Mesa Redonda de la TV Cubana.


Destacan intensa labor de parlamento de Cuba

La Habana, 7 dic (Prensa Latina) El parlamento de Cuba desarrolló una intensa labor en la novena legislatura a punto de finalizar, al calor de la reforma legislativa emanada de la Constitución aprobada en abril de 2019, aseguró hoy un alto funcionario.

Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó que en esta etapa fueron aprobadas 30 leyes y 65 decretos leyes, lo cual refleja no solo desde el punto de vista númerico sino por el contenido de los textos legislativos, la magnitud del trabajo de los diputados del parlamento unicameral de la isla.

Aseguró Acosta que en estos cuatro años la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó lo que en otros parlamentos del mundo demora muchos años para poder hacer todas las legislaciones de los órganos del Estado.

Con la Ley de la Fiscalía general, que será sometida a aprobación en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional la próxima semana, cierra el ciclo en el cual todos los órganos estatales tienen sus normativas y disposiciones que complementan lo establecido en la Constitución, explicó.

Detalló que ello incluye desde la Ley de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, la del Presidente de la República, la del Consejo de ministros con la figura del Primer Ministro, de los gobiernos provinciales, de las asambleas municipales, de las administraciones locales, hasta la ley Electoral, de los tribunales de Justicia y de la Contraloría, entre otras.

También, abundó, la reforma procesal que esta legislatura ha desarrollado y, como aspecto importante advirtió que “no es solo un acto de creación normativa desde el parlamento, porque a ello contribuyen muchos funcionarios, organismos, expertos y universidades, lo cual le da fortaleza a la manera en que se crean las leyes y disposiciones jurídicas en Cuba».

Añadió que esto incluye también la participación de la población en el análisis y aprobación de importantes textos legales, como expresión del desarrollo de la democracia participativa en la isla.

Al intervenir este miércoles en el espacio televisivo Mesa Redonda, Acosta brindó detalles sobre el programa de la sesión de la Asamblea Nacional en su décimo período de sesiones de la novena legislatura, que trabajará en plenaria del 12 al 14 próximos.

Explicó que los diputados tendrán una apretada agenda con importantes temas económicos y sociales que incluyen la presentación y aprobación de varias leyes, entre estas las de la Contraloría, de la Fiscalía General, de Comunicación Social, de Fomento y desarrollo de la Ganadería y de Expropiación por razones de interés público e interés social.

Recibirán informes de los organismos correspondientes sobre la situación del sistema electroenergético nacional, la implementación de la ley 148 sobre Soberanía Alimentaria, comercio minorista local, marcha del cronograma legislativo acorde con los cambios establecidos en la actual Constitución y el enfrentamiento a la corrupción e ilegalidades.

Asimismo, rendirán cuentas el Consejo de Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Comunicaciones.

Como es costumbre en las sesiones correspondientes al cierre del año, el parlamento también conocerá de los balances sobre el desenvolvimiento de la economía nacional, las previsiones para el 2023 y el presupuesto para la etapa venidera.

 

En detalles, amplia agenda legislativa de la venidera sesión del parlamento cubano

Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Lissett Izquierdo Ferrer

Cubadebate

Información de primera mano sobre lo que acontecerá en la venidera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue dada a conocer en la Mesa Redonda de este miércoles. El programa radio-televisivo contó con la presencia del secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Finanzas y Precios y un miembro de la Comisión redactora del Proyecto de Ley de Comunicación Social.

Al iniciar el espacio, el secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez dijo que será la última sesión ordinaria de la XI Legislatura. “La misma ha tenido una amplia agenda legislativa, con una actividad parlamentaria y constituyente de gran calado”.

Sobre el encuentro de los diputados, el funcionario sostuvo que, como cada diciembre, los temas económicos tendrán un gran peso en el debate. “Aunque ese día comienza la sesión, previamente, se desarrollará el trabajo en comisiones permanentes de trabajo. Estas comisiones no circunscriben su labor solo a esta jornada, sino que desde mucho antes han laborado en la fiscalización y el control de diversos temas de la agenda”.

Sobre las visitas que desarrolló la Asamblea a las provincias, Acosta Álvarez advirtió que no se tratan de contactos administrativos, sino que en cada territorio se intercambia con el pueblo.

Para el día 12, adelantó, se prevé la discusión de los temas económicos. “Se analizará la marcha de la economía y el cumplimiento de las decisiones de gobierno; dicho punto será expuesto por el vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández”.

