Foto: Anabel Díaz Mena.

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Lisandra Fariñas Acosta

Cubadebate

Aunque se ha registrado una disminución de la tasa de mortalidad infantil en Cuba durante lo que va de 2024, la doctora Catherine Chibás Pérez, jefa nacional del Programa Materno Infantil (PAMI) del Ministerio de Salud Pública, advirtió que mantener y consolidar estos indicadores requiere de un esfuerzo intersectorial.

Según el informe presentado por Chibás Pérez ante la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hasta el 11 de julio se han acumulado 34 648 nacidos vivos, 8 157 menos que en el mismo periodo de 2023. Además, el número de defunciones en menores de un año se ha reducido en 82 casos, pasando de 340 a 258.

Esto se ha traducido en una disminución de la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 7.9 por cada 1 000 nacidos vivos en 2023 a 7.4 en lo que va de 2024. Sin embargo, señaló los avances logrados no deben ser motivo de complacencia, sino de un mayor compromiso.

El trabajo intersectorial y el compromiso de toda la población son fundamentales para mantener y mejorar los indicadores de salud materno-infantil en Cuba, enfatizó la jefa del PAMI.

Esto implica abordar de manera integral factores como la anemia, la desnutrición materna y las infecciones durante el embarazo, que inciden en el aumento del bajo peso al nacer.

La doctora Chibás Pérez informó que también disminuyó la tasa de mortalidad materna, pasando de 42.1 a 37.5 por cada 100 000 nacidos vivos. No obstante, destacó la necesidad de seguir trabajando para reducir aún más la cifra, en particular en casos de embarazos ectópicos, complicaciones de eclampsia y preclampsia e infecciones puerperales.

En este sentido, la jefa del PAMI llamó a todos los sectores de la sociedad a redoblar esfuerzos y mantener una labor coordinada y sostenida para consolidar los avances logrados en la mejora de la salud materno-infantil en el país.

El PAMI al centro de todas las políticas

De acuerdo con el informe presentado en el Parlamento este lunes, durante el primer semestre de 2024 el Ministerio de Salud Pública desarrolló una intervención y evaluación exhaustiva de las gestantes y lactantes en todo el país.

Este proceso contó con la participación de equipos evaluadores del Minsap a nivel provincial y municipal, lo que permitió llegar a todos los municipios con acciones asistenciales, sociales, metodológicas, docentes y de control, culminando con el Taller Nacional del Programa Materno Infantil.

En el contexto de esta intervención, se evaluó al 92% de las gestantes y al 97% de los lactantes, identificando los riesgos relevantes y adoptando medidas correctivas por la vía de acciones intra e intersectoriales.

Además, funciona un equipo de atención médica e higiene y epidemiología que visita las maternidades provinciales y los hospitales pediátricos, discutiendo casos, realizando evaluaciones integrales de las neonatologías, salas de partos, cuidados perinatales, terapias intensivas pediátricas y salas de pediatría con menores de un año. Paralelamente, participa en los talleres provinciales del PAMI, dijo Chibás Pérez.

En cuanto a la infraestructura, informó que el país cuenta con 161 hogares maternos y 3 873 camas disponibles.

Durante el primer semestre se inauguraron cinco nuevos hogares maternos: dos en Matanzas y tres en Pinar del Río. Sin embargo, 35 municipios aún no cuentan con hogares maternos y algunos de ellos carecen de locales definidos o estos están en reparación.

En el área de la intersectorialidad, se han logrado avances significativos, afirmó la funcionaria.

Se solucionaron las necesidades de cunas para los lactantes en varias provincias, se vincularon 19 046 gestantes para reforzar su alimentación y se mejoró la calidad de la alimentación en los hogares maternos.
Además, se resolvió el problema de viviendas con piso de tierra para 251 gestantes y se fortalecieron las acciones preventivas, educativas y de entrenamiento en conjunto con otras instituciones.

Sin embargo, algunas medidas no se han podido materializar de manera equitativa en todo el país, entre ellas la distribución de productos lácteos para madres con déficit de hierro y calcio, la implementación de un programa de apoyo alimentario para mujeres desnutridas en edad fértil, la garantía de la producción de Trofín para combatir la anemia, el potenciamiento de los organopónicos para atender a niños y embarazadas desnutridos, la entrega de módulos de viandas y vegetales a precios diferenciados y un plan especial de atención integral coordinado por la agricultura para el personal médico y de enfermería dedicado al Programa Materno Infantil.

El informe también señala que no se logra garantizar un apoyo integral a las acciones relacionadas con la reparación de instituciones y la atención a los trabajadores de salud en sus territorios.

Tampoco la industria cumple con la entrega de los fármacos y reactivos necesarios para garantizar la atención a las principales causas de morbilidad y mortalidad en el Programa Materno Infantil, y persisten dificultades para facilitar la venta de módulos de pañales, almohadillas, toallas húmedas y artículos de aseo para embarazadas en varias provincias.

Además, sigue habiendo retrasos en la entrega de la canastilla y la dieta para embarazadas en todo el país.

Al intervenir en el debate, la diputada Miriam Sotomayor, por el municipio Sibanicú, Camagüey, dijo que el 2023 fue muy difícil para la provincia, con los peores resultados del país el año anterior. Sin embargo, afirmó que se han tomado acciones que han ido mejorando la situación, especialmente en el segundo semestre.

