—¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

La pregunta saltaba de boca en boca entre los curiosos. Solo algunos pasaban de largo. En la vecindad, un radio traía la buena nueva: al cierre del martes, Sancti Spíritus notificaba un solo caso positivo a la covid; el país, 12. Cuba se sacudía poco a poco de la pandemia, y festejaría el fin de año.

En ese contexto, un “ronazo” comedido no venía mal, como suele decirse cubanamente; filón aprovechado por los imputados por la Fiscalía en el acto corrupto: la entonces administradora del mercado La Casiguaya; un técnico B en Gestión Económica de esta unidad (en la práctica, el segundo administrativo del centro); un técnico A de Normas y Técnicas Comerciales de la Zona Comercial de Banao (el comercial) y la administradora de la bodega 47 Aniversario, del reparto Kilo-12; todos pertenecientes a la Empresa Municipal de Comercio de Sancti Spíritus (EMCSS). Cuatro implicados, más de una evidencia inculpatoria.

Evidencias

En diciembre de 2021 Cuba no le había dado aún la vuelta de hoja a la pandemia de covid; por consiguiente, para evitar las aglomeraciones en las colas el Ministerio del Comercio Interior mantenía con vida la venta controlada a los núcleos familiares en las bodegas de determinados productos, expendidos habitualmente en la red de mercados Ideal, entre estos La Casiguaya, con 13 tiendas asignadas, incluidas La Esquina y la 47 Aniversario.

No necesitó más la administradora de La Casiguaya para tramar la malversación, delito que empezó a concretarse el 13 de diciembre. Un informe, emitido por la Fiscalía Provincial, expone que ese día la unidad comercial recibió de la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) una cifra de pometas de ron refino marca Vaquero por encima de la que le correspondía, no distribuida de manera equitativa por la EMCSS. La ocasión se pintaba sola para delinquir.

Así lo analizaron la administradora y el técnico B de La Casiguaya, quienes decidieron apropiarse de parte del ron para su expendio a un precio superior al establecido. Y sacaron cuentas —bien turbias, nada claras— rápidamente: si vendían la pometa a 250 pesos, en lugar de a 92, le sacarían 158 pesos a cada una. Factura de la Ember de por medio, dicha administradora recibió en la tarde del 13 de diciembre 3 690 pometas, equivalentes a 339 480 pesos, a un precio de 92 pesos cada una.

—Manda para Banao y distribuye el resto en las tiendas de aquí, de la ciudad, le dijo a la imputada el subdirector comercial de la EMCSS.

Sin embargo, la inculpada desoyó la indicación.

—Llévalas todas directamente para la 47 Aniversario, le orientó a su subordinado de La Casiguaya.

Y hacia ese punto de la urbe partió el camión de la Ember, atestado de pometas de ron.

—Te las mando para allá, porque no tengo capacidad aquí, le especificó por teléfono la administradora de La Casiguaya a la de la tienda 47 Aniversario, donde bajaron la carga completa.

No se había dejado de escuchar todavía el ronroneo del camión en la calle, cuando el técnico de La Casiguaya —por orden de su jefa— le dio 618 pometas a la administradora de la 47 Aniversario, en diferentes partidas.

A veces la lógica se estrella contra la realidad. Tal es el caso. Esas pometas ni por asomo las vieron los clientes de la 47 Aniversario; la administradora se apoderó de estas para venderlas a 300 pesos en el mercado informal, y para ello las repartió en casas de familiares. Y en acuerdo con los dos implicados de La Casiguaya, le entregó a la máxima representante administrativa de dicha unidad 154 500 pesos; la ganancia generada para ellos ascendió a 97 644 pesos, luego de deducir el monto de la venta al precio legal, depositado en La Casiguaya. Aparentemente, nadie maquinó truculencia alguna.

Durante el proceso investigativo, a la administradora de la 47 Aniversario les fueron incautadas las 618 pometas; sobre ella también recaería otra imputación: coadyuvó, desde su establecimiento, al negocio ilícito.

Más de un ejemplo lo revela. El 14 de diciembre, por indicaciones de la administradora de La Casiguaya, el técnico implicado de esta unidad le dio —en la propia tienda de Kilo-12— 1 500 pometas a un ciudadano. De lo pactado (250 pesos por unidad), este desembolsó una parte en un primer momento. Y la carga, con destino también al mercado negro (una casa del Camino de La Habana), casi revienta el auto panel Hyundai, de color blanco. Negro y blanco, ¡vaya contraste! En la misma bodega, ese día otro ciudadano adquirió 60 pometas a 250 pesos cada una al técnico de La Casiguaya.