El propio ministro tendrá a su cargo la presentación del Plan de la Economía para el año 2023.

Ese mismo día se presentará la Ley del Presupuesto que corresponde aprobar a la Asamblea para el 2023. “Una vez admitido por el Parlamento, se aprobarán en las Asambleas Municipales de manera particular los planes a nivel territorial. En la mañana de esa jornada también se dará una información de las labores de recuperación de la provincia de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian”, añadió.

Para el horario de la tarde está planificado que se brinde información por varios organismos. “En primer lugar, comparecerá el ministro de Energía y Minas para dar a conocer detalles de la situación del Sistema Electroenergético Nacional, un tema de gran interés para la población”.

Más adelante, los ministros de la Industria Alimentaria y la Agricultura darán detalles de la implementación de la Ley de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional”.

En esa jornada también pasaremos revista a la marcha del perfeccionamiento del comercio minorista en el ámbito local a partir de un informe que presentará la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez.

Luego, el ministro de Justicia informará sobre el cumplimiento del cronograma legislativo y sus perspectivas. “No es solo la cantidad de leyes aprobadas, sino el impacto de esas legislaciones en la vida del país”.

Por último, se ratifica por la Asamblea Nacional las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en este período.

Entre tanto, el día 13 inicia con una presentación del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, sobre las medidas para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. “El propio primer ministro intervendrá sobre la situación demográfica del país, un tema recurrente y complejo con gran peso en la vida de la población”.

El tercer punto de esa jornada está reservado para la rendición de cuenta del Consejo de Estado. “Es la primera vez que esta estructura rendirá cuenta ante la Asamblea y de esta forma todos los órganos habrán realizado este ejercicio”.

Seguidamente, el ministerio de las Comunicaciones también rendirá cuenta tras un amplio proceso de consulta realizado en todo el país.

En otro momento de la Mesa Redonda, el secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular dijo que en la presente legislatura se han aprobado 30 leyes, mientras que el Consejo de Estado ha validado 65 Decretos-Leyes. “El Consejo de Estado ha funcionado de manera regular, incluso en medio de la pandemia”.

Para la tarde de ese día 13 está planificado la rendición de cuenta de la Contraloría General de la República, la presentación del proyecto de ley de este propio organismo. “Luego se presenta el proyecto de ley de la Comunicación Social y por último el proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social”.  

El 14 de diciembre se reserva la presentación del proyecto de ley de la Fiscalía General de la República. “Con esta ley todos los órganos del Estado tienen su legislación. No es solo un acto parlamentario, sino que participaron muchas personas”.  

Más adelante se expondrá para su aprobación el proyecto de ley de la ganadería que actualizará una norma de 1974.

Antes de concluir, Homero Acosta destacó que comenzó un proceso de digitalización de la actividad parlamentaria. “Por vez primera los diputados tendrán por cada escaño un Tablet con todos los documentos que serán abordados en la Asamblea. El dispositivo también contendrá todo el paquete legislativo aprobado para su consulta, además de que se pondrá realizar las anotaciones pertinentes por cada parlamentario. Estos medios informáticos fueron donados por la Asamblea Nacional de Vietnam”.

“La expropiación se seguirá usando de manera muy excepcional”

Al intervenir en la Mesa Redonda, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), precisó que en la próxima reunión del Parlamento cubano también se presentará la Ley de Presupuesto del Estado para el venidero año, que ratificará nuevamente la voluntad del país de seguir financiando los programas y proyectos sociales, pese a las complejas condiciones de la economías.

Informó que las asambleas municipales sesionarán por primera vez en la última semana de diciembre para aprobar el presupuesto de 2023, de manera que el nuevo calendario iniciará con todos los dineros y sus destinos aprobados.

La ministra hizo referencia al proyecto de ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, que será sometido a consideración de los diputados y que cumple el mandato constitucional previsto en el artículo 58:

“La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

La ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización”.

Bolaños Weiss destacó que se trata de un proyecto de ley eminentemente garantista, al regular las bases en que podrá decretarse la expropiación, un instrumento presente en las legislaciones de la mayoría de los países.

En el caso de Cuba, la expropiación estuvo presente en la Constitución de 1940, y después del triunfo de la Revolución su uso queda marcado por “el interés general”, para favorecer a todos, como última alternativa, lo cual se afianza en el actual proyecto de ley, aseguró la ministra.

