Sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente sobre el anteproyecto de Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Deny Extremera San Martín, Abel Padrón Padilla

Cubadebate

“Este va a ser un código totalmente emancipador y engrandecedor”, dijo este lunes el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante una sesión en que diputados de tres comisiones parlamentarias fueron informados y analizaron el proceso de elaboración del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, y subrayó que el reto tras aprobarlo será asegurar una implementación efectiva.

Los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente conocieron el avance en la elaboración y el proceso de consulta en marcha, que precede a la presentación del código a análisis del Parlamento.

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, explicó que el anteproyecto, disponible para lectura en el portal del Mined, tiene como precedente la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobada por el Legislativo en julio de 2023, y es una de las acciones del plan de implementación de esa política.

“Ha sido un proceso intenso y de mucha negociación para llegar a importantes consensos”, dijo, e informó que el trabajo continuará en los próximos meses.

A lo largo de este año, el trabajo del grupo redactor, coordinado por el Mined, ha incluido un amplio proceso de consultas en el que han participado 20 000 niños, adolescentes y jóvenes, además de campesinos, académicos y miembros de la comunidad científica, asociaciones, institutos y centros de estudios y expertos en la Constitución y el Código de las Familias.

Además, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular y los ministerios de Educación Superior, Salud, Interior y Relaciones Exteriores, la ONEI y universidades.

Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación, dijo a los diputados que, además de la Constitución y la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, el código tiene referentes en el Código de las Familias y la Convención de los Derechos del Niño.

Entre las cuestiones identificadas en el diagnóstico previo a la elaboración del anteproyecto, mencionó la desarticulación entre políticas, programas y planes sectoriales dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes; la ausencia de un mecanismo nacional de coordinación o rectoría y dispersión de la información estadística e insuficiente aprovechamiento de la existente para el seguimiento y la evaluación sistemática de la situación de niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

“Estamos previendo un sistema de protección de niños y adolescentes”, señaló la viceministra, y precisó que en el proceso de consulta se han recogido más de un centenar de criterios y recomendaciones de organismos de la Administración Central del Estado, institutos y organizaciones estudiantiles.

Entre las recomendaciones recibidas, mencionó la de considerar algunos artículos del Código de la Niñez y la Juventud (1978) que tienen vigencia; transformar el Decreto-Ley 64 (1982) para la atención a menores con trastornos de la conducta; abordar la cuestión del Servicio Militar Activo y establecer mecanismos para la protección legal de menores que infringen la ley.

Díaz-Canel: Que la implementación sea tan innovadora y creativa como el propio código

Al analizar lo informado en la sesión, el presidente Miguel Díaz-Canel recordó que esta es una cuestión esencial y subrayó la relevancia de que sea “un código conocido, interpretado y asumido cuando se apruebe”.

“Aquí estamos hablando del presente y el futuro del país, de un código que tiene que proteger, pero también preparar para la vida, preparar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollar todas sus capacidades en favor de la Revolución”, afirmó el primer secretario del Comité Central del PCC.

“Es un código que va a profundizar en los valores, en la ética, en el comportamiento cívico”, apuntó, y agregó que “tenemos un arsenal en el pedagogía y el pensamiento revolucionarios, en Fidel, el Che, en Martí”.

Díaz-Canel sostuvo que el código es un ejercicio legislativo prioritario “porque es una prioridad, es el futuro de la patria y tenemos un presente con muchas exigencias formativas, empezando con la cultura para ser libres en nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

“Contamos con una base de pensamiento revolucionario en nuestra historia que argumenta la necesidad de dar un paso legislativo como este en los complejos momentos que vive el país”.

Al coincidir con varios diputados en que es necesaria una discusión del texto lo más amplia posible, dijo que debería estar sustentado “en una jornada de debate y análisis profundos en el país, con nuestros pedagogos y profesores; con niños, adolescentes y jóvenes, con toda la población. Que haya una amplia participación popular para asegurar este código”.

“Vamos a llegar a un buen código, como se logró con el Código de las Familias. Va a ser código totalmente emancipador y engrandecedor. Luego el reto será cómo lo implementamos”, afirmó, recalcando que, “como mínimo, debemos tener un sistema de observatorio para esta norma”.

Añadió que “la implementación de este código tiene que ser tan creativa e innovadora como el propio código. Necesitamos seguir ampliando la consulta para lograr esta norma, aunque ya podemos trabajar actualmente y avanzar con la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes”.

En intervenciones previas, varios diputados destacaron la necesidad de, a la par de los espacios físicos de análisis y debate, emplear otros escenarios de comunicación muy cercanos a estos grupos etarios, como las redes sociales, y la pertinencia de una consulta aún más amplio entre niños, adolescentes y jóvenes.

Además, se destacó la importancia de que el texto sea coherente no solo con la Constitución, sino con otras normativas vigentes o en proceso legislativo; que haya un claro abordaje del concepto de trabajo infantil y que fenómenos como el bullying (acoso escolar) y la violencia en las escuelas sean afrontados no solo por los organismos, sino por profesores, dirigentes estudiantiles y organizaciones.