Sobre el personal de salud, la diputada señaló que ha tenido una participación "bien activa y heroica" en el programa, a pesar del déficit enorme de recursos humanos. Reconoció que existen condiciones sociales que han afectado grandemente al programa.

La diputada enfatizó que la intersectorialidad es fundamental para apoyar y ayudar a que el PAMI tenga buenos resultados, más allá de los aspectos técnicos, y lamentó que esto no se cumpla de igual manera en todos los lugares.

Sotomayor precisó que se han celebrado reuniones técnicas semanales con los organismos para dar seguimiento y rendir cuentas sobre lo que se ha hecho en la provincia.

Asimismo, consideró importante lograr un mayor despertar en cuanto a la intersectorialidad, ya que la salud pública sola no puede resolver los problemas sociales, como el piso de tierra o las morbilidades importantes.

La diputada también habló del embarazo en la adolescencia, señalando que sigue afectando a la provincia y requiere de acciones intersectoriales, no solo desde el sector sanitario.

Además, enfatizó la necesidad de que la comunicación y coordinación entre los organismos a nivel central y provincial sea más efectiva, para que las instrucciones se cumplan realmente en la base.

Finalmente, Sotomayor recalcó que los factores comunitarios y la integración de todos los organismos involucrados son claves para lograr mejores resultados en el programa.

Con ella coincidió el diputado por Santiago de Cuba doctor Francisco Sagaró, médico intensivista del Hospital General Juan Bruno Zayas de esa ciudad oriental, quien destacó los principales retos que enfrenta la provincia en la atención a la gestante crítica.

Como parte de la Comisión del Programa Materno Infantil, Sagaró resaltó la importancia de la intersectorialidad y la integración de todos los organismos involucrados para lograr mejores resultados.

El diputado hizo énfasis en la necesidad de prevenir adecuadamente las complicaciones durante la gestación.

Explicó que en Santiago de Cuba se ha observado un incremento en problemas como anemia, infecciones y embarazos en edades tempranas, lo cual requiere un abordaje integral.

"Si no logramos cambiar primero la cultura sobre este fenómeno en las familias en nuestro territorio, no vamos a cambiar los indicadores", afirmó Sagaró.

Según el especialista, la falta de educación y concientización en la comunidad, así como la desarticulación entre las diferentes instituciones, han sido obstáculos importantes.

Sagaró también abordó la mortalidad perinatal, una de las principales preocupaciones en la provincia. "No es solamente verlo en la situación económica, en las instituciones hospitalarias, sino también en la cultura, en la educación de estas gestantes", puntualizó.

El diputado Alberto Moronta destacó el compromiso y la entrega de los trabajadores de la salud, quienes trabajan con limitaciones de recursos, pero se esfuerzan por mejores resultados.

Señaló que es crucial que las autoridades, desde los Consejos de Gobierno provinciales hasta las Asambleas Municipales, visiten regularmente las instituciones de salud, especialmente las dedicadas al Programa Materno Infantil, para apoyar al sistema y minimizar los problemas que afectan los resultados.

"Estamos hablando de que tenemos que lograr, sobre todo desde los Consejos de Gobierno en las provincias, las Asambleas Municipales y Consejos de la Administración, interiorizar de que en esto nos va la vida", sostuvo Moronta.

El diputado puso como ejemplo el municipio que representa, Majagua, en Ciego de Ávila, donde se ha logrado encadenar esfuerzos para reparar consultorios y brindar una atención esmerada en el hogar materno. Esto ha sido respaldado por una campaña comunicacional y el apoyo de la sede universitaria, actores económicos y las cooperativas agrícolas, que han contribuido con la entrega de alimentos.

Moronta destacó que el hogar materno de Majagua mantiene una ocupación del 100% durante todo el año, con una baja tasa de mortalidad infantil. Además, se ha logrado mejorar las condiciones de infraestructura en el hospital, incluidos la unidad de terapia intensiva y el laboratorio de microbiología, lo que permite una mejor atención a los pacientes y mejores condiciones de trabajo para el personal de salud.

Alexis Llorente Jiménez, diputado y gobernador de la provincia de Sancti Spíritus, enfatizó la necesidad de abordar el programa de atención materno-infantil de manera integral, como "una necesidad de todos".

Llorente Jiménez reconoció que "el programa está y es exquisito, pero es general" y que hay que "aterrizar" y ajustarlo al lugar para lograr los resultados deseados.

El gobernador espirituano destacó esfuerzos realizados en su territorio, como priorizar a las madres con tres hijos que están embarazadas, y la coordinación entre las empresas y la comunidad para resolver problemas como los pisos de tierra.

Llorente Jiménez subrayó la importancia de llevar el programa materno-infantil al nivel de consejos populares y circunscripciones, donde se pueden identificar más potencialidades y soluciones. Además, resaltó que la estructura de gobierno ha definido que los directores de salud tengan autoridad y capacidad de movilización para acercarse al gobernador y proponer soluciones.

El ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, afirmó en que el PAMI es “un programa trazador, que mide el desarrollo social, por lo tanto, tenemos que seguirlo trabajando con mucha intensidad".

Destacó la necesidad de contar con "mecanismos coordinados que propicien una mayor integración social".

