Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República. Foto: Jose M. Correa.
Actuar con severidad, para enfrentar las conductas delictivas y las ilegalidades
Debe prevalecer la constante preocupación por la ocurrencia de actos de corrupción que laceran a la sociedad cubana y generan desconfianza entre la población
Carmen Maturell Senon
Granma
Evitar, con decisiones certeras, las conductas delictivas y ejecutar acciones de control con efectividad, para así penalizar delitos como la evasión fiscal y otros que atentan contra el desarrollo y la seguridad del país, son algunas de las prioridades de la Fiscalía General de la República (FGR), expresó Yamila Peña Ojeda, fiscal general.
En la reunión de trabajo anual de la entidad, encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expuso que, al cierre de 2024, se había sancionado el 96 % de los imputados que presentaron a los tribunales.
Peña Ojeda añadió que, con la reforma procesal penal, la Fiscalía asumió mayor responsabilidad y protagonismo en la fase investigativa, lo cual exige acciones organizativas, metodológicas y de capacitación, para contribuir a la preparación conjunta con los investigadores.
En la reunión, en la que también estuvieron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; el también integrante del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recalcó que el quehacer de la FGR es implementar medidas que permitan contener y revertir la situación actual, así como elevar la calidad del ejercicio de acción penal pública, y diversificar la gestión de los recursos humanos.
Indicó que debe prevalecer la constante preocupación por la ocurrencia de actos de corrupción que laceran a la sociedad cubana y generan desconfianza entre la población, y eso, insistió, se logra solo con la estricta observancia de que todo lo que está escrito por Ley tenga peso real, con consecuencias ejemplarizantes para los infractores.
Ante ello, Peña Ojeda manifestó que las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, dirigidas a la prevención y reducción del delito y otras ilegalidades, requirió de precisiones de política penal y penitenciaria.
En ese sentido, se impuso la medida de prisión provisional al 74 % de los imputados presentados por los órganos de investigación del Ministerio del Interior (Minint), y en números superiores se dispuso en hechos de drogas, muerte violenta de mujeres por razones de género, los casos asociados a la corrupción, combustible, los que afectaron la masa ganadera y el Sistema Eléctrico Nacional, entre otros.
Al referirse al control en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la Fiscal General dijo que se consolidan la atención y tramitación de quejas, peticiones y denuncias de las personas, con énfasis en las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, menores de edad, mujeres, denuncias por violencia de género y en el escenario familiar, y por hechos asociados a la corrupción.
Sobre las violaciones de la legalidad, se iniciaron 104 procesos penales por delitos de malversación, falsificación de documentos, uso indebido de recursos financieros y materiales, además del incumplimiento del deber por preservar bienes en entidades económicas, enfatizó.
Sin embargo, se identifican insuficiencias que impactan en la calidad de la misión del órgano, las cuales son prioridades para el presente año.
Al respecto, Peña Ojeda puntualizó que se debe actuar con rigor en la política penitenciaria, y comprobar en las entidades empleadoras el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los sancionados.
Fiscalía de Cuba con resultados positivos en lucha contra ilegalidad
La Habana, 18 feb (Prensa Latina) Pese a la compleja situación del país en 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba registró resultados positivos en el enfrentamiento a actividades delictivas, conductas antisociales, corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales.
Foto: www.acn.cu
Así lo valoró el vicepresidente Salvador Valdés en el balance de trabajo del organismo, que contó con la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, y el primer ministro Manuel Marrero.
Valdés destacó el acompañamiento de la FGR al programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como la estrategia de ciencia e innovación.
Subrayó que debe prevalecer en el sector la constante preocupación por la ocurrencia de actos de corrupción que laceran a la sociedad cubana y generan desconfianza entre la población.
Según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, el vicepresidente convocó a “mantener como pilares de los esfuerzos la legalidad, la integridad y la transparencia para defender así la obra revolucionaria a partir de los principios jurídicos y morales”.
Durante la reunión, la fiscal general Yamila Peña precisó que en el pasado año el organismo trabajó en el perfeccionamiento del control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública.
