Francisco Rodríguez - trabajadores.cu.- Empresarios y académicos presentaron en enero último al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez un estudio sobre las trabas que enfrenta la empresa estatal socialista y sus posibles soluciones, según trascendió este sábado en el pleno del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec).
Los doctores en ciencias económicas Ileana Díaz y Francisco Borrás explicaron que la propuesta abarca once temáticas y respondió a una solicitud expresa del Gobierno, para lo cual convocaron a una veintena de investigadores y directivos de empresas, quienes sintetizaron también miles de sugerencias hechas por integrantes de esa organización profesional durante su VIII Congreso.
De acuerdo con el doctor Borrás, vicepresidente de la Anec, el mandatario cubano valoró que el documento permite “ordenar el pensamiento” alrededor de asuntos que afectan el desempeño empresarial, y se les solicitó continuar esa labor para profundizar en varias definiciones conceptuales y precisar aún más “cómo destrabar” la gestión económica de las entidades.
La promulgación y contenidos de una futura Ley de empresa, en el ámbito de las regulaciones; y el rediseño del sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento del plan, con más énfasis en la gestión, son algunas de las consideraciones que hizo el grupo de expertos.
En el ámbito de la autonomía empresarial, las propuestas transitan desde la posibilidad de escoger el modelo de gestión, hasta la definición de proveedores y clientes, precios, salarios y cargos propios, sin un calificador.
También abogaron por una mayor capacidad para estimular a los trabajadores, así como para manejar sus recursos financieros, sus reservas voluntarias y los procesos inversionistas.
Mayores incentivos a la innovación y creación de espacios de experimentación gerencial, fueron otras sugerencias, junto con estructuras organizacionales diferentes por sectores, y una revisión de los criterios para agrupar empresas, constituirlas o considerarlas unidades empresariales de base, así como estudiar actividades estatales que puedan pasar a otras formas de gestión.
La separación de funciones estatales y empresariales, la descentralización del comercio exterior y la creación de mayores incentivos financieros para la exportación y la sustitución de importaciones, y sistemas de control más específicos para cada sector sobre bases económicas, constituyeron otras preocupaciones planteadas.
También en el entorno empresarial, emergió la necesidad de cambios en el sistema bancario que favorezcan más al acompañamiento de las entidades, así como de relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos, y de una política más específica para seleccionar, formar y estimular al directivo, como una persona de negocio con competencias profesionales.