Sobre los avances, el ministro señaló que se ha actualizado el programa infantil, incorporando las mejores experiencias internacionales y nacionales. También se ha elaborado un plan de acción que detalla las acciones que deben asumir los diferentes organismos.

"Vamos a hacer llegar este plan a los diputados para que tengan la herramienta que les sirva para discutirlo en los colectivos y también para chequear cómo se comportan los territorios", dijo el ministro.

Sin embargo, reconoció que hay desafíos internos que deben ser abordados, como la preparación de cuadros jóvenes, la capacitación de algunos profesionales y los efectos de la migración de especialistas que estaban directamente vinculados al programa.

"Tenemos muchos cuadros jóvenes que se han tenido que preparar, durante y posterior al enfrentamiento a la covid-19, y que no tienen toda la experiencia", explicó el ministro y señaló que hay un plan de formación en esa dirección.

Asimismo, destacó la importancia de abordar los problemas sociales y asegurar los recursos necesarios para la ejecución efectiva del programa.

"Contamos con ustedes para hacer esto bien y lograr los resultados que queremos", concluyó el ministro.

 

Que las farmacias funcionen acorde con las necesidades de la población es una prioridad, sostienen diputados

Lisandra Fariñas Acosta, Gabriel Mok Rodríguez, Abel Padrón Padilla

Cubadebate

Como un desafío prioritario para garantizar la atención médica y el bienestar de los ciudadanos calificaron los diputados de la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano el hecho de que las farmacias funcionen acorde con las necesidades de la población.

“El propósito fundamental de una farmacia es dispensar medicamentos y, si no hay, es muy complejo cumplir con ese rol. Hemos enfrentado, y aún tenemos, una situación de desabastecimiento importante en la red, si bien cada día se hacen grandes esfuerzos desde el Estado, el Gobierno, el ministerio y la propia industria para lograr que los medicamentos con que se cuenta lleguen a las comunidades”, dijo el doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública.

Uno de los principales problemas que influye en esas carencias es el déficit de financiamiento que tiene el país, lo que impide acceder a los recursos que se necesitan, agravado además por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno norteamericano a Cuba, el encarecimiento de las materias primas y el coste de los fletes, señaló el ministro.

Ello no solo provoca problemas en la calidad de la atención médica, sino en la satisfacción de la población, sostuvo Portal Miranda, para quien la la complejidad de esta problemática abarca la producción, importación y dispensación de fármacos tanto en farmacias comunitarias como en instituciones.

“Decir que esta situación se va a resolver en los próximos días sería irresponsable. Las soluciones pasan por un esfuerzo, sobre todo, desde el punto de vista financiero, pero también de organización interna y funcionamiento de toda la cadena desde la producción hasta el expendio en las farmacias. Hay mucha gente que está cada día, desde la industria y en las farmacias, esforzándose para buscar mejores alternativas", apuntó el ministro.

Los principales estados de opinión de la población, en relación con el funcionamiento de las farmacias, se centran en la falta de medicamentos −si bien hay consciencia de las limitaciones financieras que vive el país−, la organización de la venta según pedidos y la presencia en las comunidades de fenómenos como la venta ilícita de fármacos, señaló la diputada Cristina Luna Morales, presidenta de esta comisión, al intervenir en el primer día de trabajo.

En análisis previo al tercer periodo ordinario de sesiones del Parlamento en su décima legislatura, Luna Morales presentó en la comisión los resultados de la comprobación sobre el funcionamiento de las farmacias comunitarias y hospitalarias, como parte del control a la política de medicamentos.

Esta −dijo− es una problemática recurrente en el país, marcada por las dificultades para la importación de productos terminados, materias primas e insumos, lo cual influye en los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud.

Según datos presentados, Cuba cuenta con más de 3 000 unidades en los servicios farmacéuticos, en las que se incluyen 2 202 farmacias comunitarias y más de 600 en instituciones. Existen 17 empresas de farmacias y ópticas, subordinadas a los Gobiernos provinciales, las que a su vez dirigen las farmacias comunitarias, 77 centros de producción local y otras unidades.

El actual cuadro básico de medicamentos está conformado por 651 productos. La industria genera un 62% del total, con 401 renglones, mientras que 250 son importados por el Ministerio de Salud Pública. De este cuadro, 292 medicamentos son de venta en la red de farmacias.

De acuerdo con María Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, el desabastecimiento afecta de manera particular los productos de tarjeta control y medicamentos de uso común, pues el 80% de los fármacos que se dispensan en las farmacias son producidos por la industria nacional.

“Hemos estado trabajando con un 30% del cuadro básico abastecido, haciendo ingentes esfuerzos para mover los medicamentos que están en los hospitales, policlínicos, para que estén disponibles, por ejemplo, cuando un niño los necesita. Sabemos que no es suficiente”, explicó Lara.

La funcionaria reconoció que hay problemas con la distribución que afectan la disponibilidad, ya que a veces los medicamentos están en Cuba y “no logramos ponerlos a disposición de forma oportuna, no solo por el combustible y la transportación, sino también porque el personal de otras instituciones que nos prestan servicios se ve afectado. Esto hace que en ocasiones no se cumplan los ciclos de distribución pactados”, dijo.

