Canal Caribe.- Este jueves los participantes en el IV  Seminario Internacional “Diálogos en torno a los derechos humanos”, analizaron, desde un enfoque plural y multidisciplinario, los derechos y deberes en el ámbito familiar en Cuba. En la jornada trascendió que el Anteproyecto de Código de las Familias, en total coherencia con el texto constitucional y el carácter humanista del sistema social cubano, promueve el respeto y protección a los derechos de todas las personas.

Derechos humanos en Cuba: las cifras de lo posible

Elizabeth Borrego Rodriguez - La Habana, 10 dic (Prensa Latina) La protección de los derechos humanos en Cuba confirma hoy las cifras de lo posible para un sistema social asediado que emula a las legislaciones y prácticas más avanzadas para su preservación.

La mayor de las Antillas muestra avances reconocidos a nivel mundial en salud, educación, cultura, deporte y participación en instrumentos internacionales, aun cuando las campañas señalan violaciones sobre estas garantías, uno de los temas más sensibles para el país.

Entre otros, sobresale el derecho a participar en los asuntos públicos, acceso a la justicia, lucha contra la impunidad, estado de derecho y control de la legalidad, así como los mecanismos de atención a la ciudadanía y vías para que denunciar violaciones a sus derechos.

Asimismo, el país ha ampliado el acceso a la información, los derechos culturales y acceso al arte y la cultura, la protección de la salud sexual y reproductiva y los derechos laborales.

Las personas con discapacidad, adultos mayores, féminas y otros sectores cuentan, además, con amplio resguardo por el Estado.

Este vela también por preservar la igualdad de género y contra la discriminación por motivos raciales o de género, la libertad de creación artística y de asociación.

Al mismo tiempo, promueve la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, en la identificación y solución de los desafíos y retos que enfrenta la nación y se fomenta un escenario favorable para la libertad religiosa.

En concordancia con las leyes cubanas, el Estado instituye un sistema sanitario a todos los niveles accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias.

La Salud Pública ostenta una esperanza de vida al nacer superior a los 78 años y notables resultados en el tratamiento de enfermedades como el cáncer o la Covid-19.

De acuerdo con el ministro de Salud, José Ángel Portal, el enfrentamiento a la pandemia resultó una prueba para uno de los sectores impactados por la política hostil de Estados Unidos contra Cuba.

Sin embargo, desde octubre el país lideró el indicador de mayor proporción de dosis diarias aplicadas por cada 100 habitantes en el mundo, con un promedio diario de 250 mil vacunas desarrolladas por la ciencia cubana.

En esa fecha, la nación antillana ocupó uno de las primeras 15 del orbe con un 71,6 por ciento de la población completamente inmunizada.

Dos meses después, más del 83 por ciento de los cubanos culminaron su esquema de inmunización contra la Covid-19, mientras que la capital inició la aplicación de una dosis de refuerzo para su población vacunada.

Más allá de sus fronteras, los médicos cubanos brindaron también servicios a 87 países y territorios en casi seis décadas de colaboración.

En medio de la emergencia global por la Covid-19, más de 50 brigadas llegaron a 39 estados para contribuir con el enfrentamiento a la pandemia.

Con similares preceptos, la educación en la isla es considerada un derecho de todas las personas, y constituye una responsabilidad del Estado.

Este garantiza servicios gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de postgrado para lo que destina más del 20 por ciento de su presupuesto anual.

En consonancia con el cumplimiento de los derechos humanos, la carta magna cubana considera a todas las personas iguales ante la ley, sin discriminación alguna.

En octubre de 2020, la mayor de las Antillas fue incluida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2021-2023, con una gestión centrada en asegurar un orden internacional basado en inclusión, cooperación, justicia social, dignidad humana y respeto de la diversidad.