Esta normativa, agregó, deja claro cuáles son las razones para declarar esa utilidad pública o interés social, por tanto, “no hay lugar a decisiones arbitrarias”. Además, se definen las autoridades que pueden realizar esa declaración.

  • Se completa el marco normativo de la expropiación en función de fortalecer el régimen de garantías para los titulares de derechos de propiedad.
  • Se regula el derecho de los propietarios para oponerse a la declaración de utilidad pública o interés social. “Hasta la actualidad, el propietario solo podía acceder al tribunal para impugnar la indemnización, no la declaración de utilidad”.
  • Se definen con bases objetivas los criterios para la indemnización del bien, que tendrá que ser sobre su valor real al momento de declararse la utilidad.
  • Garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso en sede judicial y administrativa.
  • Ratifica el principio de que las personas solo pueden ser privadas de su propiedad por razones de utilidad pública o de interés social, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes.
  • La expropiación solo puede ser decretada por el tribunal de justicia competente y mediante justa indemnización.
  • Mantiene las garantías a las inversiones extranjeras, establecidas en la ley que regula esta actividad en el país. En este ámbito la indemnización se fija por su valor comercial establecido de mutuo acuerdo.
  • Dispone la reinversión dentro del plazo de hasta tres años, si el bien no se utiliza con el destino que se justificó esa utilidad pública o de interés social.

“Este instrumento seguirá usando de manera muy excepcional, como última alternativa, por la importancia de ofrecer seguridad jurídica en el uso y disfrute del bien a sus propietarios o titulares”, enfatizó la ministra.

Ley de Comunicación Social, una construcción colectiva

Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, explicó detalles del proyecto de Ley de Comunicación Social, la primera propuesta jurídica sobre esta materia que se promueve en el país en su historia.

Subrayó que ha sido fruto de una construcción colectiva, con varios espacios de análisis y aportes de las organizaciones profesionales, expertos, académicos y profesionales de diferentes campos del saber.

Recordó que inicialmente se pensó como un Decreto Ley y luego por una decisión atinada y pertinente del país subió su rango jurídico a Ley, lo cual sin dudas le dio una mayor consistencia y fortaleza al proyecto.

De acuerdo con Castillo Corderí, el proyecto asume los procesos comunicacionales con una visión estratégica y a la vez integrada, no solo en su expresión mediática, lo que ha sido la principal tendencia en todas las leyes de esta materia en el mundo.

Agregó que esta normativa se nutre de la práctica comunicacional cubana, que no necesariamente requeriría de un instrumento jurídico para ser sólida, porque todos estos años había estado en la documentación política del país, en los lineamientos, los documentos de los congresos del Partido, entre otros.

Resaltó que se inspira en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, “el gran comunicador de la Revolución”.

El vicepresidente del ICRT comentó que el proyecto de ley distingue a las personas como sujetos principales de los procesos comunicacionales en los espacios públicos físicos y digitales.

A la vez, continuó, cumple mandatos constitucionales, entre ellos, el derecho de las personas a acceder y utilizar la información que se genere en los órganos del Estado y sus entidades, el derecho a la libertad de prensa de los medios fundamentales de comunicación social, y la obligación de los servicios públicos y funcionarios del Estado de ofrecer información y rendir cuenta al pueblo.

Castillo Corderí detalló que para su elaboración se consultaron más de 100 normas internacionales y tesis de pregrado y posgrado y otras investigaciones, al tiempo que se realizó un proceso permanente de diálogo con la academia, en la que participaron varias organizaciones e instituciones como la UPEC, la Asociación de Comunicadores Sociales, la Asociación Hermanos Saíz y la UNEAC.

Sobre las consultas especializadas puntualizó que se desarrollaron unas 60 reuniones de intercambios en todo el país, con más de 6 000 participantes.

“De todo este proceso, más lo recibido por otras vías, se contabilizaron 1 426 opiniones, de ellas, 923 plantearon la necesidad de modificación, supresión o adición de contenidos a la norma. El equipo redactor aceptó el 88.19% de esas opiniones”, precisó.

El vicepresidente del ICRT subrayó la contribución que desde el sistema de comunicación social del Estado y el Gobierno del país se hace a la cultura, al diálogo y al consenso.

En el proyecto de ley hay capítulos dedicados a niños, niñas y adolescentes, a la gestión de la comunicación de cara a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, a lo que significa el adulto mayor en la sociedad cubana, a la participación popular, entre otros temas.