“El número de pacientes con tarjeta de control de la población sigue subiendo; muchas veces, debido a que los médicos, en su desesperación por que el paciente tenga al menos un medicamento, prescriben lo que está disponible, en lugar de lo que realmente necesita”, señaló Lara.

Dentro de las principales dificultades identificadas y recogidas en el informe presentado a los diputados están las incompletas plantillas en farmacias y su fluctuación, con los bajos salarios como la causa fundamental. Además, se evidencia la disminución del personal especializado (técnicos y licenciados), debido a la migración interna y externa.

Otro problema es el incremento de las faltas y bajas coberturas de los medicamentos que integran los cuadros básicos (medicamentos y productos naturales), de manera particular muy afectados los medicamentos controlados por tarjeta y otros de uso popular. Persisten también las dificultades en la prescripción médica, específicamente con errores en el llenado del modelo.

Asimismo, se identifican irregularidades en el cumplimiento de la distribución de medicamentos por parte de las droguerías. En algunas provincias, se identificó falta de organización en el despacho de los medicamentos el día de llegada de los pedidos. Además, hay problemas constructivos en algunas instituciones visitadas (farmacias comunitarias y hospitalarias), cuya causa esencial es la falta de financiamiento y de recursos materiales.

Por otro lado, no en todas las farmacias comunitarias se brinda el servicio de mensajería para la población más vulnerable. Es una insatisfacción de los trabajadores de farmacia el déficit de batas sanitarias, modelos y lapiceros, así como la rotura y falta de teléfonos en algunos casos, lo cual limita el porte personal y la calidad del servicio que se brinda.

A pesar de que en todas las instituciones está el código QR, su uso es insuficiente. A nivel del país se incumple el plan de producción de productos naturales tanto en volumen como en surtido, lo que no permite dar respuesta al cuadro básico de productos naturales, debido a la falta de masa vegetal, azúcar refino, alcohol natural y materias primas farmacéuticas.

En la implementación de los nuevos precios de los productos naturales se identifica que es bajo el efecto en los resultados financieros de las empresas, disminuyen los productos vendidos debido al incremento de precios de las materias primas para su producción. Además, las empresas farmacéuticas no cuentan con transporte administrativo y de carga, lo que limita su gestión.

Finalmente, existen cuentas pendientes por pagar por la adquisición de medicamentos tanto de las empresas farmacéuticas como de instituciones de salud.

A pesar de las dificultades reflejadas en el informe, los diputados enfatizaron que se constató que el Ministerio de Salud Pública tiene establecido un sistema de trabajo para dar seguimiento de forma sistemática al cumplimiento de esta política, si bien aún no se obtienen los mismos resultados por provincias y municipios.

A juicio de Caridad Margarita, diputada por el municipio Plaza de la Revolución, los delegados del grupo de trabajo comunitario pueden contribuir en las localidades a minimizar las insatisfacciones de los ciudadanos organizando las colas, extendiendo los horarios de despacho y manteniendo un diálogo constante con la población.

Julio Verdecia, diputado por Urbano Noris, Holguín, señaló que el déficit de medicamentos tiene un efecto directo en los resultados y las expectativas de vida de la población; de ahí la importancia de sostener la producción agrícola según la demanda empresarial, incrementando a su vez la variabilidad de los cultivos para aportar al Programa Nacional de Medicina Natural y Tradicional.

La diputada Miriam Sotomayor, del municipio Sibanicú, destacó la necesidad de mantener una comunicación transparente entre las farmacias y la comunidad sobre la entrega de medicamentos. Informó que en su provincia se ha logrado extender el horario de atención los días que llegan los medicamentos.

El diputado Luis Alberto Ramírez, por el municipio Manuel Tames, habló sobre las potencialidades de la empresa farmacéutica para insertarse en la economía circular, los encadenamientos productivos y la recuperación de materias primas.

El ministro de Salud Publica sostuvo que “las farmacias son instituciones imprescindibles en el sistema de salud y tienen una doble subordinación: a los Gobiernos locales y, metodológica, al sistema de salud. Buscar desde todas esas áreas alternativas y soluciones a estos problemas es una necesidad, porque no se trata solo del sector de la salud. Desde lo local mucho se puede hacer en favor de mejorar las condiciones de trabajo y de infraestructura de estas instituciones”.

“No tenemos quizá todos los recursos para mejorar la infraestructura de todas las instalaciones, pero sí tenemos capacidad para formar técnicos y licenciados en los territorios e incidir sobre el comportamiento de las plantillas con personal capacitado. Problemas como plantillas incompletas condicionan otras realidades e indisciplinas como la venta ilegal que afecta a la población, hechos inadmisibles, que dañan también al sector”, dijo Portal Miranda.

“Seguimos trabajando en el mejoramiento de los centros de producción local. El año pasado fue el de mayor producción de productos naturales y seguimos apostando a incrementar los volúmenes productivos para acercarnos cada vez más a la demanda de nuestro pueblo”, agregó el ministro.

“Nada sustituye el rol local de las farmacias y hay que hacer a la comunidad partícipe en el control de los medicamentos y las condiciones de los trabajadores. Hoy, en medio de las circunstancias que vive el país, buscamos cómo respaldar a las familias, pues nada alivia la falta de un medicamento ante una enfermedad. Este es un tema presente cada día en la agenda de Gobierno, en busca de las soluciones más prontas para revertir la actual situación”, concluyó.