Otras memorias ilícitas

Algún que otro acaparador husmeaba de mostrador en mostrador en La Casiguaya el 14 de diciembre. Era más que habitual. A la vista de todos los clientes que entraban y salían del centro comercial nada indicaba acerca de la malversación en curso.

Los órganos a cargo del proceso investigativo determinaron que ese día el técnico B le entregó a la administradora 201 000 pesos contantes y sonantes. Disonantes, mucho mejor. La suma correspondía a la venta ilícita de un lote de pometas a personas desconocidas y a otro ciudadano.

De la referida cantidad, más de 127 000 pesos irían a sus bolsillos. Era el plan. El resto debía depositarse en las arcas estatales. Por ahora, la totalidad del dinero, sin desglosar, descansaba en una gaveta de la oficina de la administradora. El descontrol interno era dueño y señor.

Más de una anomalía, relacionada con la confección de documentos, afloró durante las indagaciones, que detectaron, además, la comercialización ilícita de otro número de pometas en la propia 47 Aniversario por el técnico de La Casiguaya, quien no reveló las identidades de los compradores.

Este imputado, por orientaciones de la administradora de La Casiguaya, trasladó 600 pometas de la tienda de Kilo-12 para la bodega La Esquina en horas de la mañana del 15 de diciembre de 2021. Nada les hacía sospechar que las fuerzas del Minint les seguían los pasos. En consecuencia, al bajar la mercancía, operativo policial abortaba la malversación. Era miércoles, y entre los curiosos de paso por la calle la pregunta comenzó a saltar de boca en boca: ¿Qué pasó?

¿Qué pasó?, también indagó alarmada la administradora de La Casiguaya, al conocer del operativo de la Policía. Y partió hacia el establecimiento. Partió directamente hacia la gaveta de su oficina; que no era cualquier gaveta de cualquier oficina. Era la gaveta del dinero. Unido todo. El efectivo que debía depositar, a razón de 92 pesos por cada pometa vendida a precio oficial y el efectivo malversado, a razón de 158 pesos de ganancia por unidad, a precio de mercado negro.

Apremiaba enmascarar las operaciones ilícitas. En función de ello, la imputada contactó con el entonces jefe comercial de Banao para realizar un traslado ficticio de 2 004 pometas, con el importe correspondiente. Sin más allá ni más acá, este aceptó; haría el depósito, sin haber recibido ni expendido una sola pometa.

En el intento de echarle un manto de legalidad al acto corrupto, la administradora le comunicó el supuesto traslado al subdirector comercial de la EMCSS, quien lo autorizó y firmó el documento. Estaba ajeno a la acción urdida. Para completar la jugada, la administradora de La Casiguaya le envió el dinero al comercial de Banao con otro ciudadano. Se vieron las caras en el sitio conocido por La bloquera; allí le entregó el monto al funcionario, este le firmó la factura, que llegó después a manos de la administradora.

En definitiva, dicha imputada y el técnico B del propio mercado La Casiguaya obtuvieron una ganancia de 252 790 pesos, repartidos entre ambos, según informe del Departamento Provincial de Procesos Penales, de la Fiscalía a esa instancia.

De la totalidad de pometas (3 690), 618 les fueron ocupadas a la administradora de la tienda 47 Aniversario, quien, igualmente, coadyuvó a que la mercancía depositada en su unidad constituyera eje de la malversación.

Afortunadamente, al término del proceso penal no existió afectación económica al presupuesto del Estado; luego del operativo policial, además del dinero ocupado asociado a la venta ficticia, supuestamente realizada en la Zona Comercial de Banao (184 368 pesos), el resto fue depositado, a precio oficial por cada pometa, en diferentes momentos y cuantías por los mercados La Casiguaya y La Naviera y la tienda 47 Aniversario. A ello debe adicionarse la recuperación del monto vinculado a la mercancía ocupada.

Que haya sido devuelto cada peso, cada centavo malversado no puede significar un borrón y cuenta nueva a un hecho delictivo, que promovió la opinión pública espirituana. Ética y periodísticamente sería cuestionable.

Cero tolerancia

Hasta la Roma ciceroniana registraba ya manifestaciones de corrupción, calificada por la Asamblea General de Naciones Unidas como un fenómeno transnacional, con reportes tanto en países subdesarrollados como desarrollados, independientemente de sus ideologías hegemónicas.

Desde 1959, Cuba mantiene la corrupción administrativa en su punto de mira, jerarquía expresada en los Lineamientos de la Política Económica del Partido y la Revolución (2021-2026), en específico el 197 y el 198, donde consta la necesidad de fortalecer el control interno y el externo sobre la gestión administrativa, y de consolidar la participación activa de todas las instituciones y el pueblo en la prevención y enfrentamiento a la corrupción.

