Canal Caribe.- El impacto de recientes resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios en la Economía y la Sociedad fue evaluado este lunes en conferencia de prensa celebrada en la sede de este organismo en la capital.

Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios. Foto: José Raúl Concepción/ Cubadebate.

Meisi Bolaños: Seremos rigurosos con quienes evadan y violen las medidas para evitar subida de precios

Lissett Izquierdo Ferrer - Cubadebate

“Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios”, aseguró este lunes en conferencia de prensa la ministra de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba, Meisi Bolaños.

Se trata de disposiciones que deben ser acatadas tanto por el sector estatal como por las formas de gestión no estatales. “Ningún actor económico puede aumentar los precios”, puntualizó la titular.

Este principio queda claro en las recientes resoluciones 301 y 302, las que prohíben la subida de los precios mayoristas y también de los productos y servicios que ofertan los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción, y otras modalidades.

Contrario a lo que refieren algunos criterios malintencionados, la ministra enfatizó que “el propósito no es frenar el desarrollo de las formas no estatales”. El objetivo —dijo— “es evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, así como regular aquellas ya excesivas”, con el fin de proteger la capacidad de compra de la población.

La titular del MFP recordó que en el sector no estatal rige el principio de oferta y demanda. Además, “tenemos claro la limitación existente por la no generalización del mercado mayorista”.

“Es por eso que aquellos territorios que han regulado precios lo han hecho sobre la base de estudios y de revisar los comportamientos, no solo de los costos y gastos, sino de la capacidad económica de los habitantes, sin desconocer la influencia del principio de oferta y demanda”, argumentó.

En cuanto al sector estatal, la ministra especificó que ya se había producido un ordenamiento. Por ejemplo, están centralizados los precios de los productos básicos a la población, los llamados de primera necesidad y que integran la canasta familiar normada. Estos tienen un alto subsidio del Presupuesto estatal (más de tres mil 600 millones de pesos).

De acuerdo con Bolaños, también poseen regímenes especiales los precios de más de 40 productos (aceite, pollo, picadillo, etc), con una actualización y revisión desde el año 2016.

Por otro lado, el MFP ha venido revisando, de conjunto con las cadenas de tiendas, el comportamiento de los márgenes comerciales de los productos que se ofertan en CUC, añadió.

En palabras de la ministra, si bien hay un grupo de productos cuyos precios resultan altos para el nivel de compra de la población, la mayor parte —fundamentalmente los productos alimenticios— se comercializa solo con el costo o con un margen comercial que no rebasa el 1.30. “Muchos sigue hablando del llamado gravamen del 240”, cuando ya no está presente.

Recordó que en la formación de precios en las cadenas de tiendas incide el alto componente de productos importados. “Hay surtidos que sobrepasan los índices comerciales de la línea económica y es porque existe presencia de otros que pueden sustituirlos”.

Bolaños resumió que mantener la producción de bienes y una oferta estable resultan indicadores que, indudablemente, impactan en los precios.

La inspección hay que garantizarla con ética y decencia

La titular del MFP convocó a la población a que se sume al control de los precios, denunciando oportunamente el lugar y el momento en el que detectó el abuso en la conformación de los precios.

Por ejemplo, dijo, donde se corrobore que el combo (en los que se unen refrescos o cervezas con confituras) es un artificio para incrementar los precios se aplicará, con rigor, las medidas correspondientes.

Para chequear estos temas se creó un grupo de trabajo a nivel provincial y municipal, en el que participan el MFP, el Ministerio de Comercio Interior, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la Fiscalía General de la República, entre otros organismos e instituciones. Las autoridades locales deben investigar la denuncia y adoptar las medidas en un plazo no mayor de una semana.

A la par, el MFP trabaja con la Universidad de las Ciencias Informáticas en la conformación de una aplicación que permita hacer más expedita las quejas, así como también avanza en la creación de un sistema de información de precios que posibilite conocer en tiempo real cuáles son las tarifas establecidas para todos los bienes y servicios.

Otra cuestión imprescindible es que la inspección hay que garantizarla con la ética y decencia suficiente. “No podemos admitir que medidas como estas que aprueba el país para impulsar la economía y generar mayor capacidad de compra en la población, se echen a perder por unos cuantos inescrupulosos que provocan que los cubanos pierdan confianza en el control estatal”.

Mediante los mecanismos habilitados por el MFP se han recibido y procesado desde el 5 de julio último más de 400 denuncias y comentarios. La mayor cantidad de quejas han llegado por las llamadas telefónicas (78669107) y el correo comunicación@mfp.gob.cu.

La vicetitular del MFP, Lourdes Rodríguez, especificó que la mayoría de las denuncias ha sido procesada por los consejos de la administración territoriales y las cadenas de tiendas y grupos hoteleros, específicamente la red de Palmares e Islazul.

El control en manos de los gobiernos locales

La Resolución 302 ratifica la facultad de los gobiernos territoriales para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por las formas no estatales. A la vez que le otorga la responsabilidad de crear los mecanismos de control pertinentes.

Hasta la fecha ya se han fijado precios máximos en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Santi Spirítus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma. Las regulaciones han sido a precios de productos listos para la venta, de productos agropecuarios o de servicios de transportación.

En el caso de la capital, Grisel de la Nuez, directora provincial de Finanzas y Precios, comentó que para la reciente normativa aprobada, que establece precios máximos de venta de productos agropecuarios, se tuvo en cuenta el análisis de los precios vigentes en mayo y junio. A partir de las propuestas de los 15 municipios, se escogió una media para el territorio, explicó.

El listado de precios, que comprende 28 surtidos, no es inamovible, sino que estará en correspondencia con el nivel de producción y la etapa del año, dijo la funcionaria. “En la medida que aumente la producción deberán bajar los precios”.

De la Nuez aclaró que se trata de precios máximos, por tanto aquellos establecimientos que oferten productos a menores tarifas deberán mantenerlas, teniendo en cuenta que la Resolución 302 prohíbe elevar los precios vigentes.

De acuerdo con la directiva, en la actualidad se analizan los precios de los bienes y servicios de las cafeterías gestionadas por cooperativas no agropecuarias, además de las peluquerías y barberías.

También es objeto de monitoreo los establecimientos estatales de la gastronomía. “No es solo vender cigarros y ron, hay que diversificar las ofertas, con calidad y a precios asequibles”, enfatizó.

Red de venta de productos agropecuarios en La Habana:

• 151 mercados estatales
• 60 mercados gestionados por CNA
• Mercados arrendados por formas productivas
• Más de 700 trabajadores por cuenta propia administradores de unidades minoristas
• 17 mercados de oferta y demanda
• Más de 600 carretilleros

Según se conoció en la conferencia de prensa, violar los precios fijados se considerará como una infracción grave, que incluirá desde la cancelación del contrato de arrendamiento hasta medidas disciplinarias severas y el retiro de la licencia.