Ministro de Justicia: Desde la proclamación de la Constitución, Cuba ha aprobado 139 normas jurídicas de rango superior
Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Darío A. Extremera Peregrín
Mesa Redonda / Cubadebate
Al iniciar su intervención en la Mesa Redonda, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, valoró como un genuino y amplio proceso democrático la aprobación de la nueva Constitución de la República, de cuya proclamación se cumplen cinco años.
En este sentido, destacó el amplio proceso de consulta popular en el cual participaron más de 8 millones de ciudadanos, las más de 783,000 propuestas de modificación, así como el referendo con más de siete millones de votantes, con el voto afirmativo del 86.85%.
“La Constitución, reafirmando esos valores y principios de nuestro proceso revolucionario, hizo amplias y profundas transformaciones en diversos órdenes de la vida económica y social del país. Una exigencia que tenemos desde el primer minuto es el deber de aprobar en el proceso legislativo la actualización del ordenamiento jurídico. Leyes que existían, leyes que el nuevo texto constitucional nos demanda realizar”.
Explicó que la Constitución es una ley de contenido general, “si no fuera así, sería demasiado amplia y de difícil comprensión. Por tanto, lleva leyes de desarrollo”.
Cuba ha aprobado 139 normas jurídicas de rango superior
Hasta la fecha, comentó, se han aprobado 41 leyes, con 98 decretos leyes, para un total de 139 normas jurídicas de rango superior.
“Todas estas leyes, con sus respectivas normas reglamentarias, hacen muy intenso el programa legislativo. Podemos afirmar que no existe otro período en la historia legislativa de la nación con esta cantidad de normas jurídicas superiores. Ha existido un gran esfuerzo de las instituciones ponentes, de equipos multidisciplinarios, de nuestros profesores universitarios y centros de conocimiento en función de esas investigaciones sobre todos las investigaciones que derivan para estas leyes. Muchas investigaciones del derecho comparado y que tienen reflejo en el sistema de capacidad legislativa del país”.
Añadió que la iniciativa legislativa, en el caso del gobierno, la ejerce el Consejo (de Estado), como órgano colegiado a partir de una amplia conciliación con los miembros del Consejo de Ministros, los gobernadores, bajo el principio de que participen todos los que pueden y deben aportarle criterios a la norma jurídica. “Apostamos porque esos proyectos lleguen robustos a la Asamblea Nacional, que no sustituye el papel de nuestros diputados”.
El ministro agregó que cuentan con la consulta especializada. Ejemplo de ello fue lo acontecido con el Código de las Familias. Asimismo, es importante destacar que antes del inicio de esos debates especializados se publican esos anteproyectos y se habilitan correos electrónicos para que la población pueda aportar sus criterios desde esta fase tan temprana. Es un proceso inclusivo, participativo y respetuoso de la opinión de todos.
Silvera Martínez reflexionó sobre algunos criterios de la población que opina que existen leyes, pero a veces no se cumplen. “Sí, un deber que tenemos es que las leyes que tenemos hoy se cumplan. No obstante, las leyes por sí solas no logran los resultados, sin embargo, sin las leyes sería imposible lograrlo”.
En otro momento del programa, Oscar Manuel Silvera Martínez informó que la actual legislatura tiene un cronograma amplio con una planificación hasta diciembre del año 2027.
Detalló que el cronograma legislativo no es más que un ejercicio de planificación y de transparencia en la gestión pública. Este se basa en el principio de flexibilidad, ya que cada norma surge de un profundo debate. “A veces creemos que tenemos todas las variantes, pero no es así. Hay temas nuevos sin antecedentes en el país, lo que requiere un mayor estudio. El principio de flexibilidad nunca debe ser motivo para incumplir el cronograma. Muchas veces la planificación implica que no se puede lograr una norma sin haber preparado otra”.
