Reiteró que la demanda se establece contra la República de Cuba y el Banco Nacional de Cuba. “Hablamos de dos entes distintos, la República como garante soberana, una facultad que tiene el Estado de asumir responsabilidades en materia de garantías ante las deudas que se adjudican otros entes del país, y el BNC como entidad económica y comercial”.

Antecedentes de la demanda

El Ministerio de Justicia asumió la representación legal de la República de Cuba en este proceso judicial. Se conformó un grupo de trabajo temporal integrado por directivos, funcionarios, especialistas y reconocidos profesores universitarios expertos en litigios internacionales.

“A los efectos procesales en la corte, teníamos la obligación de contratar el servicio de abogados en el Reino Unido y del bufete español Uría Menéndez, uno de los mayor prestigio de habla hispana en el mundo”.

Antes de la audiencia a inicios del mes de febrero de este año, la representación legal cubana presentó más de 2 000 documentos. “No ha pasado un día desde que se estableció la demanda en 2019 en que no se haya hecho algo por ese proceso”.

Según el titular de justicia, en el juicio se discutía si CRF era acreedor del Banco Nacional de Cuba y de la República de Cuba. “Existen documentos que prueban las intenciones de dañar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana”, subrayó Silvera Martínez.

La sentencia de la jueza Sara Cockerill dictaminó que el Estado cubano es inmune a la jurisdicción inglesa, y no tiene obligación de responder con su patrimonio ante la demanda.

“La República como ente soberano es inmune porque en ningún momento el Estado aprobó que sus garantías sobre la deudas fueran asumidas por CRF. Es una victoria. Fue lo que alegamos en la defensa”, explicó el ministro. El proceso continúa contra el Banco Nacional de Cuba como entidad comercial bancaria.

Esas deudas—que eran asumidas por el Banco Nacional antes de 1997 en tanto lo hacía en función de Banco Central—eran públicas, y por tanto, cualquier movimiento sobre esa deuda necesitaba y requería autorizaciones del gobierno. “En el acto de cesión de la deuda a CRF no se tuvieron en cuenta ese elemento”.

¿De qué se trata esta deuda? De un contrato de depósito a largo plazo de enero de 1984 entre el Banco Nacional de Cuba y el Crédit Lyonnais Bank que ascendía en aquel momento a algo más de 11 500 000 euros, por los intereses pactados en el contrato, explicó. “Ese crédito con el CL nunca tuvo garantía soberana y fue demostrado en el juicio”.

El otro crédito, con el Instituto Bancario Italiano, IBI, si tenía garantía soberana pero nunca se cedió a CRF. “Estos créditos fueron trasferidos al Standard Bank, que fue fusionado después con el ICBC, y cedieron sus deudas al CRF en el 2019”.

Funcionarios del BNC, unos por intención, otros por incumplimientos de sus deberes funcionales, accedieron a firmar documentos, sin ninguna exigencia legal establecida en el Manual de Procedimientos del Banco. “Un representante de CRF sobornó a un funcionario cubano. Se investigó y se tomaron medidas penales”.

Oscar Manuel Silvera Martínez dijo que desde un primer momento, incluso antes de que CRF estableciera la demanda, se conoció de las irregularidades en la cesión de la deuda, se investigó y se tomaron medidas jurídicas y penales.

Pretendían una condena contra Cuba y no lo consiguieron, subrayó, y agregó que un resultado desfavorable hubiese derivado en posibles retenciones de bienes estatales e incluso en nuevos impedimentos de acceso a los flujos financieros internacionales.

“Nosotros hemos defendido la verdad y la razón en estos tres años que ha durado el proceso. Insistimos en que somos acreedores serios, transparentes, que usan el dinero para lo que se solicita. Esa defensa de la verdad nos lleva a que cuando alguien nos trata de engañar, nosotros sabemos defendernos", concluyó.

 

Cuba apelará en mayo decisión de jueza británica sobre Banco Nacional

La Habana, 5 abr (Prensa Latina) El ministro de Justicia, Oscar Silvera, ratificó hoy que la defensa del Banco Nacional de Cuba (BNC) recurrirá a la apelación sobre la decisión de una jueza británica acerca de la demanda de CRF I Limited.

En conferencia de prensa el titular señaló que la jueza Sara Cockerill decidió que el tribunal de la Alta Corte de lo Mercantil de Londres no tiene jurisdicción para conocer la demanda establecida por CRF contra la República de Cuba, al no ser acreedor legítimo del Estado cubano.

Sin embargo, el proceso continúa contra el BNC, como entidad económica bancaria, una sentencia que la representación legal de la institución apelará mediante un documento que debe presentarse antes del 19 de mayo de este año, aunque luego se da un término para ampliar el recurso, precisó.

Silvera añadió que a partir de este momento la defensa tendrá todas las opciones para discutir y probar todas sus alegaciones, a partir de las posibilidades y las características de la ley inglesa.

Enfatizó que CRF no es acreedor legítimo de Cuba, «no lo era de la República, porque nunca cedió su garantía, y consideramos que no es acreedor legítimo del BNC, porque el acto donde se acreditó esa cesión es ilícito».

