Diputados de la Comisión Agroalimentaria aprobaron el informe que reúne los resultados de la más alta fiscalización realizada al Ministerio de la Industria Alimentaria. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Ana Álvarez Guerrero, Enrique González Díaz (Enro) - Cubadebate - Video: Canal Caribe / TV Cubana.- Este lunes, los diputados de la Comisión Agroalimentaria aprobaron el informe que reúne los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), como parte de las actividades previas al tercer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular.

El análisis fue guiado por Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del legislativo cubano.

El proceso de la más alta fiscalización contó con la participación de 153 diputados. Se desarrolló en cumplimiento del acuerdo X-60 del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Aquí se analizó el cumplimiento de sus funciones estatales, en lo referido a la implementación de la Ley 129 de 2019, Ley de Pesca; la Ley 148 de 2022, De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Decreto 22 de 2020, De la Producción Industrial de Alimentos y Bebidas.

Además, se revisó el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de la economía en el periodo del control, así como los resultados de la implementación de las directivas generales para prevenir y enfrentar las ilegalidades, el delito, la corrupción y las indisciplinas sociales.   

El informe también reúne el papel de la ciencia y la innovación en el desarrollo del Minal.

Sobre la implementación de la Ley de Pesca, se destaca que se han ejecutado 232 acciones de preparación en las que han participado más de 12 700 pescadores y 542 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigidas a elevar cualitativamente el cumplimiento y efecto de las regulaciones pesqueras.

“Como parte del sistema de trabajo, se ha mantenido el vínculo con los municipios costeros y los que tienen potencial para desarrollar la actividad acuícola, con el objetivo de generalizar el conocimiento en la aplicación de la Resolución 16/2024, sobre el otorgamiento de las licencias de pesca”, señaló el presidente de la Comisión Agroalimentaria.

“Esto ha favorecido un incremento en la emisión de las licencias en un 48% con respecto al 2022; sin embargo, se decrece en la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras u otras que pudieran transformar y comercializar las producciones que se obtienen”, añadió.

El informe refleja que las capturas declaradas por estos actores económicos ascendieron a 1 029.3 toneladas en el 2023 y 214.4 toneladas hasta abril del presente año, pero las empresas pesqueras solo han comprado 104.7 toneladas, un 48.8% de la captura declarada.

Estos resultados muestran que es insuficiente el trabajo de las administraciones locales en conjunto con el sistema empresarial, para convertir en atractivo este mercado e incrementar las ofertas de esta proteína a la población en la red minorista estatal.

El análisis reveló que los municipios de Antilla y Gibara, en la provincia de Holguín, y de Sagua la Grande, en Villa Clara, han logrado sistemas de trabajo eficientes.

También se revisaron las violaciones de las regulaciones pesqueras. En ese sentido, fueron detectadas 2 642 infractores. El valor total de las multas impuestas asciende a 7 550 000 pesos, además del decomiso de artes de pesca, medios flotantes y productos pesqueros.

En el caso de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el informe destaca que el desarrollo de la actividad acuícola se ha desarrollado en la última etapa, principalmente en la recuperación de la infraestructura para la producción de alevines y en las áreas para la cría y la ceba.

“Durante el pasado año, se sembraron 308 millones de alevines y en 2024, hasta la fecha, se sobrecumple la siembra en un 4%”, destacó Ramón Aguilar Betancourt.

También se incumplen las capturas y la producción industrial, alcanzando solo un 68% de lo planificado.

Entre las principales causas del incumplimiento sobresalen el no completamiento de la plantilla de pescadores en los territorios, la falta de condiciones de vida y trabajo para dar una mejor atención a los trabajadores y la no explotación del 100% de los embalses con potencial productivo.

Tampoco se han incorporado todas las formas productivas y productores con potencial acuícola para la siembra de los embalses y la formalización de contratos.

Sobre la producción industrial de alimentos y bebidas, el ejercicio de la más alta fiscalización reveló que aumentaron los productores industriales. Son más de 4 990 en todo el país y 253 son pymes, las cuales han desarrollado un proceso acelerado de inscripción en el registro nacional y en la solicitud de sus licencias.

