Dinella García Acosta, Andy Jorge Blanco, Karina Rodríguez Martínez, Deny Extremera San Martín, Irene Pérez - Foto: Ismael Francisco - Cubadebate - Video: Canal Caribe / TV Cubana.- “Defendamos los símbolos (…) defendamos la ley”. Con esas palabras del querido Eusebio Leal comenzó este domingo el debate en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, donde se habló del cumplimiento de la Ley 128/2019, De los Símbolos Nacionales de la República de Cuba.

Mayda Millán Álvarez, directora de comunicación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma,) dijo que ese organismo ha desarrollado un conjunto de acciones encaminadas al conocimiento de lo estipulado en la ley por parte de los sus directivos, especialistas y trabajadores. “Promovemos una adecuada conducta de respeto y veneración, en correspondencia con lo legislado”, precisó.

Asimismo, indicó que el desconocimiento de lo dispuesto legalmente es la principal dificultad a enfrentar, por lo que es imprescindible continuar con la divulgación de esta normativa, tanto para las personas naturales como para las jurídicas.

A nombre de los docentes, Lucrecia Miriam Ejea Álvarez, directora de Marxismo Leninismo e Historia del Ministerio de Educación, habló sobre la responsabilidad de los educadores de inculcar a sus estudiantes el amor por los símbolos.

“Los símbolos nacionales no representan un momento de la historia patria, sino de toda nuestra historia, de ahí la necesidad de su enseñanza en las escuelas”, destacó.

Ejea Álvarez afirmó que el Mined dictó la resolución 71/2020, específica para el sector, vinculada a la Ley de los Símbolos Nacionales que está en todas las instituciones educativas.

Se trabaja de conjunto con las familias. “Esta acción educativa se realiza de manera permanente. En el sistema de teleclases, dadas durante la pandemia de covid-19, se ha incluido cada vez que el contenido lo permite. Está presente desde la primera infancia, también en asignaturas como El Mundo en que Vivimos, Educación Ciudadana, Educación Cívica y Cultura Política”, apuntó.

En la enseñanza militar de la educación superior también se ha trabajado el tema.

Reymundo Quesada Romero, jefe del Departamento de Enseñanza Militar del Ministerio de Educación Superior, dijo que el cuidado y respeto de los símbolos está incluido en el proceso docente de todas las carreras. No obstante, aún existen insuficiencia en el dominio y la aplicación de lo previsto en la ley, y no en todas las aulas universitarias está el Escudo de la Palma Real.

Durante su intervención, Fernando Rojas Gutiérrez, viceministro de Cultura, recordó que en el país tiene una amplia tradición en el abordaje de los símbolos desde la cultura y afirmó que deberíamos sentirnos orgullosos de ellos.

Como parte de las acciones –dijo– se evaluaron las representaciones de los símbolos en producciones de las empresas de la cultura que se ofertan a la población. “Se retiraron productos, particularmente de artesanos, al representar, por ejemplo, la bandera de manera irrespetuosa”, informó.

El viceministro de Cultura señaló que en 2020 se produjeron 200 videoclips y que en buena parte de ellos se promueven contenidos patrióticos. Un ejemplo de ello es el videoclip El mambí, con la voz de Santiago Feliú, que obtuvo el premio de video del año en los últimos Premios Lucas.

El conocimiento de la historia y el fortalecimiento de los valores desde las familias y con el apoyo de la escuela fueron otros temas en el debate.

Nereida López Labrada, diputada por la provincia de Granma, abogó por llevar la Ley de los Símbolos Nacionales a las comunidades donde se desarrollan transformaciones, para cambiar y educar desde la base.

Por su parte, Lisset Luzardo, representante por La Habana del Este, destacó la fuerte guerra de símbolos que se desarrolla contra Cuba. La educadora consideró que la referencia para las nuevas generaciones no deben ser aquellos productos que denigran los símbolos, sino los buenos ejemplos que resaltan nuestra historia y patriotismo. Según su criterio, la ley se está incumpliendo al utilizar la bandera cubana en los nasobucos.

“Muchas de las banderas que ondean hoy por la ciudad están vinculadas a inmuebles y monumentos de importancia histórica que se encuentran cercanos al mar, por lo que se deterioran con rapidez. Por esta razón, considero que se deben buscar materiales óptimos para fabricar esas banderas”, alertó Félix Julio Alfonso, diputado por La Habana Vieja.

Agregó que también se diluye la responsabilidad de a quien le corresponde actuar ante el deterioro de la enseña nacional, cuando esta se encuentra en lugares públicos.

Por su parte, Abel Prieto advirtió sobre la importancia que debe darse al tema de la guerra simbólica, porque “constituye un gran peligro contra nuestra identidad y los valores que defendemos como nación”.

Aprueban dictamen del proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo

Para analizar y aprobar la propuesta de dictamen del proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, sesionaron en la mañana de este domingo las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Industria, Construcciones y Energía.

Este sábado, durante el debate en plenario, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, propuso realizar una reunión de trabajo en la noche para analizar este proyecto de ley, “que no tiene antecedentes en el país”.

Además de las modificaciones resultado del trabajo de los diputados en la jornada previa, esta mañana se añadieron otras sugerencias al dictamen.

Lourdes Lorenzo Castro, diputada por Bauta, comentó algunas cuestiones relacionadas con la redacción de la norma.