Atender envejecimiento demográfico demanda dignificar cada vez más las instituciones sociales

Al cierre de 2023, se registró que 2.6 millones de cubanos superaron los 60 años, el 22.6% de la población del país. Para 2030, se estima que la proporción alcance un 30%.

Esta dinámica demográfica, caracterizada también por la baja natalidad y el incremento de la esperanza de vida, establece la necesidad de continuar implementando medidas para atender elementos que determinan el actual escenario demográfico, como es el envejecimiento de la estructura de edades de la población cubana.

Realidades en las que insiste el informe de verificación de la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte del Parlamento cubano, que pone de relieve importantes retos en el funcionamiento de las instituciones sociales dedicadas al cuidado de las personas mayores, como casas de abuelos y hogares de ancianos.

Ello, en el contexto de ese acelerado proceso de envejecimiento demográfico en el país, demanda una atención cada vez más prioritaria del Estado.

Los resultados de la verificación de los parlamentarios en instituciones de nueve provincias reflejan avances importantes como la creación de 304 casas de abuelos (10 393 plazas) y 68 hogares de ancianos más (2 461 plazas) desde que se inició la política. Además, se cuenta con 40 casas de abuelos especializadas en la atención al deterioro cognitivo.

Sin embargo, también se identificaron importantes retos como déficit de personal, especialmente de auxiliares generales y asistentes, lo que afecta directamente la calidad del servicio. Asimismo, hay hogares de ancianos con deterioros constructivos que limitan su capacidad y dificultades con el transporte que impiden cubrir la demanda en algunas provincias.

El informe identifica otros desafíos para los hogares de ancianos como el de que en muchas instalaciones los equipos de lavado están deteriorados o rotos, lo que obliga al lavado de la ropa a mano. Además, se reporta una limitada asignación de gas licuado para cocinar, obligando al uso de leña o carbón en algunas instalaciones.

El informe también señala problemas de desabastecimiento en cuanto a calzado, vestuario y artículos de aseo personal. Asimismo, se menciona la falta de un stock adecuado de medicamentos de medicina natural y tradicional.

El documento indica, entre otros elementos, que no se logra una adecuada coordinación entre el Gobierno y las autoridades de la comunidad para brindar apoyo a estos centros. Ello se traduce en inestabilidad en el suministro de frutas, verduras y otros alimentos básicos para la alimentación de los ancianos.

Al intervenir en el debate de la comisión, Alberto Fernández Seco, jefe del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, recordó que en 2013 se aprobaron medidas inmediatas dirigidas a las casas de abuelos y hogares de ancianos y enfatizó que “estas instituciones de cuidados deben ser una prioridad para dignificar a los adultos mayores en toda la sociedad”.

Sin embargo, persisten importantes desafíos, dijo, e informó que hay 2 646 plazas desocupadas en casas de abuelos, principalmente por problemas de accesibilidad, transporte y falta de mobiliario.

De los 158 hogares de ancianos, con una dotación de más de 12 600 camas, 2 678 camas están desactivadas por problemas constructivos, falta de espacio y daños al mobiliario, siendo La Habana la de mayor número de capacidades afectadas.

Además, hay una baja disponibilidad y variedad de alimentos, lo que impide cumplir con las calorías individuales requeridas.

El funcionario también señaló que 99 casas de abuelos y 76 hogares de ancianos están en condiciones regulares o malas, y agregó que están en estado crítico, con extremo deterioro y déficit, los dispositivos de apoyo (sillas de ruedas, sillas sanitarias, sillas de baño, andadores, muletas, bastones).

A pesar de estos retos, Fernández Seco informó que durante el primer trimestre se inauguraron tres nuevas casas de abuelos y se abrió un nuevo servicio de geriatría, lo cual permite alcanzar 54 servicios con 1 099 camas. Además, se han conformado 278 equipos multidisciplinarios de atención gerontológica en un 61.6% de las áreas de salud.

Señaló que en 272 policlínicos del país se realizan hoy escuelas para personas cuidadoras, una actividad esencial.

El ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, enfatizó que los desafíos del envejecimiento demográfico no se pueden abordar únicamente con base en las instituciones sociales, pero “asegurar que las que tenemos funcionen con calidad y sensibilidad es no solo una obligación, sino un compromiso”.

Destacó que hay un grupo de prioridades como parte de la atención a la dinámica demográfica, y la mirada intersectorial a las casas de abuelos y hogares de ancianos es una de ellas.

“Hay una gran brecha entre lo que hoy tenemos y lo que todavía se puede hacer desde las comunidades, por lo que es necesario profundizar en el análisis de este tema”, dijo.

Portal Miranda señaló la necesidad de optimizar las capacidades en las instituciones sociales y mirar con detalle y sensibilidad en los territorios cuántas personas necesitan acceder a estos servicios. “Hay que hacer más, pero hay que utilizar mejor las capacidades que tenemos y que hoy no aprovechamos”, afirmó.

El ministro destacó la importancia del mejoramiento de las condiciones de infraestructura en estas instituciones, y de saber cómo se respalda este mejoramiento en el presupuesto de los territorios.

