a cuentas incobrables a otras entidades, expedientes de faltantes y a los casos de malversación.
“Cuando llegamos aquí los trabajadores llevaban ocho meses ganando 225 pesos, y después de empezar el control, al cuarto mes, ya comenzaron a ganar salario —señala Clemente Hernández—. La empresa reparte el dinero de su gestión. Si la riqueza en vez de crearla, se la roban unos pocos, usted no puede repartirla”.
Durante el 2017, la EPA se despojó de su rostro maltrecho: el salario promedio por trabajador ascendió a 654 pesos —aún insuficiente—, las cuentas por pagar y cobrar cerraron en término, las ganancias rebasaron los 3 millones de pesos y las ventas fueron sobrecumplidas, excepto en las viandas a causa del huracán Irma.
Que estos números no colman la mesa de los espirituanos, es verdad; que todavía en las pesas de ciertos mercados y placitas algunos vendedores timan al pueblo, también lo es.
“No te puedo decir categóricamente que no lo hacen; pero sí te aseguro que cuando se detecta, no le pasamos la mano a nadie”.
¿Usted y su Consejo de Dirección sacudieron completamente la mata de ladrones y corruptos en Acopio?
“Estamos dispuestos a demostrarlo. Esta empresa está sacudida hasta el tronco, hasta las UEB. A pesar de lo que tuvimos que pasar, lo más importante fue que se rompió por fi n con la estela de personas que había aquí lucrando a la vista de todo el mundo. ¿Qué administrador de mercado puede comprarse un carro y un apartamento con su salario?”, se pregunta Clemente Hernández.
En la Causa No. 174/2016, a partir de certezas y, sobre todo, de evidencias concretas, los jueces de la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, dictaron sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo Popular.
En lo particular, el acusado Jorge Luis Maya Rodríguez recibió una sanción conjunta y única a cumplir de 18 años de privación de libertad por los delitos de malversación y de estragos.
Por iguales delitos, Elvis Lazo extinguirá una condena conjunta y única de 10 años de privación de libertad; en tanto, Rediel Lorenzo fue penado a nueve años de privación de libertad por malversación.
Las encartadas Isleydi Pérez e Isbelkys Betancourt cumplirán una sanción conjunta y única de 18 años de privación de libertad cada una por malversar las arcas estatales y por el delito de estragos.
Como consecuencia de haber falsificado documentos bancarios y de comercio como medio a fi n de cometer una malversación y de haber ocultado u omitido datos, Ivanys Prieto Díaz permanecerá 10 años en la cárcel, al valorarse una condena única.
También, el Tribunal encontró culpables a Carlos Rodríguez y a Jorge Luis Maya Soler, quienes estarán encarcelados durante cuatro años cada uno por el delito de estragos, vinculado con el incendio, causante de significativos daños a la sede administrativa de la EPA, además de poner en riesgo la vida de dos analistas de turno que dormían allí el día del siniestro.
Literalmente, Acopio ardió. Tocó fondo. Y sobre las cenizas, se levantó, pero, ¿todo quedó solucionado en materia de control? Es comprensible, entonces, que sus directivos y trabajadores honestos no duerman a pierna suelta.
(Tomado de Escambray)