Para este año se prevé la aprobación de 17 leyes y 15 decretos leyes. De ellas, ya se han aprobado la iniciativa legislativa de cinco: la ley de transparencia y acceso a la información, una ley de procedimiento administrativo interno, la ley de emigración, la ley de migración y extranjería, y se está avanzando en la ley de ciudadanía. También se tiene prevista la ley de empresa. “Se está avanzando en los estudios de una ley tributaria y una ley de la administración central del estado”.
“Para el segundo semestre tenemos leyes importantes como la del notariado, un código de contravenciones, una ley de actualización del estado civil y la ley del presupuesto. También está agendado para finales del año el Código de la niñez, la infancia y las juventudes”.
En cuanto a los decretos leyes, se ha presentado uno relacionado con la caja de resarcimiento, el cual trae profundas transformaciones a ese proceso. Además, se cuenta con normas jurídicas proyectadas para el año 2025 en estado avanzado de preparación, como la ley del sistema deportivo cubano, una actualización del sistema de aduanas del país y una ley de formas asociativas.
Asesoramiento jurídico, pieza clave
En relación con el asesoramiento jurídico, el ministro señaló que es fundamental para lograr las transformaciones en el país. Existen dos figuras de asesoramiento jurídico: el asesor jurídico propio de cada entidad y los servicios de asesoría proporcionados por entidades especializadas. En Cuba, se cuenta con una red de consultorías jurídicas provinciales, bufetes colectivos y bufetes internacionales. Sin embargo, el ministro destacó que solo el 49% de los nuevos actores económicos cuentan con asesoramiento jurídico.
El objetivo es que todos conozcan las posibilidades de asesoramiento jurídico adecuado para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. Se reconoce la importancia del contrato en el control interno y se busca un asesor jurídico proactivo que proponga formas de alcanzar los objetivos.
Informatización y calidad de los servicios registrales
En cuanto a la prestación de servicios, se busca aumentar la seguridad de los registros, la transparencia, el control y la agilidad de los trámites, así como mejorar el acceso de las personas a los servicios y reducir la necesidad de presencia física y las colas. Esto es especialmente relevante debido al crecimiento exponencial de los servicios.
En el país, existen 334 oficinas registrales. En cuanto a las certificaciones, hemos pasado de 2 millones 779 mil en 2022 a 4 millones 9 mil certificaciones. “Defendemos que gran parte de las soluciones están relacionadas con la informatización, pero esta debe ir acompañada de un mejor desempeño y organización del trabajo. En un contexto complejo, donde hay escasez de electricidad y equipamiento. En Villa Clara, el 78% de las solicitudes realizadas a los registros civiles se hicieron en línea. El principal obstáculo que enfrentamos es el uso del papel y la impresión final, pero estamos avanzando hacia el papel cero y los documentos electrónicos”.
Añadió que el sistema digital del registro civil cuenta con más de 15 millones de personas registradas, de las cuales aproximadamente 13 millones ya han sido confrontadas, es decir, los datos informatizados coinciden con los registros en los libros.
Silvera Martínez mencionó que Xetid instaló una red neuronal en el sistema informático Sirec, del Ministerio, que prepara y revisa certificaciones.
Puntualizó que no sustituye al factor humano, porque es necesario insertar los datos y hojear los libros de registros.
“¿Qué nos queda en el Sirec-335? Eliminar definitivamente los tomos y folios, es un dato que nadie aprende, crear un espacio donde estén todos los datos de las personas, porque tenemos la Ficha Única del Ciudadano, pero muchas veces es difícil encontrar, por ejemplo, la certificación de matrimonio”, explicó el ministro.
De más de 15 millones de folios en la base de datos, más de ocho millones fueron insertados de 2020 a la actualidad.