Asimismo, sobre uno de los temas más debatidos en la jornada anterior, Yamil Muchuly, diputado del municipio El Salvador, de Guantánamo, aclaró que el consejo provincial es el que aprueba o ratifica los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano de su ámbito de competencia presentados a su consideración, tal como refleja el Artículo 18 del proyecto de ley.

“No es posible que en un municipio se diga, teniendo condiciones, que no hay dónde construir viviendas”, afirmó el diputado y presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés destacó que la solución para sitios donde no haya espacio para construir viviendas, es construir edificios y así utilizar los espacios en distribución vertical.

“Absolutamente todo lo que se dijo ayer fue tomado en cuenta”, aseguró Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía.

En ese sentido, comentó que se trata de una ley novedosa y necesaria, que incide directamente en el pueblo.

Uno de los cambios sustanciales de esta normativa está relacionado con el derecho que se otorga a la persona que viva en un municipio sin disponibilidad de suelos destinados a la construcción de viviendas, para realizar solicitud de suelo y adquirirlo en otro territorio, incluso de otra provincia.

Como elemento novedoso, el proyecto de ley contempla que la asignación de suelo urbanizado para la construcción por esfuerzo propio corresponda a un consejo provincial y no solamente al gobernador.

Este sábado, la diputada Lizette Martínez Luzardo propuso que el nuevo proyecto ratifique la importancia de la participación activa del pueblo en la búsqueda de un mejor entorno y en los nuevos proyectos urbanísticos.

Al finalizar el debate, el presidente de la comisión de Industria, Construcciones y Energía sometió a votación el dictamen del proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, el cual fue aprobado. Quedó acordado redactarlo a partir de todas las sugerencias presentadas por los diputados.

Debaten sobre problemas en el sector hidráulico y la Ley de las Aguas Terrestres

Al presentar este domingo el informe a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de la Ley 124, De las Aguas Terrestres, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, destacó que “tras la aprobación de la ley, lo importante es analizar cómo se cumple”.

Aprobada en julio de 2017 durante el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la octava legislatura y puesta en vigor en febrero de 2018, la ley establece sus objetivos en el Artículo 2:

• Ordenar la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres.
• Establecer las medidas para la protección de las aguas terrestres.
• Establecer las medidas para la reducción de desastres por la incidencia de eventos hidrometeorológicos extremos en las aguas terrestres y la adaptación al cambio climático.

Durante la presentación, Liván Hernández González, director jurídico del INRH, informó que desde 2019 hasta octubre de 2021 se han construido 1 165 obras que han beneficiado a más de 4.67 millones de habitantes.

Se ha desarrollado un amplio programa de acciones y medidas para enfrentar la sequía, garantizando el abasto de agua a la población y la economía, en varias provincias del país.

Asimismo, destacó que se ha incrementado el empleo de agua en la agricultura, la caña, la pesca y la generación eléctrica a partir de varias obras ejecutadas en el programa de trasvase.

“En el último año se han desarrollado acciones bajo el programa de barrios vulnerables dentro del plan aprobado al INRH”, añadió.

Al referirse al servicio público de abastecimiento de agua, comentó que hay un total de 10 928 431 habitantes con agua servida, el 97.8% de la población.

Por su parte, el presidente del INRH, Antonio Rodríguez Rodríguez, subrayó que solo el 55.7% de la población recibe agua segura, y hay un 37.1% de cobertura de alcantarillado.

“Todavía se pierde alrededor del 43% del agua que se bombea. Los salideros son un problema considerable”, puntualizó, y llamó a captar el agua de lluvia, desalinizar donde sea económicamente factible y desarrollar los embalses que faltan para que no se pierda agua.

Además, se refirió a las fosas, que son un problema grave en el país. En ese sentido, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez destacó que las fosas son contaminadas por falta de disciplina y control en los territorios.

“¿Por qué el Gobierno no obliga a crear las fosas, que se hacen con los recursos locales?”, comentó Valdés Menéndez.

Por su parte, Eder Manuel Olivero Garcell, diputado por Moa, Holguín, se refirió al servicio público de provisión del agua, específicamente en la agricultura. Por esa línea, dijo que existe deterioro en los indicadores de rendimiento en la producción de alimentos.

El diputado propuso que, para el próximo año, se realice una fiscalización por parte de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, en conjunto con la Comisión Agroalimentaria.

José Enrique Ramón Domínguez, diputado por Manzanillo, comentó que el agua en pipa en su territorio representa una dificultad, debido a que se abastece cada 30 y más días.

Durante las intervenciones, Miguel García, delegado de base y diputado por Camagüey, señaló que existen redes nuevas que ya presentan salideros, lo que representa un gasto de recursos constantemente.

Celina Ruiz, diputada por el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, dijo que no todos los organismos dominan la Ley de Aguas Terrestres y llamó a una mayor capacitación sobre el tema en los territorios.

Al finalizar la sesión, el ministro de Energía y Minas y diputado por Camagüey, Liván Arronte, explicó que existe la venta de paneles solares fotovoltaicos en moneda nacional y en divisa, en La Habana, lo cual se extenderá a todo el país el próximo año.

Por último, el presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, Santiago Lajes Choy, convocó a reanimar el trabajo de la comisión en 2022.