Peña detalló que se consolidó la atención a los ciudadanos, con énfasis los grupos vulnerables, menores de edad, privados de libertad y víctimas de discriminación, de violencia basada en género y en el escenario familiar.
La Fiscalía General desarrolla reunión anual de trabajo
Cubadebate
Con la premisa de elevar la calidad de los procesos en defensa de la legalidad, la Fiscalía General de la República (FGR), desarrolló este martes un análisis objetivo de los resultados de trabajo en el año 2024 y las proyecciones para la actual etapa.
La reunión anual estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, así como los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro.
Valdés Mesa destacó a los presentes que a pesar de las complejidades enfrentadas en el 2024 se aprecian resultados positivos en la implementación de la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación y el acompañamiento para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, enfrentar actividades delictivas, conductas antisociales, corrupción, ilegalidades, indisciplinas sociales y otros fenómenos que inciden en la seguridad, tranquilidad ciudadana y el orden interior.
Sobre el tema del perfeccionamiento de la gestión de los recursos humanos, frente a la actual fluctuación laboral, insistió en continuar diversificando las fuentes de ingreso a la institución como la captación de estudiantes, el pluriempleo y contratación de jubilados, así como la atención y estimulación a los trabajadores.
Convocó a mantener como pilares de los esfuerzos la legalidad, la integridad y la transparencia para defender así la obra revolucionaria a partir de los principios jurídicos y morales.
Valdés Mesa subrayó que debe prevalecer la constante preocupación por la ocurrencia de actos de corrupción que laceran a la sociedad cubana y generan desconfianza entre la población y eso, insistió, se logra solo con la estricta observancia de que todo lo que está escrito por Ley tenga peso real, con consecuencias ejemplarizantes para los infractores.
Al dar lectura al informe, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, resaltó los positivos logros en la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la preparación y superación profesional de fiscales y no fiscales y consolidación de vínculos con las universidades del país, con un potencial científico de 574 graduados en especialidades, maestrías y doctorados.
Exaltó que en el 2024 se trabajó en el perfeccionamiento del control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública, aplicando política de severidad con hechos que afectan el orden económico nacional y la tranquilidad ciudadana.
También se consolidó la atención a los ciudadanos, con la asistencia a 70 mil 381 personas, énfasis a los grupos vulnerables, menores de edad, privados de libertad, y quienes fueron víctimas de discriminación, de violencia basada en género y en el escenario familiar, agregó.
En el cumplimiento de las funciones de los fiscales para la protección de las personas se realizaron dos mil 168 visitas de control de la legalidad a escuelas de formación integral, de conducta, círculos infantiles mixtos, hogares de niños sin amparo parental, casas de abuelos, entre otros, significó la titular de la FGR.
Peña Ojeda refirió además la ejecución de 346 verificaciones fiscales a sectores priorizados del país, visitas a establecimientos penitenciarios y una intensa labor en los procesos jurisdiccionales no penales derivados del Código de las Familias.
Las proyecciones para este 2025 estuvieron dirigidas a fortalecer acciones para la gestión del capital humano, su comportamiento y permanencia en el órgano; disminuir los términos de tramitación en el área penal, y mantener el control de la legalidad, con profundidad en las investigaciones, protección integral de los derechos y garantías de las personas.
(Con información de ACN)
Se refuerzan acciones en Cuba contra el delito
Varias acciones gubernamentales se dirigen a prevenir y enfrentar el delito, la corrupción y las indisciplinas sociales.
Redacción IPS
La Habana, 19 feb.- Autoridades y voces ciudadanas coinciden en la necesidad de continuar las acciones realizadas durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
Fuentes de la Fiscalía General de la República y del Departamento Técnico de Investigaciones, del Ministerio del Interior, señalan que del total de delitos ocurridos en el país en los últimos años, el 81 % se clasifica como patrimoniales, el 10 % se relaciona con la corrupción en sectores de la economía y el 9 % con la violencia.