El informe destaca que predominan los permisos provisionales, ya que no todos los solicitantes han sido inspeccionados por la Oficina Nacional de Inspección Estatal y están pendientes de completar los requerimientos que exige la norma para otorgar las licencias.

En cuanto al control de las ilegalidades y hechos delictivos, el sector reportó un incremento en su detección.

Hasta abril del año 2024, se registraron 50 hechos delictivos, nueve más que en igual período anterior, aunque disminuyó la afectación económica en más de un millón de pesos, a partir de la recuperación de lo sustraído.

Sobre el papel de la ciencia y la innovación en el desarrollo del organismo, sobresale que, aunque posee una estrategia de ciencia, tecnología e innovación, aún no alcanza una adecuada implementación, debido a varios factores.

Entre estos, están la lentitud para lograr el funcionamiento de los programas sectoriales de investigación, desarrollo e innovación, el poco aprovechamiento de las potencialidades y capacidades para insertar estudiantes de institutos politécnicos, obreros calificados y de pregrado que cursan carreras universitarias, y la insuficiente conexión entre los proyectos empresariales y los centros de investigación del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país y dentro de su propio organismo.

Sobre el proceso de alta fiscalización Zoe Debrook Chibás, diputada por el municipio  Maisí, provincia de Guantánamo, señaló que se logró el contacto con todos los coordinadores del ministerio en cada provincia, para que fuera un ejercicio eficiente y certero.

“En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de visitar varias entidades. Pudimos apreciar que no se cumplen todas las necesidades de nuestro pueblo. Tenemos que seguir trabajando”, dijo.

Asimismo, se refirió a la necesidad de potenciar el uso de los extensores para garantizar la oferta del pan de la canasta básica de la población y mejorar su calidad.

Debrook Chibás también se refirió a la importancia de dar mantenimientos a las unidades productivas, no solo para garantizar la calidad de los productos, sino porque puede ponerse en riesgo la vida de los trabajadores.

Roberto Alejandro García Reyes, diputado por el municipio de Báguanos, provincia de Holguín, comentó que este sector está “fuertemente afectado por el bloqueo, aunque se realiza un gran esfuerzo, todavía es insuficiente por la falta de materia primas”.

García Reyes señaló la importancia de impulsar la formación del personal vinculado a la producción de alimentos, específicamente en el sector pesquero.

Se refirió al caso de Gibara, territorio con buenos resultados en esta área, donde se necesita potenciar la formación de técnicos de navegación, personal instruido para construir embarcaciones e ingenieros navales. “Hay condiciones para desarrollar la pesca, pero también influye el envejecimiento poblacional”, dijo.

“El salario de los trabajadores es muy bajo, esto indudablemente puede llevar a la ocurrencia de hechos delictivos”, dijo Yudismar Zaldívar Martínez, diputado por el municipio Primero de Enero, provincia de Ciego de Ávila.

Comentó que es preciso buscar alternativas para aumentarlo, si a la vez se aumentan los niveles productivos. “La agricultura no tiene todos los recursos, pero siempre que se quiere, se puede”, subrayó.

Idalberto Rodríguez Herrera, diputado por el municipio de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, se refirió a la innovación y su papel en el sector.

Mencionó la experiencia de La Conchita, empresa de la cual es director, donde se han buscado alternativas para potenciar las producciones, aumentar los salarios y buscar otros incentivos para los trabajadores, incluidos módulos con productos alimentarios, como viandas y carne de cerdo.

“Sabemos que el reto es fuerte, pero cuando se trabaja con el corazón se recogen resultados”, dijo.

El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, se refirió a los retos que impone llevar adelante el sector de la industria alimentaria, en un contexto marcado por el bloqueo económico y la falta de recursos financieros.

Asimismo, destacó la importancia de los recorridos por varios territorios del país, durante los cuales han podido conocer las demandas de los pescadores y buscar alternativas para flexibilizar los mecanismos. “En esa misma medida, debemos aumentar el control”, apuntó.

En ese sentido, se refirió a la importancia de defender la legalidad y las leyes. También, a los percances para garantizar el combustible, recurso fundamental para el desarrollo de la pesca y a la pérdida de la capacidad de la flota estatal.

