El proceso judicial iniciado hace 60 años tuvo como sede al Castillo del Príncipe en La Habana entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1962. Foto: Archivo de Granma.

Pedro Ríoseco - Granma - Video: Cubavisión Internacional

Antes de comparecer como acusados frente a un tribunal revolucionario a partir del 29 de marzo de 1962, los 1 181 mercenarios pagados por Estados Unidos que invadieron nuestro país el 17 de abril de 1961 creían que su aventura sería un paseo y el pueblo los recibiría con los brazos abiertos.

La dura realidad les esperaba en las mismas arenas de Playa Girón y Playa Larga, cuando fusiles de milicianos enfrentaron desde el primer momento su invasión y el ametrallamiento a las poblaciones de esa zona de la Península de Zapata, parte del territorio libre de Cuba desde el 1ro. de enero de 1959.

El proceso judicial iniciado hace 60 años tuvo como sede al Castillo del Príncipe en La Habana entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1962, y a casi a un año de la proclamada Primera Gran Derrota del Imperialismo en América, se develaron al mundo los detalles de la artera agresión, planificada, financiada y organizada por el gobierno de Estados Unidos desde mayo de 1960.

Muchos mercenarios al declarar ante el tribunal decían «me embarcaron», «yo venía de cocinero» o «me dijeron que no habría oposición», pero los sorprendió la heroica resistencia de las milicias populares y de los jóvenes artilleros, las nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias y su incipiente Fuerza Aérea, con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al frente dirigiendo los combates.

Tras conocida la noticia de la invasión en abril de 1961, el pueblo cubano entero se movilizó. Los obreros y campesinos ocuparon sus puestos en las nacientes milicias, los jóvenes rebeldes tomaron los centros estudiantiles y los convirtieron en centros de entrenamiento en el uso de las armas y la naciente Seguridad del Estado puso a buen recaudo a los cabecillas que conspiraban para crear una quinta columna en la retaguardia.

El tribunal que juzgó a los mercenarios estuvo presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez y actuaron como vocales los también comandantes Juan Almeida Bosque, Sergio del Valle Jiménez, Guillermo García Frías y Manuel Piñeiro Lozada. Como fiscal actuó el doctor Santiago Cuba, del Tribunal Supremo de Justicia; como secretario trabajó el capitán Narciso Fernández y como abogado defensor de oficio el doctor Santiago Béjar, profesor de la Universidad de La Habana.

El tribunal dictó sentencia en la Causa 111 el 17 de mayo de 1962 contra los mercenarios capturados, a quienes se les condenó a pagar altas indemnizaciones y como penas subsidiarias hasta 30 años de cárcel, «con trabajo físico obligatorio hasta que sea satisfecha la indemnización». Los mercenarios capturados en Playa Girón y sus alrededores, sancionados por delito de traición a la Patria, también perdieron la ciudadanía cubana.

Los tres principales jefes de la mercenaria Brigada 2506, José Alfredo Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa, fueron condenados a pagar al país cada uno medio millón de dólares de indemnización. Los demás mercenarios fueron sancionados a pagar 100 000, 50 000 y 25 000 dólares, de acuerdo con la responsabilidad que tuvieron en la frustrada invasión. La suma total de la sanción impuesta a los 1 181 mercenarios juzgados ascendió a 62 300 000 dólares.

Desde mayo de 1961, apenas unas semanas después de derrotada la frustrada invasión, el entonces Primer Ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro Ruz, había expresado la disposición a devolver a Estados Unidos a todos los prisioneros, a cambio de que Washington accediera a indemnizar materialmente a la Isla.

Tres días después de la sentencia del tribunal, el 20 de mayo de 1962, quedó constituido el Comité de Prisioneros que viajó a Estados Unidos para negociar la libertad de los integrantes de la Brigada. El gobierno de John F. Kennedy, avergonzado por el fracaso en 72 horas de su esperada invasión, no quiso participar de manera oficial en ese proceso, y la negociación quedó en manos de la iniciativa privada que se agrupó en el llamado Comité Roossevelt, el cual, a pesar de sus buenos deseos, no pudo dar una rápida solución al problema.

En junio de 1962, el Fiscal General de Estados Unidos, Robert Kennedy, incorporó a las negociaciones de la llamada Comisión de Familiares de Prisioneros al abogado James Donovan. Las conversaciones sobre el cambio de los prisioneros fueron interrumpidas durante la Crisis de Octubre, pero se reanudaron el 18 de diciembre, firmándose los acuerdos el día 21 de ese mes.

Ese convenio comprometía a Estados Unidos a pagar, en un término de seis meses, los 62 300 000 dólares en medicinas y alimentos para niños mientras que Cuba dejaría en libertad a los prisioneros, quienes comenzaron a salir de inmediato para Estados Unidos.

La Casa Blanca no completó su compromiso, pues dejó de pagar dos millones de dólares, pero, como dijo Fidel: «Tuvieron que aceptar el pago de la indemnización y por primera vez en su historia el imperialismo pagó una indemnización de guerra».