Además, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones en cuestiones que muchas veces requieren de soluciones sencillas sin que se necesiten grandes recursos, pero que son vitales, como el entretenimiento de los adultos mayores. También, buscar alternativas para la mejor alimentación, con la participación tanto de las empresas estatales como del sector privado que conforman el entorno inmediato de esa casa de abuelos o ese hogar.

Finalmente, el ministro reconoció el trabajo de quienes se desempeñan en estas instituciones, muchos trabajadores consagrados que han dedicado una vida a la labor allí.

“No obstante, atender las reservas que aún existen al interior del sector para continuar mejorando estos espacios es prioridad. Se lo debemos a esos adultos mayores que un día aportaron a nuestra sociedad y hoy esperan que se les retribuya dignamente”, dijo.

Mirar con urgencia a la fecundidad adolescente en Cuba

La propuesta de acciones para transformar la situación de la fecundidad adolescente en Cuba, que da seguimiento a la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, fue objeto de análisis este lunes en sesión de las comisiones de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer y de Salud y Deporte, que contó con la presencia del viceministro de Salud, Reynol Delfín García.

En Cuba, el 82% de la fecundidad adolescente corresponde al grupo de 15 a 19 años. Los datos de los nacimientos en las menores de 15 años confirman la tendencia al aumento en los últimos años. 

La brecha de género sitúa un desbalance y asimetría entre las madres y los padres adolescentes. En 2023, los padres con menos de 15 años fueron 14; en contraste, las madres en estas mismas edades ascendieron a 417, precisó Delfín García. 

Entre las causas fundamentales que inciden en el embarazo en la adolescencia están la naturalización de las uniones de hecho entre adultos y personas menores de edad, así como la falta de  servicios de salud sexual y reproductiva específicamente para estos grupos de edades.

A la vez, la actualización de las normas jurídicas vinculadas a esta problemática social no han tenido la divulgación suficiente, ni la identificación como una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas menores de edad.

La propuesta hecha por el viceministro de Salud está dada a partir de las responsabilidades de los Gobiernos, organismos y organizaciones en el enfrentamiento a la fecundidad adolescente como parte de la Política de Atención a la Dinámica Demográfica puesta en marcha en todo el país. El plan comprende unas 45 medidas y 38 acciones con un enfoque intersectorial. 

Entre ellas, destacan brindar atención y seguimiento mensual al comportamiento de la fecundidad adolescente mediante el Grupo de Atención a la Dinámica Demográfica de la provincia o municipio, según corresponda, y los grupos de prevención social a nivel de las comunidades, donde los Gobiernos municipales y provinciales dispongan de información actualizada.

Para ello, se establecerán mecanismos de captación de información desde los observatorios demográficos, los centros educacionales, las instituciones de salud, los trabajadores sociales, las estructuras territoriales de la FGR, TSP y PNR, la FMC, los CDR y las organizaciones juveniles.

Las medidas desde las diferentes instituciones pretenden abarcar de forma integral la prevención y disminución de las manifestaciones de este fenómeno

Son prioridades actualmente, para el Minsap perfeccionar los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes,  organizarlos en las escuelas o cercanos a ellas y donde de forma natural se reúnen los adolescentes, así como en horarios en que los adolescentes puedan asistir sin afectar sus actividades docentes.

Además, regular que pueden acceder a estos servicios, sin acompañamiento ni autorización de la familia, para recibir asesoría sobre salud sexual, métodos anticonceptivos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual adecuados, y establecer en las consultas de planificación familiar de los policlínicos el espacio diferenciado para la atención a adolescentes.

En el orden jurídico penal, divulgar resultados de procesos judiciales y artículos sobre las conductas que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad y la responsabilidad de los padres y de la sociedad, de acuerdo con las leyes vigentes, de proteger a adolescentes de delitos que afecten esos derechos.

Desde el Mincult, desarrollar acciones de capacitación y sensibilización entre los cuadros, trabajadores, artistas, promotores, instructores de arte, profesores y estudiantes de la enseñanza artística y garantizar una programación cultural y proyectos socioculturales.

A partir de organizaciones como UJC, OPJM, FEEM y FEU, incorporar en sus estrategias de trabajo los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva y la fecundidad adolescente y convertir a los líderes estudiantiles en promotores de la sexualidad responsable.

Además, participar en conjunto con los trabajadores sociales en la atención a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad o riesgo que puedan conducir al embarazo en la adolescencia, así como a las madres adolescentes para orientarles e involucrarles en actividades atractivas que contribuyan a su desarrollo integral.

La FMC y los CDR deberán perfeccionar la labor de prevención y el trabajo social comunitario de manera que contribuyan a la educación y sensibilización de las familias y las niñas y adolescentes, con relación al embarazo en la adolescencia.

Igualmente, incorporar de manera efectiva el activismo voluntario, en conjunto con los trabajadores sociales de las direcciones de Trabajo y Salud, para prevenir el embarazo en la adolescencia.

Al intervenir en el debate, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), resaltó la importancia del abordaje de este tema en la Asamblea Nacional y el trabajo conjunto con leyes y programas que avalan la protección de la infancia y la juventud.

"Es un paso fundamental que está dando el Gobierno cubano, mediante un plan de medidas ambicioso, pero necesario, por lo que se necesita destinar un presupuesto a ello.