Por consiguiente, no resultó fortuito que las fuerzas del Minint pararan en seco el hecho corrupto con núcleo en La Casiguaya, uno de los siete reportados en Sancti Spíritus en 2022, según fuentes del Consejo Provincial de Gobierno.

Al diseccionar el caso relatado, Yoan Leonel Pereira Bernal, fiscal jefe del Departamento Provincial de Procesos Penales, y Roberto Muñoz Barrameda, auditor jefe de grupo y especialista de Atención a la Población en la Contraloría Provincial, coinciden en enumerar una causa: la pérdida de los valores ético-morales en los implicados. Con ese criterio converge, además, Alexis Fuentes de La Cruz, director de la EMCSS.

¿Reconoce usted que faltaron también el control y la exigencia sobre los recursos de La Casiguaya?, indaga Cubadebate.

“Cuando los administrativos se ven involucrados en hechos como este, obviamente falló el control. Hemos realizado acciones de control en otros establecimientos y hemos detectado violaciones en las cuales han estado implicados otros trabajadores; pero en el caso específico de La Casiguaya quienes más debían velar por el cumplimiento de la legalidad fueron los principales involucrados”, argumenta Fuentes de La Cruz.

¿Qué factores posibilitaron lo sucedido en La Casiguaya?, vuelve a la carga Cubadebate, ahora con Mirtha Nápoles Marín, subdirectora de Fiscalización y Control de la EMCSS.

“La causa principal fue la no comunicación por el Grupo Empresarial de Comercio a nuestra entidad sobre la distribución del producto (ron)”.

Al anterior, Mirtha Nápoles añade dos factores más: “la falta de control de la empresa municipal sobre La Casiguaya en cuanto a la entrada y distribución del producto, así como el incumplimiento de la Ember con la orden de distribución en la figura del superintendente de esta entidad y su consejo de dirección, porque la Ember tenía que comunicarle a la EMCSS que ellos tenían un excedente de ron y, además, tenían que comunicarnos dónde se iba a distribuir”.

La culpa jamás cae al suelo, alguien adujo en otro tiempo. Hoy este órgano de prensa no pretende —tampoco le corresponde— medir con probeta o balanza alguna el grado exacto de responsabilidad de estas entidades.

¿Algunos pudieran pensar que la EMCSS está cruzada de brazos?

“Para nada es así —asegura Alexis Fuentes—; incluso, en los últimos cinco años, sin contar el 2023, nuestra empresa detectó entre 15 y 20 casos de malversación en diferentes unidades, y tan solo en el primer trimestre de este año, ya hemos identificado cinco. Eso llevaría a algunos a pensar que se están cometiendo más ilegalidades en relación con años precedentes; pero no es así. Hoy los controles son integrales y directos, sin previo aviso o notificación. Por tanto, no estamos cruzados de brazos”.

En opinión de Fuentes, la creación de 18 Unidades Empresariales de Base (UEB), subordinadas a la EMCSS, como parte del proceso de perfeccionamiento asumido por el Comercio Interior en Cuba, posibilita incrementar el control sobre los recursos materiales y humanos, existente en la actualidad en La Casiguaya, centro con resultados sobresalientes a nivel de empresa.

En cualquier entidad, todo cuanto se haga para prevenir y enfrentar la corrupción debe verse como insuficiente, y la Resolución 60/11 Normas del sistema de control interno, de la Contraloría General de la República, deviene herramienta clave en esa porfía.

Debilidades en la aplicación de este instrumento, entre otras causales, llevaron al banquillo a los involucrados en el mencionado caso de corrupción, constitutivo de un delito de falsificación de documento privado de carácter continuado, como medio para cometer una malversación.

En particular, la administradora de La Casiguaya recibió una condena de nueve años de privación de libertad; el técnico B en Gestión Económica de esa unidad, seis años también de encarcelamiento; la administradora de la tienda 47 Aniversario, ocho años de prisión, y el comercial de la zona de Banao, dos años de privación de libertad, subsidiados por igual término de trabajo correccional sin internamiento. Según la Fiscalía Provincial, el proceso se mantiene en espera de resolver el recurso de casación interpuesto por ambas partes ante el Tribunal Supremo Popular, sin que aún sea firme la sentencia.

A no dudar, este trago amargo pudo evitarse, ante todo, si la honestidad, el control y la fiscalización hubieran reinado en las tierras, no precisamente aborígenes, de La Casiguaya.