Informó que “otro hito en la informatización de los registros civiles es escanear y digitalizar los libros. Recibimos un donativo del Colegio Gestores Administrativos de España de diez escáneres en el país. Se está trabajando aceleradamente, hoy estamos en el orden de los 1 600 tomos escaneados. La mayoría son de 600. Estamos trabajando con Xetid en la creación de una base de datos de esa información, que el registrador pueda captar esa imagen, insertarla en la base de datos y expedir la certificación. Va a traer un beneficio importante, que es la protección de esos libros, que es buena parte de la memoria histórica y la memoria viva de nuestro país”.
El ministro de Justicia aseguró que en la red de bufetes internacional se ha avanzado en la informatización: “Hasta hace apenas unos años, estos bufetes, que se encargaban de obtener las certificaciones no tenían registradores. Hoy tienen registradores”.
También tienen registradores en la mayoría de los hospitales y en seis funerarias del país.
Silvera Martínez afirmó que “la formación y preparación de nuestros recursos humanos es vital, y en eso tenemos alianzas con las universidades”.
Mencionó que cuentan con nueve unidades notariales docentes en el país, donde los profesores de Derecho Notarial brindan servicios.
“En Matanzas, tenemos varios doctores en Ciencias ejerciendo la función notarial desde la propia universidad”, dijo.
Según el ministro, el Código de las Familias modificó sustancialmente la manera de hacer en las notarías y registros
Desde octubre de 2022 hasta abril de 2024, se han realizado 910 escrituras de pactos matrimoniales, donde los cónyuges escogen el régimen económico del matrimonio, 9 525 escrituras de asentimiento, 2 878 consentimientos para el acceso a técnicas de reproducción asistida, 1 931 matrimonios entre personas del mismo género y 164 uniones de hecho afectivas entre personas del mismo género.
“El sistema notarial ha asumido también una demanda de servicios motivada por la movilidad de la población. Hemos pasado de 592 000 (en números redondos) escrituras notariales en 2019 a 792 000 en 2023, en una red de 296 notarías en el país”, comentó.
El ministro aseguró que el principal reto que tienen es la gestión integral de los recursos humanos: “La captación amplia, la selección rigurosa, la formación, la preparación, la atención, la exigencia, que tengamos recursos humanos y cuadros a la altura de los tiempos”.
Declaró que el Ministerio sigue teniendo como retos la “la transformación digital y la comunicación institucional. Mucho de lo que hemos hablado aquí tiene como principal dificultad que no se conoce o que no están habilitados nítidamente las vías para que nuestro pueblo y las instituciones lo conozcan”.
Silvera Martínez anunció una alianza estratégica con Ideas Multimedios para rediseñar y actualizar toda la estrategia comunicacional del Ministerio.
“Tenemos como reto eliminar definitivamente un grupo de demoras en trámites como la obtención de documentos docentes para trámites de legalización”, dijo.
Informó que han visitado 44 municipios y 78 unidades de prestación de servicios.
Comienza en Cuba XI Encuentro Internacional Justicia y Derecho
La Habana, 15 may (Prensa Latina) Unos 400 delegados de Cuba y de otros países inaugurarán hoy el XI Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2024, cita que contribuirá al intercambio de distintas prácticas judiciales entre las naciones asistentes.
Según la vicepresidenta primera del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, asistirán al foro operadores de los sistemas judiciales de Laos, El Salvador, China, Namibia, Mozambique, Venezuela y República Dominicana, entre otras naciones.
Sosa —citada por la Agencia Cubana de Noticias— detalló que el encuentro sesionará presencialmente hasta el día 17 en el Palacio de las Convenciones y de forma online con los especialistas interesados en el desarrollo de los debates.
El evento abordará temas relacionados con el envejecimiento poblacional, la legalidad e imparcialidad de los jueces en la impartición de justicia y la interpretación de la Ley, los asuntos en materia familiar, civil y administrativa y la respuesta ante la violencia doméstica y de género.
Asimismo, los operadores jurídicos de la isla compartirán sus experiencias sobre la digitalización dentro del Sistema de Tribunales Populares y la implementación de las nuevas legislaciones a raíz de la aprobación de la Constitución de la República en 2019.