Al respecto detalló que la jueza inglesa, en su decisión, buscó el consentimiento de la trasmisión del crédito en un correo de respuesta de la entidad bancaria cubana a CRF, enviado en junio de 2019.

Se trataba de una comunicación inicial, en la cual el «nuevo acreedor» presentaba su solicitud, y a lo cual el BNC respondió como es acostumbrado, aceptando la solicitud y pidiendo presentar los documentos requeridos para buscar información, verificar y finalmente declarar esa cesión como válida.

A esos pasos se sumaba, en el caso de la existencia de garantías soberanas, la notificación al Ministerio de Finanzas y Precios y, a través de este, al Consejo de Ministros para su aprobación.

«Ese procedimiento no se cumplió», remarcó el ministro, quien explicó que los documentos presentados por CRF como supuesta aprobación cubana, fueron resultado de una acción fraudulenta que fue juzgada por los tribunales cubanos y los encartados declararon en la vista efectuada en febrero pasado en Londres.

Pero, si no hubiese corrupción involucrada en este caso, acotó Silvera, pues funcionarios cubanos actuaron para su beneficio, de cualquier modo el documento mediante el cual a CRF supuestamente se le hizo saber que se autorizaba la cesión de los créditos a su favor, «ese documento, ese acto jurídico, tiene serias irregularidades».

Pormenorizó que no cumplían con las exigencias legales establecidas para ello, como la ausencia de la doble firma prevista en estos procedimientos, además de que no constaba el documento específico que por sus características demanda el Banco como seguridad de que se acredita una decisión soberana y correcta de la entidad.

«Lo que se perseguía, como se confirmó a través de un correo electrónico presentado como prueba en la corte, era una condena contra el Estado cubano, para obligarlo a sentarse a negociar o impedirle el acceso a los flujos financieros internacionales», dijo el titular.

Esa sentencia tendría fuerza ejecutiva y podría aplicarse contra patrimonio de la nación caribeña en el exterior, cuentas bancarias, aviones, buques…, por eso se insiste en que Cuba obtuvo una victoria, acotó.

«En ese objetivo, enmarcado dentro de una política agresiva, no tuvieron éxito, y no lo tuvieron porque en estos tres años hemos defendido la fuerza de la verdad y la razón. Con esa verdad seguiremos en este proceso judicial», enfatizó.

 

Cuba defenderá la verdad: CRF no es acreedor legítimo del Banco Nacional

«Esa defensa de la verdad nos lleva a que cuando alguien nos trata de engañar, nosotros sabemos y vamos a defendernos»

Susana Antón Rodríguez

Granma

Cuba recurrirá, ante la Alta Corte de Inglaterra y Gales, a una apelación en relación con lo decidido por la jueza Sara Cockerill contra el Banco Nacional de Cuba (BNC), acerca de la demanda del fondo buitre CRF i Limited (CRF), un documento a presentar antes del 19 de mayo.

Así explicó a la prensa Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, al referirse al reciente fallo de la corte inglesa, quien agregó que CRF no es acreedor legítimo de Cuba.

«No lo era de la República de Cuba, porque nunca consintió la cesión de su garantía a ese acreedor y consideramos que no es acreedor legítimo tampoco del BNC, porque el acto en el cual se acreditó esa cesión es ilícito», reafirmó el Ministro.

No obstante, si no hubiese corrupción involucrada, el documento mediante el cual a CRF, supuestamente, se le hizo saber que se autorizaba la cesión de los créditos a su favor, «tiene serias irregularidades», destacó Silvera Martínez.

Para ello, el país alega que existe ausencia de la doble firma y del documento que, por sus características, establece el banco como razón de seguridad de que acredite una decisión soberana.

Reiteró que esta es una demanda que se estableció contra la República de Cuba y contra el bnc como entes distintos: la primera, como garante soberana con una facultad que tiene el Estado de asumir responsabilidades en materia de garantía ante la deuda, que asumen otros entes del gobierno y el país, y el bnc como una entidad más del sistema bancario nacional.

El Ministerio de Justicia (Minjus) es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene como misión, entre otras, asistir legalmente –y con asesoramiento jurídico– al Estado y al Gobierno.

En esa condición, explicó el titular del Minjus, se nos designó para asumir la representación legal de la República en este proceso judicial.

EL ESTADO CUBANO GANÓ

En la sentencia del pasado martes, la jueza decidió que el tribunal inglés no tiene jurisdicción sobre la demanda establecida por CRF contra la República de Cuba, al no ser acreedor legítimo del crédito reclamado.

«Por eso afirmamos que Cuba ganó, porque el Estado gana el pleito frente a CRF y queda fuera del proceso. A partir de este momento la República, como ente soberano, no está en el proceso judicial», afirmó.

Silvera Martínez explicó que pueden existir variantes, en las cuales la contraparte establezca recursos de apelación, que hasta ahora no lo ha anunciado en la audiencia de consecuencia.

