Los informes oficiales hablan de un mercado informal con una inflación del 6 900 % y el crecimiento de los precios de las entidades estatales en un 222 %.

Mailenys Oliva Ferrales y Ronald Suárez Rivas - Granma - Foto: Ricardo López Hevia

Como quien está a punto de desprenderse de algo muy preciado, Rolando Díaz lo piensa una y otra vez, repasa las cuentas mentalmente, se palpa el bolsillo de jubilado, hasta que, por fin, se planta frente al mostrador para hacerle el pedido al dependiente.

«Es que los precios se han disparado», dice.

No importan el lugar ni el producto. La elevación del costo de la vida se ha vuelto un fenómeno cotidiano en todos los rincones del país. Los informes oficiales hablan de un mercado informal con una inflación del 6 900 % y el crecimiento de los precios de las entidades estatales en un 222 %.

Para el cubano común, que probablemente no comprenda estos términos en toda su magnitud, Rolando lo resume de una manera sencilla: «Casi todo se ha encarecido brutalmente y el salario cada vez rinde menos».

Aunque el asunto no es nuevo, ha alcanzado su clímax en el último año, en medio de circunstancias muy complejas.

CUENTAS

Desde que se anunciara la aplicación de la Tarea Ordenamiento, a partir del 1ro. de enero de 2021, entre las preocupaciones de los cubanos estuvo lo explicado sobre la subida previsible de los precios.

¿Cuál ha sido el impacto en la economía tras la implantación de la Tarea Ordenamiento? (+ Video)

El país ya vivía una inflación, en un contexto de escasez originado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19.

En diciembre de 2020, muy cerca del llamado día cero, al referirse a este tema en el espacio Mesa Redonda, Marino Murillo Jorge, entonces jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, reconoció que con el Ordenamiento iban a concurrir tres fenómenos: déficit de oferta, incremento de los ingresos y aumento de los costos.

No obstante, afirmó que si los precios del sector estatal se elevaban 1,5 veces y los de las formas no estatales lo hacían hasta tres, el aumento de forma general sería de 1,6 veces.

«Una variable donde el salario crezca 4,9 veces y los precios 1,6, queda perfecto para el incremento salarial que hicimos», aseguró.

En la práctica, sin embargo, las cosas han resultado distintas.

El sector estatal sería el primero en rebasar con creces los límites diseñados, dando pie a una reacción en cadena que no parece tener fin.

A pocas semanas del inicio de la Tarea Ordenamiento, en una serie de encuentros de la máxima dirección del país con los principales dirigentes a nivel municipal y provincial, el gobernador de Pinar del Río, Rubén Ramos Moreno, ya informaba que entre los temas más cuestionados por la población sobresalían los precios mayoristas y minoristas, y añadía que en algunos casos se había apreciado falta de objetividad y coherencia en la formación y aprobación de los mismos.

Once meses después, el panorama es más desafiante.

Durante el último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el propio Murillo admitió que la inflación minorista ha constituido la principal desviación de la Tarea Ordenamiento, pues los costos de la canasta de bienes y servicios de referencia casi duplican los números diseñados, mientras la capacidad de compra que dio la reforma salarial se ha visto muy afectada, fundamentalmente en los sectores de menos ingresos.

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL PRECIO?

Con más del 90 % de la circulación mercantil minorista sobre sus hombros, el sector estatal debió haber tenido un peso decisivo en este proceso.

Sin embargo, el año 2021 ha transcurrido con un profundo déficit de oferta, que ha impedido alcanzar las cifras previstas. Los cerca de 700 millones de dólares que la economía cubana no ha podido captar, sumados a los 2 400 que tampoco se ingresaron en 2020, han dejado, entre otras secuelas, un profundo desabastecimiento, a lo que se ha sumado la llegada tardía de productos normados como el pollo o la leche en polvo, productos que antes se garantizaban puntualmente.

«Por mucho esfuerzo que se haga, (...) no es posible que no se sienta eso en la vida diaria de los cubanos», reconoció recientemente ante el Parlamento el vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El directivo precisó que en los primeros nueve meses del año hubo un déficit de oferta de 16 500 millones de
pesos, que se ha expresado en las enormes carencias de la red minorista.

