Las entidades empresariales del Estado deben estar en el centro de las transformaciones propuestas en el proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba.

Humberto Blanco Rosales, Centro de Estudios de la Economía Cubana - IPS

Reafirmada como actor económico fundamental, ahora en el artículo 27 de la Constitución de la República, la empresa estatal cubana ha sido desde hace mucho tiempo objeto de numerosas investigaciones, reflexiones y documentos normativos, con el concurso de académicos, decisores, organizaciones profesionales y los propios empresarios.

Un recorrido por la historia de las empresas estatales en Cuba, y de tales antecedentes, denota que a pesar del tiempo transcurrido y los enfoques aplicados para su conducción -desde el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía a mediados de los 70  hasta hoy- su desempeño y contribución al desarrollo.

A la visión de la nación para 2030, estas empresas distan de alcanzar las expectativas depositadas, con problemas acumulados y la vigencia de ciertas causas, encabezadas por la falta de autonomía, cuya necesidad se enuncia nuevamente en el mencionado artículo de la Constitución.

Entre avances y retrocesos

Las transformaciones de la empresa estatal en más de 40 años muestran una especie de péndulo en la autonomía empresarial, con avances, retrocesos, implementación incompleta y regresos a etapas anteriores, marcados por alternancias entre centralización y descentralización con prevalencia de la primera.

Y pese a no pocas modificaciones de su marco regulatorio en el contexto de la actualización del modelo económico, el sistema empresarial estatal sigue enfrentando dificultades señaladas desde los años 80 en cuanto a competitividad, gigantismo, calidad de sus productos y servicios, inserción internacional, innovación y eficiencia operacional. Hoy, además, acusa una tendencia a la reducción del número de empresas estatales y deformaciones en su estructura sectorial.

Transformar la empresa estatal en Cuba no depende sólo de cambios en sus estructuras organizativas o de gestionar procesos de mejora de su desempeño.

Prescribir desde el entorno regulador una única forma de gestionar una empresa (el actual  Sistema de Dirección y Gestión de la Empresa Estatal) más las rigideces del enfoque de planificación central a corto plazo, con una alta centralización y discrecionalidad en el manejo de las divisas, las inversiones y el comercio exterior, frenan la autonomía empresarial.

A esto se ha unido la reestructuración organizativa y agrupación del tejido empresarial estatal, con resultados cuestionables y no pocos señalamientos en medios oficiales y académicos.

Como consecuencia, los resultados que puedan lograrse por una implementación efectiva de buenas prácticas de gestión, se irán perdiendo en la medida en que el entorno imponga obstáculos cuya superación no depende de la empresa.

Al respecto, la estrategia recientemente anunciada por el Gobierno para impulsar la economía en medio de los impactos causados por la pandemia contiene entre sus principios el dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial estatal.

Tampoco será suficiente crear un contexto con políticas, regulaciones e incentivos que faciliten el funcionamiento de la empresa estatal. La práctica de la administración confirma que la eficacia gerencial y el rendimiento y compromiso de sus trabajadores, hace la diferencia entre empresas de un mismo sector de negocios.  Ambos factores (la empresa y su entorno) cuentan.

¿Qué hacer?

Es necesario colocar como uno de los pivotes de las transformaciones del modelo económico a la empresa estatal, en direcciones como:

-Marco legal: la promulgación de una Ley de Empresas para todos los actores económicos  (empresas estatales, Pequeñas y Medianas empresas privadas, cooperativas…) que contenga temas como su constitución, extinciones, formas legales, funciones y atribuciones principales. Y derogar la concepción de fijar un único sistema de gestión para todas las empresas estatales.

-Saneamiento financiero: la solución al problema monetario y cambiario implicará acciones de desinversión, reestructuración, fusiones u otras para el tratamiento de las empresas con pérdidas, según las especificidades de cada caso, sus potencialidades de relanzamiento y la protección laboral correspondiente

-Desarrollo empresarial: ello va más allá de lograr crecimientos en ventas, activos y empleados. Implica gestionar dimensiones como su infraestructura propia, innovación, emprendimiento, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dirección estratégica y sistemas integrados de gestión, desarrollo del talento, con autonomía plena en la gestión.

-Delimitación, más que «separación«, de las funciones empresariales y estatales. Mientras exista una separación de funciones donde las empresas no decidan en asuntos que por su naturaleza son de competencia empresarial, asumiendo riesgos y responsabilidades correspondientes, no habrá la autonomía empresarial proclamada

-Tamaño y estructuras organizativas: además de la necesaria revisión de las agrupaciones empresariales actuales y su gobernanza, la intención de contar con grandes agrupaciones con complejas, pesadas (y costosas) estructuras debe dejar espacios también para pequeñas y medianas empresas estatales en ciertos sectores.

Otras transformaciones necesarias

Estas direcciones no pueden desligarse de transformaciones en el entorno macroeconómico e institucional, como la unificación monetaria y cambiaria, la formación de precios, el desarrollo de la banca, modernización de la infraestructura, un cambio sustancial del actual sistema de planificación hacia un enfoque más financiero, las instituciones, políticas e incentivos para innovar, sustituir importaciones y exportar, y los sistemas de pago y otros incentivos al trabajo.

Enfocarse en la empresa estatal no significa preterir al resto del sistema empresarial cubano. Debe propiciarse una interacción más efectiva entre todos los actores económicos y fomentar una mayor capacidad empresarial en el país -reducida en los últimos años con la excepción del trabajo por cuenta propia- que resulta necesaria para alcanzar la visión de la nación y superar los impactos de la actual pandemia en la economía, con la misma efectividad con que se han combatido sus efectos en la salud de los cubanos. Dicha interacción también forma parte de la estrategia mencionada.

También es indispensable el esclarecimiento, en la práctica, de qué entender por medios fundamentales de producción, en qué proporciones debe detentar el Estado la propiedad sobre estos medios y en qué ramas específicas de la producción y los servicios debe prevalecer el Estado como propietario. Y además, el fomento de ambientes de competencia junto con la colaboración entre agentes económicos, sean de diverso signo o del mismo tipo de propiedad.