Valdés Mesa insistió en la necesidad de potenciar la producción nacional, por encima de las importaciones.

Alberto López Díaz, diputado por Santa Clara y ministro de la Industria Alimentaria, enfatizó la importancia del ejercicio de fiscalización para los trabajadores del sector, quienes deberán asumir con responsabilidad los señalamientos y recomendaciones recogidos en el informe, que será presentado a los diputados en la próxima sesión plenaria del Parlamento.

A producir alimentos para el pueblo insta titular del sector

AYLÍN HERRERA REYES I Luis Jiménez Echevarría

La Habana, 15 jul (ACN) A incrementar la producción de alimentos y elevar su calidad para la satisfacción de las demandas de la población, instó hoy Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, durante los debates de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

    Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, López Díaz, quien presentó el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), expresó que ante una realidad como la escasez de alimentos en el país, ese ejercicio permitió identificar fortalezas, deficiencias y posibles soluciones a un tema prioritario para la nación.

    Tras el intercambio con más de 10 mil trabajadores y con la población, y de visitas a fábricas y centros de elaboración, se recopilaron inquietudes como la importación de las materias primas para la producción de estos bienes y las dificultades en su transportación, por solo mencionar algunos casos, anotó el titular.

    La industria alimentaria presenta una situación compleja, pues es una de las ramas más afectadas por el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, porque daña a grupos etarios de elevada sensibilidad como las infancias y los adultos mayores, destacó.

    El Minal y sus entidades, actualmente, no requieren de grandes inversiones en materia de tecnologías, pues existen infraestructuras creadas y la mayor fortaleza del sector radica en sus trabajadores que con innovación revitalizan maquinarias y líneas de producción, refirió López Díaz.

    De acuerdo con el también diputado por el municipio Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, existe dificultad para la contratación de los productos agropecuarios, entre ellos la leche, las carnes y las frutas, lo cual afecta directamente a la canasta familiar normada y a las dietas médicas de determinadas poblaciones.

   Identificó dos grandes problemas en la industria alimentaria cubana: la deficiente sustitución de importaciones de las materias primas y el incumplimiento de las producciones endógenas.

    López Díaz enfatizó en los sistemas de pago y en la descentralización del empresariado del sector para que la toma de decisiones esté más cerca de los actores involucrados y de los recursos donde se generan las riquezas.

    Consideró que aún no se cumple en ciertas entidades la remuneración económica mediante la distribución de utilidades y de salarios sobre la base de los resultados.

    Son 25 empresas filiales, 16 micros, pequeñas y medianas empresas estatales, 45 unidades empresariales de base y ocho sociedades anónimas las que conforman parte del entramado empresarial del Minal, lo que permite mayor autonomía territorial y eleva la creación de bienes, precisó.
    El titular dijo que si se desatan las fuerzas productivas y se reconoce a los trabajadores por su esfuerzo, eso contribuirá a la innovación y a elevar la calidad de los alimentos que deben llegar a la mesa de los cubanos.

    Subrayó que la exportación constituye también una prioridad para el sector y se prevé ingresar este año más de 240 millones de pesos mediante la comercialización en mercados foráneos de productos pesqueros, los rones y otros rubros.

    Con todos los ingresos que deriven de esa actividad es posible aportar a la economía nacional para adquirir otros bienes prioritarios para la población, aseveró.

    No estamos satisfechos todavía con los resultados que arroja la industria alimentaria, pero podemos anotar que en lo que va de 2024 crecen algunas producciones, lo que evidencia una recuperación gradual del ramo, afirmó López Díaz.

    Se requiere de la sustitución de determinadas materias primas y extensores como la harina de yuca y el frijol de soya para garantizar productos como el pan de la canasta básica, destacó.

    El ministro de la Industria Alimentaria convidó al aprovechamiento de las investigaciones científicas y del talento de los jóvenes al frente de programas y proyectos en el sector.

    Realizó un llamado al enfrentamiento a delitos e ilegalidades como la pesca y comercialización de especies prohibidas, así como el desvío de recursos.

   A los debates de la Comisión Agroalimentaria asistieron Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, y José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Agroalimentario.

    Las comisiones de trabajo sesionarán hasta este 16 de julio, como antesala del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la ANPP.