Solo en Pinar del Río, el sector del comercio y la gastronomía ha dejado de vender 96 millones de pesos en cervezas, ron y refrescos, y 18 millones en pastas, que no ha recibido de las empresas suministradoras. En tanto, los centros de elaboración tampoco han podido disponer de 224 toneladas de picadillo y 150 de harina, por solo citar dos renglones.

Ante esa realidad, Tamara López García, directora general del Grupo Empresarial de Comercio, explica que sus unidades, para mantener el servicio, han tenido que gestionarse por sí mismas una parte importante de los recursos y eso ha tenido una expresión en los precios.

INFLADORES DE INFLACIÓN

Anamay Hernández Yera, directora provincial de Finanzas y Precios en Vueltabajo, también opina que entre los factores que inciden en la inflación está el alza de los costos de manera general, debido al incremento de los salarios y el encarecimiento de las materias primas en todos los procesos.

A ello se suma que el Estado no ha podido vender divisas al cambio oficial, que permitan el acceso de buena parte de la población a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), lo cual ha dado pie a la proliferación de un mercado informal con tasas muy superiores a las oficiales. «Todos vemos cómo funciona diariamente en las redes sociales», afirma Hernández Yera.

La funcionaria señala que, en la actualidad, esa se ha convertido en una de las principales formas para adquirir las materias primas que tiene el sector no estatal y ello, evidentemente, encarece los costos e incide en el precio minorista. Además de que se inserta en el mercado con tales lógicas de valor.
Pero no es la única causa de que hoy los cubanos estemos chocando constantemente con cifras que no responden a lo que pretendió establecer la Tarea Ordenamiento.

Por ejemplo, ¿cómo entender que en el atelier La Ópera, de la ciudad de Pinar del Río, una sábana cueste
1 200 pesos, equivalentes a 50 dólares estadounidenses, según el cambio oficial (1 x 24) o en la tienda Los buenos precios, de Bayamo, una toalla valga mil?

Desde la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, la doctora en ciencias Annelise Paula Gil Guerra y la máster Amarilys de Jesús Pozo Contrera, coinciden en que los métodos de formación de precios más empleados hoy no están enfocados en buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, sino en las utilidades, al amparo de una escasez que no les deja a las personas más remedio que comprar.

Pero esta tendencia está asociada al sector no estatal y al estatal. El economista Leonardo Ojeda Mena asegura que en la actualidad no se limita a una forma de gestión determinada: «Muchas empresas estatales han querido resolver el problema de la eficiencia con los precios, aprovechando la facultad que se les ha dado de fijarlos», considera Ojeda Mena.

Los cálculos realizados por Granma con ayuda de las dependientas de la tienda La Francia, arrojan que con los 1 200 pesos que piden en La Ópera por una sábana, alcanza para elaborar dos y sobra dinero.
Más producción y más oferta... no hay dudas de que en ambos factores está la clave para revertir el problema en las condiciones de Cuba.

Concretarlo, sin embargo, no resulta sencillo en el contexto actual. El retorno de manera gradual del país a la normalidad, tras largos meses de pandemia, constituye un paso importante, pero ya se sabe que no existen fórmulas mágicas para una economía que ha estado en recesión durante los últimos dos años, con la asfixia sostenida del bloqueo.

Por ello, mientras las aguas toman su nivel, los especialistas sugieren la necesidad de un papel más activo de los gobiernos locales.

La máster en ciencias Amarilys de Jesús Pozo Contrera, por ejemplo, considera que «es preciso ejercer mayor control de los precios y auditar a los actores económicos para ver cómo los están determinando, pues todo el mundo quiere tener utilidades, pero no siempre lo hace a partir de la producción de nuevos bienes o de la prestación de servicios de calidad».

Aun cuando está claro que ello no eliminará el problema de un tajo, sí podría ayudar a contenerlo, y reducir las brechas entre quienes hoy sacan provecho en río revuelto y quienes apenas consiguen mantenerse a flote en las turbias aguas de la inflación.