"Estamos trabajando en estos momentos en el diseño de las políticas y los programas que tienen que identificar sus indicadores y cómo vamos a evaluar en su implementación estos indicadores y planificar los presupuestos para ello y así perfeccionar este plan de medidas pero urge socializarlo inmediatamente", dijo.

Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y diputada, dijo que a pesar del abordaje en dicho documento de tal situación como una violación de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, sería prudente reconocerla también como una expresión de violencia de género contra las niñas y adolescentes con implicaciones mayores para que la aplicación del marco jurídico tenga la verdadera magnitud con la que se concibió.

Sobre todo, destacó que no se puede perder de vista a los adultos como responsables de esas niñas y las relaciones de poder que ejercen sobre ellas dadas por la diferencia de edad.

Además señaló la cultura jurídica como un elemento crucial para la sociedad en aras de fomentar los deberes y derechos de los ciudadanos y en especial de este grupo etario. 

 

Evitar el robo y la corrupción es también cuidar el presupuesto y la salud del pueblo, afirman diputados

Lisandra Fariñas Acosta

Cubadebate

La prevención y lucha contra delitos, corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales es hoy una prioridad y uno de los principales desafíos que enfrenta el sector, apuntó el doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública ante los diputados de la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano, quienes recibieron información de la implementación de las directivas enfocadas en evitar estos hechos.

“Este es uno de los temas más importantes que tenemos que enfrentar. Es una prioridad política del país y es uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno”, señaló el ministro. Indicó que este asunto se discutió con fuerza en el recién celebrado Pleno del Comité Central, dijo.

Portal Miranda reconoció que aún existen debilidades en el control y la planificación, sobre todo en las áreas de mayor riesgo. “Los planes de prevención a veces son muy formales y no abarcan todos los procesos. Debemos discutir cuáles son los procesos más importantes que tienen mayor riesgo”, enfatizó el ministro.

Asimismo, abordó problemas como la fluctuación del personal económico y de servicio, los deficientes controles en los procesos de contratación, la implementación de las normas que regulan la actividad financiera y contable, las cuales no se cumplen en su totalidad, las cuentas por pagar y cobrar que muchas veces crean las condiciones para la ocurrencia de ilegalidades o ya esconden delitos, y la venta ilícita de servicios, “un asunto que no solo va contra la más elemental ética y principios del sistema nacional de salud sino que afecta la calidad y transparencia en la atención”, señaló.

En este complejo escenario, el ministro enfatizó la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno e identificar las vulnerabilidades, puntualizó.

“Hemos discutido la fluctuación del personal económico y de servicio. No podemos entregar las armas, tenemos que buscar alternativas. Los directores son responsables de completar los equipos, y debemos buscar fórmulas, porque no es solo el salario lo que prima. Debemos preocuparnos por los problemas personales de las personas que no han podido ser favorecidas con una estimulación salarial, y buscar fórmulas para lograr contener y buscar una estabilidad”, dijo.

Portal Miranda reconoció las grandes insatisfacciones de la población por la falta de recursos, medicamentos, insumos y equipos, lo que impide brindar servicios de salud con la calidad deseada. “Duele mucho cuando, después de que nosotros hacemos un esfuerzo y el gobierno hace un esfuerzo para garantizar esos servicios, las personas se tengan que enfrentar a que alguien, de manera poco ética, e inescrupulosa se los cobre. Es inadmisible”, lamentó.

El ministro refirió que si bien se ha logrado contener el delito a nivel de las unidades nacionales, todavía existen muchos desafíos a nivel de las unidades provinciales, en los territorios, donde el delito viene aumentando.

Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública, dijo que todavía existen muchas reservas por mejorar en la adecuada evaluación de los riesgos externos e internos.

“Esto incluye evaluar la formación de valores, el trabajo político-ideológico, la atención a los jóvenes, la evaluación de los servicios, la actividad de los cuadros, su capacitación y el diseño de preparación acorde a las necesidades de aprendizaje. La ejemplaridad de estas actividades debe estar en consonancia con el adecuado funcionamiento de nuestras direcciones municipales, provinciales y la gestión hospitalaria”, señaló.

“Hemos implementado ya 70 acciones específicas para la prevención de tendencias negativas que afectan el desempeño de nuestras labores. Esto abarca problemas de organización de los servicios, eficiencia en procesos clave para la atención al paciente, incumplimiento del control interno y protección de nuestros recursos”, apuntó la viceministra, quien refirió que se han identificado brechas y vulnerabilidades que pueden propiciar hechos indeseados “si no fortalecemos nuestros sistemas de seguridad y protección, los órganos colegiados, la guardia obrera y las buenas prácticas médicas en nuestras instituciones”.

“Debemos ser más eficientes en el manejo de listas de espera, la discusión de cada paciente pendiente a tratamiento quirúrgico, la planificación de actividades y el análisis diario de la urgencia. Asimismo, fortalecer el comité farmacoterapéutico, el control de firmas autorizadas y la relación con la farmacia externa para reducir hechos asociados a actividad delictiva”, apuntó.

Según el informe presentado por Cruz Hernández,  desde el Ministerio de Salud Pública se han realizado más de 5 000 acciones de control a los servicios farmacéuticos, en algunos casos con el acompañamiento del Ministerio del Interior (Minint). Como resultado de estas inspecciones, se identificaron 20 hechos extraordinarios, entre los que se destacan robos con fuerza o hurtos, malversaciones o apropiaciones indebidas, incumplimientos de normas y  errores de distribución por parte de las droguerías.