De acuerdo con el presidente Miguel Díaz-Canel, el ejercicio nacional desarrollado del 2 al 7 de diciembre de 2024 se orientó principalmente a enfrentar manifestaciones de corrupción, actitudes antisociales, evasión fiscal, así como precios abusivos y especulativos.
Respecto a los resultados de esa iniciativa gubernamental, el portal Cubasí informó que la Fiscalía “logró avanzar en la tramitación de expedientes penales para su entrega a los Tribunales”.
La fuente también confirmó la aplicación de “más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisores de delitos asociados a la droga, la corrupción y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos”.
Modalidades de delitos
Según la coronel Deniset González, de la Policía Nacional Revolucionaria, tras incautar cannabinoides sintéticos, dinero y bienes relacionados con la venta de drogas, prosiguen las investigaciones “para identificar modus operandi y cortar aquellas cadenas de suministros que puedan seguir afectando” a la sociedad cubana.
En su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, emitido el 7 de diciembre de 2024, González destacó que junto a las acciones en las comunidades es necesario priorizar el enfrentamiento y la prevención de la venta y consumo de drogas en los centros escolares.
También señaló que el ejercicio permitió reforzar el control sobre las actividades de tenentes de tierra y de masa ganadera, además de dar inicio a los procesos penales contra más de 100 personas involucradas con el hurto y la receptación de ganado mayor en Cuba.
Habría que estudiar cómo, cuánto y por qué la ilegalidad se ha extendido y echado raíces en nuestras vidas”.
Daniel Hernández, músico residente en La Habana.
Por el delito de violación de precios fueron procesadas judicialmente 50 personas, entre trabajadores y propietarios de entidades privadas, “otros 15 fueron advertidos y más de 900 fueron multados”, apuntó González.
En el mismo espacio televisivo, el vicefiscal general de la República de Cuba, Marcos Caraballo, comentó que durante el ejercicio nacional “se impusieron más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83 % correspondió a prisión provisional por delitos que son prioritarios en la cotidianidad, como el enfrentamiento a la droga y la corrupción”.
Respecto a esto último comentó que se detectaron cadenas delictivas que incluyen a “directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales necesarios para el desarrollo del país”.
Al analizar los delitos que afectan el sistema eléctrico nacional aclara el vicefiscal: “el delito de sabotaje no es cometido solamente por quienes tienen la intención directa de provocar daño en el equipo, sino también por quienes actúan a sabiendas de los resultados que pueden producirse”.
Más allá del ejercicio
Una nota publicada por el diario Granma, el pasado lunes 17, informó que representantes de la Fiscalía General de la República y de la Unión Eléctrica visitan varias provincias para dialogar con colectivos laborales acerca de la situación de cada territorio y las medidas para sancionar cualquier delito que afecte el sector energético.
El periódico oficial citó declaraciones de la fiscal jefa de la suroriental provincia de Ciego de Ávila, María Victoria Sifonte, acerca de las acusaciones imputadas a 32 personas por su participación en hechos que dañaron la generación local de electricidad durante 2024 y lo que va de 2025.
En sus declaraciones, Sifonte mencionó averías en 139 transformadores de los cuales se sustrajeron 18 337 litros de aceite dieléctrico. “De esta situación, con independencia del daño económico por 959 958 pesos, lo más grave son los perjuicios causados a pobladores de comunidades y polos productivos, que dejan de recibir energía durante largos periodos”, consideró la fiscal.
Por otra parte, informó sobre el empleo de vehículos estatales para el robo de diésel en los emplazamientos de los grupos electrógenos de Cayo Coco y Cayo Guillermo, que proveen electricidad al polo turístico de Jardines del Rey.
A juicio de Daniel Hernández, músico de 47 años de edad, residente en La Habana, “habría que estudiar cómo, cuánto y por qué la ilegalidad se ha extendido y echado raíces en nuestras vidas”.
Advierte Hernández: “lo más grave es que, en determinados ámbitos, es socialmente aceptada o al menos tolerada, y a la vista pública se quebrantan normas e ignoran disposiciones”. (2025)