Esta normativa viene a resolver asuntos que hoy tienen déficit en la legislación cubana, resaltó Castillo Corderí y destacó que el sistema de medios públicos del país dispondrá de un marco jurídico que le posibilita alcanzar mayor autonomía y legitimidad.

Además, se reconoce a la publicidad y el patrocinio como parte de los procesos comunicacionales del país, actividades que hoy existen y demandan regulación. “Un marco regulatorio que garantiza que los principales propósitos y principios refrendados en la Constitución de cara al Estado socialista de derecho y de justicia social en ningún momento puedan ser menoscabados.

“Se puede tener publicidad y patrocinio en el socialismo, se puede orientar el consumo responsable de manera sostenible”, subrayó.

A juicio del vicepresidente del ICRT, Cuba necesitaba una ley como esta.

A la actual legislatura le quedan varios meses de mucho trabajo

El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, resaltó que a la actual legislatura le quedan todavía varios meses de mucho trabajo, y que ha sido un periodo muy fecundo, “de la nueva Constitución, de varias leyes de gran calado y profundidad y del Código de las Familias”.

Comentó que están inmersos en varios procesos de gran trascendencia, entre ellos la culminación de las elecciones de las asambleas municipales del Poder Popular, para su posterior constitución para un mandato de cinco años.

Acosta Álvarez recordó que el país también está convocado a un proceso de elecciones nacionales, el 26 de marzo próximo, pero que cuenta con un conjunto de procesos de participación popular: organizaciones proponiendo a los futuros candidatos, la labor de la Comisión de Candidaturas, la participación del pueblo evaluando quiénes son los delegados, que luego nominan a los futuros candidatos a diputados, y después el voto directo y secreto del pueblo.

Posteriormente sucederá la constitución de la nueva Asamblea Nacional, que tendrá una composición diferente en cuanto a la cantidad de diputados: 470, hoy son 605. Además, se elegirá la nueva directiva del parlamento, el Consejo de Estado, el presidente y vicepresidente de la República y el Gobierno.

Acosta Álvarez especificó que en este periodo puede ocurrir una sesión extraordinaria si hay necesidad legislativa o de otro tema.

“Son meses de mucha intensidad y de mucha participación del pueblo”.

 

Ley de expropiaciones en Cuba garantiza derechos de propietarios

La Habana, 7 dic (Prensa Latina) Una Ley de expropiaciones que deberá ser aprobada por el parlamento de Cuba aumenta las garantías y derechos de las personas, aseguró hoy la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños.

Explicó que el proyecto de Ley de Expropiación por razones de interés público e interés social cumple con lo previsto en el artículo 58 de la Constitución que regula la expropiación de bienes y plantea que esta se autoriza solo atendiendo a razones de utilidad pública o social con la debida indemnización.

Esta legislación garantiza el derecho de propiedad y el uso y disfrute de la titularidad del bien por las personas y se dispone que debe establecer las bases para determinar la utilidad y la necesidad de tal expropiación, subrayó la ministra al intervenir en el espacio televisivo Mesa Redonda.

El texto ordena y regula las bases en que puede hacerse una expropiación que -advirtió- no es una prerrogativa solo del Estado cubano, sino que existe en las constituciones y leyes de la mayoría de los países y en el caso de Cuba data del siglo XIX y ha estado presente en las sucesivas cartas magnas, señaló Bolaños.

Precisó la titular que el proyecto de ley no deja espacio a decisiones arbitrarias para proceder a una expropiación, dispone cuáles entidades están facultadas para declarar la utilidad pública o social y por ello robustece las garantías y protección del derecho de propiedad.

Contrario a lo que algunas campañas de desinformación señalan, esta legislación, en cambio, garantiza no solo la propiedad de las personas sino incluso también a las inversiones extranjeras en el país y dispone con mayor alcance la indemnización.

Sobre esto último, Bolaños adelantó que la legislación incluso reconoce que la indemnización tiene que ser sobre la base del valor real del bien al momento de declararse la expropiación, lo cual brinda una mayor protección a los propietarios.

Consideró además muy importante que entre las garantías que ofrece el texto legislativo está que el propietario puede incluso impugnar la declaración de utilidad pública o interés social y también se puede revertir si en un término de tres años no se le da al bien expropiado el destino para el cual se declaró de interés social.

El texto legislativo puede ser consultado por el público en las páginas web de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Ministerio de Finanzas y Precios, informó la ministra.

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