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En un juicio oral público y ejemplarizante realizado hace unos días, el Tribunal Provincial de La Habana sancionó a funcionarios de la Empresa Eléctrica de la capital y clientes del sector residencial por la falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer un delito de cohecho de carácter continuado, informó Canal Caribe.

Las sanciones para los acusados como autores directos oscilaron entre seis y ocho años de privación de libertad.

Al resto de los implicados, que fueron testigos en el proceso, se les aplicó multas administrativas por parte del órgano de instrucción y la Empresa Eléctrica.

La investigación que se llevó a cabo en la Empresa Eléctrica culminó con la acusación de siete funcionarios de la entidad y 14 clientes del sector residencial del municipio Plaza de la Revolución.

La cadena delictiva estaba compuesta por el informático principal de la Empresa Eléctrica de La Habana, el administrador de la oficina comercial de Plaza de la Revolución, un inspector supervisor y lectores-cobradores, quienes, según el primer teniente Yadier Domínguez Pérez, primer oficial operativo del DTI, “recibían una elevada suma de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensual de sus clientes”.

Domínguez Pérez dijo a Canal Caribe el administrador provincial del sistema automatizado integral de gestión comercial empleado por la UNE para el control de la facturación de sus clientes alteraba la base de datos a partir de los permisos conferidos por sus funciones.

“El acuerdo que ellos tenían consistía en rebajar el consumo eléctrico de estos clientes con el objetivo de que pagaran mucho menos en su factura”, señaló el primer teniente Jorge Félix Yanes Abreu, primer instructor penal.

“De los 14 clientes identificados y traídos al proceso penal, no todos tenían modificaciones del sistema. En estos casos, lo que se daba era una acumulación de energía en los metrocontadores. Es una energía que usted ha cosumido, que la tiene acumulada, que el metrocontador la registra, pero no ha sido reportada a la oficina comercial”, explicó Yanes Abreu.

Mario Castillo Salas, director general de la Empresa Eléctrica de La Habana, dijo que se aplicó un retroactivo de hasta un año, que es lo legalmente permitido.

“La recuperación de la afectación económica ya se realizó y en algunos casos sobrepasó los 100 000 pesos por cliente”, manifestó.