Pero, ¿qué significa que la República sea inmune a la jurisdicción inglesa?

Al respecto, Martínez Silvera refirió que la Corte de Inglaterra y Gales no puede hacer pronunciamiento sobre la República de Cuba, porque esa cesión de crédito, que la propia sentencia justifica que tiene el Banco Nacional de Cuba con CRF, en ningún momento tuvo la cesión de la garantía.

«El Estado no aprobó que su garantía sobre la deuda fuera asumida por CRF. Eso fue lo que la jueza determinó y fue lo que nosotros justificamos en la defensa», significó.

Este, acotó el Ministro de Justicia, ha sido un proceso que ha discurrido en cumplimiento de las exigencias legales que establece el procedimiento inglés, en el que Cuba y el BNC han cumplido estrictamente sus obligaciones procesales en el pleito.

Silvera Martínez señaló que ha requerido mucho estudio y sistematicidad por parte de todos los involucrados, llegando a presentar la parte cubana más de 2 000 documentos.

¿QUÉ SUCEDIÓ PREVIO A LA DEMANDA?

El titular del Minjus puntualizó que, hasta 1997, el BNC asumía funciones de Banco Central.

«Ahí aparece un argumento que nosotros hemos estado estableciendo, que no tuvo éxito en esta ocasión, pero será seguramente uno de los motivos para la apelación que hemos decidido establecer en favor del BNC».

Destacó que esas deudas, asumidas por el BNC antes de 1997, en tanto lo hacía en función de Banco Central, es deuda pública.

Las deudas correspondían a un contrato de depósito entre el BNC y el Crédit Lyonnais Bank, y que se probó en el juicio que nunca tuvo garantía soberana.

El otro crédito, con el Instituto Bancario Italiano, sí tenía garantía soberana (en el cual el Estado asumía el pago de la deuda de ser necesario), pero nunca se cedió a CRF, en cambio, fueron transferidos al Standard Bank, que fue fusionado después con el ICBC, y cedieron sus deudas a CRF en 2019.

Por tanto, cualquier movimiento sobre esa deuda pública necesita y requiere autorizaciones del Gobierno cubano, con la notificación al Ministerio de Finanzas y Precios y, a través de este, al Consejo de Ministros para su aprobación.

Ese elemento, en el acto de cesión que tiene otros atributos negativos, cuando CRF se hizo de esta deuda, tampoco se cumplió.

En el caso de Cuba, acotó el Ministro, debido a la guerra económica, comercial y financiera del Gobierno de EE. UU. contra la Isla, el país tiene especiales cuidados para aprobar o no esa cesión de deuda a favor de cualquier acreedor, «que, en este caso, no se hizo de forma adecuada».

Silvera Martínez señaló que, tal como se informó, funcionarios del BNC accedieron a firmar un documento sin ninguna exigencia legal de las que tiene establecido el Manual de Procedimientos de la referida institución financiera, y fueron sometidos al sistema penal cubano.

Por tanto, agregó, con ese acto, en noviembre de 2019, y en un modelo de actuación muy típico de fondos buitres, CRF envía una carta al Presidente del bnc exigiendo el pago o someterse a una demanda en lo judicial.

«Ningún deudor actúa así. La deuda y los créditos se concilian, se negocian, se conoce la posición que tiene el deudor. En 2019, la Isla transitaba por los efectos del huracán Irma, por lo que CRF perseguía el objetivo de obligar a Cuba a negociar o ir a un proceso judicial, lograr una sentencia de un tribunal inglés», dijo.

En un momento inicial, el CRF pretendía que Cuba se declarara en rebeldía procesal, asumiendo que el país, por las limitaciones económicas, no tendría posibilidades de contratar abogados en el exterior, tal y como disponen las leyes inglesas.

Sin embargo, hemos cumplido todas las exigencias del proceso, que ha durado unos tres años, y «no ha pasado un día, desde que se estableció la demanda, en que no hayamos realizado algo», manifestó el Ministro.

En correspondencia con el procedimiento inglés, Cuba contrató una representación legal de ese país y otra como intermediaria, asumida por el bufete español Uría Menéndez.

«Esa conformación del grupo de trabajo dio también determinada capacidad resolutiva y de conocimiento para atender mejor cada una de las demandas y exigencias de este proceso», señaló.

El objetivo de CRF –demostrado en el proceso– era tener una sentencia contra el Estado para obligar a negociar o impedir el acceso de la Isla a los flujos financieros internacionales y poder hacer acciones contra el patrimonio cubano en el exterior, tales como cuentas bancarias, aviones y buques mercantes, entre otros.

Ese objetivo, que se enmarca también dentro de la política agresiva de los enemigos de la Revolución Cubana, no tuvo éxito, porque durante estos largos tres años hemos defendido la verdad y la razón de nuestro país, subrayó Silvera Martínez.

Insistió en que somos acreedores serios, transparentes, que usan el dinero para lo que se solicita. «Esa defensa de la verdad nos lleva a que cuando alguien nos trata de engañar, nosotros sabemos y vamos a defendernos», concluyó.