En todos los casos, se adoptaron las medidas correspondientes y se realizaron las denuncias pertinentes. Adicionalmente, como parte de la vigilancia de la prescripción de medicamentos, se han llevado a cabo 3 311 auditorías a farmacias comunitarias y 1 630 a unidades asistenciales, revisando un total de 231 720 recetas médicas y 163 478 certificados médicos.

Por otra parte, el informe indica que se ha registrado una disminución en el número de delitos en las Unidades de Subordinación Nacional, pasando de 36 en igual periodo de 2023 a 23 en la actualidad, lo que representa una reducción de 13 hechos. Sin embargo, en las Direcciones Generales de Salud subordinadas a las Administraciones Locales de los territorios, se ha reportado un incremento de 132 hechos, alcanzando un total de 183 casos.

Los territorios que más incidentes han registrado son La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Guantánamo y Las Tunas. Las instituciones de salud más afectadas han sido hospitales, direcciones municipales de salud, consultorios, almacenes y Universidades de Ciencias Médicas.

Varios diputados coincidieron en que  está directiva contra el delito y las ilegalidades tiene que estar en el centro del actuar todos los días, hacer partícipes a los trabajadores del sector, que tengan conciencia de cuánto cuestan los recursos destinados a la salud, aun mas en medio de las limitaciones del país

Cristina Luna, presidenta de la comisión afirmó que hoy más que nunca “debemos involucrar al colectivo de trabajadores en cada uno de los procesos, y sobre todo en este enfrentamiento”.

“Tenemos que dirigir nuestras acciones de acuerdo con lo que establece concretamente el Acuerdo 22 de la Asamblea: reforzar la acción preventiva para evitar llegar al hecho real. Eso significa que debemos lograr que en cada una de las instituciones funcione un comité de prevención que sea una herramienta efectiva. Estos comités deben monitorear diariamente los riesgos identificados y actualizarlos, con el fin de eliminar esos riesgos y dirigir las principales acciones con nuestros colectivos de trabajadores”, señaló.

Agregó que “es crucial que cada trabajador conozca los principales factores de riesgo en su área de trabajo, ya sean riesgos de delitos, indisciplina u otros. El sector de la salud está haciendo un gran esfuerzo para no interrumpir los servicios, no sólo en cuanto a medicamentos, sino en cualquiera de los medios que se adquieren, lo cual es muy difícil dadas las prioridades establecidas. Tenemos que cuidar de esos recursos, y eso es responsabilidad de todos los colectivos de trabajadores, cada uno desde su puesto”.

En opinión del ministro, “la prevención no es una meta, sino un camino de todos los días, porque los escenarios cambian constantemente. Tenemos que evitar que ocurran hechos de ese tipo, y para eso es indispensable la participación de los trabajadores.

“Insistimos siempre en el funcionamiento de las estructuras del Partido, de la juventud, del sindicato. No son enemigos entre sí, es cada institución deben funcionar bien todas las estructuras, de frente con el colectivo laboral.

“Tenemos directivos de instituciones que no se enfrentan a los trabajadores en las reuniones del sindicato, que ni siquiera asisten. A veces, ni siquiera los jefes de servicio van, para poder discutir y saber cuáles son los problemas que están ahí, y cómo los vamos a transformar, empezando por escuchar a los trabajadores”, sostuvo Portal Miranda.

Apuntó que hay que seguir preparando a los cuadros a todos los niveles, “como hemos venido haciendo con los jóvenes que han dado un paso al frente o están dirigiendo importantes instituciones, pero que aún no tienen toda la experiencia necesaria”.

“Hacer frente al robo y al delito es cuidar el presupuesto estatal, específicamente el de Salud de manera responsable”, dijo Portal Miranda, quien señaló que se han implementado más de 24 acciones de control del gasto público en el año. “No hay violación del presupuesto que no vaya a un análisis exhaustivo en el comité de prevención”, afirmó.

Dijo que “no ejecutar completamente los presupuestos de salud no es una opción. No se trata de no gastar, sino de hacerlo de manera eficiente. El presupuesto al sector se ha mantenido incluso en medio de la crisis respaldado y eso es importante subrayarlo”, destacó.

“Es posible que en este momento no contemos con todos los recursos necesarios, pero los únicos que pueden cerrar la brecha entre lo que falta y la satisfacción de la persona que acude a nuestros servicios, somos nosotros. En la medida en que nuestros profesionales, técnicos y trabajadores en general, tengan una conducta ética y se acerquen con empatía al dolor de quienes visitan nuestras instituciones, podremos encontrar siempre alternativas que los beneficien, aun cuando no contemos con todos los recursos deseados”, señaló Portal Miranda.

Refirió que “debemos cultivar y llevar a la práctica diaria ese espíritu de servicio y compromiso con nuestra gente. No dejaremos de trabajar por la disciplina, el control y la prevención en todas las unidades, pues tenemos la obligación de generar una conducta de respeto a la legalidad y la disciplina en nuestras instituciones. Esta es una de las principales batallas que enfrenta hoy el sector de la salud”, concluyó el ministro.